Una comisión de diputados aprobó un informe a favor de someter a Dilma Rousseff a juicio político.
La comisión, creada para analizar la denuncia contra la presidenta brasileña, acusada de usar dinero de bancos públicos para pagar programas de gobierno y de ocultar el déficit fiscal, decidió, por 38 votos contra 27, que hay razones suficientes para juzgarla por presuntos crímenes "de responsabilidad".
Esta es la principal acusación que podría costarle el cargo a Rousseff y no el escándalo de sobornos en Petrobras, que salpica a su gobierno y gran parte de la clase política brasileña.
Redactado por el diputado del PTB Jovair Arantes, el informe aprobado por la comisión justifica las acusaciones a Rousseff, aunque el mismo Arantes y 35 de los 38 diputados que votaron a favor, se defienden actualmente ante la justicia por diversos casos de corrupción.
En medio de una gran tensión y con manifestaciones multitudinarias en favor y en contra de la presidente, la votación de la comisión este lunes estuvo cargada de fuertes acusaciones entre los diputados, gritos e insultos.
"¿Impeachment sin crimen de responsabilidad qué es? Es golpe", había declarado días atrás Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, y niega haber cometido el crimen de responsabilidad que se le atribuye.
Ahora el destino de la primer presidente mujer del hermano país está en manos del Congreso, que en un clima de división e incertidumbre política y económica deberá decidir por mayoría simple si obliga a Rousseff a apartarse del cargo por hasta 180 días mientras es juzgada.