domingo, 21 de noviembre de 2010

El Principado comprará las fincas privadas con fosas comunes

El Principado comprará las fincas privadas con fosas comunes
La fosa común de San Miguel de la Barreda (Siero), durante un homenaje a las 18 víctimas del franquismo enterradas allí. ::
FERNANDO CASTRO
«No hay nada más contrario a la dignidad que el olvido». Siguiendo esa premisa trabaja el viceconsejero de Bienestar Social del Principado, Ángel González, para preservar la memoria histórica y que el nombre de las víctimas asturianas del franquismo no se borre de la Historia.
Y, siguiendo esa misma consigna, la consejería de Bienestar Social, en manos de Izquierda Unida, está a punto de adquirir la fosa común de la localidad sierense de San Miguel de la Barreda, en la que reposan desde la Guerra Civil los restos mortales de 18 vecinos de Siero, Noreña y Oviedo fusilados en 1937. El más joven tenía 19 años cuando fue asesinado por las tropas nacionales. El mayor, 72.
Setenta y tres años después, el Principado ha llegado a un acuerdo con la familia que en su día heredó uno de los dos terrenos donde se localiza la fosa común, situada justo en el linde de dos fincas. Se trata de una operación sin precedentes en otras comunidades autónomas.
En cuanto a la otra finca -que, según González, «apenas representa un 10% de la superficie del enterramiento»- el Principado también se encuentra ya en conversaciones con los propietarios del terreno y estudia posibles fórmulas para que pase a ser propiedad del Gobierno regional.
«El acuerdo con los propietarios de la finca en la que se localiza la mayor parte de la fosa está cerrado. Lo que hay que hacer ahora es la tasación -que depende de la Consejería de Economía y Hacienda- y preparar su ubicación en el capítulo de inversiones del presupuesto», confirmó Ángel González, quien subraya asimismo que será la primera vez que un Gobierno autonómico se haga con una fosa común.
Y no será la última, añade el viceconsejero de Bienestar Social del Principado, que trabaja ya con su equipo en intentar localizar el resto de las fosas ubicadas en terrenos privados en el Principado, de forma que, tras su adquisición, se incorporen a la Dirección General de Patrimonio.
«La inmensa mayoría de los enterramientos está en espacios públicos, como terrenos cercanos a las carreteras, montes, fosas naturales, algún que otro pozo minero como el Pozu Fortuna o el Pozu Funeres o en cementerios. Las que están en terrenos privados son pocas, pero queremos contactar con sus propietarios porque nuestra política va a ser la misma: proceder a su adquisición», explica.
«Contra la ley»
«No sirve con decir: 'Sacamos los restos, los identificamos y se acabó'. Eso iría contra la Ley de la Memoria Histórica», defiende Ángel González, que, en colaboración con la Comisión de Amigos y Familiares de Represaliados de la II República, planea construir un monolito en recuerdo de las víctimas y colocar paneles en los que se cuente su historia para convertir la fosa de San Miguel de la Barreda en «un lugar de la memoria democrática de Asturias».
Lo que está por ver es qué harán los familiares de las víctimas con los restos de sus muertos, porque la división es patente. Y, así, mientras la mayoría quiere mantener la fosa, hay una minoría partidaria de exhumar los cuerpos.
La historia viene de lejos, porque, en 1988, la juez de primera instancia de Pola de Siero autorizó la exhumación para su traslado a un cementerio y, posteriormente, el Ayuntamiento aprobó -con los votos de PSOE, IU y AP- una moción en la que consideraba «incongruente que más de cincuenta años después se levantaran rencores con aquella exhumación» que nunca se llegó a llevar a cabo porque algunos familiares se opusieron.
La penúltima palabra la ha dicho la directora de la Oficina de Planificación y Gestión del Patrimonio Cultural, Eva María Sánchez, que acaba de instar al equipo de gobierno de Siero, del PP, a «hacer cumplir la sentencia dictada en enero por el Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo» por la que se rechaza la intención de los propietarios de los terrenos a exhumar los restos.
Con la ley en la mano, apunta ahora González, «no se puede negar a un familiar su derecho a exhumar los restos de la persona fallecida si han podido ser identificados previamente». Y, por eso, la consejería ha encargado un estudio técnico que tratará de proteger los derechos de todas las partes.
A este estudio técnico se unirá en breve otro informe, adelanta Ángel González: «Un censo de los símbolos franquistas que todavía existen en Asturias que permita proceder a su eliminación».