domingo, 21 de noviembre de 2010

La investigación sobre los niños robados por el franquismo vuelve a la audiencia nacional

La investigación sobre los secuestros de niños “republicanos” por parte del régimen franquista ha vuelto a la Audiencia Nacional dos años después de que el juez Baltasar Garzón se viera obligado a cerrar la causa. Un juzgado de Madrid ha decidido remitir a la Audiencia Nacional las denuncias presentadas por un total de 55 víctimas de la trama de secuestros. 

La titular del Juzgado número 21 de Madrid, la magistrada María Concepción Rodríguez, decidió el pasado 28 de octubre inhibirse y remitir la causa de los secuestros al Juzgado Central de Instrucción número 5, que en la actualidad ocupa el juez Pablo Ruz tras la suspensión cautelar de Garzón. 

El auto de inhibición dictado por Rodríguez, al que ha tenido acceso Servimedia, señala que, tras dos años de investigación, “se infiere que por los mismos hechos se incoó previamente otro procedimiento en el Juzgado Central de Instrucción número 5”. Fuentes de la Audiencia Nacional han explicado que el juez Ruz conoce ya los escritos presentados por los denunciantes, aunque han señalado que el auto de inhibición no ha llegado todavía al juzgado por las vías oficiales. 
La investigación remitida a la Audiencia Nacional se inició a principios del año 2009 tras la presentación de varias denuncias, que posteriormente se fueron ampliando y que en la actualidad recogen el caso de 55 desapariciones de niños. 
Los denunciantes aseguran en un escrito remitido al juez Ruz el pasado 10 de noviembre que estos robos eran fruto de “las normas establecidas por Franco” así como de la “plena connivencia entre las parroquias y las autoridades políticas para entregar niños a las familias que mejor se adaptaran a la moral católica”, según se recoge en sus escritos judiciales. 
MUERTES FICTICIAS
Los secuestros, que cifran en términos globales en más de 30.000, se produjeron principalmente en las sedes del Auxilio Social así como en los organismos de beneficiencia como las maternidades, los hospicios y las inclusas.
Existían diversos “modus operandi” para la perpetración de estos secuestros. Una de las modalidades más generalizada consistía en que la madre, del bando republicano, daba a luz “con anómalas prácticas y en extrañas circunstancias que terminaban con una supuesta defunción del neonato, que no era acreditada físicamente”. 
Estos niños eran en realidad entregados en adopción a familias afines a la dictadura y sus verdaderos nombres desaparecían. Otro de los sistemas consistía en robar tras el parto a los hijos de las presas republicanas. 
Los denunciantes reclaman que sus alegaciones sean atendidas a la mayor brevedad ya que muchos de los afectados, quienes buscan a un hijo o un hermano desaparecido, tienen en la actualidad una edad muy elevada, algunos por encima incluso de los 100 años. 
MÉDICOS Y MATRONAS
Los afectados y las asociaciones para la recuperación de la memoría histórica, bajo la representación del abogado Fernando Magán, han aportado a la Audiencia Nacional una base informatizada con los datos de las personas afectadas por estos robos, así como una relación nominal de los presuntos responsables de los secuestros. 
Entre estos presuntos responsables se encuentran varios médicos, algunos de ellos todavía en activo, y que durante la dictadura trabajaron en clínicas como San Ramón y O’Donnell, ambas de Madrid, o Santa Isabel, en Valencia. 
Los denunciantes también han remitido al juez Ruz una lista de personas que habrían presenciado los hechos y que podrían prestar declaración, entre los que se encuentra un médico pediatra que comprobó en una clínica de Madrid “como entraban por una puerta padres sin niños y salían con ellos” y una matrona que ejerció en diversas cárceles. 
Los afectados defienden la competencia de la Audiencia Nacional en el caso al tratarse de delitos que fueron cometidos por toda la geografía española. Aún así, los propios denunciantes piden a Ruz que, si finalmente decide rechazar su competencia en el caso y remite un conflicto de competencias al Tribunal Supremo, al menos practique antes “aquellas diligencias que sean necesarias e imprescindibles para la conservación de este procedimiento”.
REUNIÓN CON LA FISCALÍA
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, recibirá este lunes, a las 10.00 horas, a una representación de las víctimas de los secuestros. Fuentes de las asociaciones consultadas por Servimedia explicaron que el encuentro, al que asistirán “media docena” de afectados, servirá para exponer al fiscal jefe los detalles de la causa. 
La Fiscalía deberá pronunciarse sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los secuestros. El juez Ruz, una vez reciba oficialmente el auto de inhibición del Juzgado 21 de Madrid, deberá pedir al departamento de Javier Zaragoza un informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional para iniciar una investigación. 
Si el magistrado decide finalmente que la Audiencia Nacional no es competente para hacerse cargo de la causa, elevará previsiblemente un conflicto de competencia al Tribunal Supremo para que sea este órgano jurídico el que decida quién debe investigar los secuestros. 
El Alto Tribunal tiene ya sobre la mesa dos conflictos de competencia –que se han acumulado en una misma causa- relativo uno a unas fosas comunes situadas en El Escorial (Madrid) y otro a la fosa de la provincia de Granada en la que se suponía que estaban los restos del poeta Federico García Lorca. 
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió el pasado mes de marzo suspender la tramitación de este procedimiento hasta que no se resuelva la causa que el alto tribunal tramita contra el juez Garzón por sus investigaciones de los crímenes del franquismo.
AUTO DE GARZÓN
El auto de inhibición de la magistrada Rodríguez hace referencia a la investigación realizada por el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo a finales del año 2008 y que ha provocado su reciente suspensión cautelar y su procesamiento en el Tribunal Supremo por un presunto delito de enaltecimiento. En esta causa, además de los fusilamientos y juicios sumarísimos de la Guerra Civil y la dictadura de Franco, las asociaciones denunciaron ante Garzón el robo de niños. 
De hecho, Garzón aseguraba en un auto que el régimen franquista puso en marcha "un sistema de desaparición institucionalizado de menores hijos de madres republicanas muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas" y afirmaba que la justicia española tiene la obligación "de investigar el alcance delictivo de estos hechos, que, por su carácter permanente y contextualizados como crímenes contra la humanidad, no están prescritos ni amnistiados".