Durante 17 años, Arturo Reyes colocó flores ante la lápida de su hijo fallecido al nacer. En 2004, el riesgo de derrumbe en la zona en la que se encontraba el nicho de su bebé, en el cementerio de La Línea, obligó a abrir su tumba y realizar su traslado. Un trago, pero que después de tantos años, Arturo estaba dispuesto a afrontar. Para lo que no estaba preparado era para encontrar un ataúd vacío. En el interior, solo el sudario que su madre Teresa bordó. Nada más.
Su historia es la primera de una larga lista que solo en la provincia de Cádiz ya acumula más de 300 casos, según los últimos datos facilitados por Chari Herrera, delegada en Andalucía de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir).
Como el nicho del hijo de Arturo, se cuentan por decenas los familiares que se han encontrado las cajas vacías al realizar exhumaciones o traslados de aquellos bebés que murieron al nacer y nunca vieron.
Anadir ha recogido solo en Cádiz más de 30.000 firmas que respaldan la petición para que las fosas en las que presuntamente fueron enterrados estos recién nacidos sean abiertas. En algunos de los casos se trata de fosas comunes, donde recibieron sepultura varios neonatos o que incluso comparten enterramiento con adultos.
Las algo más de 30.000 rúbricas han sido entregadas este miércoles por los representantes de la asociación a la Fiscalía de Cádiz, para que inicie el proceso de comunicación a los cementerios implicados, si así lo considera. La intención inicial de Anadir era realizar esta petición solo al cementerio gaditano de San José, donde se contabiliza el mayor número de casos derivados de la antigua residencia Fernando Zamacola, hoy hospital universitario Puerta del Mar.
Ahora, la petición incluye que se amplíe la apertura de fosas al resto de cementerios de localidades de la provincia donde se han denunciado casos. La intención de los familiares que denuncian el presunto robo de sus hijos o hermanos es que se analicen los cuerpos que aparezcan en las exhumaciones y realizar las investigaciones pertinentes en aquellos casos en los que no aparezcan restos.
El siguiente paso es la creación de un banco de ADN para que se puedan contrastar los datos biológicos de los afectados, muchos de los cuales se han sometido ya a las pruebas. Para Chari Herrera, "es la única amanera de terminar con esta situación, y aclarar si efectivamente los restos que hay en las fosas comunes corresponden a aquellos bebés que fueron declarados muertos".
Está previsto que la recogida de firmas se extienda a otras provincias andaluzas, como Sevilla o Granada, donde ya han comenzado a salir a la luz casos similares a los de Cádiz.
En la provincia gaditana se contabilizan más de 300 casos de presuntos fallecimientos entre los años 1954 y 1991, de los que hasta el momento se han presentado ante la Justicia casi un centenar de denuncias. Otros esperan a obtener pruebas suficientes, documentos que confirmen que sus bebés no están enterrados donde creían porque, quizás, hoy siguen vivos.
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