Los archivos judiciales no impiden que algunas familias leonesas sigan adelante para desenterrara sus muertos de la guerra. Estos son algunos casos
Recinto protegido por una valla donde estaban enterrados varios represaliados de la guerra en El Rabizo. M. PEÑANOTICIAS RELACIONADAS
Manuel C. Cachafeiro / León
De las 63 fosas de la guerra civil recogidas en el auto del juez Baltasar Garzón, 23 están en León. La provincia leonesa encabeza la lista de quienes reclaman la apertura de zanjas y cunetas para recuperar los restos de sus familiares con la intención de trasladarlos para siempre a los cementerios. Sin embargo, desde que el magistrado de la Audiencia Nacional se inhibió a favor de los juzgados de cada circunscripción, en noviembre de 2008, cada una ha seguido un camino distinto. Las 12 que correspondían a un juzgado de Ponferrada fueron archivadas, otras cinco están a la espera de nuevos informes en León y seis han sido abiertas sin esperar una decisión judicial.
Entre las historias que han quedado al margen de la Justicia figura el caso de Jerónima y su hijo Fernando, que fueron asesinados por un grupo de falangistas en Ponferrada cuando buscaban a su marido en 1936. Jerónima estaba embarazada de un segundo hijo, lo que añadió todavía más crueldad a su caso. Los restos de madre e hijo aparecieron en una finca en la parte de atrás de la que fue su casa en la capital berciana. El pasado mes de febrero, tras las oportunas pruebas de ADN, fueron entregados a sus familiares. Una calle, Jerónima Blanco y Fernando Cabo, recuerda su caso en la capital leonesa. El caso, sin embargo, fue archivado en los tribunales.
El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, denuncia el “desamparo” de quienes quieren recuperar los restos de sus familiares. “Porque un juzgado archive el caso no pasa nada. Archiva pero no prohibe. Ojalá los familiares tuvieran tutela judicial, pero muchos jueces no quieren saber nada. No quieren ni coger un papel”, añade el también escritor berciano.
La única salida para esas familias es que una asociación les ayude. De las más de 130 fosas abiertas por la ARMH, que este año celebra su décimo aniversario, apenas han tenido el beneplácito en cinco, según Macías.
El caso de Jerónima y su hijo Fernando no es el único en el que sus familiares decidieron seguir adelante. Lo mismo pasó en el Rabizo, en el pinar cercano a La Robla. Durante muchos años, un pequeño cercado y una placa recordaron que allí cayeron muertos cinco vecinos del pueblo en agosto de 1936. Todos los Primeros de Mayo, muchos roblanos aún conmemoran allí la fiesta de los trabajadores.
Hace dos años, en julio de 2008, gracias a la gestión de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, las familias lograron recuperar los restos de Arsenio Fuertes González, secretario municipal de La Robla, el oficial de secretaría Bernardo Orejas García, el médico Isidro del Valle Díez y dos vecinos de la localidad, Domingo Gutiérrez Costilla y Amador Arias Arias. El caso también está archivado en los juzgados, según Santiago Macías.
Dos años después, aún no se han podido identificar los cuerpos y es difícil que se pueda realizar. En este caso, la tierra arcillosa de los pinares, según explica el representante de la ARHM, acaba con los restos de ADN. El laboratorio que la asociación tiene en Ponferrada ha hecho todo lo que ha podido. Aunque entre los restos se encontraron también una corbata o unos gemelos, que bien podrían corresponder al médico o al secretario, no han sido pruebas suficientes para identificar todos los cuerpos, por lo que las familias han optado por enterrarlos juntos en un acto que se celebrará en los próximos meses.
Todavía hace unos días, una sobrina de Arsenio Fuertes, el secretario del Ayuntamiento de La Robla en 1936, recordaba lo sucedido en un periódico nacional. “El Ayuntamiento estaba en manos de la CEDA y había un auténtico despilfarro. Mi tío no pertenecía a ningún partido pero denunció el asunto al gobernador de León y eso le pasó factura tras el golpe de 1936”, explicaba Lourdes. Arsenio, a sus 56 años, fue llamado a presentarse en el cuartel de la Guardia Civil. “De ahí no salió. Le dijo a mis tías y mi abuelo que no se preocuparan que él no había hecho nada”.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica calcula que en la provincia de León existen más de 2.000 cadáveres enterrados en cunetas y fosas comunes. Pero la memoria no se quiere desenterrar en todos los casos. En los últimos años también ha surgido en León un debate entre quienes desean encontrar los restos de sus familiares y quienes son partidarios de que queden para siempre bajo la tierra que les sirvió de injusta tumba.
«No tenemos opinión. Se puede hacer una excavación o levantar un monolito», señala Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Otra asociación, ‘Pozo Grajero’, constituida en recuerdo de quienes encontraron la muerte en una cueva de Lario, impulsó hace unos años la colocación de un monumento en memoria de todos los que murieron en Peña Laza, al pie de la Cordillera Cantábrica, entre Rodiezmo y Villamanín, la mayor barbarie contra el bando republicano en León por el número de muertos. En este caso, no se abrieron fosas. La sepultura es la gran roca calizaque segó para siempre sus vidas.
Hace ahora un año, un juzgado de Benavente fue el primer en autorizar apertura de dos fosas comunes de la Guerra Civil en Santa Marta de Tera (Zamora), tras la inhibición de Garzón. Los restos correspondían a varios desaparecidos de Destriana, en la provincia de León, cuyos restos fueron localizados.
Otras historias, sin embargo, se quedaron por el camino, como la de Isabel González. En julio de 2002, a sus 85 años y gracias a la colaboración de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, logró que una excavadora removiera la tierra en Piedrafita de Babia. Allí en el alto, según un pequeño mapa pintado a mano por ella y una amiga en base a testimonios recogidos durante 60 años, debería estar enterrado su hermano. La jueza de Villablino autorizó que se realizara las pruebas de ADN. Aparecieron los restos de siete personas. Pero dio negativo.
“Las víctimas de los crímenes del franquismo siguen a día de hoy sin ser reparadas y sin saber dónde se encuentran sus familiares desaparecidos y dónde están enterrados”, señalaba Garzón en su escrito al Supremo. Un documento también para la reflexión.
De las 63 fosas de la guerra civil recogidas en el auto del juez Baltasar Garzón, 23 están en León. La provincia leonesa encabeza la lista de quienes reclaman la apertura de zanjas y cunetas para recuperar los restos de sus familiares con la intención de trasladarlos para siempre a los cementerios. Sin embargo, desde que el magistrado de la Audiencia Nacional se inhibió a favor de los juzgados de cada circunscripción, en noviembre de 2008, cada una ha seguido un camino distinto. Las 12 que correspondían a un juzgado de Ponferrada fueron archivadas, otras cinco están a la espera de nuevos informes en León y seis han sido abiertas sin esperar una decisión judicial.
Entre las historias que han quedado al margen de la Justicia figura el caso de Jerónima y su hijo Fernando, que fueron asesinados por un grupo de falangistas en Ponferrada cuando buscaban a su marido en 1936. Jerónima estaba embarazada de un segundo hijo, lo que añadió todavía más crueldad a su caso. Los restos de madre e hijo aparecieron en una finca en la parte de atrás de la que fue su casa en la capital berciana. El pasado mes de febrero, tras las oportunas pruebas de ADN, fueron entregados a sus familiares. Una calle, Jerónima Blanco y Fernando Cabo, recuerda su caso en la capital leonesa. El caso, sin embargo, fue archivado en los tribunales.
El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, denuncia el “desamparo” de quienes quieren recuperar los restos de sus familiares. “Porque un juzgado archive el caso no pasa nada. Archiva pero no prohibe. Ojalá los familiares tuvieran tutela judicial, pero muchos jueces no quieren saber nada. No quieren ni coger un papel”, añade el también escritor berciano.
La única salida para esas familias es que una asociación les ayude. De las más de 130 fosas abiertas por la ARMH, que este año celebra su décimo aniversario, apenas han tenido el beneplácito en cinco, según Macías.
El caso de Jerónima y su hijo Fernando no es el único en el que sus familiares decidieron seguir adelante. Lo mismo pasó en el Rabizo, en el pinar cercano a La Robla. Durante muchos años, un pequeño cercado y una placa recordaron que allí cayeron muertos cinco vecinos del pueblo en agosto de 1936. Todos los Primeros de Mayo, muchos roblanos aún conmemoran allí la fiesta de los trabajadores.
Hace dos años, en julio de 2008, gracias a la gestión de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, las familias lograron recuperar los restos de Arsenio Fuertes González, secretario municipal de La Robla, el oficial de secretaría Bernardo Orejas García, el médico Isidro del Valle Díez y dos vecinos de la localidad, Domingo Gutiérrez Costilla y Amador Arias Arias. El caso también está archivado en los juzgados, según Santiago Macías.
Dos años después, aún no se han podido identificar los cuerpos y es difícil que se pueda realizar. En este caso, la tierra arcillosa de los pinares, según explica el representante de la ARHM, acaba con los restos de ADN. El laboratorio que la asociación tiene en Ponferrada ha hecho todo lo que ha podido. Aunque entre los restos se encontraron también una corbata o unos gemelos, que bien podrían corresponder al médico o al secretario, no han sido pruebas suficientes para identificar todos los cuerpos, por lo que las familias han optado por enterrarlos juntos en un acto que se celebrará en los próximos meses.
Todavía hace unos días, una sobrina de Arsenio Fuertes, el secretario del Ayuntamiento de La Robla en 1936, recordaba lo sucedido en un periódico nacional. “El Ayuntamiento estaba en manos de la CEDA y había un auténtico despilfarro. Mi tío no pertenecía a ningún partido pero denunció el asunto al gobernador de León y eso le pasó factura tras el golpe de 1936”, explicaba Lourdes. Arsenio, a sus 56 años, fue llamado a presentarse en el cuartel de la Guardia Civil. “De ahí no salió. Le dijo a mis tías y mi abuelo que no se preocuparan que él no había hecho nada”.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica calcula que en la provincia de León existen más de 2.000 cadáveres enterrados en cunetas y fosas comunes. Pero la memoria no se quiere desenterrar en todos los casos. En los últimos años también ha surgido en León un debate entre quienes desean encontrar los restos de sus familiares y quienes son partidarios de que queden para siempre bajo la tierra que les sirvió de injusta tumba.
«No tenemos opinión. Se puede hacer una excavación o levantar un monolito», señala Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Otra asociación, ‘Pozo Grajero’, constituida en recuerdo de quienes encontraron la muerte en una cueva de Lario, impulsó hace unos años la colocación de un monumento en memoria de todos los que murieron en Peña Laza, al pie de la Cordillera Cantábrica, entre Rodiezmo y Villamanín, la mayor barbarie contra el bando republicano en León por el número de muertos. En este caso, no se abrieron fosas. La sepultura es la gran roca calizaque segó para siempre sus vidas.
Hace ahora un año, un juzgado de Benavente fue el primer en autorizar apertura de dos fosas comunes de la Guerra Civil en Santa Marta de Tera (Zamora), tras la inhibición de Garzón. Los restos correspondían a varios desaparecidos de Destriana, en la provincia de León, cuyos restos fueron localizados.
Otras historias, sin embargo, se quedaron por el camino, como la de Isabel González. En julio de 2002, a sus 85 años y gracias a la colaboración de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, logró que una excavadora removiera la tierra en Piedrafita de Babia. Allí en el alto, según un pequeño mapa pintado a mano por ella y una amiga en base a testimonios recogidos durante 60 años, debería estar enterrado su hermano. La jueza de Villablino autorizó que se realizara las pruebas de ADN. Aparecieron los restos de siete personas. Pero dio negativo.
“Las víctimas de los crímenes del franquismo siguen a día de hoy sin ser reparadas y sin saber dónde se encuentran sus familiares desaparecidos y dónde están enterrados”, señalaba Garzón en su escrito al Supremo. Un documento también para la reflexión.
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