Valencia, 8 jun (EFE).- El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia presentará una moción en el próximo pleno en la que se exige la retirada de los símbolos franquistas que perduran en la ciudad, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
En un comunicado, el concejal socialista Juan Soto ha informado hoy de que la Comisión de Vivienda, Grandes Proyectos y Urbanismo celebrada ayer lunes otorgó licencia al Ministerio de Defensa para retirar los símbolos de la dictadura ubicados en los edificios de Capitanía General y del Gobierno Militar.
"Sería deseable que Barberá tomara esta iniciativa por convicción democrática, pero hasta ahora ha sido imposible lograr su condena política a la dictadura", ha lamentado Soto.
"Si no quiere hacerlo desde la convicción, que lo haga al menos desde su responsabilidad como alcaldesa y en cumplimiento de la ley", ha afirmado el edil.
La Ley de Memoria Histórica, recuerda Soto, en vigor desde diciembre de 2007, establece que las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".
Por tanto, para el edil, la retirada de los símbolos franquistas y su sustitución por símbolos democráticos "no es algo discutible que dependa de la voluntad de cada gobernante", sino "un imperativo legal".
"El Gobierno ya ha cumplido su parte. Ahora le toca a Barberá", considera Soto, para quien la eliminación de símbolos franquistas "debería ser un proceso natural, pacífico y sin trauma, desde la aceptación de la simbología democrática".
Soto señala además que cada vez son más los gobiernos municipales y autonómicos del PP que aplican "de manera normalizada" la ley, tanto en la retirada de simbología como de honores a Franco.
"Barberá está cada vez más sola dentro de su propio partido", lamenta Soto, quien recordó que en la ciudad perduran numerosos símbolos de la dictadura, y califica como "especialmente grave la presencia de los escudos en colegios".
"El gobierno de Barberá no puede continuar siendo un reducto de resistencia que se niega a condenar la dictadura franquista, a aplicar la ley y a normalizar la simbología democrática", afirma el edil.
"Ya no puede alegar el valor patrimonial de los inmuebles en los que se ubican los escudos", ya que edificios como el de Capitanía General está declarado Bien de Interés Cultural y aún así el Gobierno ha demostrado que se puede retirar el escudo", concluye.
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