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Garzón declarará como imputado por abrir una causa al franquismo
El juez cita mañana al magistrado de la Audiencia Nacional, acusado de prevaricación por su investigación sobre los crímenes de la dictadura
JOSÉ YOLDI - Madrid - 08/09/2009
El instructor Luciano Varela ha citado a declarar mañana a las 12.30 ante el Tribunal Supremo en calidad de imputado al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación en la causa sobre los crímenes del franquismo. El supuesto delito cometido por el juez, contra quien el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias interpuso una denuncia, consiste en haber dictado resoluciones injustas a sabiendas de que lo son.
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La decisión de citar a Garzón se ha producido un día después de que la Comisión Internacional de Juristas, integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados de Estados de miembros ONU, manifestara su apoyo al juez y advirtiera de que la causa abierta contra el franquismo "no justifica acciones penales ni disciplinarias".
La querella de Manos Limpias, a la que posteriormente se sumó Libertad e Identidad, no fue respaldada por la Fiscalía, favorable a archivarla, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo finalmente la admitió a trámite. La organización ultraderechista pedía la inhabilitación de Garzón y que se suspendiera temporalmente al magistrado mientras se tramitaba el proceso penal.
Citado en 24 horas
La citación, con apenas 24 horas de antelación desde que se ha notificado, sorprende por la inmediatez y sin a priori tener en cuenta la cargada agenda de los jueces. Tras conocer el pasado mes de mayo que el Supremo había admitido la querella de Manos Limpias, Garzón aseguró estar "tranquilo", que se defendería en su momento y que la ley "es igual para todos". El juez manifestó entonces en su recurso que esta querella era una "burda represalia" de la organización ultraderechista y señalaba la contradicción en la que, a su juicio incurrían, al considerar que no era competente para instruir la causa contra la dictadura y en paralelo censurarlo por no instruir una querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos en Paracuellos del Jarama.
En octubre del año pasado Garzón se declaró competente para investigar las denuncias presentadas por las Asociaciones de la Memoria Histórica y atribuyó a Franco y a más de una treintena de jefes de la dictadura el despliegue de un plan de exterminio de sus oponentes y de represión que terminó con más de 100.000 desaparecidos. Sobre la apertura de fosas de los represaliados, Garzón se inhibió en noviembre del año pasado en favor de los juzgados territoriales donde están enterrados, pero matizaba que debían investigarse las desapariciones y las sustracciones de niños.
El juez instructor, Luciano Varela, ante quien mañana declarará Garzón fue también el ponente de la resolución de la querella presentada por dos abogados contra el magistrado por supuestos cobros una universidad de EE UU en 2005 y 2006 y que quedó archivada.
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Juristas de todo el mundo apoyan la causa de Garzón
El Supremo citará a declarar al juez en una querella por prevaricación
JULIO M. LÁZARO - Madrid - 08/09/2009
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados de países representados en Naciones Unidas que tiene su sede en Ginebra, expresó ayer su preocupación por la investigación seguida al juez Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo, que calificó de "interferencia injustificada" en sus funciones profesionales.
La Comisión de Juristas denuncia una "interferencia" del Supremo
"La investigación de Garzón no justifica acciones penales ni disciplinarias"
El pronunciamiento de apoyo de la CIJ a Garzón se produce ante su inminente citación ante el Tribunal Supremo para declarar en calidad de imputado, en una querella de Manos Limpias por su investigación de los crímenes contra la Humanidad cometidos durante la Guerra Civil española.
Garzón está siendo investigado ante la Sala Penal del alto tribunal por un supuesto delito de prevaricación que consiste en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son. La querella, interpuesta por el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, a la que posteriormente se sumó Libertad e Identidad, fue admitida a trámite el pasado 26 de mayo por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y otros cuatro magistrados.
La citación a declarar de Baltasar Garzón, el juez español de mayor proyección internacional, en una causa penal abierta contra él por el Tribunal Supremo quedó pendiente antes del verano y el instructor del alto tribunal, Luciano Varela, podría llamarle esta misma semana. Varela intentó hace meses que el Consejo General del Poder Judicial sancionase a Garzón por vía disciplinaria denunciándole por una supuesta percepción de cobros indebidos por las labores docentes del juez en la Universidad de Nueva York. No tuvo éxito, ya que el Poder Judicial archivó las diligencias.
Pero ahora Varela juega en campo propio y Garzón cuenta con no pocos enemigos en el Supremo.
Entretanto, la causa abierta a Garzón ha suscitado inquietud en foros jurídicos internacionales. "Los estándares internacionales relativos a la independencia de la Judicatura prohíben la responsabilidad penal de los jueces por decisiones controvertidas e incluso injustas o incorrectas que, en todo caso, deben ser tratadas a través de los mecanismos disciplinarios establecidos a tal efecto", dijo Róicín Pillay, consejera jurídica principal para Europa de la Comisión Internacional de Juristas.
Según la comisionada de la CIJ, las investigaciones penales a jueces "por actos enmarcados dentro de sus funciones profesionales constituyen una interferencia injustificada e inapropiada en la independencia de los procedimientos judiciales y son contrarios al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los principios 4, 17 y 18 de los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la Judicatura".
La CIJ estima que este intento de interferir en el procedimiento judicial es de "particular preocupación", puesto que concierne a una investigación por crímenes contra la Humanidad, "que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente". Dichos delitos, según un comunicado de la CIJ, son imprescriptibles.
"Las investigaciones del juez Garzón de los crímenes contra la Humanidad no equivalen a negligencia profesional que pudiera justificar acciones disciplinarias y mucho menos una persecución penal", afirmó Róicín Pillay.
La CIJ ha informado de este caso a la Relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados "y espera que las actuaciones contra el juez Garzón sean desestimadas a la mayor brevedad posible".
Qué es la comisión
- La Comisión Internacional de Juristas se fundó en 1950 y tiene su sede actual en Ginebra (Suiza). Está integrada por 59 comisionados procedentes en su mayoría de países representados en Naciones Unidas. Está integrada por juristas, abogados y miembros de tribunales de justicia, entre otros, por presidentes o ex presidentes de las Cortes Supremas de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Suráfrica.
- El político y jurista Joaquín Ruiz-Giménez fue uno de los comisionados por España y formó parte del Comité de Honor hasta su reciente fallecimiento. El comisionado español actual es el magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín.
- La presidenta actual es Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
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Garzón declara mañana por investigar el franquismo
El Supremo lo juzga por prevaricación.
PÚBLICO.ES / AGENCIAS - Madrid - 08/09/2009 11:11
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha sido citado a declarar mañana a las 12.30 horas ante el instructor del Tribunal Supremo en relación con la querella interpuesta contra él por el sindicato Manos Limpias por su investigación sobre las desapariciones durante el franquismo, informaron fuentes del alto tribunal.La querella admitida contra el magistrado, que declarará en calidad de imputado, señala que Garzón podría haber incurrido en un delito de prevaricación al admitir a trámite y realizar diligencias en la Audiencia Nacional sobre una denuncia realizada por familiares de desaparecidos tras la Guerra Civil. Esta querella no tiene el respaldo de la Fiscalía que informó a favor de archivarla si bien la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó admitirla a trámite.
El auto dio a conocer el Supremo concluye que "la investigación sumarial se centró en delitos para los que el juzgado reconoce carecer de competencia material, salvo por razón de su conexión con otro delito (el cometido contra altos cargos de la nación) del que se proclama competente, pero que ni está vigente ni investiga, y por el que se incoa el procedimiento, y en cuyo ámbito declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de fallecimientos, sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación".
Esta querella no tiene el respaldo de la Fiscalía que informó a favor de archivarla
Sin embargo, fuentes jurídicas destacaron que este argumento es "perverso", porque para admitir una querella por prevaricación contra un juez debe hacerse un "enjuiciamiento indiciario cautelar" y hallar argumentos que acrediten la decisión injusta. Además, insisten en que es imposible calificar de prevaricadoras resoluciones que fueron revisadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia y que compartieron en mayor o menor medida cuatro de sus magistrados.
Recurso de Garzón
Garzón recurrió a finales de mayo la decisión del Supremo y negó haber prevaricado al declararse competente en el caso de las desapariciones durante la Guerra Civil.El alto tribunal rechazó los argumentos de Garzón al considerar que no desvirtuaban su decisión de admitir la citada querella y recordó al magistrado que "no se inicia un proceso porque se sea responsable de un delito, sino para poder determinar con garantías si se es o no responsable".
La actuación de Garzón fue respaldada ayer por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que desde Ginebra expresó su preocupación por la investigación abierta.Según la CIJ, las investigaciones del juez Garzón "de los crímenes contra la humanidad no equivalen a negligencia profesional que pudiera justificar acciones disciplinarias, mucho menos una persecución penal".
La CIJ estima, además, que este intento de interferir en el procedimiento judicial "es de particular preocupación, puesto que concierne una investigación por crímenes contra la humanidad, por los que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente".
Providencia del Supremo
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El PP pide ahora que se respete y cumpla la Ley
Garzón declara como imputado ante el Supremo por pretender investigar los crímenes del franquismo
ELPLURAL.COM
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tendrá que declarar ante el Tribunal Supremo mañana a las 12.30 como imputado por un presunto delito de prevaricación en la causa de los crímenes del franquismo y la Guerra Civil. La Sala Penal del Alto Tribunal ha remitido al juez la citación con una sorprendente inmediatez –con 24 horas de anticipación- y sin tener en cuenta la complicada agenda de los magistrados de la Audiencia. El sindicato ultraderechista Manos Limpias interpuso en mayo pasado una querella contra el juez al que acusan de prevaricar –actuar injustamente a sabiendas- en la instrucción del sumario abierto en octubre del año pasado para investigar las desapariciones forzosas provocadas por dirigentes del bando franquista. El 26 de mayo pasado, el Supremo admitió la querella a trámite, en contra del criterio de la Fiscalía. Manos Limpias pide la inhabilitación de Garzón y su suspensión temporal mientras se tramita el caso.
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La citación del Supremo llega horas después de que la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), un prestigioso organismo que aglutina a 60 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, abogados y jueces de países miembros de ONU, censurara las “interferencias” en la investigación de “crímenes de guerra” como los del franquismo.
Persecución de Manos Limpias
La CIJ exigía el archivo de la querella contra Garzón y remitía el asunto a un revisor de Naciones Unidas; sin embargo, el Supremo se ha decantado por las peticiones de los ultraderechistas, a los que posteriormente se sumó la agrupación Libertad e Identidad. El juez instructor del caso contra Garzón, Luciano Varela, también fue ponente de una querella contra el de la Audiencia Nacional por supuestos cobros no declarados durante una estancia en Estados Unidos. En aquella ocasión, la querella se archivó.
“Tranquilidad”
En mayo pasado, Garzón aseguró que estaba “tranquilo” ante la iniciativa de Manos Limpias, señalando que se defendería en su momento y destacando que “la ley es para todos”. El magistrado, eso sí, calificó de “burda represalia” la actuación del seudo sindicato, que no le consideraba competente para investigar los crímenes de la dictadura mientras le censuraba por no instruir una querella contra el ex dirigente del PC, Santiago Carrillo, por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama.
Investigación del franquismo
Garzón empezó a investigar los crímenes del franquismo en octubre de 2008 y a instancias de las Asociaciones de Memoria Histórica que presentaron una serie de denuncias. En su instrucción, el magistrado atribuyó a Franco y a una treintena de miembros de su aparato represor un plan de exterminio planificado que se saldó con 100.000 desapariciones. Finalmente, el juez terminó inhibiéndose en noviembre a favor de los juzgados territoriales, a los que delegó las decisiones sobre exhumaciones de fosas.
El PP pide respeto a la Ley
Entre las primeras reacciones destaca la del Partido Popular, que ha arremetido en varias ocasiones contra el juez que también instruyó el sumario de la operación Gürtel. La portavoz del grupo en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho respetar “las decisiones judiciales” y considerar “que cualquier español debe ser igual ante la Ley y comparecer” respetando “la decisión del Tribunal Supremo”.
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