La máxima corte de Brasil ordenó que el expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, vuelva a ser investigado por el juez de primera instancia Sergio Moro, quien lleva adelante la causa por delitos vinculados a la corrupción entre la petrolera Petrobras, empresas de ingeniería y la financiación de campañas políticas.
Mientras, los fiscales federales a cargo del proceso afirmaron tener pruebas para imputar al expresidente por los favores que recibió de dos grandes empresas constructoras.
La primera decisión fue tomada por el juez Teori Zavascki, quien sin embargo anuló como prueba el espionaje divulgado a la televisión por Moro el 16 de marzo pasado contra Dilma Rousseff en una conversación telefónica con Lula, un episodio que aceleró la crisis y el juicio político contra la mandataria, hoy suspendida en el cargo.
De todos modos, este nuevo capítulo de la situación de Lula -que no está imputado ni procesado, apenas figura en el expediente- amenaza con cargarle más tensión a la crisis política brasileña, teniendo en cuenta que el ex presidente es uno de los favoritos a ganar las elecciones de 2018, según las encuestas.
Zavascki, encargado de la Operación Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal para personas con fueros, volvió a darle a Moro el "expediente sobre Lula", que se refiere a la investigación de dos propiedades en el estado de San Pablo.
El viernes pasado, durante un acto en la Avenida Paulista de San Pablo, Lula afirmó que "nunca robó un real" en su vida pública y declaró ante una multitud que "no perdona" al juez Moro por haber divulgado a la prensa todo el espionaje telefónico hecho contra él, incluso el de conversaciones banales.
Moro es el principal personaje de la crisis brasileña y considerado un "héroe" por los manifestantes que durante 2015 y 2016 salieron a las calles a pedir el juicio político de Rousseff.
El caso volvió a la primera instancia federal porque Lula no tiene fueros, ya que los tuvo transitoriamente cuando Rousseff lo nombró el 17 de marzo jefe de ministros, un cargo que nunca pudo asumir por decisión cautelar de un juez de la corte, el opositor Gilmar Mendes.
El argumento para no dejar asumir a Lula fue justamente la prueba anulada por la corte por ser inconstitucional haber hecho espionaje sin permiso del Supremo Tribunal Federal a la jefa del Estado.
En el audio, Rousseff conversaba telefónicamente con Lula y daba a entender que su nombramiento podía tener relación con su situación judicial.
La tensión entre Lula y Moro -y los fiscales de la Lava Jato que lo acusaron sin éxito de comandar parte del Petrolao- se registra desde el 4 de marzo, cuando el magistrado envió a la policía federal a la casa de Lula para que declare como testigo pero en forma forzada.
Lo llevaron al aeropuerto de Congonhas en medio de una convulsión social de manifestantes del Partido de los Trabajadores, y allí fue interrogado por la policía.
Según allegados a Lula, el objetivo de Moro era llevarlo a la ciudad de Curitiba para que declarara en sede judicial, pero la situación generó una convulsión social que lo impidió.
La investigación sobre Lula se centra en un departamento ubicado en el balneario de Guarujá que iba a comprar y luego desistió y sobre una quinta en Atibaia, en el interior del estado de San Pablo, a nombre de dos de sus amigos, que Lula frecuenta con su familia desde que dejó la presidencia en 2010.
La situación del ex mandatario pareció complicarse también por las afirmaciones de los fiscales de la Operación “Lava Jato”, que insistieron con que tienen pruebas contra Lula “en tres procesos distintos por lavado de dinero y corrupción, que tienen una pena de 15 años de prisión".
Según la cadena Globo, los fiscales tiene un amplio material "probatorio" sobre los "favores" recibidos por el ex mandatario de parte de OAS y Odebrehct.
Esas constructoras, señalaron los miembros de la Fiscalía, entregaron dinero no declarado a Lula como parte de los acuerdos ilegales en el marco de la red de corrupción montada en perjuicio de la petrolera estatal Petrobras.
Si Lula fuera condenado por Moro perderá sus derechos políticos y quedará inhabilitado para ser candidato a un tercer mandato presidencial en los comicios de 2018, como lo anunció durante un acto el viernes pasado.
Fuente: Télam