El expresidente y heredero de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue condenado hoy a 19 años y cuatro meses de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita dentro del caso Petrobas, por el que el viernes pasado fue llevado a declarar en forma coercitiva el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El empresario, preso desde julio de 2015 acusado de participar en esa red de corrupción, recibió hoy esta sentencia judicial dictada en primera instancia por el juez federal Sergio Moro, quien lleva a delante el caso denominado Petrolao.
Además de Odebrecht, Moro condenó a los ejecutivos de la constructora Marcio Faria, Rogerio Araújo, César Ramos Rocha y Alexandrinho Alencar también por delitos de corrupción.
Según la sentencia, la constructora formó un cartel con otras grandes compañías que manipularon contratos millonarios con la complicidad de ejecutivos de Petrobras. Entre las obras donde se fraguaron los contratos están la Refinería Abreu e Lima, en el estado de Pernambuco, noreste del país, y el complejo petroquímico Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (Comperj), en la provincia de Río de Janeiro.
En la condena se afirma que Odebrecht utilizó cuentas en el exterior para pagar millones de dólares en sobornos a altos exejecutivos de Petrobras, como Paulo Roberto Costa y Pedro Barusco, ambos detenidos.
El magistrado no hizo lugar al alegato de la defensa de Odebrecht que sostuvo que el empresario no estaba al tanto de los acuerdos ilegales, y consideró que éste dirigió personalmente la formación del cartel en perjuicio de la petrolera.
Tras conocerse la sentencia, trascendió que el responsable de la mayor constructora brasileña podría optar por la delación premiada, un recurso clave en Brasil por el que a partir de la entrega de datos a la justicia el acusado puede obtener una reducción en la condena.
Justamente, medios locales como O Globo, Valor Económico y Folha de San Pablo publicaron que Marcelo Odebrecht y el titular de la constructora OAS, Leo Pinheiro, iniciaron conversaciones con los fiscales de la causa para negociar una delación premiada.
A través de ese instrumento Moro obtuvo confesiones de empresarios y ex gerentes de Petrobras que le permitieron reconstruir la cadena de complicidades establecidas para estafar a la petrolera.
Marcelo Odebrecht es considerado una pieza clave en el cartel de empresas formado en torno a la petrolera, y aunque está preso desde el año pasado, hasta ahora era uno de los pocos empresarios que habían descartado acceder a la delación premiada propuesta por fiscales y el juez Moro.
En paralelo, en otra investigación abierta por la Fiscalía de Brasilia se realizan averiguaciones sobre el presunto tráfico de influencias de Lula en favor de Odebrecht. Los fiscales sospechan que Lula hizo valer sus contactos para que Cuba contrate a Odebrecht para la construcción del puerto de Mariel que contó con financiamiento de 00 millones de dólares del Banco Nacional de Desarrollo Económico y social.
Pero en el marco de la causa Lava Jato por la que hoy fue condenado Marcelo Odebrecht el propio Lula fue indagado el viernes en San Pablo y está previsto que vuelva a declarar la semana próxima.
El Ministerio Público Federal (Fiscalía) considera que existen "indicios serios" de que Odebrecht y OAS pagaron de manera ilegal la remodelación de una quinta en Atibaia, interior de San Pablo, que sería propiedad de Lula. Los fiscales de Paraná también sospechan que Odebrecht y OAS financiaron las refacciones a un departamento en la playa de Guarujá, en el litoral paulista, que también puede ser propiedad de Lula da Silva.
En este marco, el comandante del Ejército, general Eduardo Villas Boas, admitió de forma reservada su preocupación ante la tensión entre oficialistas y opositores que recrudeció tras la declaración de Lula, y en vísperas de la movilización convocada para el domingo próximo para exigir el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.
En una comunicación reservada dirigida a militares retirados Villas Boas afirmó observar con "mucha atención la evolución de la crisis político-judicial", según informó hoy Valor Económico, y señaló que ante un cuadro de inestabilidad creciente esa fuerza adoptará una posición que definió como "pacificadora, en busca de la conservación del orden público".
Sin embargo, el Club Militar, organismo que agrupa a los altos oficiales retirados de Brasil, expresó duras críticas al ex presidente al que acusó de “instar a la violencia y la inestabilidad política”, luego de haber sido indagado en el marco de la causa Petrobras.
En un artículo firmado por el general Gilberto Pimentel, presidente del Club Militar, condenó la actitud "oportunista" de Lula y expresó su temor sobre el riesgo de que se instale "el caos generalizado" en el país.
“Frente a un cuadro cada vez más incierto la responsabilidad de los militares es garantizar la paz y el orden las cuales se defienden con las armas en la mano", señaló el comunicado.
Por su parte, Aécio Neves, excandidato presidencial del opositor Partido de la Socialdemocracia (PSDB), dijo que el interrogatorio a Lula es un elemento que precipitará la "salida" de la mandataria Rousseff.
"Para nosotros la salida se dará dentro de lo que autoriza la Constitución, pero creo que la manifestación del domingo próximo (13 de marzo) puede ser un inductor importante" para el fin del gobierno, afirmó Neves.
En ese sentido, anoche hubo un ríspido debate en el Senado en el que Neves y sus correligionarios del PSDB fueron acusados de "golpistas" por legisladores del oficialista Partido de los Trabajadores.
A la confrontación en el Congreso y las calles se agrega la preocupación de Rousseff, quien analizó junto a ministros la posibilidad de que el domingo haya disturbios entre los grupos antagónicos.
Fuente: Télam