lunes, 27 de septiembre de 2010

¿Dónde está mi abuelo?

Las exhumaciones son procesos largos y costosos tanto en tiempo como en dinero Estas actuaciones, aunque se ejecuten con la ayuda de colectivos, solo se pueden poner en marcha a instancia de los familiares.

26/09/2010 M. FRANCO 


Foto:SERVICIO ESPECIAL / ÁNGEL DE CASTRO
Olga Maya Júlvez conocía la ilusión de sus familiares por recuperar los restos de su abuelo, fusilado en Inogés y enterrado en un campo de cerezos. Su cuerpo fue exhumado hace solo unos días, pero su madre ya había muerto. Olga Alcega pasó años llevando flores a un terreno de Magallón sin saber con seguridad si el padre de su padre estaría allí, junto a más de 80 personas asesinadas durante los años 30. Puri Fernández no pudo recuperar a su abuelo. A pesar de que los testimonios apuntaban a una sepultura en lo que ahora es el cementerio de Aladrén, es probable que sus restos fueran trasladados posteriormente a un osario, cubiertos por otras tumbas o que simplemente se hubiera construido encima en los más de 70 años pasados desde su muerte.
En cualquiera de los casos, las historias se repiten: años de frustración por heridas sin cerrar seguidas de meses de trámites cuando, finalmente, los descendientes --normalmente los nietos de las víctimas-- empiezan el proceso para recuperar los cuerpos de sus familiares. La aprobación de la Ley de Memoria Histórica en el 2007 y la concesión de subvenciones para ejecutar estos trabajos facilitó la búsqueda de cadáveres que ya llevaban décadas desaparecidos. Las exhumaciones, sin embargo, siguen siendo operaciones largas y complejas.
El levantamiento de una fosa puede llevar más de un año de trabajo, dependiendo de los casos, del número de cuerpos y de las circunstancias. En algunas ocasiones, si la zona está perfectamente delimitada y todos los descendientes están de acuerdo, la exhumación puede ejecutarse en unos meses. Si no es así, el asunto se complica.
Estas actuaciones solo se pueden llevar a cabo a instancias de los familiares, si bien es habitual que estos recurran a colectivos como ARMHA o Arico, para agilizar los trámites y recabar apoyos. En otros casos son las propias asociaciones o investigadores los que se dirigen a los descendientes para ejecutar una exhumación, como en el caso de Rubielos de Mora, donde el arqueólogo Luis Avial, de Condor Georadar, impulsó con la Sociedad de Ciencias Aranzadi la búsqueda de la mayor parte de los 46 soldados de la 84 Brigada Mixta que fueron asesinados por sus propios mandos en 1938 tras conocer su historia en el libro Si me quieres escribir, de Pedro Corral.
El protocolo de fosas aragonés, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural, establece que las solicitudes deben adjuntar una autorización de todos los familiares, accediendo explícitamente a la exhumación e indicando el destino final de los restos. ¿Qué ocurre en los casos en los que un descendiente no aparece, o rechaza la actuación? Según esta normativa, los promotores deberán demostrar que han hecho todas las gestiones posibles para la localización de los demás. Ante una negativa, y aunque esta no sea determinante, en principio son los familiares los que deben resolver la situación.
Trámites y ayudas
A partir de ahí comienza un proceso que requiere, por un lado, la petición de la ayuda correspondiente al Ministerio de Presidencia y, por el otro, la definición del proyecto y la búsqueda del personal. Los vestigios de las fosas de personas fusiladas son considerados en Aragón como restos arqueológicos, por lo que deben cumplir una serie de requisitos, que incluyen la presencia de un arqueólogo y un forense y la prohibición de utilizar medios mecánicos, lo que encarece y ralentiza los trabajos.
Por otra parte, no siempre es sencillo establecer con seguridad quién está en una fosa cuando los cuerpos llegaron hasta allí tras fusilamientos ilegales y sin documentación rigurosa más allá de los testimonios de personas que ahora ya son ancianas. En Singra, por ejemplo, la búsqueda en el 2008 de 12 republicanos acabó con la aparición de 36 soldados nacionales sin identificar, que nadie reclamó.
En este tipo de casos, las propias administraciones pueden hacerse cargo de los cadáveres, aunque es habitual que las familias hagan enterramientos comunes con lápidas que recuerdan la existencia de restos de personas desconocidas. Queda, además, la identificación, que se complica cuando requiere de pruebas de ADN. Estos análisis conllevan un proceso que no baja de los dos o tres meses, y que puede ascender a más de 1.000 euros.
Entonces, y solo entonces, termina el proceso. Los descendientes ya pueden tener la tranquilidad de saber dónde reposan los restos de sus familiares y, si quieren, llevarles un ramo. A esas alturas, ya llevan más de medio siglo muertos.