Un grupo de expresos políticos de la última dictadura en Chile cumplirá el próximo miércoles un mes de huelga de hambre, con el objeto de exigir al gobierno el pago de indemnizaciones y pensiones para las personas viudas de víctimas de delitos contra los derechos humanos.
Los seis miembros de la Coordinadora Nacional de expresos políticos Salvador Allende se encuentran en la sede de la Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiadas (pensionadas) de Chile (Cupemchi), ubicada en el centro de Santiago, en protesta por el "incumplimiento de los acuerdos con los compañeros de Rancagua que estuvieron en huelga de hambre durante el año pasado", indicaron en un comunicado.
Según señalaron, la medida tiene un carácter de “indefinida hasta las últimas consecuencias” si no se pone fin al secreto de la Comisión Valech, más una reparación para las víctimas bajo la normativa internacional y "reapertura permanente de la comisión calificadora de ex presos políticos”, señala el documento.
En lo económico exigen una pensión nivelada con la de un suboficial del Ejército, más 40 millones de pesos chilenos (58 mil dólares) para vivienda, una indemnización de 150 millones de pesos chilenos (217 mil dólares) y un 100 por ciento de pensión por derecho para viudas y viudos de la Comisión Valech.
Los manifestantes aseguraron que el Estado no logró "reparar de forma integral de acuerdo a lo suscrito internacionalmente" a las víctimas "de prisión y tortura del régimen dictatorial cívico militar de Pinochet por casi 26 años en democracia".
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como la Comisión Valech al ser presidida por el monseñor Sergio Valech, fue creada en septiembre del 03 durante el gobierno de Ricardo Lagos (00-06), para esclarecer la identidad y registrar los testimonios de las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar. Determinó 40.018 víctimas y 3.065 muertos o desaparecidos.
Para el diputado integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Hugo Gutiérrez, “no deberían haber personas que tengan que llegar a este tipo de instancias para poder ser indemnizados por el Estado”.
Fuente: Télam