ESTOS días, la Justicia argentina ha vuelto a sentar en el banquillo de los acusados al dictador Jorge Rafael Videla por el fusilamiento, en 1976, de una treintena de presos en una cárcel de la provincia de Córdoba, so pretexto de que querían escaparse.
Poco importa la edad de Videla. Lo que cuenta es que ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados para responder de un delito que se enmarca en la calificación general de genocidio y que ha sido calificado como imprescriptible: la eliminación de población civil por razones ideológicas y siguiendo un plan preestablecido, entre 1976 y 1983.
Hace ya tiempo que Argentina hace memoria de los crímenes horrendos de la dictadura militar. Ejercicio de memoria éste que no hubiese sido posible sin el decidido empeño de algunos jueces y sin la presión social ejercida por las Madres de Mayo y otros movimientos sociales que impidieron que se perpetuara una infame Ley de Amnistía, dictada a instancias de Menem, con el solo objeto de que los militares, policías y civiles que participaron en los crímenes de la represión política quedaran impunes. No ha sido un logro fácil y tanto jueces como movimientos sociales han tenido que enfrentarse a un amplio sector social más proclive a pasar la página y a "lo pasado, pasado", que a encarar periodos negros y concretos de su historia. Hace un par de meses tuve ocasión de escuchar en Valparaíso una ardiente defensa de la "inocencia" de los torturadores. Daba vértigo. Era un tipo que se estaba magisterizando en educación o en sociología o en algo de ciencias humanas, pero que consideraba que los militares chilenos y argentinos habían salido peor parados que los nazis, y que entre otras donosuras sostenía que no podía acusarse a quien presenciaba una sesión de torturas o mecanografiaba las confesiones. Algo más retorcido todavía que la obediencia debida a la que recurren la mayoría de los ahora perseguidos por la Justicia.
A juzgar por lo que puede leerse en la prensa argentina, cada nuevo juicio contra militares o policías es una fiesta cívica, un triunfo, que no devolverá la vida a las persona asesinadas, pero que coloca una estela de dignidad allí donde además del crimen impune se quiso implantar el olvido y que ayuda a establecer algo parecido a la verdad de lo que sucedió en las trastiendas de la dictadura militar como una forma expresa de reconocimiento a las víctimas. Lo mismo sucede en Chile y, en menor medida, en Bolivia.
Argentina es Argentina y su historia, como la de todos los países, poco exportable, pero llama la atención ese empeño por restituir la memoria y la dignidad de las víctimas, de iluminar el horror arbitrario de los represores, que contrasta tanto con una actitud como la española que durante décadas ha puesto todas las pegas posibles para algo en apariencia tan sencillo, y poco comprometedor para nadie vivo, como es la apertura de las fosas comunes del franquismo donde han permanecido enterrados los asesinados de la retaguardia de la Guerra Civil, siguiendo, en casos como el de Navarra, un minucioso plan preestablecido. Por no hablar de la desaparición de símbolos de la dictadura que aun permanecen en las calles de nuestras ciudades porque los políticos de la derecha creen que deben seguir honrando a los artífices de la sublevación militar del 18 de julio de 1936 o que son "historia" y solo "historia", a la que solo deben acercarse los historiadores, es decir, los que escriben a su servicio.
Pero lo cierto es que poco se puede esperar de un gobierno, socialista, que ha sido incapaz de acometer la declaración de nulidad de todos y cada uno de los juicios sumarísimos abiertos durante el franquismo sin otro propósito que dar cobertura burocrática al crimen organizado con sentencias infamantes -algo que piden juristas de la talla de José Antonio Martín Pallín- o, en otro orden de cosas, de revisar siquiera el Concordato con el Vaticano de 1979 que ahora mismo grava y compromete un verdadero estado laico, a pesar de la nueva, rimbombante e insuficiente ley de libertad religiosa que va a poner parches a una realidad que va a velocidad de vértigo: está visto que los burkas nacionales mejor ni tocar.
¿Por qué Alemania pudo declarar nulos todos los juicios penales tendentes a consolidación del régimen nacional socialista desde 1933 mientras que España, a través de su administración de justicia y de sus políticos, rehusa hacerlo?, se preguntaba hace poco el magistrado. Está visto que una parte importante de la sociedad española es adicta al "mejor no remover" y que predica el mirar hacia el futuro, no por un particular afán constructivo, sino porque de una manera o de otra justifica y aplaude lo sucedido entonces. No en vano durante más de cincuenta años se vino sosteniendo la legitimidad de la rebelión militar y la instauración del nuevo régimen.
Del molesto juez Baltasar Garzón se ha dejado de hablar y eso que en su caso solo quiso sentar en un banquillo de papel a unas sombras y como mucho, rescatar del olvido y de las páginas más o menos mendaces de historiadores comprometidos con establecer una versión oficial de lo sucedido, lo que aquella rebelión militar pudiera tener de genocida. Se ha dejado de oír el ruido de las vestiduras y las togas rasgadas. Resultaba demasiado teatral, pero el ruido ocultó con eficacia los intereses personales que se han escondido detrás del procesamiento del juez Garzón, en detrimento del fondo del asunto. En palabras recientes de Martín Pallín, en el fondo Garzón no trataba sino de poner a cada cual en su sitio: a los rebeldes como tales y a las víctimas como lo que fueron. Y eso por lo visto es demasiado pedir tanto cuando se abren fosas a regañadientes como cuando se pretenden revisar procesos infamantes.
Poco importa la edad de Videla. Lo que cuenta es que ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados para responder de un delito que se enmarca en la calificación general de genocidio y que ha sido calificado como imprescriptible: la eliminación de población civil por razones ideológicas y siguiendo un plan preestablecido, entre 1976 y 1983.
Hace ya tiempo que Argentina hace memoria de los crímenes horrendos de la dictadura militar. Ejercicio de memoria éste que no hubiese sido posible sin el decidido empeño de algunos jueces y sin la presión social ejercida por las Madres de Mayo y otros movimientos sociales que impidieron que se perpetuara una infame Ley de Amnistía, dictada a instancias de Menem, con el solo objeto de que los militares, policías y civiles que participaron en los crímenes de la represión política quedaran impunes. No ha sido un logro fácil y tanto jueces como movimientos sociales han tenido que enfrentarse a un amplio sector social más proclive a pasar la página y a "lo pasado, pasado", que a encarar periodos negros y concretos de su historia. Hace un par de meses tuve ocasión de escuchar en Valparaíso una ardiente defensa de la "inocencia" de los torturadores. Daba vértigo. Era un tipo que se estaba magisterizando en educación o en sociología o en algo de ciencias humanas, pero que consideraba que los militares chilenos y argentinos habían salido peor parados que los nazis, y que entre otras donosuras sostenía que no podía acusarse a quien presenciaba una sesión de torturas o mecanografiaba las confesiones. Algo más retorcido todavía que la obediencia debida a la que recurren la mayoría de los ahora perseguidos por la Justicia.
A juzgar por lo que puede leerse en la prensa argentina, cada nuevo juicio contra militares o policías es una fiesta cívica, un triunfo, que no devolverá la vida a las persona asesinadas, pero que coloca una estela de dignidad allí donde además del crimen impune se quiso implantar el olvido y que ayuda a establecer algo parecido a la verdad de lo que sucedió en las trastiendas de la dictadura militar como una forma expresa de reconocimiento a las víctimas. Lo mismo sucede en Chile y, en menor medida, en Bolivia.
Argentina es Argentina y su historia, como la de todos los países, poco exportable, pero llama la atención ese empeño por restituir la memoria y la dignidad de las víctimas, de iluminar el horror arbitrario de los represores, que contrasta tanto con una actitud como la española que durante décadas ha puesto todas las pegas posibles para algo en apariencia tan sencillo, y poco comprometedor para nadie vivo, como es la apertura de las fosas comunes del franquismo donde han permanecido enterrados los asesinados de la retaguardia de la Guerra Civil, siguiendo, en casos como el de Navarra, un minucioso plan preestablecido. Por no hablar de la desaparición de símbolos de la dictadura que aun permanecen en las calles de nuestras ciudades porque los políticos de la derecha creen que deben seguir honrando a los artífices de la sublevación militar del 18 de julio de 1936 o que son "historia" y solo "historia", a la que solo deben acercarse los historiadores, es decir, los que escriben a su servicio.
Pero lo cierto es que poco se puede esperar de un gobierno, socialista, que ha sido incapaz de acometer la declaración de nulidad de todos y cada uno de los juicios sumarísimos abiertos durante el franquismo sin otro propósito que dar cobertura burocrática al crimen organizado con sentencias infamantes -algo que piden juristas de la talla de José Antonio Martín Pallín- o, en otro orden de cosas, de revisar siquiera el Concordato con el Vaticano de 1979 que ahora mismo grava y compromete un verdadero estado laico, a pesar de la nueva, rimbombante e insuficiente ley de libertad religiosa que va a poner parches a una realidad que va a velocidad de vértigo: está visto que los burkas nacionales mejor ni tocar.
¿Por qué Alemania pudo declarar nulos todos los juicios penales tendentes a consolidación del régimen nacional socialista desde 1933 mientras que España, a través de su administración de justicia y de sus políticos, rehusa hacerlo?, se preguntaba hace poco el magistrado. Está visto que una parte importante de la sociedad española es adicta al "mejor no remover" y que predica el mirar hacia el futuro, no por un particular afán constructivo, sino porque de una manera o de otra justifica y aplaude lo sucedido entonces. No en vano durante más de cincuenta años se vino sosteniendo la legitimidad de la rebelión militar y la instauración del nuevo régimen.
Del molesto juez Baltasar Garzón se ha dejado de hablar y eso que en su caso solo quiso sentar en un banquillo de papel a unas sombras y como mucho, rescatar del olvido y de las páginas más o menos mendaces de historiadores comprometidos con establecer una versión oficial de lo sucedido, lo que aquella rebelión militar pudiera tener de genocida. Se ha dejado de oír el ruido de las vestiduras y las togas rasgadas. Resultaba demasiado teatral, pero el ruido ocultó con eficacia los intereses personales que se han escondido detrás del procesamiento del juez Garzón, en detrimento del fondo del asunto. En palabras recientes de Martín Pallín, en el fondo Garzón no trataba sino de poner a cada cual en su sitio: a los rebeldes como tales y a las víctimas como lo que fueron. Y eso por lo visto es demasiado pedir tanto cuando se abren fosas a regañadientes como cuando se pretenden revisar procesos infamantes.
Miguel sánchez-ostiz
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada