Cerco a Garzón. 09/04/2010.

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EDITORIAL: 'La ideología y la ley en el juicio de Garzón'

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

En el ordenamiento jurídico no cabe constituir un «asimétrico y discriminatorio haz de derechos» en función «de la adscripción ideológica» de los ciudadanos «por muchos que fueren los que pusieren en ello su empeño». Esta idea está contenida en el auto del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela que envía al banquillo al juez Baltasar Garzón y con ella se pretende justificar que el hecho de que Falange Española o la extrema derecha sean los denunciantes no les quita un gramo de razón. Pero a Varela le habrá bastado con ver el alborozo con que los medios de comunicación de la derecha han acogido su decisión para darse cuenta de que la ideología no se puede separar de ningún acto jurídico, y menos aún del que pretende enjuiciar a Garzón por abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo.

Junto a ese argumento, Varela se despacha con otros para apoyar la aplicación en su grado más grave –el artículo 446.3 del Código Penal– del delito de prevaricación: dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho. Garzón, asegura el instructor del Supremo, era «consciente de su falta de competencia y de que los hechos denunciados carecían ya de relevancia penal», por lo que optó por construir «una artificiosa argumentación para controlar las exhumaciones» de los desparecidos durante la guerra civil. ¿Cómo sabe Varela que Garzón era consciente? El instructor está tan seguro desde el primer día de la culpabilidad de Garzón que ha rechazado todos los testigos propuestos por la defensa del magistrado. Entre los vetados se encuentra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien se opuso siempre a la actuación de Garzón en este caso, pero quizá iba a declarar que no apreciaba prevaricación, sino simple invasión de competencias.

La cuestión clave está ahí. Un juez puede equivocarse e iniciar actuaciones que no le corresponden, pero ¿prevarica por eso cuando la aplicación de la ley es discutible? Los tribunales viven cada día episodios parecidos: decisiones tomadas por un instructor que luego son desautorizadas por instancias superiores. Es muy sospechoso que tres querellas distintas contra Garzón hayan sido admitidas a trámite por sus propios compañeros de carrera, si no acudimos a lo que en el lenguaje popular se conoce con la expresión «le tienen ganas». Y más si recordamos los escasos casos, y las aún más escasas condenas, en que jueces juzgan a otros jueces.
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¿Quién prevarica?

CéSAR AVILéS - Murcia - 09/04/2010

El juez Varela, de acuerdo con Falange y un oscuro sindicato de nombre Manos Limpias y en contra del fiscal, de gran número de instituciones y de la opinión autorizada de prestigiosos juristas de todo el mundo, se ha propuesto sentar en el banquillo al juez Garzón y, según todos los indicios, contará también para lograr su fin con la opinión de los jueces de una sala del Tribunal Supremo. Si al final, como parece indudable, se demuestra que Garzón no ha cometido delito y mucho menos ha prevaricado, ¿qué han hecho Varela y los del Supremo? ¿Quién habrá prevaricado? Eso sí, habrán conseguido apartar a Garzón de desempeñar sus funciones.
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EL JUEZ GARZÓN, EN EL BANQUILLO

Las víctimas de Franco apelan a la Justicia argentina

Los denunciantes pedirán la declaración de los franquistas vivos. La querella califica los crímenes de genocidio

DIEGO BARCALA - MADRID - 09/04/2010 00:20

Las víctimas de los crímenes del franquismo acudirán el próximo miércoles a los juzgados federales de Argentina (equivalentes a la Audiencia Nacional) a presentar una querella por el genocidio que el general Francisco Franco cometió en España entre 1936 y 1977. La denuncia apela a que la constitución argentina reconoce los principios de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos lesa humanidad.

"Si no nos dejan aquí, tendrá que ser un juez de fuera el que lo haga", advirtieron las asociaciones de víctimas cuando el caso abierto por Baltasar Garzón fue taponado en la Audiencia Nacional. Esa amenaza se hará realidad el próximo 14 de abril. Las asociaciones presentarán pruebas de las desapariciones forzosas que los generales golpistas llevaron a cabo desde el 18 de julio de 1936.

"Si no dejan aquí tendrá que venir un juez de fuera", avisaron las familia
"El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes", explica Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España. Los denunciantes partirán del caso concreto de Severino Rivas, alcalde socialista fusiliado en 1936 en Lugo, para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio "político, social y cultural".

Ministros de Franco vivos
Slepoy confía en que el juez solicite por vía diplomática al Gobierno de España las pruebas de los crímenes. "Pediremos un listado con los ministros, altos cargos de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil que participaron en aquellos sucesos, que aún están vivos y que deben prestar declaración", asegura. El letrado prevé que la petición se extienda a otros países donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos.

El proceso podría llevar a declarar a Fraga como ex ministro de Franco
Si el proceso avanza hasta ese extremo, la justicia argentina podría llegar a citar, por ejemplo, a Manuel Fraga por su condición de ex ministro de una dictadura fascista. En ese caso se abrirán dos posibilidades: que el ex ministro de Información acuda a Buenos Aires a explicar su participación o que se niegue.

En caso de que Fraga desobedezca la petición del juez, el Gobierno argentino dictará una orden internacional de detención. Ese caso es el que llevó al banquillo al dictador Augusto Pinochet, gracias a la iniciativa en España del juez Baltasar Garzón. El dictador acabó enfrentándose a la justicia chilena por las desapariciones forzosas que muchos historiadores creen inspiradas en las que practicaron los franquistas tras el golpe de Estado.

Los demandantes pedirán al Gobierno español una relación de las fosas que el franquismo utilizó para hacer desaparecer a sus víctimas, un listado del número de desaparecidos y sus identificaciones, pruebas de las torturas infringidas por la policía franquista e incluso abordarán la investigación de los niños dados en adopción ilegalmente por el régimen desde las cárceles de mujeres o desde clínicas durante la dictadura.

"La jurisdicción universal no es un arma colonial", dice el abogado
El 14 de abril, aniversario de la llegada de la II República, acudirá a presentar la querella Darío Rivas, hijo del alcalde fusilado en Lugo que presentará las pruebas que determinan su caso familiar como el prototipo de una desaparición forzosa. Darío ya vivía en Argentina cuando su padre murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.

Las asociaciones de víctimas presentarán este caso concreto porque representa fielmente las características de los desaparecidos en España. Reprentante político, detenido ilegalmente, dejado a la custodia de Falange y que acaba bajo tierra fusilado sin juicio previo junto a la tapia de una iglesia.

Slepoy confía en esquivar las trabas judiciales que Garzón encontró en España. "Demostraremos que la jurisdicción universal no es un arma colonialista de países poderosos. En nuestro caso, un Estado como Argentina, ex colonia española, juzgará los crímenes de España como ese país ya hizo con las dictaduras del cono sur", razona.

Los denunciantes han convocado una concentración el miércoles en Buenos Aires para protestar también por el proceso abierto a Garzón.
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Querella contra Luciano Varela

 | PERE RUSIÑOL

Asociaciones por la memoria presentarán el escrito el lunes contra el juez del Supremo.ç

El proceso contra Baltasar Garzón por querer investigar el franquismo vivirá el lunes un capítulo imprevisto que aspira a alterar el final anunciado: varias asociaciones de víctimas presentarán ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el juez instructor, Luciano Varela. El escrito se basa en buena parte en la propia doctrina del magistrado.

Las asociaciones de víctimas habían explorado ya varias vías para tratar de influir en una causa que, de prosperar, no sólo supondría un mazazo para Garzón, sino sobre todo para sus aspiraciones de justicia y reparación.

Las víctimas han presentado ya recusaciones de magistrados como Adolfo Prego ponente del auto de admisión a trámite de la causa contra Garzón y firmante de un manifiesto contra la memoria histórica, han denunciado al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra y han acudido al Tribunal Constitucional pidiendo ampara para que se les acepte en la causa y la paralice mientras delibera al respecto. Pero todavía no habían ido contra el elemento central del proceso que ha armado todo el argumentario de la causa: el mismo juez instructor.

El lunes, sin embargo, las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y Mallorca, presididas por Manuel Perona y Maria Antònia Oliver, respectivamente, tienen previsto registrar en el Tribunal Supremo una querella contra Varela por prevaricación. El escrito, de 40 folios, toma como base el auto del 3 de febrero redactado por el magistrado en el que mantiene abierta la causa contra Garzón y, aplicando los criterios definidos por el propio Varela en una sentencia de 2009, deduce que el magistrado ha prevaricado.

"Creemos que se está prevaricando y los efectos son terribles para nosotros: el proceso dejaría desamparados a las víctimas y a sus familiares", advierte Perona. Y añade: "Estamos aterrorizados ante la posibilidad de que quiera cerrarse el periodo cuando aún hay miles de desaparecidos. Da la impresión terrible de que las víctimas vuelven a ser juzgadas".

Errores en el auto
La querella, que quedará abierta a adhesiones de otras entidades, subraya algunos errores del auto de Varela que le sirvieron a éste para argumentar jurídicamente su decisión: por ejemplo, recalca que Garzón respondió a las quejas del Consejo General del Poder Judicial en una fecha distinta a lo que señala el auto. O insiste en que Garzón no firmó una providencia clave que en cambio el auto sí le atribuye.

El documento trata de demostrar que el juez instructor ya tenía tomada la decisión de ir adelante con el caso y que toda su argumentación sería consecuencia de esta determinación inicial. Por eso le atribuyen prevaricación: por desdeñar todo lo que no facilite su supuesto objetivo y amplificar lo que lo facilite, por irrelevante que sea desde el punto de vista jurídico.

En el primer caso se enumeran todos los tratados internacionales que España ha suscrito y que le obligan a investigar los crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio por mucho que aprobara en 1977 la Ley de Amnistía, además de interpretaciones sobre esta norma del propio Constitucional.

En el segundo, se señala entre otros el absurdo de basar parte de la argumentación contra Garzón en su disonancia con la fiscalía cuando ésta se opone igualmente a sentar en el banquillo al magistrado.
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Versión libre, por Marco Schwartz

Dos acciones contra la estrategia del silencio

El acuerdo político para cerrar mediante el silencio y el olvido el capítulo más tenebroso de la historia reciente de España –el franquismo– apenas puede sostenerse moralmente después de casi 35 años de vigencia. Así lo atestigua la indignación que ha provocado a muchas personas, dentro y fuera de España, la pretensión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo al juez Garzón como resultado de una querella por prevaricación interpuesta por tres organizaciones de ultraderecha.

Esa indignación pasará esta semana de la palabra a los hechos, mediante dos iniciativas judiciales que adelanta hoy Público. Por una parte, una asociación de la memoria de Argentina interpondrá una querella en un tribunal de ese país por un asesinato cometido en España por las fuerzas franquistas. La asociación invocará el acuerdo de justicia universal para genocidio y crímenes contra la humanidad, al que Argentina está suscrito en su literalidad (y que fue retocado a la baja por el Congreso español con los votos del PSOE y el PP). La querella pide investigar las responsabilidades penales desde el 18 de julio de 1936 (comienzo de la sublevación de Franco) hasta el 15 de diciembre de 1977, con lo que, de prosperar, más de un miembro destacado del régimen aún vivo podría verse en aprietos.

Por otra parte, dos asociaciones de la memoria españolas presentarán el lunes una querella por prevaricación contra el magistrado del Supremo, Luciano Varela, que imputó a Garzón ese mismo delito por intentar investigar los crímenes del franquismo. El alto tribunal, que tanta diligencia ha demostrado para admitir a trámite querellas contra Garzón –incluso de asociaciones ultras–, tendrá que justificarse con argumentos muy sólidos en caso de que decida denegar esta iniciativa judicial de las víctimas.

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Protesta en apoyo al juez Garzón

Decenas de personas, convocadas a través de Facebook, defienden su investigación sobre los desaparecidos durante el franquismo

EFE/Javier Lizón EUROPA PRESS - Madrid - 08/04/2010 22:05

Decenas de personas se concentraron esta tarde, convocados a través de la red social Facebook, frente a la Audiencia Nacional para expresar su apoyo al juez Baltasar Garzón, a quien el Tribunal Supremo ha abierto un procedimiento penal por un presunto delito de prevaricación al investigar sin ser competente para ello las desapariciones durante el franquismo.

Entre las personas que secundaron la convocatoria, que comenzó en la calle Génova a las 20 horas, se encuentran simpatizantes con las asociaciones de la Memoria Histórica, y otras plataformas como Investigar el franquismo no es delito y Un millón de firmas para apoyar a Garzón.

Estas organizaciones tienen previsto continuar los actos de apoyo al juez y, entre ellos, convocarán el próximo 24 de abril una concentración en todos los municipios de España. Asimismo, también respaldarán la iniciativa de los sindicatos UGT y CCOO, que han convocado un acto el próximo día 13.
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El Poder Judicial estudiará suspender a Garzón el día 22

Fuentes judiciales creen que antes de la inhabilitación del magistrado se debería abrir el juicio del Supremo

JULIO M. LÁZARO MADRID 09/04/2010
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ha decidido que sea directamente el Pleno del organismo, que se reunirá el próximo día 22, el que se pronuncie sobre la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien el juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela ha decidido sentar en el banquillo para que sea juzgado por un supuesto delito de prevaricación.

"¡España al revés: corruptos y fascistas juzgan al juez!"
"Los crímenes reales son las desapariciones, no la investigación de Garzón"

El Consejo tiene que resolver también la recusación de la juez del ácido bórico

El Consejo tendrá que valorar si el auto de transformación en procedimiento abreviado dictado por Varela -contra el que cabe recurso ante el propio instructor y ante la Sala Penal- es suficiente para decretar la suspensión de Garzón.

Varela concluyó su auto de transformación señalando que "ha lugar a proceder" contra Garzón, siguiendo el tenor del artículo 383 de la ley orgánica del Poder Judicial sobre suspensión de magistrados. Sin embargo, fuentes judiciales consideran más correcto esperar al auto de apertura de juicio oral, que es el que marca definitivamente el proceso al magistrado.

Según explicaron dichas fuentes, dado que el ministerio fiscal no va a ejercer la acusación, ésta se sustentará exclusivamente en los escritos de Manos Limpias y Falange Española de las JONS. Aunque no es verosímil que suceda, si en hipótesis se suspende a Garzón y luego dichas acusaciones populares desistiesen de presentar sus escritos, Garzón estaría suspendido de funciones sin que nadie le acusase, por lo que habría que sobreseer el proceso y reintegrarle a su juzgado. El hecho de que una acusación popular desista de acusar en el último momento no ha sido tan infrecuente en procesos a banqueros y empresarios. Aunque ese escenario no se contempla en la causa contra Garzón, las fuentes consultadas creen más correcto esperar a que las acusaciones presenten sus escritos y el instructor decrete la apertura de juicio oral, momento a partir del cual ya no hay vuelta de hoja para que Garzón sea juzgado por la Sala Penal del Supremo.

No obstante, antes de la suspensión del juez de la Audiencia Nacional, el Pleno del Consejo tendrá que resolver la recusación de la vocal Gemma Gallego, la juez del ácido bórico que fue recusada por Garzón por enemistad manifiesta. El Consejo también tendrá que decidir sobre la abstención del vocal José Manuel Gómez Benítez, que fue abogado de Garzón.

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