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Garzón envía a siete juzgados el robo de niños en el franquismo
Cifra en 30.960 los pequeños separados de sus padres y acogidos por religiosos
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 07/01/2009 22:00
Los juzgados de Madrid, Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Málaga y Zaragoza tienen ahora en sus manos la posibilidad de investigar el secuestro de hijos de republicanos cometido durante el franquismo. El juez Baltasar Garzón se ha inhibido a favor de los juzgados decanos de dichas capitales en una resolución notificada hoy a las partes personadas en la primera causa penal abierta por los crímenes perpetrados entre julio de 1936 y diciembre de 1951.
El magistrado explica que el auto del pasado 18 de noviembre, en el que dio el relevo de la investigación a los juzgados de los lugares donde se sospecha que hay fosas de desaparecidos, quedó anulado por la última resolución de la Sala de lo Penal que le declaraba no competente para continuar con la instrucción que había abierto. Por eso, reitera otra vez la inhibición ya acordada entonces a un total de 28 juzgados.
Hasta 152.237 víctimas
A falta de un informe definitivo que deben presentar los expertos designados por el Juzgado, el auto cifra entre 136.062 y 152.237 el número total de víctimas de la represión franquista en esos años.
Pero, pese a lo novedoso de ese dato, aún lo es más que por primera vez incluye en la lista de juzgados que podrán continuar con la causa a los de las ciudades en los que se produjo el secuestro y cambio de identidad de niños, en cumplimiento de un "plan sistemático de recuperación" de hijos de republicanos.
En su auto de noviembre Garzón tenía claro que esta práctica no podía quedar impune: "Se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha, correspondiendo al Poder Judicial la obligación de investigar el alcance delictivo de unos hechos que, por su carácter permanente y contextualizados como crímenes contra la humanidad, no están prescritos ni amnistiados y sus víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas, y por ende sus efectos seguirían perpetuándose sobre estas, ante la inacción de las instituciones del Estado".
En dicha resolución, el juez reproducía las cifras del Patronato de San Pablo, dependiente del Ministerio de Justicia, que entre 1944 y 1954 hablaba de 30.960 niños ingresados en centros religiosos y seminarios.
La mayoría eran huérfanos de guerra con padres muertos, presos, exiliados, desaparecidos o encarcelados, algunos en campos nazis. El número de estas víctimas aumenta con la política de repatriación de niños exiliados que llevó a cabo el régimen.
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Garzón envía a Valencia y a otros seis juzgados datos sobre los niños perdidos del franquismo
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miércoles 7 de enero de 2009
Garzón envía a 7 jueces datos de los niños perdidos del franquismo.
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Garzón envía a 7 jueces datos de los niños perdidos del franquismo
El magistrado materializa así su inhibición a favor de los juzgados territoriales en los que están las fosas
EFE - Madrid - 07/01/2009
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado a los juzgados de instrucción decanos de Burgos, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Vizcaya y Zaragoza todos los datos aportados sobre los llamados "niños perdidos del franquismo" en la causa que investiga las desapariciones durante esa época.
En un auto, con fecha de 26 de diciembre, que ha sido comunicado hoy a las asociaciones personadas en la causa, el magistrado materializa su inhibición en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas -ya se inhibió el 18 de noviembre-, después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional le declarara no competente para instruir este procedimiento. Así, Garzón remite la causa a los juzgados provinciales de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, además de los de Alicante y Valencia, Manacor y Palma de Mallorca y Cáceres.
También envía "testimonio literal" de las actuaciones que están digitalizadas, así como del informe realizado por los peritos, en cuyo balance provisional cifran las víctimas entre 136.062 y 152.237.
El 28 de noviembre el pleno de la sala de lo penal estimó el incidente de competencia que planteó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza contra la decisión que Garzón adoptó el 16 de octubre de declararse competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo. No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 ya había neutralizado el efecto de esta decisión al inhibirse diez días antes en favor de los juzgados en los que estuviesen localizadas las fosas tras certificar que todos los responsables del franquismo a los que podía imputar las desapariciones habían fallecido.
En este sentido, Garzón detalla ahora que dicha inhibición se materializa "según lo decidido por la Sala" de modo que "serán los juzgados que resulten competentes los que tendrán que asumir o no asumir dicha calificación y la continuidad o no de los procedimientos", incluidos los referentes a las desapariciones "legalizadas", sustracciones y cambios de identidad de niños durante el franquismo
Ya en noviembre, el juez alertó de que la dictadura franquista "pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40", al arrebatárselos a sus padres para educarles en la afección al régimen. Por ello, consideraba que una de las razones para sostener que los delitos (de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja en el contexto de Crímenes contra la Humanidad) no han prescritos es precisamente la existencia de víctimas "que puedan estar vivas".
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Tema: La recuperación de la memoria histórica
DOCUMENTO: Auto de inhibición de Baltasar Garzón
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Garzón envía a 7 jueces datos de los niños perdidos del franquismo
El magistrado materializa así su inhibición a favor de los juzgados territoriales en los que están las fosas
EFE - Madrid - 07/01/2009
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado a los juzgados de instrucción decanos de Burgos, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Vizcaya y Zaragoza todos los datos aportados sobre los llamados "niños perdidos del franquismo" en la causa que investiga las desapariciones durante esa época.
En un auto, con fecha de 26 de diciembre, que ha sido comunicado hoy a las asociaciones personadas en la causa, el magistrado materializa su inhibición en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas -ya se inhibió el 18 de noviembre-, después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional le declarara no competente para instruir este procedimiento. Así, Garzón remite la causa a los juzgados provinciales de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, además de los de Alicante y Valencia, Manacor y Palma de Mallorca y Cáceres.
También envía "testimonio literal" de las actuaciones que están digitalizadas, así como del informe realizado por los peritos, en cuyo balance provisional cifran las víctimas entre 136.062 y 152.237.
El 28 de noviembre el pleno de la sala de lo penal estimó el incidente de competencia que planteó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza contra la decisión que Garzón adoptó el 16 de octubre de declararse competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo. No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 ya había neutralizado el efecto de esta decisión al inhibirse diez días antes en favor de los juzgados en los que estuviesen localizadas las fosas tras certificar que todos los responsables del franquismo a los que podía imputar las desapariciones habían fallecido.
En este sentido, Garzón detalla ahora que dicha inhibición se materializa "según lo decidido por la Sala" de modo que "serán los juzgados que resulten competentes los que tendrán que asumir o no asumir dicha calificación y la continuidad o no de los procedimientos", incluidos los referentes a las desapariciones "legalizadas", sustracciones y cambios de identidad de niños durante el franquismo
Ya en noviembre, el juez alertó de que la dictadura franquista "pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40", al arrebatárselos a sus padres para educarles en la afección al régimen. Por ello, consideraba que una de las razones para sostener que los delitos (de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja en el contexto de Crímenes contra la Humanidad) no han prescritos es precisamente la existencia de víctimas "que puedan estar vivas".
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Tema: La recuperación de la memoria histórica
DOCUMENTO: Auto de inhibición de Baltasar Garzón
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Garzón remite a siete Juzgados Decanos la investigación sobre los 'niños perdidos del franquismo'.
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MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha remitido la investigación sobre los denominados 'niños perdidos del franquismo' a siete Juzgados decanos de España, en concreto los situados en Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza, según se desprende de un auto del magistrado al que ha tenido acceso Europa Press.
En su auto, fechado el pasado 26 de diciembre, el juez acuerda inhibirse de la causa sobre la memoria histórica a favor de los juzgados de instrucción territoriales, en aplicación de la decisión tomada por la Sala de lo Penal que declaró su falta de competencia para instruir sobre las muertes y desapariciones producidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Garzón envía además la causa --"en la medida en la que a cada uno de corresponde en función de los hechos acontecidos en su respectiva jurisdicción", especifica-- a los Juzgados de Instrucción de La Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, Alicante, Valencia, Manacor y Palma de Mallorca.
Se inhibe también a favor de los Juzgados de Instrucción Decanos de las localidades de Herrera del Duque (Badajoz), Pamplona (Navarra), Trujillo (Cáceres) y Astorga (León) para que sean estas dependencias judiciales las que den respuesta a "las exhumaciones solicitadas".
Este nuevo auto de Garzón sigue al dictado por el juez el pasado mes de noviembre en el que ya tomaba la decisión de inhibirse habida cuenta del fallecimiento de los altos cargos del régimen de Franco a los que imputaba un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero que encajaba, según el magistrado, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad.
El juez especifica que la inhibición acordada entonces se materializa ahora "según lo decidido por la Sala" por lo que "serán los juzgados que resulten competentes los que tendrán que asumir o no asumir dicha calificación y la continuidad o no de los procedimientos", incluidos los relativos a las desapariciones "legalizadas", sustracciones y cambios de identidad de menores de edad durante los años del franquismo.
'NIÑOS PERDIDOS'
Garzón ya advertía en el auto de noviembre al poder judicial "la obligación" de investigar lo sucedido a los 'niños perdidos' y destacaba que el "número indeterminado" de menores en estas circunstancias "dura hasta la fecha".
El juez reflejaba en aquella resolución los datos recopilados por el historiador catalán Ricard Vinyes que aportó en su Juzgado junto a diversas transcripciones de conversaciones que, en opinión del magistrado, "apoyan la investigación".
Indicaba que la "sustracción sistemática de niños" de padres que eran considerados "no aptos para asumir su cuidado y protección" por su ideología, constituye un crimen contra la humanidad que no está prescrito ni amnistiado ya que las víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas.
"Estos son los hechos y desde las instituciones, el Ministerio Fiscal y los jueces competentes se deben desarrollar todas y cada una de las acciones necesarias para que los mismos se investiguen, se sancione a los culpables y se repare a las víctimas", decía el juez que indicaba que es necesario ofrecer la posibilidad a aquellos que están vivos y que hoy en día superan los 60 años, de obtener la recuperación de su identidad.
Según los datos que obran en el sumario la cifra de niños y niñas, hijos de presas y tutelados por el Estado, alcanzó entre 1944 y 1955 casi 31.000, según la información que el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas elevó al mismo Francisco Franco.
La sustracción de menores adquiría diversas formas por lo que existen 'niños perdidos', hijos de reclusos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen y cambios en la identidad de niños repatriados y abandonados que "los rojos obligaron a salir de España" y que fueron después devueltos.
Estos menores eran asignados a familias "de reconocida moralidad y adornados de garantías" que aseguraran la educación de los huérfanos en ambiente familiar irreprochable desde el triple punto de vista religioso, ético y nacional".
"Se dieron casos de alteración de datos al nacimiento para impedir que los padres (...) recuperaran a sus hijos y perjudicaran las adopciones consumadas", recordaba el juez. Garzón mencionaba también a los hijos de mujeres presas violadas en las cárceles y ejecutadas después de dar a luz y reflejaba la existencia de un plan emanado del régimen franquista y dirigido a la "captura" de menores repatriados en países como Rusia.
INFORME DE LOS PERITOS
En su nuevo auto Garzón menciona además la existencia de un informe llevado a cabo por la comisión de expertos que nombró él mismo para agilizar la investigación sobre las desapariciones y muertes y cuya elaboración se cerrará hoy, dice el juez.
El magistrado asegura que los cinco peritos que componen el grupo le han presentado un avance de este estudio "en el que apuntan un balance provisional de víctimas que cifran en un número que se centra entre los 136.062 y los 152.237".
Garzón acuerda, además, remitir testimonio literal de las actuaciones digitalizadas a los Juzgados territoriales y comunicar a estas dependencias judiciales cuales son las partes personadas en este procedimiento.
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Garzón envía a siete juzgados la investigación de los "niños perdidos"
El Correo Gallego
Garzón envía a siete juzgados datos sobre los ´niños perdidos del ...
La Opinión de Tenerife
Garzón remite a siete Juzgados decanos la investigación sobre los ...
Heraldo de Aragón - Aragón,Spain
Garzón envía a siete juzgados datos sobre los ´niños perdidos del ...
La Opinión de Zamora -
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha remitido la investigación sobre los denominados 'niños perdidos del franquismo' a siete Juzgados decanos de España, en concreto los situados en Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza, según se desprende de un auto del magistrado al que ha tenido acceso Europa Press.
En su auto, fechado el pasado 26 de diciembre, el juez acuerda inhibirse de la causa sobre la memoria histórica a favor de los juzgados de instrucción territoriales, en aplicación de la decisión tomada por la Sala de lo Penal que declaró su falta de competencia para instruir sobre las muertes y desapariciones producidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Garzón envía además la causa --"en la medida en la que a cada uno de corresponde en función de los hechos acontecidos en su respectiva jurisdicción", especifica-- a los Juzgados de Instrucción de La Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, Alicante, Valencia, Manacor y Palma de Mallorca.
Se inhibe también a favor de los Juzgados de Instrucción Decanos de las localidades de Herrera del Duque (Badajoz), Pamplona (Navarra), Trujillo (Cáceres) y Astorga (León) para que sean estas dependencias judiciales las que den respuesta a "las exhumaciones solicitadas".
Este nuevo auto de Garzón sigue al dictado por el juez el pasado mes de noviembre en el que ya tomaba la decisión de inhibirse habida cuenta del fallecimiento de los altos cargos del régimen de Franco a los que imputaba un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero que encajaba, según el magistrado, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad.
El juez especifica que la inhibición acordada entonces se materializa ahora "según lo decidido por la Sala" por lo que "serán los juzgados que resulten competentes los que tendrán que asumir o no asumir dicha calificación y la continuidad o no de los procedimientos", incluidos los relativos a las desapariciones "legalizadas", sustracciones y cambios de identidad de menores de edad durante los años del franquismo.
'NIÑOS PERDIDOS'
Garzón ya advertía en el auto de noviembre al poder judicial "la obligación" de investigar lo sucedido a los 'niños perdidos' y destacaba que el "número indeterminado" de menores en estas circunstancias "dura hasta la fecha".
El juez reflejaba en aquella resolución los datos recopilados por el historiador catalán Ricard Vinyes que aportó en su Juzgado junto a diversas transcripciones de conversaciones que, en opinión del magistrado, "apoyan la investigación".
Indicaba que la "sustracción sistemática de niños" de padres que eran considerados "no aptos para asumir su cuidado y protección" por su ideología, constituye un crimen contra la humanidad que no está prescrito ni amnistiado ya que las víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas.
"Estos son los hechos y desde las instituciones, el Ministerio Fiscal y los jueces competentes se deben desarrollar todas y cada una de las acciones necesarias para que los mismos se investiguen, se sancione a los culpables y se repare a las víctimas", decía el juez que indicaba que es necesario ofrecer la posibilidad a aquellos que están vivos y que hoy en día superan los 60 años, de obtener la recuperación de su identidad.
Según los datos que obran en el sumario la cifra de niños y niñas, hijos de presas y tutelados por el Estado, alcanzó entre 1944 y 1955 casi 31.000, según la información que el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas elevó al mismo Francisco Franco.
La sustracción de menores adquiría diversas formas por lo que existen 'niños perdidos', hijos de reclusos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen y cambios en la identidad de niños repatriados y abandonados que "los rojos obligaron a salir de España" y que fueron después devueltos.
Estos menores eran asignados a familias "de reconocida moralidad y adornados de garantías" que aseguraran la educación de los huérfanos en ambiente familiar irreprochable desde el triple punto de vista religioso, ético y nacional".
"Se dieron casos de alteración de datos al nacimiento para impedir que los padres (...) recuperaran a sus hijos y perjudicaran las adopciones consumadas", recordaba el juez. Garzón mencionaba también a los hijos de mujeres presas violadas en las cárceles y ejecutadas después de dar a luz y reflejaba la existencia de un plan emanado del régimen franquista y dirigido a la "captura" de menores repatriados en países como Rusia.
INFORME DE LOS PERITOS
En su nuevo auto Garzón menciona además la existencia de un informe llevado a cabo por la comisión de expertos que nombró él mismo para agilizar la investigación sobre las desapariciones y muertes y cuya elaboración se cerrará hoy, dice el juez.
El magistrado asegura que los cinco peritos que componen el grupo le han presentado un avance de este estudio "en el que apuntan un balance provisional de víctimas que cifran en un número que se centra entre los 136.062 y los 152.237".
Garzón acuerda, además, remitir testimonio literal de las actuaciones digitalizadas a los Juzgados territoriales y comunicar a estas dependencias judiciales cuales son las partes personadas en este procedimiento.
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Los listados de las víctimas del franquismo ¿Quién controlará su destino?.
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http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009010700_5_228002__Opinion-Cartas-director
Los listados de las víctimas del franquismo ¿Quién controlará su destino?El 22 de Septiembre de 2008 varias decenas de entidades, asociaciones, investigadores e historiadores, depositaban en el registro de la Audiencia Nacional en torno a 114.000 nombres de víctimas mortales del franquismo. En menor medida (se desconocen los datos) algunas instituciones del Estado (ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades como la de Granada) hacían lo mismo previa demanda del juez y no precisamente por voluntad propia. La página www. todoslosnombres.org era la entidad (AMHyJA y CGT.A) que más datos suministró, superando los 22.400 nombres de víctimas mortales (fusilados, muertos en cárceles, etc.) producto de las donaciones de más de doscientos colaboradores, después de años de investigaciones (algunas de ellas inéditas) de campo -testimonios- pero sobre todo el origen de esos nombres han sido los archivos del propio Estado (registros civiles, militares, municipales, cárceles, etc..) en el territorio donde trabajamos (Andalucía, Badajoz y norte de Africa). Por primera vez un poder del Estado (judicial), pero más concretamente un juez tenía la suerte de tener en su poder - sin trabajarlo- el primer listado, no definitivo, de víctimas del franquismo realizado desde la sociedad civil. Nos encontramos, tres meses después, que, una vez inhibido ese mismo poder judicial, nuestro trabajo -esos 114.000 nombres- están o van a estar, circulando por los diferentes juzgados territoriales, abogados personados en la causa -y, algunos, no casualmente- para terminar quién sabe dónde. Lo que sí sabemos es que ese trabajo de cruzar los datos que ordenó el juzgado a una empresa privada nunca va a llegar a las propias familias de las víctimas al no ser accesibles directamente. No entendemos por qué, tras la inhibición, todo (iniciativa, comité de expertos, policía judicial) haya quedado muerto menos eso. ¿Quién lo pagará? ¿Por qué lo ha de conservar la Audiencia si quien llevaba este asunto se ha reconocido incompetente para ello? ¿Es acaso incompetente para todo menos para quedarse con esa información? ¿Por qué ha de pasarla completa a los abogados personados en el caso? Si el caso ha acabado de esta manera lo que debe hacerse es devolver el material a quienes lo enviaron y archivar en lugar seguro lo que haya hecho el equipo informático. Es posible que sirva para otra ocasión. Lo que no es de recibo es que algunos, sin comerlo ni beberlo, se apropien del trabajo ajeno. ¿Quién controlará ahora su destino?
Cecilio Gordillo Málaga
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http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009010700_5_228002__Opinion-Cartas-director
Los listados de las víctimas del franquismo ¿Quién controlará su destino?El 22 de Septiembre de 2008 varias decenas de entidades, asociaciones, investigadores e historiadores, depositaban en el registro de la Audiencia Nacional en torno a 114.000 nombres de víctimas mortales del franquismo. En menor medida (se desconocen los datos) algunas instituciones del Estado (ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades como la de Granada) hacían lo mismo previa demanda del juez y no precisamente por voluntad propia. La página www. todoslosnombres.org era la entidad (AMHyJA y CGT.A) que más datos suministró, superando los 22.400 nombres de víctimas mortales (fusilados, muertos en cárceles, etc.) producto de las donaciones de más de doscientos colaboradores, después de años de investigaciones (algunas de ellas inéditas) de campo -testimonios- pero sobre todo el origen de esos nombres han sido los archivos del propio Estado (registros civiles, militares, municipales, cárceles, etc..) en el territorio donde trabajamos (Andalucía, Badajoz y norte de Africa). Por primera vez un poder del Estado (judicial), pero más concretamente un juez tenía la suerte de tener en su poder - sin trabajarlo- el primer listado, no definitivo, de víctimas del franquismo realizado desde la sociedad civil. Nos encontramos, tres meses después, que, una vez inhibido ese mismo poder judicial, nuestro trabajo -esos 114.000 nombres- están o van a estar, circulando por los diferentes juzgados territoriales, abogados personados en la causa -y, algunos, no casualmente- para terminar quién sabe dónde. Lo que sí sabemos es que ese trabajo de cruzar los datos que ordenó el juzgado a una empresa privada nunca va a llegar a las propias familias de las víctimas al no ser accesibles directamente. No entendemos por qué, tras la inhibición, todo (iniciativa, comité de expertos, policía judicial) haya quedado muerto menos eso. ¿Quién lo pagará? ¿Por qué lo ha de conservar la Audiencia si quien llevaba este asunto se ha reconocido incompetente para ello? ¿Es acaso incompetente para todo menos para quedarse con esa información? ¿Por qué ha de pasarla completa a los abogados personados en el caso? Si el caso ha acabado de esta manera lo que debe hacerse es devolver el material a quienes lo enviaron y archivar en lugar seguro lo que haya hecho el equipo informático. Es posible que sirva para otra ocasión. Lo que no es de recibo es que algunos, sin comerlo ni beberlo, se apropien del trabajo ajeno. ¿Quién controlará ahora su destino?
Cecilio Gordillo Málaga
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La memoria como política pública. Ricard Vinyes.
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La memoria como política pública
El esfuerzo que realizó parte de la ciudadanía para conseguir relaciones sociales equitativas y democráticas es un patrimonio ético de esta sociedad. El Gobierno es responsable de garantizar que se transmita y se conozca
RICARD VINYES 07/01/2009
Los Gobiernos que han desarrollado políticas públicas de memoria -pero también buena parte de instituciones y movimientos memoriales- han promovido un modelo canónico fundado y sostenido en un principio imperativo, el deber de memoria, el imperativo de memoria. Un modelo del cual derivan al menos dos consecuencias. Primera, el establecimiento de un relato transmisible único, impermeable en su lógica interna, cartesiano, que el ciudadano tiene el supuesto deber moral de saber y transmitir de manera idéntica a como lo ha recibido, una forma de transmisión propia de cualquier confesión religiosa.
La Recuperación de la Memoria Histórica
No se puede convertir el sufrimiento en un principio de autoridad que sustituya a la razón
El daño causado por una dictadura que hizo de la violencia su primer valor es irreparable
La segunda consecuencia de ese imperativo moral consiste en establecer el daño y sufrimiento generados en el individuo como el activo esencial de la memoria transmisible, su capital y su guión. Sin embargo, el dolor, el sufrimiento, no es un valor, es una experiencia. El dolor causado por el terror de Estado forma parte de la experiencia histórica de los procesos de democratización, y debe ser conocido por la vulneración que significa de los derechos a las personas. Pero situar el dolor generado por el terror de Estado y las dictaduras en el centro de una política pública de memoria conlleva un corolario preocupante: la constitución del sufrimiento en un principio de autoridad sustitutivo de la razón. ¿Deberíamos llamarlo biologismo memorial?
Además, resulta un magnífico instrumento de pacificación para los conflictos entre memorias, puesto que situar en el centro del discurso el sujeto víctima, permite agitar la doctrina de los dos demonios, ahora llamada también "memoria completa", para finalmente practicar la impunidad equitativa, prescindiendo de toda causalidad histórica en una suerte de positivismo del dolor y el daño. Por poner un ejemplo, eso es lo que instaura el capítulo 4 de la Ley de Memoria Histórica al establecer el certificado de víctima. El presidente del Gobierno sintetizó maravillosamente bien, en sede parlamentaria, la utilidad de la víctima: "Recordemos a las víctimas, permitamos que recuperen los derechos que no han tenido y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia en nuestro país". ¿Cabe preguntarse de qué derechos fueron privados los miembros de la Brigada Político Social? ¿Tendrá Melitón Manzanas su certificado? Al fin y al cabo fue asesinado por poner en práctica sus ideas.
Considerar la memoria como un deber moral, o considerar el olvido como un imperativo político y civil -como a menudo se nos repite impúdicamente hasta el cansancio- genera un elemento de coerción, pero sobre todo crea un dilema al plantear la opción entre olvido y recuerdo: ¿Es preciso recordar, o es preciso olvidar?
Lo preocupante de ese dilema es que reduce la cuestión a una opción estrictamente individual, y en consecuencia exime de responsabilidad a la Administración, porque la decisión -de olvidar, o de recordar, no importa- queda reducida a la más estricta intimidad por lo que no puede haber actuación pública, tan sólo inhibición. En conclusión, la mejor política pública es la que no existe, una sentencia repetida con arrogancia en los últimos años, precisamente cuando ha aparecido el reclamo de esa política.
Ahora bien, el esfuerzo de una parte de la ciudadanía para conseguir relaciones sociales equitativas y democráticas, los valores de esos procesos de democratización, la práctica violenta de las dictaduras y el terror del Estado para impedirlos, constituyen un patrimonio, el patrimonio ético de la sociedad democrática. El reconocimiento de ese patrimonio y la demanda de transmisión del mismo instituye la memoria democrática, y la constituye en un derecho civil que funda un ámbito de responsabilidad política en el Gobierno: garantizar a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho con una política pública de la memoria, no instaurando una memoria pública. La primera, la política pública, debe ser garantista, proteger un derecho y estimular su ejercicio. La segunda, la memoria pública, se construye en el debate político, social y cultural que produce la sociedad en cada coyuntura, y una de las funciones de la política pública es garantizar el acceso de la ciudadanía a la confección de la memoria pública.
Ese derecho civil no está circunscrito a la posibilidad de leer libros espléndidos escritos por nuestros intelectuales desde distintas ramas del saber, ni se limita al conocimiento histórico que se introduce a las escuelas, si bien ambos son sin duda necesarios. Lo que requiere es situar en el espacio público la presencia y el ejercicio de ese derecho, explicitarlo y regularlo, estableciendo como norma primera que hay una línea infranqueable, la que separa democracia y franquismo, democracia y dictadura. Pero ésa es una frontera que a menudo el Estado democrático no ha respetado, creando un modelo de impunidad propio, derivado del particular trayecto cronológico, del ordenamiento jurídico procedente de la amnistía de 1977 y de la evolución política, social y cultural del país, que han vinculado la expresión impunidad a la negativa del Estado de destruir jurídica y políticamente la vigencia legal de los consejos de guerra y sentencias emitidas por los tribunales especiales de la dictadura, además de establecer el criterio de equiparación moral entre sublevados y leales a la Constitución de 1931, o entre servidores y colaboradores de la dictadura con los opositores a ella. Es así que el reclamo contra la impunidad en España observamos que está desprovisto de vocación o voluntad jurídica, y sí tiene en cambio un esencial, conflictivo e incómodo contenido ético-político. Una incomodidad que ha impedido la elaboración de una política pública de reparación integral, memorial y social, puesto que en realidad tan sólo se han decretado leyes y órdenes de beneficios limitados a determinados grupos de afectados, sin más objetivo que mostrar la simetría justa entre víctimas con leyes y dispositivos de alta densidad simbólica.
Una política pública es la combinación de tres elementos: un objetivo, un programa y un instrumento. El objetivo consiste en asumir como patrimonio de la nación los esfuerzos, valores y conflictos que han hecho posible la democratización de la sociedad y sobre los cuales se sostienen sus expresiones institucionales. El programa son las actuaciones diversas destinadas a preservar, estimular y garantizar la transmisión de ese patrimonio. El instrumento es la institución pública que tiene el mandato de garantizar los objetivos, crear el programa y desarrollarlo.
Una política pública de la memoria democrática parte de una afirmación empírica contrastada: el daño causado por la dictadura es irreparable. Nada puede reparar lo sucedido en la esfera individual, social o institucional, porque lo sucedido ha dejado marca y señal por siempre más en cualquiera de los niveles de la sociedad. La afirmación de irreparabilidad, además de ser un dato empírico procedente de distintas disciplinas, constituye un fundamento ético, las consecuencias del cual Primo Levi expresó con extrema claridad. Y la principal de ellas es que frente a lo irreparable el perdón carece de sentido. No lo tiene ni la demanda de perdón por parte del Estado, ni la concesión que pueda hacer la sociedad afectada. No hay nada que perdonar ni nada que vengar. El daño causado por la dictadura de un Estado que hizo de la violencia su primer valor y su práctica permanente, ha tenido unas consecuencias y un legado sencillamente imperdonables, tan sólo puede ser explicado, reconocido y asumido. Y asumir significa establecer una política pública de memoria que garantice a los ciudadanos reconocer el patrimonio democrático que históricamente han generado, y acceder al mismo con garantías.
Ricard Vinyes es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona. Su último libro es El daño y la memoria (Plaza & Janés).
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La memoria como política pública
El esfuerzo que realizó parte de la ciudadanía para conseguir relaciones sociales equitativas y democráticas es un patrimonio ético de esta sociedad. El Gobierno es responsable de garantizar que se transmita y se conozca
RICARD VINYES 07/01/2009
Los Gobiernos que han desarrollado políticas públicas de memoria -pero también buena parte de instituciones y movimientos memoriales- han promovido un modelo canónico fundado y sostenido en un principio imperativo, el deber de memoria, el imperativo de memoria. Un modelo del cual derivan al menos dos consecuencias. Primera, el establecimiento de un relato transmisible único, impermeable en su lógica interna, cartesiano, que el ciudadano tiene el supuesto deber moral de saber y transmitir de manera idéntica a como lo ha recibido, una forma de transmisión propia de cualquier confesión religiosa.
La Recuperación de la Memoria Histórica
No se puede convertir el sufrimiento en un principio de autoridad que sustituya a la razón
El daño causado por una dictadura que hizo de la violencia su primer valor es irreparable
La segunda consecuencia de ese imperativo moral consiste en establecer el daño y sufrimiento generados en el individuo como el activo esencial de la memoria transmisible, su capital y su guión. Sin embargo, el dolor, el sufrimiento, no es un valor, es una experiencia. El dolor causado por el terror de Estado forma parte de la experiencia histórica de los procesos de democratización, y debe ser conocido por la vulneración que significa de los derechos a las personas. Pero situar el dolor generado por el terror de Estado y las dictaduras en el centro de una política pública de memoria conlleva un corolario preocupante: la constitución del sufrimiento en un principio de autoridad sustitutivo de la razón. ¿Deberíamos llamarlo biologismo memorial?
Además, resulta un magnífico instrumento de pacificación para los conflictos entre memorias, puesto que situar en el centro del discurso el sujeto víctima, permite agitar la doctrina de los dos demonios, ahora llamada también "memoria completa", para finalmente practicar la impunidad equitativa, prescindiendo de toda causalidad histórica en una suerte de positivismo del dolor y el daño. Por poner un ejemplo, eso es lo que instaura el capítulo 4 de la Ley de Memoria Histórica al establecer el certificado de víctima. El presidente del Gobierno sintetizó maravillosamente bien, en sede parlamentaria, la utilidad de la víctima: "Recordemos a las víctimas, permitamos que recuperen los derechos que no han tenido y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia en nuestro país". ¿Cabe preguntarse de qué derechos fueron privados los miembros de la Brigada Político Social? ¿Tendrá Melitón Manzanas su certificado? Al fin y al cabo fue asesinado por poner en práctica sus ideas.
Considerar la memoria como un deber moral, o considerar el olvido como un imperativo político y civil -como a menudo se nos repite impúdicamente hasta el cansancio- genera un elemento de coerción, pero sobre todo crea un dilema al plantear la opción entre olvido y recuerdo: ¿Es preciso recordar, o es preciso olvidar?
Lo preocupante de ese dilema es que reduce la cuestión a una opción estrictamente individual, y en consecuencia exime de responsabilidad a la Administración, porque la decisión -de olvidar, o de recordar, no importa- queda reducida a la más estricta intimidad por lo que no puede haber actuación pública, tan sólo inhibición. En conclusión, la mejor política pública es la que no existe, una sentencia repetida con arrogancia en los últimos años, precisamente cuando ha aparecido el reclamo de esa política.
Ahora bien, el esfuerzo de una parte de la ciudadanía para conseguir relaciones sociales equitativas y democráticas, los valores de esos procesos de democratización, la práctica violenta de las dictaduras y el terror del Estado para impedirlos, constituyen un patrimonio, el patrimonio ético de la sociedad democrática. El reconocimiento de ese patrimonio y la demanda de transmisión del mismo instituye la memoria democrática, y la constituye en un derecho civil que funda un ámbito de responsabilidad política en el Gobierno: garantizar a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho con una política pública de la memoria, no instaurando una memoria pública. La primera, la política pública, debe ser garantista, proteger un derecho y estimular su ejercicio. La segunda, la memoria pública, se construye en el debate político, social y cultural que produce la sociedad en cada coyuntura, y una de las funciones de la política pública es garantizar el acceso de la ciudadanía a la confección de la memoria pública.
Ese derecho civil no está circunscrito a la posibilidad de leer libros espléndidos escritos por nuestros intelectuales desde distintas ramas del saber, ni se limita al conocimiento histórico que se introduce a las escuelas, si bien ambos son sin duda necesarios. Lo que requiere es situar en el espacio público la presencia y el ejercicio de ese derecho, explicitarlo y regularlo, estableciendo como norma primera que hay una línea infranqueable, la que separa democracia y franquismo, democracia y dictadura. Pero ésa es una frontera que a menudo el Estado democrático no ha respetado, creando un modelo de impunidad propio, derivado del particular trayecto cronológico, del ordenamiento jurídico procedente de la amnistía de 1977 y de la evolución política, social y cultural del país, que han vinculado la expresión impunidad a la negativa del Estado de destruir jurídica y políticamente la vigencia legal de los consejos de guerra y sentencias emitidas por los tribunales especiales de la dictadura, además de establecer el criterio de equiparación moral entre sublevados y leales a la Constitución de 1931, o entre servidores y colaboradores de la dictadura con los opositores a ella. Es así que el reclamo contra la impunidad en España observamos que está desprovisto de vocación o voluntad jurídica, y sí tiene en cambio un esencial, conflictivo e incómodo contenido ético-político. Una incomodidad que ha impedido la elaboración de una política pública de reparación integral, memorial y social, puesto que en realidad tan sólo se han decretado leyes y órdenes de beneficios limitados a determinados grupos de afectados, sin más objetivo que mostrar la simetría justa entre víctimas con leyes y dispositivos de alta densidad simbólica.
Una política pública es la combinación de tres elementos: un objetivo, un programa y un instrumento. El objetivo consiste en asumir como patrimonio de la nación los esfuerzos, valores y conflictos que han hecho posible la democratización de la sociedad y sobre los cuales se sostienen sus expresiones institucionales. El programa son las actuaciones diversas destinadas a preservar, estimular y garantizar la transmisión de ese patrimonio. El instrumento es la institución pública que tiene el mandato de garantizar los objetivos, crear el programa y desarrollarlo.
Una política pública de la memoria democrática parte de una afirmación empírica contrastada: el daño causado por la dictadura es irreparable. Nada puede reparar lo sucedido en la esfera individual, social o institucional, porque lo sucedido ha dejado marca y señal por siempre más en cualquiera de los niveles de la sociedad. La afirmación de irreparabilidad, además de ser un dato empírico procedente de distintas disciplinas, constituye un fundamento ético, las consecuencias del cual Primo Levi expresó con extrema claridad. Y la principal de ellas es que frente a lo irreparable el perdón carece de sentido. No lo tiene ni la demanda de perdón por parte del Estado, ni la concesión que pueda hacer la sociedad afectada. No hay nada que perdonar ni nada que vengar. El daño causado por la dictadura de un Estado que hizo de la violencia su primer valor y su práctica permanente, ha tenido unas consecuencias y un legado sencillamente imperdonables, tan sólo puede ser explicado, reconocido y asumido. Y asumir significa establecer una política pública de memoria que garantice a los ciudadanos reconocer el patrimonio democrático que históricamente han generado, y acceder al mismo con garantías.
Ricard Vinyes es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona. Su último libro es El daño y la memoria (Plaza & Janés).
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martes 6 de enero de 2009
Ronda eliminará todos los símbolos franquistas que hay aún en sus calles.
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Ronda eliminará todos los símbolos franquistas que hay aún en sus ...
El Pleno aprueba con la abstención del PP suprimir los elementos de la dictadura · Hay placas en varios edificios y calles como Comandante Salvador Carrasco
Juan Miguel Aguilar / Ronda, memoria histórica Actualizado 06.01.2009 - 05:01
Hay pocos, pero un paseo por las calles de Ronda sirve para comprobar que aún existen elementos que rememoran el franquismo, pese a que con la llegada de la democracia, los nombres de calles, plazas y monumentos, fueron eliminados y sustituidos por otros. Pero como aún hay referencias al régimen, el PSOE presentó una moción en el último Pleno con la intención de que se proceda a eliminar cualquier mención de los años franquistas, como algunas placas que hay en el municipio.
La propuesta presentada por los socialistas contó con el apoyo de todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de Ronda, salvo por el PP, que se abstuvo en la votación de la misma al considerar que el texto que la refrendaba no había sido consensuado por todos los partidos con representación en la Corporación municipal.
De esta forma, el siguiente paso de esta iniciativa que pretende acogerse a la ley de la Memoria Histórica será la creación de una comisión que cuente con una representación de todas las fuerzas políticas rondeñas y que se encargará, entre otros aspectos, de ayudar y asesorar a las familias para la recuperación y localización de los cuerpos de sus familiares muertos durante la Guerra Civil y que se encuentren en fosas comunes, una acción que se desarrollará dentro de las posibilidades con las que cuenta el Ayuntamiento de Ronda.
La portavoz del PP, Begoña Chacón, calificó este punto de "justo y razonable", algo con lo que coincidió la portavoz del PA, María José Martín de Haro.Por su parte, el primer teniente de alcalde y uno de los impulsores de esta moción, el socialista Francisco Cañestro, anunció que "son muchas" las peticiones de familias rondeñas que ha recibido la delegación municipal de Participación Ciudadana para que llegue a Ronda una investigación de estas características y se pueda "hacer justicia" con los fallecidos durante la Guerra Civil española.
En cuanto a la retirada de la simbología franquista que aún queda en algunas calles de Ronda, debe iniciarse un proceso de estudio de todos los elementos, calles y símbolos hasta que se llegue a un acuerdo por consenso que decida cuáles de los existentes son retirados de la ciudad. Según un primer balance, quedan algunas placas con el yugo y las flechas en las puertas de edificios construidos por el Ministerio de la Vivienda de la dictadura, un gran mosaico en una de las barriadas y el nombre de alguna calle, como la vía denominada Comandante Salvador Carrasco. Desde que llegó la democracia, los nombres franquistas se han ido sustituyendo por otros, como la Plaza del Socorro.
Para asegurar que los símbolos o nombres que se retiren o cambien por otros corresponden exactamente a la época franquista y entran, por tanto, en la moción aprobada, el portavoz de Izquierda Unida en Ronda, Rafael Ruiz, ha pedido que se realice un estudio previo que evite que se puedan cometer errores a la hora de tomar decisiones y sólo se retiren aquellos símbolos que se demuestre históricamente que son una referencia o una exaltación de la dictadura, y que han formando parte del paisaje urbano de la ciudad todos estos años.
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Ronda eliminará todos los símbolos franquistas que hay aún en sus ...
El Pleno aprueba con la abstención del PP suprimir los elementos de la dictadura · Hay placas en varios edificios y calles como Comandante Salvador Carrasco
Juan Miguel Aguilar / Ronda, memoria histórica Actualizado 06.01.2009 - 05:01
Hay pocos, pero un paseo por las calles de Ronda sirve para comprobar que aún existen elementos que rememoran el franquismo, pese a que con la llegada de la democracia, los nombres de calles, plazas y monumentos, fueron eliminados y sustituidos por otros. Pero como aún hay referencias al régimen, el PSOE presentó una moción en el último Pleno con la intención de que se proceda a eliminar cualquier mención de los años franquistas, como algunas placas que hay en el municipio.
La propuesta presentada por los socialistas contó con el apoyo de todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de Ronda, salvo por el PP, que se abstuvo en la votación de la misma al considerar que el texto que la refrendaba no había sido consensuado por todos los partidos con representación en la Corporación municipal.
De esta forma, el siguiente paso de esta iniciativa que pretende acogerse a la ley de la Memoria Histórica será la creación de una comisión que cuente con una representación de todas las fuerzas políticas rondeñas y que se encargará, entre otros aspectos, de ayudar y asesorar a las familias para la recuperación y localización de los cuerpos de sus familiares muertos durante la Guerra Civil y que se encuentren en fosas comunes, una acción que se desarrollará dentro de las posibilidades con las que cuenta el Ayuntamiento de Ronda.
La portavoz del PP, Begoña Chacón, calificó este punto de "justo y razonable", algo con lo que coincidió la portavoz del PA, María José Martín de Haro.Por su parte, el primer teniente de alcalde y uno de los impulsores de esta moción, el socialista Francisco Cañestro, anunció que "son muchas" las peticiones de familias rondeñas que ha recibido la delegación municipal de Participación Ciudadana para que llegue a Ronda una investigación de estas características y se pueda "hacer justicia" con los fallecidos durante la Guerra Civil española.
En cuanto a la retirada de la simbología franquista que aún queda en algunas calles de Ronda, debe iniciarse un proceso de estudio de todos los elementos, calles y símbolos hasta que se llegue a un acuerdo por consenso que decida cuáles de los existentes son retirados de la ciudad. Según un primer balance, quedan algunas placas con el yugo y las flechas en las puertas de edificios construidos por el Ministerio de la Vivienda de la dictadura, un gran mosaico en una de las barriadas y el nombre de alguna calle, como la vía denominada Comandante Salvador Carrasco. Desde que llegó la democracia, los nombres franquistas se han ido sustituyendo por otros, como la Plaza del Socorro.
Para asegurar que los símbolos o nombres que se retiren o cambien por otros corresponden exactamente a la época franquista y entran, por tanto, en la moción aprobada, el portavoz de Izquierda Unida en Ronda, Rafael Ruiz, ha pedido que se realice un estudio previo que evite que se puedan cometer errores a la hora de tomar decisiones y sólo se retiren aquellos símbolos que se demuestre históricamente que son una referencia o una exaltación de la dictadura, y que han formando parte del paisaje urbano de la ciudad todos estos años.
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Respuesta de la Agencia Febus a la carta del Señor Martín Villa en “El País”.
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Respuesta de la Agencia Febus a la carta del Señor Martín Villa en ...
00:19h. del Martes, 6 de enero.
Estimado señor Martín Villa, Presidente de Sogecable,
Nadie pone en duda que la transición, y los hombres que la hicieron posible, fue una obra ejemplar de concordia y reconciliación nacional. Nadie pone en duda que debido al panorama político esa fue –quizás—una de las mejores soluciones posibles. Nadie pone en duda que durante la guerra civil hubo barbaridades realizadas por los rebeldes y barbaridades realizadas por republicanos. Aunque todos sabemos el desequilibrio entre uno y otro bando en la ejecución de esas mencionadas barbaridades. Pero como diría aquel “una guerra es una guerra”. Y en una guerra unos son enemigos de los otros. Y como tal se tratan… o no? Pero lo que debe quedar claro es que a partir del 1 de abril de 1939 –cuando ya no había guerra—sólo los rebeldes continuaron raptando, persiguiendo, arrestando, torturando… y asesinando. Sí, quizás alguna de esas víctimas –como dijo el señor Pujol—hubiese sido verdugo… pero seamos realistas. La mayoría de esas víctimas eran “rojos”. La mayoría de esas víctimas no tenían delito alguno. La mayoría de esas víctimas eran inocentes…
Ahora bien, han pasado ya tres decenios de la mencionada transición. Y nosotros los nietos de las víctimas del franquismo –y no las del bando republicano, que ya tuvieron su reconocimiento, sepulturas dignas, calles, homenajes, etc—, que no firmamos aquella transición, queremos solicitar justicia. Justicia que la transición paso por alto. Quizás en aquel momento –como ya dije- fuese lo más coherente. Sobre todo para la salud de la democracia. Justicia que otros países han demostrado juzgando a sus dictadores: Alemania, Argentina, Chile,… somos conscientes que después de tantos años eso es imposible.
Pero si se puede rescatar la historia. Rescatando la historia también se hace justicia. “Justicia Constructiva”. “Justicia Constructiva” es reconocer el genocidio franquista a partir del 1 de abril de 1939, es reconocer la existencia de más de un centenar de campos de concentración en España, es reconocer el asesinato de cientos de miles de personas, es reconocer el derecho de recibir digna sepultura a aquellos que aun duermen en cunetas y en fosas comunes, es reconocer las obras de arte y de literatura de aquellos hombres que formaron parte de la generación del 27 y que por culpa del franquismo hoy son auténticos desconocidos… en definitiva, ahora que nuestro panorama político no es el del señor Martín Villa en los años setenta, los nietos y demás familiares de las víctimas del franquismo lo único que solicitamos es Justicia. “Justicia Constructiva”. Pero –como diría Felipe González- sin acritud.
Juan Manuel Menéndez de las Heras
Agencia Febus (AAF)
http://www.jmenendezfenandez.info/
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Se responde a esto: Carta a los Reyes Magos
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Respuesta de la Agencia Febus a la carta del Señor Martín Villa en ...
00:19h. del Martes, 6 de enero.
Estimado señor Martín Villa, Presidente de Sogecable,
Nadie pone en duda que la transición, y los hombres que la hicieron posible, fue una obra ejemplar de concordia y reconciliación nacional. Nadie pone en duda que debido al panorama político esa fue –quizás—una de las mejores soluciones posibles. Nadie pone en duda que durante la guerra civil hubo barbaridades realizadas por los rebeldes y barbaridades realizadas por republicanos. Aunque todos sabemos el desequilibrio entre uno y otro bando en la ejecución de esas mencionadas barbaridades. Pero como diría aquel “una guerra es una guerra”. Y en una guerra unos son enemigos de los otros. Y como tal se tratan… o no? Pero lo que debe quedar claro es que a partir del 1 de abril de 1939 –cuando ya no había guerra—sólo los rebeldes continuaron raptando, persiguiendo, arrestando, torturando… y asesinando. Sí, quizás alguna de esas víctimas –como dijo el señor Pujol—hubiese sido verdugo… pero seamos realistas. La mayoría de esas víctimas eran “rojos”. La mayoría de esas víctimas no tenían delito alguno. La mayoría de esas víctimas eran inocentes…
Ahora bien, han pasado ya tres decenios de la mencionada transición. Y nosotros los nietos de las víctimas del franquismo –y no las del bando republicano, que ya tuvieron su reconocimiento, sepulturas dignas, calles, homenajes, etc—, que no firmamos aquella transición, queremos solicitar justicia. Justicia que la transición paso por alto. Quizás en aquel momento –como ya dije- fuese lo más coherente. Sobre todo para la salud de la democracia. Justicia que otros países han demostrado juzgando a sus dictadores: Alemania, Argentina, Chile,… somos conscientes que después de tantos años eso es imposible.
Pero si se puede rescatar la historia. Rescatando la historia también se hace justicia. “Justicia Constructiva”. “Justicia Constructiva” es reconocer el genocidio franquista a partir del 1 de abril de 1939, es reconocer la existencia de más de un centenar de campos de concentración en España, es reconocer el asesinato de cientos de miles de personas, es reconocer el derecho de recibir digna sepultura a aquellos que aun duermen en cunetas y en fosas comunes, es reconocer las obras de arte y de literatura de aquellos hombres que formaron parte de la generación del 27 y que por culpa del franquismo hoy son auténticos desconocidos… en definitiva, ahora que nuestro panorama político no es el del señor Martín Villa en los años setenta, los nietos y demás familiares de las víctimas del franquismo lo único que solicitamos es Justicia. “Justicia Constructiva”. Pero –como diría Felipe González- sin acritud.
Juan Manuel Menéndez de las Heras
Agencia Febus (AAF)
http://www.jmenendezfenandez.info/
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Se responde a esto: Carta a los Reyes Magos
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Los organizadores del olvido.
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http://www.malagahoy.es/article/opinion/317066/la/caida/dolarthe/wall/street/journal.html
cartas
Los organizadores del olvido
A raíz de la aprobación de la ley sobre la memoria histórica y la decisión del juez Garzón de investigar las fosas de la Guerra Civil, se ha generado una importante polémica. Todavía hoy existen cuestiones sobre la Guerra Civil que se desconocen, además de haber aspectos que son discutibles como los aciertos y fracasos del gobierno republicano o la retirada de símbolos franquistas. Pero lo que no es debatible ni discutible es la urgente necesidad de la sociedad española de desenterrar las fosas comunes de la Guerra Civil. No es comprensible que en una sociedad moderna y democrática como la nuestra se mantenga ese silencio sobre las fosas de la guerra. Se fue Franco, pero llegaron los organizadores del olvido dispuestos a tapar parte del pasado. Para algunos, parece que la verdad es más dura que la ignorancia, de ahí el interés en mantener en el olvido a los fusilados de la Guerra Civil. Pero la memoria afortunadamente no se borra tan fácilmente. Como señalaba el poeta José Hierro, "bendito sea quien inventó la memoria".Jesús Martín (Málaga)
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http://www.malagahoy.es/article/opinion/317066/la/caida/dolarthe/wall/street/journal.html
cartas
Los organizadores del olvido
A raíz de la aprobación de la ley sobre la memoria histórica y la decisión del juez Garzón de investigar las fosas de la Guerra Civil, se ha generado una importante polémica. Todavía hoy existen cuestiones sobre la Guerra Civil que se desconocen, además de haber aspectos que son discutibles como los aciertos y fracasos del gobierno republicano o la retirada de símbolos franquistas. Pero lo que no es debatible ni discutible es la urgente necesidad de la sociedad española de desenterrar las fosas comunes de la Guerra Civil. No es comprensible que en una sociedad moderna y democrática como la nuestra se mantenga ese silencio sobre las fosas de la guerra. Se fue Franco, pero llegaron los organizadores del olvido dispuestos a tapar parte del pasado. Para algunos, parece que la verdad es más dura que la ignorancia, de ahí el interés en mantener en el olvido a los fusilados de la Guerra Civil. Pero la memoria afortunadamente no se borra tan fácilmente. Como señalaba el poeta José Hierro, "bendito sea quien inventó la memoria".Jesús Martín (Málaga)
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Toda una vida buscando a su tío desaparecido en la guerra.
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Toda una vida buscando a su tío desaparecido en la guerra
Esperanza de averiguar dónde falleció Pere Pons, 75 años después de marchar al frente de Cataluña
JORDI GONZÁLEZ
Pere Pons Pons y su familia han estado toda su vida pendiente de una noticia que nunca ha llegado: saber dónde está su tío-hermano desaparecido durante la Guerra Civil en el frente de Cataluña. Joan Pons Allès (Ciutadella, febrero 1915) marchó hace ahora 75 años hacia Barcelona, y nunca se supo nada más de él.
Pere era su sobrino, «aunque para mi era como un hermano mayor», ya que al morir la madre de Joan, su hermana mayor (la madre de Pere) se hizo cargo de él.
Joan Pons Allès marchó a Catalunya en enero de 1939, ocho días antes de que Barcelona fuera ocupada por los 'nacionales' y las tropas franquistas avanzaran hacía los Pirineos. Y desde entonces la familia le perdió la pista.
Desde el mismo mes de marzo de 1939 la familia lo busca. Primero se dirigieron al Gobierno de Franco, que les comunicó que «en nuestros ficheros no existen datos de este Sr. Puede dirigirse a la Inspección de Campos de Concentración en Burgos». Luego, en plena segunda Guerra Mundial la hermana de Joan fue a Francia para buscarlo, e incluso fue detenida. Posteriormente la familia a través de las embajadas y la Cruz Roja trató de hallar su paradero en Alemania, por si había ido a parar a un campo de concentración nazi. Más recientemente se dirigieron a la Associació per a la Recerca de la Memòria Històrica de Catalunya e incluso se remitió el expediente al juez Garzón para que lo investigará. La respuesta en todos los casos siempre fue la misma: ni rastro de Joan Pons Allès.
Dos únicas noticias le aportaron una vaga información de dónde podría haber estado. Primero un telegrama que Pere conserva como un tesoro (junto a las fotografías, documentos y una cartera que Joan se dejó antes de marchar a Barcelona). El telegrama de un tal Barrio, un compañero que marchó con Joan al frente, dice «Juan salió destino Manresa el 23 de enero, ignoramos más noticias. Barrio». La otra referencia es de otro compañero que «me dijo: tu tío huyo conmigo de Manresa a los Pirineos, y cuando estuvimos en Banyoles, nos acorralaron, e intentamos escapar de mata en mata, pero de pronto yo le dije Joan bota, bota,... y lo perdí de vista».
Joan de profesión era patronista-diseñador de calzado, aunque cuando no tenía empleo trabajaba en un taller de reparación de bicicletas. En 1936 fue movilizado y debido a las depuraciones en las altas graduaciones del estamento militar, fue ascendiendo rápidamente, pese a no tener carrera militar. Pasó de soldado a cabo, luego fue nombrado sargento y al final de la guerra ya era teniente de infantería.
Pere tenía tan sólo seis años, pero recuerda cómo si fuera ayer la despedida de su tío «Yo siempre recordaré abrazó a mi madre y su hebilla me tocó la mejilla,... y aún hoy -dice visiblemente emocionado- me la siento». Otros recuerdos de Pere sobre su tío son los paseos que hacían juntos con bicicleta y las visitas que les hacía durante la guerra en el predio de La Vall, donde se refugiaron los tres años de guerra.
Ahora, 75 años después, lo único que quiere Pere es saber dónde murió: «Yo ya tengo 80 años de edad, y lo que tengo es curiosidad, soy consciente que no hay nada que hacer, que está muerto. Pero me gustaría antes de morir saber dónde está, no para ir a buscarlo y desenterrarlo, sino simplemente para saber dónde está».
Pere asegura que la búsqueda de su tío «no es nada político, el era militar y punto». Pese a todo, «no estoy de acuerdo que se quiera olvidar. Yo puedo perdonar, pero no lo puedo olvidar».
Sobre la Guerra Civil, Joan opina que «no hay derecho de que se matarán a curas y a militares, igual que Franco tampoco tenía que haber hecho la gran matanza de después de la guerra, la venganza sobraba, hay que saber perdonar».
Joana, la hermana de Pere no conoció a Joan, pero sí que vivió la angustia e incertidumbre de su búsqueda, y recuerda que durante muchos años «todos pensábamos que un día volvería». De hecho, el padre de Joan (el abuelo de Pere) estuvo siempre pendiente de cualquier noticia: «cada día, preguntaba si había venido el cartero», comenta Pere.
Joana Pons más combativa que su hermano le duele «que no dejen investigar a Garzón». Ella lo tiene claro: «el problema de este país, es que los que ganaron la guerra se creen que España es suya».
La Guerra Civil y la posterior represión franquista acabaron con la vida de 636 menorquines. De todas ellas, 251 eran del bando "nacional", y la mayoría (un centenar) fueron asesinadas en las matanzas del barco Atlante (agosto de 1936).
Las 385 restantes eran del bando republicano, entre las que se incluyen los 148 menorquines fusilados durante la posguerra en La Mola, y los 54 fusilados fuera de la Isla. Según los datos recopilados por Antoni Pons Melià en la obra 'Víctimes del silenci', otros 56 menorquines fallecieron en las cárceles o campos de concentración de fuera de la Isla; 20 murieron en los campos de exterminio nazi y 36 fallecieron en las cárceles franquistas de La Modelo de Barcelona, Zaragoza, de Cieza (Murcia) o Segovia. Otros 19 decidieron suicidarse por miedo a las represalias. A ello hay que sumarles los 600 menorquines exiliados, 450 en el buque inglés Devonshire, 77 en el velero Carmen Picó y el resto en pequeñas embarcaciones. Todo ello hizo que entre el 1938 y el 1940 la población de Menorca cayera un 14%, al pasar de los 50.000 habitantes en 1938 a los 43.000 de 1940.
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Toda una vida buscando a su tío desaparecido en la guerra
Esperanza de averiguar dónde falleció Pere Pons, 75 años después de marchar al frente de Cataluña
JORDI GONZÁLEZ
Pere Pons Pons y su familia han estado toda su vida pendiente de una noticia que nunca ha llegado: saber dónde está su tío-hermano desaparecido durante la Guerra Civil en el frente de Cataluña. Joan Pons Allès (Ciutadella, febrero 1915) marchó hace ahora 75 años hacia Barcelona, y nunca se supo nada más de él.
Pere era su sobrino, «aunque para mi era como un hermano mayor», ya que al morir la madre de Joan, su hermana mayor (la madre de Pere) se hizo cargo de él.
Joan Pons Allès marchó a Catalunya en enero de 1939, ocho días antes de que Barcelona fuera ocupada por los 'nacionales' y las tropas franquistas avanzaran hacía los Pirineos. Y desde entonces la familia le perdió la pista.
Desde el mismo mes de marzo de 1939 la familia lo busca. Primero se dirigieron al Gobierno de Franco, que les comunicó que «en nuestros ficheros no existen datos de este Sr. Puede dirigirse a la Inspección de Campos de Concentración en Burgos». Luego, en plena segunda Guerra Mundial la hermana de Joan fue a Francia para buscarlo, e incluso fue detenida. Posteriormente la familia a través de las embajadas y la Cruz Roja trató de hallar su paradero en Alemania, por si había ido a parar a un campo de concentración nazi. Más recientemente se dirigieron a la Associació per a la Recerca de la Memòria Històrica de Catalunya e incluso se remitió el expediente al juez Garzón para que lo investigará. La respuesta en todos los casos siempre fue la misma: ni rastro de Joan Pons Allès.
Dos únicas noticias le aportaron una vaga información de dónde podría haber estado. Primero un telegrama que Pere conserva como un tesoro (junto a las fotografías, documentos y una cartera que Joan se dejó antes de marchar a Barcelona). El telegrama de un tal Barrio, un compañero que marchó con Joan al frente, dice «Juan salió destino Manresa el 23 de enero, ignoramos más noticias. Barrio». La otra referencia es de otro compañero que «me dijo: tu tío huyo conmigo de Manresa a los Pirineos, y cuando estuvimos en Banyoles, nos acorralaron, e intentamos escapar de mata en mata, pero de pronto yo le dije Joan bota, bota,... y lo perdí de vista».
Joan de profesión era patronista-diseñador de calzado, aunque cuando no tenía empleo trabajaba en un taller de reparación de bicicletas. En 1936 fue movilizado y debido a las depuraciones en las altas graduaciones del estamento militar, fue ascendiendo rápidamente, pese a no tener carrera militar. Pasó de soldado a cabo, luego fue nombrado sargento y al final de la guerra ya era teniente de infantería.
Pere tenía tan sólo seis años, pero recuerda cómo si fuera ayer la despedida de su tío «Yo siempre recordaré abrazó a mi madre y su hebilla me tocó la mejilla,... y aún hoy -dice visiblemente emocionado- me la siento». Otros recuerdos de Pere sobre su tío son los paseos que hacían juntos con bicicleta y las visitas que les hacía durante la guerra en el predio de La Vall, donde se refugiaron los tres años de guerra.
Ahora, 75 años después, lo único que quiere Pere es saber dónde murió: «Yo ya tengo 80 años de edad, y lo que tengo es curiosidad, soy consciente que no hay nada que hacer, que está muerto. Pero me gustaría antes de morir saber dónde está, no para ir a buscarlo y desenterrarlo, sino simplemente para saber dónde está».
Pere asegura que la búsqueda de su tío «no es nada político, el era militar y punto». Pese a todo, «no estoy de acuerdo que se quiera olvidar. Yo puedo perdonar, pero no lo puedo olvidar».
Sobre la Guerra Civil, Joan opina que «no hay derecho de que se matarán a curas y a militares, igual que Franco tampoco tenía que haber hecho la gran matanza de después de la guerra, la venganza sobraba, hay que saber perdonar».
Joana, la hermana de Pere no conoció a Joan, pero sí que vivió la angustia e incertidumbre de su búsqueda, y recuerda que durante muchos años «todos pensábamos que un día volvería». De hecho, el padre de Joan (el abuelo de Pere) estuvo siempre pendiente de cualquier noticia: «cada día, preguntaba si había venido el cartero», comenta Pere.
Joana Pons más combativa que su hermano le duele «que no dejen investigar a Garzón». Ella lo tiene claro: «el problema de este país, es que los que ganaron la guerra se creen que España es suya».
La Guerra Civil y la posterior represión franquista acabaron con la vida de 636 menorquines. De todas ellas, 251 eran del bando "nacional", y la mayoría (un centenar) fueron asesinadas en las matanzas del barco Atlante (agosto de 1936).
Las 385 restantes eran del bando republicano, entre las que se incluyen los 148 menorquines fusilados durante la posguerra en La Mola, y los 54 fusilados fuera de la Isla. Según los datos recopilados por Antoni Pons Melià en la obra 'Víctimes del silenci', otros 56 menorquines fallecieron en las cárceles o campos de concentración de fuera de la Isla; 20 murieron en los campos de exterminio nazi y 36 fallecieron en las cárceles franquistas de La Modelo de Barcelona, Zaragoza, de Cieza (Murcia) o Segovia. Otros 19 decidieron suicidarse por miedo a las represalias. A ello hay que sumarles los 600 menorquines exiliados, 450 en el buque inglés Devonshire, 77 en el velero Carmen Picó y el resto en pequeñas embarcaciones. Todo ello hizo que entre el 1938 y el 1940 la población de Menorca cayera un 14%, al pasar de los 50.000 habitantes en 1938 a los 43.000 de 1940.
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Los once ciudadanos fusilados
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Los once ciudadanos fusilados
J. M. Salgado / El Cerro Actualizado 04.01.2009 - 05:01
Las identidades de los once vecinos que fueron fusilados en Calañas:José Gil Romero. Fue socialista y participó en la organización de las guardias de los milicianos durante el periodo del Comité de Defensa Antifascista. Este periodo va del 18 julio al 20 agosto de 1936. El 21 entraron los franquistas en El Cerro.
Agustín González Vázquez. Era republicano presidente del comité local del Partido Republicano Reformista. Primer alcalde de El Cerro de Andévalo durante la II República. Luego fue concejal del Partido Republicano Federal. Su hermano, Pedro González Toruño, juez municipal fue destituido de su cargo hasta el año 1946. No consta su fallecimiento en ningún registro.
Martín González Volante. Era socialista, miembro de la ejecutiva local y tesorero del partido. Este hombre fue encarcelado en la prisión Provincia de Huelva por los sucesos revolucionarios de octubre de 1934. Su hermano Pedro González Volante, cuando a él lo detuvieron se encontraba huido desde el 21 de agosto. Al igual que su cuñado Pedro Motero. Otro cuñado, Juan Trigo Campillo fue fusilado junto con él por colaboración con los huidos.
Fernando Márquez Leandro. Su hermano José que vivía en las Minas de San Telmo fue fusilado en enero de 1937. Manuel Patricio valle. El Comité de Defensa Antifascista lo contrató para limpiar la plaza de los escombros depositados en la misma procedente del saqueo de la iglesia. Su hermano Juan Patricio Valle fue fusilado en Huelva en noviembre de 1936. Alfonso Pavón Sánchez. Proveía desde su cortijo a los huidos tanto de comida que le facilitaban las familias como la que le encargaban para la supervivencia de los mismos. Cerca de su cortijo estaba escondido un topo (huido) en un majano (construcción de piedra). No consta su fallecimiento en ningún registro.
José Pavón Sánchez. (Pese a la coincidencia de apellidos no es hermano del anterior). Ex guardia civil, presidente de la Sección de Peones de la CNT de El Cerro. El novio de su hija estaba huido.José Rodríguez Domínguez. Aportó dinero en la primera derrama efectuada por el Comité de Defensa Antifascista. Su hermano Juan se encontraba huido.Diego Sánchez Delgado. La información recabada no le relaciona a ningún partido político u organización obrera, ni a la ayuda a los huidos.
Luis Serrano Delgado. Socialista, participó en la manifestación de octubre de 1934 en El Cerro por los sucesos revolucionarios. Participó en tareas varias para el comité de defensa antifascistas. Auxiliaba a los huidos en su propia casa. Juan Trigo Campillo. Desde su cortijo se le proveía a los huidos de comida. Su sobrino Pedro Cruzado Trigo y sus cuñados Pedro González Volante y Pedro Motero se encontraban huidos. Otro cuñado, Martín González Volante fue fusilado junto con él por colaboración con los huidos.
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Los once ciudadanos fusilados
J. M. Salgado / El Cerro Actualizado 04.01.2009 - 05:01
Las identidades de los once vecinos que fueron fusilados en Calañas:José Gil Romero. Fue socialista y participó en la organización de las guardias de los milicianos durante el periodo del Comité de Defensa Antifascista. Este periodo va del 18 julio al 20 agosto de 1936. El 21 entraron los franquistas en El Cerro.
Agustín González Vázquez. Era republicano presidente del comité local del Partido Republicano Reformista. Primer alcalde de El Cerro de Andévalo durante la II República. Luego fue concejal del Partido Republicano Federal. Su hermano, Pedro González Toruño, juez municipal fue destituido de su cargo hasta el año 1946. No consta su fallecimiento en ningún registro.
Martín González Volante. Era socialista, miembro de la ejecutiva local y tesorero del partido. Este hombre fue encarcelado en la prisión Provincia de Huelva por los sucesos revolucionarios de octubre de 1934. Su hermano Pedro González Volante, cuando a él lo detuvieron se encontraba huido desde el 21 de agosto. Al igual que su cuñado Pedro Motero. Otro cuñado, Juan Trigo Campillo fue fusilado junto con él por colaboración con los huidos.
Fernando Márquez Leandro. Su hermano José que vivía en las Minas de San Telmo fue fusilado en enero de 1937. Manuel Patricio valle. El Comité de Defensa Antifascista lo contrató para limpiar la plaza de los escombros depositados en la misma procedente del saqueo de la iglesia. Su hermano Juan Patricio Valle fue fusilado en Huelva en noviembre de 1936. Alfonso Pavón Sánchez. Proveía desde su cortijo a los huidos tanto de comida que le facilitaban las familias como la que le encargaban para la supervivencia de los mismos. Cerca de su cortijo estaba escondido un topo (huido) en un majano (construcción de piedra). No consta su fallecimiento en ningún registro.
José Pavón Sánchez. (Pese a la coincidencia de apellidos no es hermano del anterior). Ex guardia civil, presidente de la Sección de Peones de la CNT de El Cerro. El novio de su hija estaba huido.José Rodríguez Domínguez. Aportó dinero en la primera derrama efectuada por el Comité de Defensa Antifascista. Su hermano Juan se encontraba huido.Diego Sánchez Delgado. La información recabada no le relaciona a ningún partido político u organización obrera, ni a la ayuda a los huidos.
Luis Serrano Delgado. Socialista, participó en la manifestación de octubre de 1934 en El Cerro por los sucesos revolucionarios. Participó en tareas varias para el comité de defensa antifascistas. Auxiliaba a los huidos en su propia casa. Juan Trigo Campillo. Desde su cortijo se le proveía a los huidos de comida. Su sobrino Pedro Cruzado Trigo y sus cuñados Pedro González Volante y Pedro Motero se encontraban huidos. Otro cuñado, Martín González Volante fue fusilado junto con él por colaboración con los huidos.
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Granada aún saluda al fascismo.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Granada/saluda/fascismo/elpepiespand/20090104elpand_5/Tes?print=1
Un grupo de intelectuales intenta la retirada de un monumento a José Antonio con cinco brazos en alto
FERNANDO VALVERDE - Granada - 04/01/2009
Después de treinta y seis años saludando a la romana desde la frialdad de la piedra, una de las últimas estatuas al fascismo que quedan en pie en Europa va a convertirse en el centro de la polémica. Un grupo de escritores, artistas y poetas, encabezados por José Carlos Rosales, Luis García Montero, Juan Vida, Mariano Maresca, Justo Navarro, Ángeles Mora y Álvaro Salvador, entre otros, está ultimando la edición de un libro para "instar" a las autoridades a que se retire de manera urgente el monumento de la discordia, que se ha mantenido intocable durante todos los años de democracia, independientemente del partido que ha gobernado.
Situado en pleno centro de Granada, frente al Palacio de Bibataubín, el monumento a Primo de Rivera creado por el escultor Francisco López Burgos en 1972 es algo más que un homenaje a un personaje histórico. Se trata de un monumento a una idea. Sobre un pedestal, cinco brazos atléticos saludan a la romana (el saludo fascista con el brazo en alto). Sobre ellos, unas alas que pretenden ser un águila mantienen el equilibrio. "Ese saludo a la romana, copiado de los nazis y de las milicias de Mussolini, fue el saludo oficial del franquismo desde que un decreto del general Franco así lo estableciera en abril de 1937, en plena Guerra Civil. Ha llegado el momento de quitar esa estatua", explicó el poeta José Carlos Rosales, que desde hace años ha tratado de lograr su retirada sin éxito. "Es incomprensible que hoy se glorifique en el centro de Granada el mismo saludo con el que las milicias de Hitler arrasaron Europa", explicó.
Luis García Montero recuerda el momento en el que los Consejos Locales del Movimiento decidieron levantar la escultura. "Se inició una inscripción popular. En aquella época se mezcla una contradicción entre mi biografía y mi opinión personal. Yo participé en la campaña para levantar el monumento. Era un niño y estudiaba en Los Escolapios. Mi profesor de Formación Política nos pidió a todos una contribución para honrar a José Antonio y yo le pedí el dinero a mis padres. Se puede sentir nostalgia hasta de los momentos más sórdidos", dijo. Con respecto a que la estatua permanezca en pie, el poeta explicó que es "un monumento que recuerda una época muy negra de España y hay que quitarlo cuanto antes", concluyó.
A lo largo de los últimos años, algunas iniciativas han intentado retirar el monumento, pero todas se encontraron con la oposición en el pleno municipal del Partido Popular.
El muro del PP
Izquierda Unida presentó hace dos años una moción que pedía su retirada. "No hubo manera de que prosperara porque los concejales del PP votaron en contra. Incluso el alcalde dijo que le parecía una cuestión sin importancia", relató Lola Ruiz, concejal de IU, quien opina que esa es la prueba de que en Granada se sigue mantenido "la peor burguesía de España", parafraseando a Federico García Lorca.
José María Rueda, secretario del PSOE en Granada capital, dijo que el monumento tiene "una simbología fascista indudable", razón por la que su partido llevó el caso a la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada, junto a una propuesta para que el monumento fuera sustituido por otro en honor a las víctimas de la violencia de género. "Era una manera de ponerle las cosas fáciles al Partido Popular, pero tampoco ha sido posible. Están tardando demasiado en retirarla", sentenció.
De la misma opinión es José Miguel Castillo Higueras, el que fuera teniente de alcalde durante doce años con el Partido Comunista y el PSOE, y que en la actualidad es vocal del PP de Granada. "Me parece algo repugnante. Yo le tenía mucho aprecio personal al autor, pero eso no quita que deje de escupir a lo que significa la estatua, lo peor de nuestra historia". Castillo Higueras logró que se retirara de la fachada del Ayuntamiento una placa que rezaba: Franco, vencedor del comunismo. "Hubo gente que trató de evitarlo por la fuerza. Fue a mediados de los ochenta. Tuve que ir yo mismo a las ocho de la mañana con un grupo de obreros". El PP no quiso hacer ningún tipo de declaración, "de momento".
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Un grupo de intelectuales intenta la retirada de un monumento a José Antonio con cinco brazos en alto
FERNANDO VALVERDE - Granada - 04/01/2009
Después de treinta y seis años saludando a la romana desde la frialdad de la piedra, una de las últimas estatuas al fascismo que quedan en pie en Europa va a convertirse en el centro de la polémica. Un grupo de escritores, artistas y poetas, encabezados por José Carlos Rosales, Luis García Montero, Juan Vida, Mariano Maresca, Justo Navarro, Ángeles Mora y Álvaro Salvador, entre otros, está ultimando la edición de un libro para "instar" a las autoridades a que se retire de manera urgente el monumento de la discordia, que se ha mantenido intocable durante todos los años de democracia, independientemente del partido que ha gobernado.
Situado en pleno centro de Granada, frente al Palacio de Bibataubín, el monumento a Primo de Rivera creado por el escultor Francisco López Burgos en 1972 es algo más que un homenaje a un personaje histórico. Se trata de un monumento a una idea. Sobre un pedestal, cinco brazos atléticos saludan a la romana (el saludo fascista con el brazo en alto). Sobre ellos, unas alas que pretenden ser un águila mantienen el equilibrio. "Ese saludo a la romana, copiado de los nazis y de las milicias de Mussolini, fue el saludo oficial del franquismo desde que un decreto del general Franco así lo estableciera en abril de 1937, en plena Guerra Civil. Ha llegado el momento de quitar esa estatua", explicó el poeta José Carlos Rosales, que desde hace años ha tratado de lograr su retirada sin éxito. "Es incomprensible que hoy se glorifique en el centro de Granada el mismo saludo con el que las milicias de Hitler arrasaron Europa", explicó.
Luis García Montero recuerda el momento en el que los Consejos Locales del Movimiento decidieron levantar la escultura. "Se inició una inscripción popular. En aquella época se mezcla una contradicción entre mi biografía y mi opinión personal. Yo participé en la campaña para levantar el monumento. Era un niño y estudiaba en Los Escolapios. Mi profesor de Formación Política nos pidió a todos una contribución para honrar a José Antonio y yo le pedí el dinero a mis padres. Se puede sentir nostalgia hasta de los momentos más sórdidos", dijo. Con respecto a que la estatua permanezca en pie, el poeta explicó que es "un monumento que recuerda una época muy negra de España y hay que quitarlo cuanto antes", concluyó.
A lo largo de los últimos años, algunas iniciativas han intentado retirar el monumento, pero todas se encontraron con la oposición en el pleno municipal del Partido Popular.
El muro del PP
Izquierda Unida presentó hace dos años una moción que pedía su retirada. "No hubo manera de que prosperara porque los concejales del PP votaron en contra. Incluso el alcalde dijo que le parecía una cuestión sin importancia", relató Lola Ruiz, concejal de IU, quien opina que esa es la prueba de que en Granada se sigue mantenido "la peor burguesía de España", parafraseando a Federico García Lorca.
José María Rueda, secretario del PSOE en Granada capital, dijo que el monumento tiene "una simbología fascista indudable", razón por la que su partido llevó el caso a la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada, junto a una propuesta para que el monumento fuera sustituido por otro en honor a las víctimas de la violencia de género. "Era una manera de ponerle las cosas fáciles al Partido Popular, pero tampoco ha sido posible. Están tardando demasiado en retirarla", sentenció.
De la misma opinión es José Miguel Castillo Higueras, el que fuera teniente de alcalde durante doce años con el Partido Comunista y el PSOE, y que en la actualidad es vocal del PP de Granada. "Me parece algo repugnante. Yo le tenía mucho aprecio personal al autor, pero eso no quita que deje de escupir a lo que significa la estatua, lo peor de nuestra historia". Castillo Higueras logró que se retirara de la fachada del Ayuntamiento una placa que rezaba: Franco, vencedor del comunismo. "Hubo gente que trató de evitarlo por la fuerza. Fue a mediados de los ochenta. Tuve que ir yo mismo a las ocho de la mañana con un grupo de obreros". El PP no quiso hacer ningún tipo de declaración, "de momento".
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La noche de los muertos vivientes
La noche de los muertos vivientes
Iñaki Astoreka, miembro de CNT - Ahaztuak 1936-1977
Hay cosas meridianamente claras, las personas provenientes de la dictadura fueron las que impusieron su ley
Me he apropiado del título de la película de culto del director George A. Romero, rodada en 1968. Un filme que dio una nueva dimensión a las películas de terror y a un género hasta entonces desprestigiado. Parece una extraña introducción para el tema que trataré de analizar. Me imagino a todas las personas sepultadas de manera infame, cuyos restos aún no han sido encontrados y por lo cual familiares, amigos o simpatizantes de la organización a la que pertenecieron han visto de nuevo cómo la causa de la Recuperación de la Memoria Histórica queda paralizada en función de no sabemos qué competencias.Los familiares, a título particular o incorporados a las asociaciones por la recuperación de la Memoria Histórica, pretenden recuperar a sus deudos y a la vez que se conozca la verdadera historia, frente a los historiadores del antiguo régimen y algunos revisionistas que arrepentidos de su pasado, nuevamente pretenden manipularla. Prescindiendo de la actuación del juez Garzón y de la del fiscal Javier Zaragoza, nos encontramos con casos como el de la Audiencia de Córdoba, que ha dictado una resolución que, entre otras cosas, manifiesta a Rocío Borrego que "su caso sirve para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil". Pero aún hay más. Conocía por referencias la reeducación de los niños de la posguerra, algo que en menor medida por mi edad padecí, pero el robo de niños , encarnizamiento de los fascistas en arrancar de las manos de las mujeres de los vencidos, es algo que nada ni nadie puede resarcir y la caridad cristiana colaboró de manera activa en esta aberración.
Se les reeducó haciendo odiar por lo que sus madres y padres habían luchado, es decir, contra el fascismo. Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra, abanderó la regeneración de la raza, al más puro estilo nazi. No conocen ni conocerán a sus progenitores, fueron cambiados sus apellidos para borrar todo vestigio de su pasado. Nadie cuenta de las incautaciones de sindicatos y partidos políticos que se hicieron a particulares, la compra de terrenos y empresas forzadas por quienes se consideraron vencedores. Sin temor a equivocarme, muchas de las familias que poseen hoy negocios, pisos y terrenos son las herederas de una expoliación de la cual los verdaderos propietarios nunca han tenido ni tendrán compensación alguna. Es más seguro que en alguna población rural o urbana conocerán a quienes se beneficiaron.Y después de la dictadura se hizo la luz . Otra crónica de la historia que tiene muchos claroscuros. El bloque social que apoyó el franquismo siguió controlando el aparato del Estado, ningún sector económico se ve afectado y la Iglesia mantiene intactos sus privilegios. La Transición tuvo también otros condicionamientos, la posición favorable de EEUU por puro interés propio, la presunta integración de España en la OTAN para cubrir el flanco sur de Europa, el apoyo del capital a la Monarquía y un Gobierno fuerte.
Sería prolífico entrar en detalles pero hay cosas meridianamente claras, las personas provenientes de la dictadura fueron las que impusieron su ley a quienes propugnaban por salir de la clandestinidad. El Ejército vencedor , como ellos mismos se denominaban, fue una parte importante del nuevo sistema. Las sucesivas destituciones de altos cargos no fueron sino una cortina de humo para intentar demostrar la supremacía del poder militar al civil. Los pactos firmados, fundamentalmente el de La Moncloa, donde CCOO y el PCE participaron activamente en un intento de monopolizar el sindicalismo frente a la UGT y a la CNT, perjudicaron notablemente a la clase trabajadora y el sistema domesticó a quienes se proclamaban representantes del movimiento obrero.
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Iñaki Astoreka, miembro de CNT - Ahaztuak 1936-1977
Hay cosas meridianamente claras, las personas provenientes de la dictadura fueron las que impusieron su ley
Me he apropiado del título de la película de culto del director George A. Romero, rodada en 1968. Un filme que dio una nueva dimensión a las películas de terror y a un género hasta entonces desprestigiado. Parece una extraña introducción para el tema que trataré de analizar. Me imagino a todas las personas sepultadas de manera infame, cuyos restos aún no han sido encontrados y por lo cual familiares, amigos o simpatizantes de la organización a la que pertenecieron han visto de nuevo cómo la causa de la Recuperación de la Memoria Histórica queda paralizada en función de no sabemos qué competencias.Los familiares, a título particular o incorporados a las asociaciones por la recuperación de la Memoria Histórica, pretenden recuperar a sus deudos y a la vez que se conozca la verdadera historia, frente a los historiadores del antiguo régimen y algunos revisionistas que arrepentidos de su pasado, nuevamente pretenden manipularla. Prescindiendo de la actuación del juez Garzón y de la del fiscal Javier Zaragoza, nos encontramos con casos como el de la Audiencia de Córdoba, que ha dictado una resolución que, entre otras cosas, manifiesta a Rocío Borrego que "su caso sirve para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil". Pero aún hay más. Conocía por referencias la reeducación de los niños de la posguerra, algo que en menor medida por mi edad padecí, pero el robo de niños , encarnizamiento de los fascistas en arrancar de las manos de las mujeres de los vencidos, es algo que nada ni nadie puede resarcir y la caridad cristiana colaboró de manera activa en esta aberración.
Se les reeducó haciendo odiar por lo que sus madres y padres habían luchado, es decir, contra el fascismo. Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra, abanderó la regeneración de la raza, al más puro estilo nazi. No conocen ni conocerán a sus progenitores, fueron cambiados sus apellidos para borrar todo vestigio de su pasado. Nadie cuenta de las incautaciones de sindicatos y partidos políticos que se hicieron a particulares, la compra de terrenos y empresas forzadas por quienes se consideraron vencedores. Sin temor a equivocarme, muchas de las familias que poseen hoy negocios, pisos y terrenos son las herederas de una expoliación de la cual los verdaderos propietarios nunca han tenido ni tendrán compensación alguna. Es más seguro que en alguna población rural o urbana conocerán a quienes se beneficiaron.Y después de la dictadura se hizo la luz . Otra crónica de la historia que tiene muchos claroscuros. El bloque social que apoyó el franquismo siguió controlando el aparato del Estado, ningún sector económico se ve afectado y la Iglesia mantiene intactos sus privilegios. La Transición tuvo también otros condicionamientos, la posición favorable de EEUU por puro interés propio, la presunta integración de España en la OTAN para cubrir el flanco sur de Europa, el apoyo del capital a la Monarquía y un Gobierno fuerte.
Sería prolífico entrar en detalles pero hay cosas meridianamente claras, las personas provenientes de la dictadura fueron las que impusieron su ley a quienes propugnaban por salir de la clandestinidad. El Ejército vencedor , como ellos mismos se denominaban, fue una parte importante del nuevo sistema. Las sucesivas destituciones de altos cargos no fueron sino una cortina de humo para intentar demostrar la supremacía del poder militar al civil. Los pactos firmados, fundamentalmente el de La Moncloa, donde CCOO y el PCE participaron activamente en un intento de monopolizar el sindicalismo frente a la UGT y a la CNT, perjudicaron notablemente a la clase trabajadora y el sistema domesticó a quienes se proclamaban representantes del movimiento obrero.
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El último brigadista sueco que luchó en defensa de la República, ha muerto
El último brigadista sueco que luchó en defensa de la República, ha muerto
Traductor , Jose Luis Valdés Sjömannen 1-1-2009 355 lecturas 4 comentarios
El último brigadista sueco que luchó en defensa de la República española, ha muerto
El marino sueco Ernest Larsson, último de los brigadistas suecos que lucharon en el Estado Español en defensa de la Republica, la democracia y la libertad para los pueblos, ha muerto a finales de noviembre, a los 89 años, manteniéndose en la trinchera en la defensa de los derechos de los trabajadores durante todo este tiempo.
Ernest Larsson comenzó a navegar a mediados de 1930, cuenta su sobrino que actualmente trabaja como marinero en un barco de la Transatlantics. Ernest navegó bajo pabellón inglés en los barcos entre Inglaterra, Asia, África.
En Bélgica, Antwerpen, le preguntaron otros compañeros de izquierdas si estaba dispuesto a luchar contra el fascismo español y sin titubear se apuntó a la brigada internacional, pasando clandestinamente la frontera de Francia a España.
Durante el periodo de estancia en España participó en varios combates contra el ejército fascista, en uno de los cuales fue herido con una granada. A su regreso a Suecia comenzó a trabajar en una fábrica de armamento de la cual fue despedido por la empresa al enterarse ésta de su lucha antifascista en España. Esta era una época difícil para los socialistas y tuvo el compañero que comprarse un pequeño barco de pesca para poder vivir, continuó la vida pescando durante el resto de sus días.
La revista Sjömannen le ha dedicado un homenaje a este luchador por la libertad de los pueblos de España.
En Paz descanse el compañero Ernest.
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Traductor , Jose Luis Valdés Sjömannen 1-1-2009 355 lecturas 4 comentarios
El último brigadista sueco que luchó en defensa de la República española, ha muerto
El marino sueco Ernest Larsson, último de los brigadistas suecos que lucharon en el Estado Español en defensa de la Republica, la democracia y la libertad para los pueblos, ha muerto a finales de noviembre, a los 89 años, manteniéndose en la trinchera en la defensa de los derechos de los trabajadores durante todo este tiempo.
Ernest Larsson comenzó a navegar a mediados de 1930, cuenta su sobrino que actualmente trabaja como marinero en un barco de la Transatlantics. Ernest navegó bajo pabellón inglés en los barcos entre Inglaterra, Asia, África.
En Bélgica, Antwerpen, le preguntaron otros compañeros de izquierdas si estaba dispuesto a luchar contra el fascismo español y sin titubear se apuntó a la brigada internacional, pasando clandestinamente la frontera de Francia a España.
Durante el periodo de estancia en España participó en varios combates contra el ejército fascista, en uno de los cuales fue herido con una granada. A su regreso a Suecia comenzó a trabajar en una fábrica de armamento de la cual fue despedido por la empresa al enterarse ésta de su lucha antifascista en España. Esta era una época difícil para los socialistas y tuvo el compañero que comprarse un pequeño barco de pesca para poder vivir, continuó la vida pescando durante el resto de sus días.
La revista Sjömannen le ha dedicado un homenaje a este luchador por la libertad de los pueblos de España.
En Paz descanse el compañero Ernest.
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LLeida : La diputació retira a petició de la CUP les medalles concedides a Franco.
LLeida : La diputació retira a petició de la CUP les medalles concedides a Franco
Finalment se n’ha produït la retirada en el que entenem un acte de justícia històrica.
CUP Para Kaos en la Red 26-12-2008 193 lecturas
www.kaosenlared.net/noticia/lleida-diputacio-retira-peticio-cup-les-medalles-concedides-franco
[Traducción al castellano]
Aquest darrer dia 19 de desembre, la Diputació de Lleida ha procedit a retirar els dos títols concedits al dictador Franco el 1942 i el 1947, el de president d'honor i la medalla d'or de la província, que li tenia atorgats, tal i com la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) exigia els darrers anys.
El 18 d’abril del 2007 i el 20 de novembre d’aquest any la CUP va presentar a la Diputació de Lleida una proposta de moció perquè es retiraressin els títols i les medalla d’or concedides per aquesta administració al dictador Francisco Franco consistents en el títol de “Presidente Honorario de la Diputación de Lérida” concedit a Franco l’any 1942 quan era president José Maria de Porcioles juntament amb una placa on constava “La Excelentísima Diputación de Lérida al Caudillo invicto, padre de la província, mártir de Lérida”, la banda de la Diputació, la medalla de la Corporació i la “Medalla de Oro de la Província” a Franco. Finalment se n’ha produït la retirada en el que entenem un acte de justícia històrica.
Aquesta petició s’emmarcava en les diferents campanyes endegades per organitzacions i col·lectius com la CGT o l’Assemblea de Joves i continuades per d’altres com la mateixa CUP, i que significà el lliurament de més de 1500 signatures a l’Ajuntament per sol·licitar la retirada dels símbols feixistes, i que ja ha aconseguit mitjançant la pressió, entre d’altres, l’enderroc del monòlit feixista de la plaça Cervantes i ara el gest de la Diputació.
Entenem que ara es el moment que l’altra institució de la ciutat, Ajuntament, per higiene democràtica faci un pas mes i retiri la medalla d’or que la Paeria concedí al dictador Franco i substitueixi el nomenclàtor feixista dels nostres carrers, i que elimini qualsevol vestigi del feixisme de les nostres institucions i que aquest període de la història, així com els seus còmplices siguin únicament recordats als llibres, escoles, instituts i universitats perquè mai més es repeteixi.
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Finalment se n’ha produït la retirada en el que entenem un acte de justícia històrica.
CUP Para Kaos en la Red 26-12-2008 193 lecturas
www.kaosenlared.net/noticia/lleida-diputacio-retira-peticio-cup-les-medalles-concedides-franco
[Traducción al castellano]
Aquest darrer dia 19 de desembre, la Diputació de Lleida ha procedit a retirar els dos títols concedits al dictador Franco el 1942 i el 1947, el de president d'honor i la medalla d'or de la província, que li tenia atorgats, tal i com la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) exigia els darrers anys.
El 18 d’abril del 2007 i el 20 de novembre d’aquest any la CUP va presentar a la Diputació de Lleida una proposta de moció perquè es retiraressin els títols i les medalla d’or concedides per aquesta administració al dictador Francisco Franco consistents en el títol de “Presidente Honorario de la Diputación de Lérida” concedit a Franco l’any 1942 quan era president José Maria de Porcioles juntament amb una placa on constava “La Excelentísima Diputación de Lérida al Caudillo invicto, padre de la província, mártir de Lérida”, la banda de la Diputació, la medalla de la Corporació i la “Medalla de Oro de la Província” a Franco. Finalment se n’ha produït la retirada en el que entenem un acte de justícia històrica.
Aquesta petició s’emmarcava en les diferents campanyes endegades per organitzacions i col·lectius com la CGT o l’Assemblea de Joves i continuades per d’altres com la mateixa CUP, i que significà el lliurament de més de 1500 signatures a l’Ajuntament per sol·licitar la retirada dels símbols feixistes, i que ja ha aconseguit mitjançant la pressió, entre d’altres, l’enderroc del monòlit feixista de la plaça Cervantes i ara el gest de la Diputació.
Entenem que ara es el moment que l’altra institució de la ciutat, Ajuntament, per higiene democràtica faci un pas mes i retiri la medalla d’or que la Paeria concedí al dictador Franco i substitueixi el nomenclàtor feixista dels nostres carrers, i que elimini qualsevol vestigi del feixisme de les nostres institucions i que aquest període de la història, així com els seus còmplices siguin únicament recordats als llibres, escoles, instituts i universitats perquè mai més es repeteixi.
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lunes 5 de enero de 2009
Cartas desde el Batallón Rojo.
Cartas desde el Batallón Rojo
Benissa reclama los restos de los republicanos caídos en Guadalajara
ARTURO RUIZ - Dénia - 05/01/2009
Ésta es una historia de nombres enterrados por el tiempo y por la guerra. Julio Cabrera, Vicente Crespo, Juan Ivars Torreta, José Ivars, Vicente Frau... Quiénes eran, dónde nacieron, a qué se dedicaban sus padres, por qué quisieron ir a una guerra, por qué muchos no tienen lápidas sobre sus tumbas, son preguntas sencillas, pero de respuesta trascendente: salvan a esos nombres del olvido. Para rescatar su memoria, el Ayuntamiento de Benissa ha iniciado gestiones para exhumar los cuerpos de 10 vecinos republicanos caídos en Guadalajara y enterrados en una fosa común. De la memoria de aquellos días, además, deja constancia el cronista oficial de la población, Joan Josep Cardona.
UGT y Juventudes Socialistas captaron voluntarios de la Marina Alta y Baixa
Tres de diciembre de 1936, seis de la madrugada. Frente de Guadalajara, entre Jadraque y Miralrío, sector del Palacio de Ibarra. Hace mucho frío, está a punto de nevar. El frente, tranquilo durante los últimos días, se convierte de pronto en un infierno: tropas franquistas, requetés y soldados navarros atacan con metralla una posición republicana mal defendida. Pertenecen al Batallón Alicante Rojo y son de Benissa. Uno de ellos, Julio Cabrera, al ver caer herido a un compañero, abandona la protección de su parapeto para socorrerle y muere de un tiro.
Tres días antes, el 30 de noviembre, en la retaguardia del cuartel de Alcalá de Henares, Cabrera había escrito una carta a sus padres para asegurarles que se encontraba bien. La carta da otros detalles: "Cuando nos dan permiso nos vamos a un casino donde hay piano y yo toco y los compañeros de Pego me convidan a café". Este fragmento no sólo revela que a Julio Cabrera le gustaba la música, sino que estaba rodeado de gentes de pueblos muy cercanos al suyo. O sea, las gentes que formaban el Batallón Alicante Rojo.
Aquella unidad había sido compuesta tres meses antes, en septiembre de 1936, por la UGT y las Juventudes Socialistas con voluntarios que habían acudido a la llamada de la lucha contra el ejército golpista de Franco desde Pego, Calp, Benidorm, Finestrat, Sella, Relleu, Aspe, Monóvar, Elda, La Vila Joiosa o Benissa. Se concentraron en Alicante el 26 de septiembre y desde allí se desplazaron hasta Alcalá de Henares, donde recibieron una instrucción muy deficiente, basada en simulacros y sin disparar ni un solo tiro. En su carta, Cabrera lo describía de un modo un tanto poético: "Anoche hicimos guardia de once a una Francisquet de Ventura y yo. Es una cosa fantástica pasearse de noche con un fusil a la luz de la luna y en el gran silencio que reina nada más se oye que el murmullo del río".
A la espera de la batalla, Cabrera tranquiliza a su madre, como hacen todos los soldados que han participado en todas las guerras, asegurándole que come bien y que ha engordado. Y da fe de otros descubrimientos que invitan al optimismo: "Quisiera que vieras a los valientes aviadores rusos las pruebas que hacen con los aparatos. Tienen unos trimotores tremendísimos y el otro día vino a visitarnos un coronel ruso". Unas 72 horas después, el ataque fascista acabó con Julio Cabrera y otros muchos camaradas, nueve de ellos también de Benissa. Aquí debería acabar esta historia. Pero un soldado no murió. El soldado al que Cabrera intentó ayudar. Se llamaba Francisco Ronda. Sus vivencias, recogidas por Cardona, facilitan más respuestas contra el olvido.
Testimonio de un superviviente
Cuando los fascistas asaltaron la trinchera, nadie del Alicante Rojo parecía quedar vivo. Pero Ronda lo estaba. Según describe Cardona, "con el pie destrozado por una bomba, logró arrastrarse hasta ocultarse en unos matorrales mientras perdía la mayor parte de su vestimenta. Comenzó a nevar. La pérdida de sangre le originó insufrible sed. Tuvo que beber su propia orina y chupó hojas de las encinas. Allí acurrucado, sólo pensaba en la muerte hasta que ya por la noche oyó acercarse a un grupo de soldados. Desconocía a qué bando pertenecían, pero de pronto escuchó un apellido conocido, un tal Soliveres de Calp. Entonces pidió ayuda. Era un destacamento republicano que venía a recoger a muertos y heridos. Tras una cura de urgencia, Ronda fue trasladado al hospital de Guadalajara".
Mientras desde Benissa llegaban familiares para interesarse por el destino de sus hijos y trasladar a los heridos, Cabrera y sus 9 camaradas fueron enterrados el 4 de diciembre en un rincón del cementerio de Miralrío, envueltos en mantas en una fosa común. Ahora, la Ley de la Memoria Histórica ha permitido al Ayuntamiento pedir su exhumación para traerlos de vuelta a casa. Una forma de que ningún nombre se pierda.
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Edición Impresa en PDF - 05-01-2009
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Benissa reclama los restos de los republicanos caídos en Guadalajara
ARTURO RUIZ - Dénia - 05/01/2009
Ésta es una historia de nombres enterrados por el tiempo y por la guerra. Julio Cabrera, Vicente Crespo, Juan Ivars Torreta, José Ivars, Vicente Frau... Quiénes eran, dónde nacieron, a qué se dedicaban sus padres, por qué quisieron ir a una guerra, por qué muchos no tienen lápidas sobre sus tumbas, son preguntas sencillas, pero de respuesta trascendente: salvan a esos nombres del olvido. Para rescatar su memoria, el Ayuntamiento de Benissa ha iniciado gestiones para exhumar los cuerpos de 10 vecinos republicanos caídos en Guadalajara y enterrados en una fosa común. De la memoria de aquellos días, además, deja constancia el cronista oficial de la población, Joan Josep Cardona.
UGT y Juventudes Socialistas captaron voluntarios de la Marina Alta y Baixa
Tres de diciembre de 1936, seis de la madrugada. Frente de Guadalajara, entre Jadraque y Miralrío, sector del Palacio de Ibarra. Hace mucho frío, está a punto de nevar. El frente, tranquilo durante los últimos días, se convierte de pronto en un infierno: tropas franquistas, requetés y soldados navarros atacan con metralla una posición republicana mal defendida. Pertenecen al Batallón Alicante Rojo y son de Benissa. Uno de ellos, Julio Cabrera, al ver caer herido a un compañero, abandona la protección de su parapeto para socorrerle y muere de un tiro.
Tres días antes, el 30 de noviembre, en la retaguardia del cuartel de Alcalá de Henares, Cabrera había escrito una carta a sus padres para asegurarles que se encontraba bien. La carta da otros detalles: "Cuando nos dan permiso nos vamos a un casino donde hay piano y yo toco y los compañeros de Pego me convidan a café". Este fragmento no sólo revela que a Julio Cabrera le gustaba la música, sino que estaba rodeado de gentes de pueblos muy cercanos al suyo. O sea, las gentes que formaban el Batallón Alicante Rojo.
Aquella unidad había sido compuesta tres meses antes, en septiembre de 1936, por la UGT y las Juventudes Socialistas con voluntarios que habían acudido a la llamada de la lucha contra el ejército golpista de Franco desde Pego, Calp, Benidorm, Finestrat, Sella, Relleu, Aspe, Monóvar, Elda, La Vila Joiosa o Benissa. Se concentraron en Alicante el 26 de septiembre y desde allí se desplazaron hasta Alcalá de Henares, donde recibieron una instrucción muy deficiente, basada en simulacros y sin disparar ni un solo tiro. En su carta, Cabrera lo describía de un modo un tanto poético: "Anoche hicimos guardia de once a una Francisquet de Ventura y yo. Es una cosa fantástica pasearse de noche con un fusil a la luz de la luna y en el gran silencio que reina nada más se oye que el murmullo del río".
A la espera de la batalla, Cabrera tranquiliza a su madre, como hacen todos los soldados que han participado en todas las guerras, asegurándole que come bien y que ha engordado. Y da fe de otros descubrimientos que invitan al optimismo: "Quisiera que vieras a los valientes aviadores rusos las pruebas que hacen con los aparatos. Tienen unos trimotores tremendísimos y el otro día vino a visitarnos un coronel ruso". Unas 72 horas después, el ataque fascista acabó con Julio Cabrera y otros muchos camaradas, nueve de ellos también de Benissa. Aquí debería acabar esta historia. Pero un soldado no murió. El soldado al que Cabrera intentó ayudar. Se llamaba Francisco Ronda. Sus vivencias, recogidas por Cardona, facilitan más respuestas contra el olvido.
Testimonio de un superviviente
Cuando los fascistas asaltaron la trinchera, nadie del Alicante Rojo parecía quedar vivo. Pero Ronda lo estaba. Según describe Cardona, "con el pie destrozado por una bomba, logró arrastrarse hasta ocultarse en unos matorrales mientras perdía la mayor parte de su vestimenta. Comenzó a nevar. La pérdida de sangre le originó insufrible sed. Tuvo que beber su propia orina y chupó hojas de las encinas. Allí acurrucado, sólo pensaba en la muerte hasta que ya por la noche oyó acercarse a un grupo de soldados. Desconocía a qué bando pertenecían, pero de pronto escuchó un apellido conocido, un tal Soliveres de Calp. Entonces pidió ayuda. Era un destacamento republicano que venía a recoger a muertos y heridos. Tras una cura de urgencia, Ronda fue trasladado al hospital de Guadalajara".
Mientras desde Benissa llegaban familiares para interesarse por el destino de sus hijos y trasladar a los heridos, Cabrera y sus 9 camaradas fueron enterrados el 4 de diciembre en un rincón del cementerio de Miralrío, envueltos en mantas en una fosa común. Ahora, la Ley de la Memoria Histórica ha permitido al Ayuntamiento pedir su exhumación para traerlos de vuelta a casa. Una forma de que ningún nombre se pierda.
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Edición Impresa en PDF - 05-01-2009
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domingo 4 de enero de 2009
'El Lute' pide que la Ley de Memoria Histórica anule su proceso franquista.
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'El Lute' pide que la Ley de Memoria Histórica anule su proceso franquista
Eleuterio Sánchez, de 66 años, ha anunciado hoy la revisión de todo el proceso por el que fue condenado a muerte.
EFE - Sevilla - 03/01/2009 14:45
El proceso judicial por el que fue condenado a muerte Eleuterio Sánchez "El Lute" se va a revisar a la luz de la Ley de la Memoria Histórica con la petición de que se declare "radicalmente nulo" por haber sido un juicio sumarísimo, sin garantías para el procesado y con una ley franquista.
Eleuterio Sánchez, de 66 años, ha anunciado hoy esta revisión de todo su proceso, que van a impulsar Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, y el abogado sevillano Jesús López de Lemus.
"El Lute" fue condenado a muerte en 1965 por unos delitos comunes que fueron juzgados ante un tribunal militar según la Ley de Bandidaje y Terrorismo, una ley "franquista político-represiva que estaba pensada para el 'maquis' pero que, a lo largo de los años, se fue extendiendo a ETA, el FRAP y a cualquier delito en el que concurriese un arma de guerra", ha explicado Eleuterio Sánchez.
Esos procesos "deben ser radicalmente nulos en un estado de Derecho", ha añadido. De sus juicios, Eleuterio Sánchez recuerda que su defensor era un teniente sin la carrera de Derecho, que antes de hacer cada pregunta se cuadraba ante el fiscal, que era un general del Ejército.
La previsible nulidad del proceso será "una gran victoria a nivel personal, la recuperación de mi dignidad y quedar limpio", ha dicho Eleuterio Sánchez, un hombre que aprendió a leer y escribir en la cárcel, hizo la carrera de Derecho, fue diputado del PSOE y ha escrito varios libros sobre su vida.
El que fuera uno de los presos más famosos del franquismo recuerda con dolor su "escandalosa y desproporcionada fama"
Sánchez ha recordado que el origen de sus procesos fueron "delitos famélicos" motivados por la necesidad y la pobreza pero luego, con motivo de sus sonadas fugas, llegó a acumular un millar de años de condena por infracciones tales como quitarse el uniforme carcelario. El que fuera uno de los presos más famosos del franquismo recuerda con dolor su "escandalosa y desproporcionada fama", con la que las madres decían a sus hijos: "Come o vendrá 'El Lute' a llevarte".
Su petición de nulidad del proceso incluirá una indemnización, aún por cuantificar, porque debería haber quedado en libertad con la Ley de Amnistía de 1977 pero no lo hizo hasta 1981, cuando fue indultado por el Consejo de Ministros. "El indulto es un perdón a quien ha hecho algo malo, la amnistía es un acto de justicia", sostiene Eleuterio, que atribuye esta discriminación hacia su persona porque entonces "el franquismo estaba vivo aunque Franco hubiese muerto".
En lugar de quedar en libertad, con la democracia lo trasladaron desde Córdoba a la prisión de régimen abierto de Alcalá de Henares (Madrid), donde Eleuterio recuerda que sucesivamente vio "como salían los etarras, GRAPO, FRAP y otros presos comunes juzgados por la misma malhadada Ley de Bandidaje y Terrorismo".
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'El Lute' pide que la Ley de Memoria Histórica anule su proceso franquista
Eleuterio Sánchez, de 66 años, ha anunciado hoy la revisión de todo el proceso por el que fue condenado a muerte.
EFE - Sevilla - 03/01/2009 14:45
El proceso judicial por el que fue condenado a muerte Eleuterio Sánchez "El Lute" se va a revisar a la luz de la Ley de la Memoria Histórica con la petición de que se declare "radicalmente nulo" por haber sido un juicio sumarísimo, sin garantías para el procesado y con una ley franquista.
Eleuterio Sánchez, de 66 años, ha anunciado hoy esta revisión de todo su proceso, que van a impulsar Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, y el abogado sevillano Jesús López de Lemus.
"El Lute" fue condenado a muerte en 1965 por unos delitos comunes que fueron juzgados ante un tribunal militar según la Ley de Bandidaje y Terrorismo, una ley "franquista político-represiva que estaba pensada para el 'maquis' pero que, a lo largo de los años, se fue extendiendo a ETA, el FRAP y a cualquier delito en el que concurriese un arma de guerra", ha explicado Eleuterio Sánchez.
Esos procesos "deben ser radicalmente nulos en un estado de Derecho", ha añadido. De sus juicios, Eleuterio Sánchez recuerda que su defensor era un teniente sin la carrera de Derecho, que antes de hacer cada pregunta se cuadraba ante el fiscal, que era un general del Ejército.
La previsible nulidad del proceso será "una gran victoria a nivel personal, la recuperación de mi dignidad y quedar limpio", ha dicho Eleuterio Sánchez, un hombre que aprendió a leer y escribir en la cárcel, hizo la carrera de Derecho, fue diputado del PSOE y ha escrito varios libros sobre su vida.
El que fuera uno de los presos más famosos del franquismo recuerda con dolor su "escandalosa y desproporcionada fama"
Sánchez ha recordado que el origen de sus procesos fueron "delitos famélicos" motivados por la necesidad y la pobreza pero luego, con motivo de sus sonadas fugas, llegó a acumular un millar de años de condena por infracciones tales como quitarse el uniforme carcelario. El que fuera uno de los presos más famosos del franquismo recuerda con dolor su "escandalosa y desproporcionada fama", con la que las madres decían a sus hijos: "Come o vendrá 'El Lute' a llevarte".
Su petición de nulidad del proceso incluirá una indemnización, aún por cuantificar, porque debería haber quedado en libertad con la Ley de Amnistía de 1977 pero no lo hizo hasta 1981, cuando fue indultado por el Consejo de Ministros. "El indulto es un perdón a quien ha hecho algo malo, la amnistía es un acto de justicia", sostiene Eleuterio, que atribuye esta discriminación hacia su persona porque entonces "el franquismo estaba vivo aunque Franco hubiese muerto".
En lugar de quedar en libertad, con la democracia lo trasladaron desde Córdoba a la prisión de régimen abierto de Alcalá de Henares (Madrid), donde Eleuterio recuerda que sucesivamente vio "como salían los etarras, GRAPO, FRAP y otros presos comunes juzgados por la misma malhadada Ley de Bandidaje y Terrorismo".
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sábado 3 de enero de 2009
La biografía completa de Manuel Azaña
La biografía completa de Manuel Azaña
JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO 03/01/2009
Santos Juliá culmina una obra nueva y cerrada en sí misma en la que analiza la evolución intelectual, los dilemas y los instrumentos políticos del presidente republicano
Para la mayoría de quienes la vivieron, Manuel Azaña personificó, como ningún otro de sus protagonistas, la Segunda República. Para sus partidarios, encarnaba los valores cívicos y laicos del régimen, como para sus enemigos los demoniacos y antinacionales. Para bien o para mal, él era la República. Y con razón, según se deduce de este libro de Santos Juliá. Un libro muy esperado por quienes habían seguido la trayectoria de este autor, que sobre Azaña publicó ya en 1990 una biografía excelente -aunque parcial, pues sólo cubría la política y sólo los años 1930-1936-, prologó en 1997 los Cuadernos robados y recopiló e introdujo el año pasado las Obras completas. Nadie, pues, más cualificado para ofrecer, como hace ahora, una biografía completa del segundo y último presidente de aquel régimen iniciado en la euforia multitudinaria de abril de 1931 y hundido en el sangriento enfrentamiento de 1936-1939.
Vida y tiempo de Manuel Azaña (1880-1940)
Santos Juliá
Taurus. Madrid, 2008
394 páginas. 22 euros
Este volumen es mucho más que una repetición o resumen de ideas o páginas anteriormente publicadas por Santos Juliá. Se trata de una obra nueva, coherente y cerrada en sí misma. Una obra, además, centrada en el personaje, pues debatir los problemas políticos del largo periodo que cubre hubiera exigido una extensión inabarcable. Su tema no es la política española de 1900 a 1939: es Manuel Azaña, su evolución intelectual, estética y política, su psicología íntima, los dilemas específicos con que se enfrentó, las soluciones que ideó y defendió para ellos; y, en especial, los instrumentos políticos que utilizó, lo que casi equivale a decir sus discursos.
Respecto de la imagen conocida de Azaña, lo más innovador que ofrece esta biografía es que no fue un oscuro funcionario catapultado al escenario público por el 14 de abril y que se adueñó de la situación un poco por azar y un mucho por influencia de tenebrosas logias. Juliá dedica casi trescientas páginas al Azaña anterior a 1931, en las que sigue con detalle su formación intelectual y política. Deshace ahí la imagen, que el propio biografiado cultivó, de "señorito benaventino". Nada de bohemia ni de indolencia; por el contrario, trabajo metódico, cuidadosa preparación de conferencias, lectura de libros de difícil acceso en el Madrid de la época; y actividad trepidante, con años en los que pudo ser a la vez secretario del Ateneo, funcionario de la Dirección de Registros y Notariado, pensionado en París, activista aliadófilo y director de revistas literarias como España o La Pluma. Nada, tampoco, de genialidades o giros políticos caprichosos; coherencia, en cambio, alrededor de una idea fija: la transformación del Estado, como instrumento de modernización de la sociedad. Y, pese a ello, tampoco jacobinismo: por el contrario, implicación seria en la opción posibilista dirigida por Melquíades Álvarez hasta que, tras concluir que la monarquía era el obstáculo más insalvable para la democratización y modernización del Estado, se sumó a quienes llamaban a la revolución republicana.
Lo que sí confirma esta biografía es que Azaña era un político "intelectual", en el mejor sentido de este término, es decir, alguien que estudiaba a fondo los problemas, tanto a partir de la historia española como por comparación, en especial del modelo francés. Pero intelectuales metidos en política había habido en España desde hacía décadas: desde Salmerón o Azcárate hasta Ortega, pasando por los noventayochistas y los trágicos exégetas del "problema español". ¿En qué se diferenciaba Azaña? De la generación del 98, en que veía en ellos pura rebeldía sin objetivo político, sin plan alguno para reformar el Estado; en que proponían caudillos, hombres providenciales, "cirujanos de hierro", sin comprender que sólo la democracia asentaba la legitimidad del sistema. De Azcárate u Ortega, que no piensan en política, sino en principios ético-filosóficos o en tarea pedagógica. Aunque cabría preguntarse si el propio Azaña no relegó también la política. Porque su propio planteamiento de estadista, sus serios y coherentes diagnósticos histórico-políticos -que hacían de él un ser tan "raro"-, son la base de su convicción y de su atractivo, pero también de su insoportable sentimiento de superioridad, de su convencimiento de que todo lo podía resolver con un discurso. Lo que le llevaba a no dedicar tiempo a organizar un partido, a crear redes de clientelas, a buscar acuerdos con intereses corporativos; que son la esencia de la política.
Otro aspecto en el que esta biografía pulveriza la imagen acuñada por los enemigos de Azaña es el de su supuesto antipatriotismo. Azaña defiende el sentimiento nacional, pero en la línea de Cicerón o Maquiavelo: como orgullo de pertenecer a una sociedad capaz de dotarse de instituciones libres. La nación, así entendida, es para él un instrumento de modernización. Las identidades culturales se forjan, sin duda, a lo largo de siglos, pero sólo son naciones modernas cuando se asocia a ellas el sentimiento de soberanía colectiva sobre el territorio que convierte a los súbditos en ciudadanos. De ahí que las naciones, lejos de ser eternas, sean necesariamente recientes, observación en la que Azaña se adelanta a los enfoques hoy dominantes sobre el tema. La nación en la que él piensa es, además, compleja, y permite el reconocimiento de identidades culturales diversas. Lo que le hace defender el Estatuto catalán (a diferencia de Ortega, que sólo predica "conllevar" el "problema"), como instrumento de modernización, como avance hacia la adecuación del Estado a la realidad social. Siempre, claro está, que no fomente sentimientos patrióticos basados en la identificación étnica, que responden -en palabras del propio Azaña- a un "concepto islámico de la nación y del Estado" y cuyo modo de expresión es el "alarido".
En conjunto, el retrato que de Azaña ofrece Santos Juliá es muy positivo. Se identifica, en buena medida, con su biografiado, en el que apenas aprecia carencias o errores. No se plantea si la actuación de Azaña durante el segundo bienio no coadyuvó al triste final del régimen. No pidió, sostiene Juliá, la disolución de las Cortes tras los resultados electorales de 1933. Pero su pasividad como diputado en 1934-1935 no es coherente con su reiterada defensa del Parlamento como eje de la democracia; y su participación en las maniobras para desbancar a los radicales tras el asunto del estraperlo ayudó a liquidar el centro político en los cruciales meses anteriores a febrero de 1936. Ante la intentona revolucionaria de octubre de 1934, Juliá reconoce su ambigua actitud; y detalla sobre sus iniciativas en pro de una mediación británica durante la Guerra Civil, que en alguna ocasión sobrepasaron sus atribuciones constitucionales.
Los últimos momentos de la vida de Azaña son sobrecogedores. La Guerra Civil, drama personal y colectivo para todos, lo fue en especial para él. Era lo peor que podía imaginar. Todo su esfuerzo por civilizar el sistema político, por crear una nación de hombres libres, se venía abajo. Ante la tragedia sintió horror, asco, tentaciones de dimitir, en especial cuando le llegó la noticia de los asesinatos en la Modelo de Madrid, entre otros el de su antiguo jefe, Melquíades Álvarez. Pero eso no quiere decir, insiste Juliá, que fuera una "tercera España". Supo siempre muy bien que los culpables de la matanza eran quienes habían urdido y perpetrado el golpe de Estado, un crimen de lesa patria. Los siguientes, en orden de culpabilidad, eran las democracias europeas, que habían abandonado al régimen republicano a su suerte. Pero atribuía también responsabilidad a los "leales", por ser incapaces de imponer disciplina e impedir los desmanes de sus grupos más radicalizados. Todo ello explica su aislamiento y su depresión, que le acabó llevando a su shakespeariana agonía de 1940, en un hotel provinciano, protegido por la bandera mexicana de los nazis y los comandos enviados por Serrano Suñer para raptarle y poderle fusilar en España.
Un libro apasionante. Será, durante mucho tiempo, la biografía de referencia de Manuel Azaña.
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JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO 03/01/2009
Santos Juliá culmina una obra nueva y cerrada en sí misma en la que analiza la evolución intelectual, los dilemas y los instrumentos políticos del presidente republicano
Para la mayoría de quienes la vivieron, Manuel Azaña personificó, como ningún otro de sus protagonistas, la Segunda República. Para sus partidarios, encarnaba los valores cívicos y laicos del régimen, como para sus enemigos los demoniacos y antinacionales. Para bien o para mal, él era la República. Y con razón, según se deduce de este libro de Santos Juliá. Un libro muy esperado por quienes habían seguido la trayectoria de este autor, que sobre Azaña publicó ya en 1990 una biografía excelente -aunque parcial, pues sólo cubría la política y sólo los años 1930-1936-, prologó en 1997 los Cuadernos robados y recopiló e introdujo el año pasado las Obras completas. Nadie, pues, más cualificado para ofrecer, como hace ahora, una biografía completa del segundo y último presidente de aquel régimen iniciado en la euforia multitudinaria de abril de 1931 y hundido en el sangriento enfrentamiento de 1936-1939.
Vida y tiempo de Manuel Azaña (1880-1940)
Santos Juliá
Taurus. Madrid, 2008
394 páginas. 22 euros
Este volumen es mucho más que una repetición o resumen de ideas o páginas anteriormente publicadas por Santos Juliá. Se trata de una obra nueva, coherente y cerrada en sí misma. Una obra, además, centrada en el personaje, pues debatir los problemas políticos del largo periodo que cubre hubiera exigido una extensión inabarcable. Su tema no es la política española de 1900 a 1939: es Manuel Azaña, su evolución intelectual, estética y política, su psicología íntima, los dilemas específicos con que se enfrentó, las soluciones que ideó y defendió para ellos; y, en especial, los instrumentos políticos que utilizó, lo que casi equivale a decir sus discursos.
Respecto de la imagen conocida de Azaña, lo más innovador que ofrece esta biografía es que no fue un oscuro funcionario catapultado al escenario público por el 14 de abril y que se adueñó de la situación un poco por azar y un mucho por influencia de tenebrosas logias. Juliá dedica casi trescientas páginas al Azaña anterior a 1931, en las que sigue con detalle su formación intelectual y política. Deshace ahí la imagen, que el propio biografiado cultivó, de "señorito benaventino". Nada de bohemia ni de indolencia; por el contrario, trabajo metódico, cuidadosa preparación de conferencias, lectura de libros de difícil acceso en el Madrid de la época; y actividad trepidante, con años en los que pudo ser a la vez secretario del Ateneo, funcionario de la Dirección de Registros y Notariado, pensionado en París, activista aliadófilo y director de revistas literarias como España o La Pluma. Nada, tampoco, de genialidades o giros políticos caprichosos; coherencia, en cambio, alrededor de una idea fija: la transformación del Estado, como instrumento de modernización de la sociedad. Y, pese a ello, tampoco jacobinismo: por el contrario, implicación seria en la opción posibilista dirigida por Melquíades Álvarez hasta que, tras concluir que la monarquía era el obstáculo más insalvable para la democratización y modernización del Estado, se sumó a quienes llamaban a la revolución republicana.
Lo que sí confirma esta biografía es que Azaña era un político "intelectual", en el mejor sentido de este término, es decir, alguien que estudiaba a fondo los problemas, tanto a partir de la historia española como por comparación, en especial del modelo francés. Pero intelectuales metidos en política había habido en España desde hacía décadas: desde Salmerón o Azcárate hasta Ortega, pasando por los noventayochistas y los trágicos exégetas del "problema español". ¿En qué se diferenciaba Azaña? De la generación del 98, en que veía en ellos pura rebeldía sin objetivo político, sin plan alguno para reformar el Estado; en que proponían caudillos, hombres providenciales, "cirujanos de hierro", sin comprender que sólo la democracia asentaba la legitimidad del sistema. De Azcárate u Ortega, que no piensan en política, sino en principios ético-filosóficos o en tarea pedagógica. Aunque cabría preguntarse si el propio Azaña no relegó también la política. Porque su propio planteamiento de estadista, sus serios y coherentes diagnósticos histórico-políticos -que hacían de él un ser tan "raro"-, son la base de su convicción y de su atractivo, pero también de su insoportable sentimiento de superioridad, de su convencimiento de que todo lo podía resolver con un discurso. Lo que le llevaba a no dedicar tiempo a organizar un partido, a crear redes de clientelas, a buscar acuerdos con intereses corporativos; que son la esencia de la política.
Otro aspecto en el que esta biografía pulveriza la imagen acuñada por los enemigos de Azaña es el de su supuesto antipatriotismo. Azaña defiende el sentimiento nacional, pero en la línea de Cicerón o Maquiavelo: como orgullo de pertenecer a una sociedad capaz de dotarse de instituciones libres. La nación, así entendida, es para él un instrumento de modernización. Las identidades culturales se forjan, sin duda, a lo largo de siglos, pero sólo son naciones modernas cuando se asocia a ellas el sentimiento de soberanía colectiva sobre el territorio que convierte a los súbditos en ciudadanos. De ahí que las naciones, lejos de ser eternas, sean necesariamente recientes, observación en la que Azaña se adelanta a los enfoques hoy dominantes sobre el tema. La nación en la que él piensa es, además, compleja, y permite el reconocimiento de identidades culturales diversas. Lo que le hace defender el Estatuto catalán (a diferencia de Ortega, que sólo predica "conllevar" el "problema"), como instrumento de modernización, como avance hacia la adecuación del Estado a la realidad social. Siempre, claro está, que no fomente sentimientos patrióticos basados en la identificación étnica, que responden -en palabras del propio Azaña- a un "concepto islámico de la nación y del Estado" y cuyo modo de expresión es el "alarido".
En conjunto, el retrato que de Azaña ofrece Santos Juliá es muy positivo. Se identifica, en buena medida, con su biografiado, en el que apenas aprecia carencias o errores. No se plantea si la actuación de Azaña durante el segundo bienio no coadyuvó al triste final del régimen. No pidió, sostiene Juliá, la disolución de las Cortes tras los resultados electorales de 1933. Pero su pasividad como diputado en 1934-1935 no es coherente con su reiterada defensa del Parlamento como eje de la democracia; y su participación en las maniobras para desbancar a los radicales tras el asunto del estraperlo ayudó a liquidar el centro político en los cruciales meses anteriores a febrero de 1936. Ante la intentona revolucionaria de octubre de 1934, Juliá reconoce su ambigua actitud; y detalla sobre sus iniciativas en pro de una mediación británica durante la Guerra Civil, que en alguna ocasión sobrepasaron sus atribuciones constitucionales.
Los últimos momentos de la vida de Azaña son sobrecogedores. La Guerra Civil, drama personal y colectivo para todos, lo fue en especial para él. Era lo peor que podía imaginar. Todo su esfuerzo por civilizar el sistema político, por crear una nación de hombres libres, se venía abajo. Ante la tragedia sintió horror, asco, tentaciones de dimitir, en especial cuando le llegó la noticia de los asesinatos en la Modelo de Madrid, entre otros el de su antiguo jefe, Melquíades Álvarez. Pero eso no quiere decir, insiste Juliá, que fuera una "tercera España". Supo siempre muy bien que los culpables de la matanza eran quienes habían urdido y perpetrado el golpe de Estado, un crimen de lesa patria. Los siguientes, en orden de culpabilidad, eran las democracias europeas, que habían abandonado al régimen republicano a su suerte. Pero atribuía también responsabilidad a los "leales", por ser incapaces de imponer disciplina e impedir los desmanes de sus grupos más radicalizados. Todo ello explica su aislamiento y su depresión, que le acabó llevando a su shakespeariana agonía de 1940, en un hotel provinciano, protegido por la bandera mexicana de los nazis y los comandos enviados por Serrano Suñer para raptarle y poderle fusilar en España.
Un libro apasionante. Será, durante mucho tiempo, la biografía de referencia de Manuel Azaña.
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viernes 2 de enero de 2009
¿Luchó la Iglesia contra los fascismos del Siglo XX como afirma Benigno Blanco?
(Para ver unas ilustrativas fotos de este artículo que ejemplifican la denodada lucha de la Iglesia contra el fascismo clicad tres líneas más abajo)
El Foro de la Familia comparó aborto con nazismo, pero olvida ciertas alianzas del pasado
¿Luchó la Iglesia contra los fascismos del Siglo XX como afirma Benigno Blanco?
El pasado domingo, Benigno Blanco, presidente del Foro Español por la Familia y ex secretario de Estado de Infraestructuras del PP, comparaba la defensa que hace la Iglesia católica de la familia con la lucha eclesiástica “contra el marxismo y el nazismo”. Fue en la cadena COPE, durante el calentamiento de motores previo a la Misa por la Familia que se celebró en Madrid, con el arzobispo Rouco Varela como maestro de ceremonias. Tal afirmación, aunque parece casual, era el broche final a un año en que la Iglesia católica se ha empeñado con especial ahínco en presentarse como lo opuesto a los regímenes totalitarios, a los que además ha identificado con el laicismo o como una consecuencia lógica de este.
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El Plural demuestra la estrecha relación que existió entre la jerarquía católica y Adolf Hitler...
Rouco culpa al laicismo radical del nazismo y el comunismo
A lo largo de este 2008, El Plural ha ofrecido un punto de vista un poco diferente al de los prelados, en el que se demuestra la connivencia, cuando no el apoyo explícito, de la Iglesia a regímenes como el nazismo. Sin embargo, esta actitud eclesiástica no se restringe únicamente al III Reich, sino que es un modelo que se repite en la mayoría de los fascismos que asolaron el mundo en el siglo XX.
Estrategia del 2008
La conducta de Benigno Blanco el pasado domingo se ajusta perfectamente a lo defendido por la Iglesia a lo largo del 2008: una estrategia basada en comparar el laicismo con el nazismo y presentar a la Iglesia como luchadora a ultranza de los totalitarismos. Comenzó el cardenal-arzobispo de Toledo en julio, y lo subrayó Rouco Varela meses después en el Vaticano. Ambos presentaron el nazismo como una consecuencia del laicismo. A este movimiento ha ayudado el propio Benedicto XVI, que quiere retomar el proceso de beatificación de Pio XII, pontífice acusado de excesiva pasividad ante el nazismo y el Holocausto.
La alianza fascista
El Plural ya demostró en octubre la estrecha colaboración y el apoyo explícito que la Iglesia católica prestó al régimen de Adolf Hitler. Y de sobras es sabida la relación entre nuestros prelados y la dictadura de Franco mientras duró. Pero las inclinaciones de la Iglesia a lo largo del siglo XX no se quedan ahí y el esquema se repite en casi todos los fascismos y autoritarismos.
Los pactos de Letrán
En Italia, la relación entre la Iglesia y Mussolini se transformó en los Pactos de Letrán, por los que la Iglesia católica se convertía en la religión oficial del país y se creaba el Estado del Vaticano dentro de la ciudad de Roma.Benito Mussolini firma los Pactos de LetránEl apoyo a SalazarEn Portugal, el dictador Antonio Salazar contó con el apoyo de los obispos portugueses al presentarse como un implacable adversario de cualquier ley o programa social que “menoscabara o disolviera la familia y las enseñanzas de la Iglesia en defensa de la familia”. Su mano derecha fue el cardenal Cerejeira, un prelado devoto de la virgen de Fátima por haber librado a Portugal “del flagelo de la guerra y de la lepra del ateísmo comunista” que atacó a España en los años 30.
Antonio Salazar y el cardenal Cerejeira
La Croacia títereEn 1941, del antiguo Reino de Yugoslavia se escindió el Estado Independiente de Croacia. Un Estado liderado por el movimiento nacionalista Ustaše, aunque en realidad era un estado títere del III Reich nazi y que contó con el apoyo de la Iglesia y el Vaticano. Aquí se llevó a cabo una política de genocidio sobre la población serbia, gitana y judía, y asimismo sobre los anti-fascistas croatas. Dependiendo de las fuentes, el exterminio se calcula entre las 250.000 y el millón de víctimas.
El caso de Eslovaquia es el más paradigmático.
Aquí fue el clero el que directamente tomó el poder con unos aires fascistas declarados, a través del sacerdote católico Josf Tiso. Bajo su mandato, el Estado se desmembró momentáneamente de Checoslovaquia para crear un gobierno influenciado por la Alemania nazi, a la que imitó en sus prohibiciones a los judíos para participar en la vida pública, primero; y enviándoles a sus campos de concentración, después.
Josef Tiso, presidente de la fascista República Eslovaca Independiente y sacerdote católico
La Memoria Histórica de los obispos españoles es bastante selectiva, y no sólo a nivel nacional, sino que sus alabanzas a la lucha de su institución en el extranjero no se corresponde con la versión oficial que muestran las imágenes de desfiles y brazos en alto. Tampoco se desprende coherencia de sus críticas al laicismo como detonante de los totalitarismos. Desde El Plural lo seguiremos recordando.
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La iglesia, fiel al fascismo y al dictador genocida Franco.
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El Foro de la Familia comparó aborto con nazismo, pero olvida ciertas alianzas del pasado
¿Luchó la Iglesia contra los fascismos del Siglo XX como afirma Benigno Blanco?
El pasado domingo, Benigno Blanco, presidente del Foro Español por la Familia y ex secretario de Estado de Infraestructuras del PP, comparaba la defensa que hace la Iglesia católica de la familia con la lucha eclesiástica “contra el marxismo y el nazismo”. Fue en la cadena COPE, durante el calentamiento de motores previo a la Misa por la Familia que se celebró en Madrid, con el arzobispo Rouco Varela como maestro de ceremonias. Tal afirmación, aunque parece casual, era el broche final a un año en que la Iglesia católica se ha empeñado con especial ahínco en presentarse como lo opuesto a los regímenes totalitarios, a los que además ha identificado con el laicismo o como una consecuencia lógica de este.
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Estrategia del 2008
La conducta de Benigno Blanco el pasado domingo se ajusta perfectamente a lo defendido por la Iglesia a lo largo del 2008: una estrategia basada en comparar el laicismo con el nazismo y presentar a la Iglesia como luchadora a ultranza de los totalitarismos. Comenzó el cardenal-arzobispo de Toledo en julio, y lo subrayó Rouco Varela meses después en el Vaticano. Ambos presentaron el nazismo como una consecuencia del laicismo. A este movimiento ha ayudado el propio Benedicto XVI, que quiere retomar el proceso de beatificación de Pio XII, pontífice acusado de excesiva pasividad ante el nazismo y el Holocausto.
La alianza fascista
El Plural ya demostró en octubre la estrecha colaboración y el apoyo explícito que la Iglesia católica prestó al régimen de Adolf Hitler. Y de sobras es sabida la relación entre nuestros prelados y la dictadura de Franco mientras duró. Pero las inclinaciones de la Iglesia a lo largo del siglo XX no se quedan ahí y el esquema se repite en casi todos los fascismos y autoritarismos.
Los pactos de Letrán
En Italia, la relación entre la Iglesia y Mussolini se transformó en los Pactos de Letrán, por los que la Iglesia católica se convertía en la religión oficial del país y se creaba el Estado del Vaticano dentro de la ciudad de Roma.Benito Mussolini firma los Pactos de LetránEl apoyo a SalazarEn Portugal, el dictador Antonio Salazar contó con el apoyo de los obispos portugueses al presentarse como un implacable adversario de cualquier ley o programa social que “menoscabara o disolviera la familia y las enseñanzas de la Iglesia en defensa de la familia”. Su mano derecha fue el cardenal Cerejeira, un prelado devoto de la virgen de Fátima por haber librado a Portugal “del flagelo de la guerra y de la lepra del ateísmo comunista” que atacó a España en los años 30.
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La Croacia títereEn 1941, del antiguo Reino de Yugoslavia se escindió el Estado Independiente de Croacia. Un Estado liderado por el movimiento nacionalista Ustaše, aunque en realidad era un estado títere del III Reich nazi y que contó con el apoyo de la Iglesia y el Vaticano. Aquí se llevó a cabo una política de genocidio sobre la población serbia, gitana y judía, y asimismo sobre los anti-fascistas croatas. Dependiendo de las fuentes, el exterminio se calcula entre las 250.000 y el millón de víctimas.
El caso de Eslovaquia es el más paradigmático.
Aquí fue el clero el que directamente tomó el poder con unos aires fascistas declarados, a través del sacerdote católico Josf Tiso. Bajo su mandato, el Estado se desmembró momentáneamente de Checoslovaquia para crear un gobierno influenciado por la Alemania nazi, a la que imitó en sus prohibiciones a los judíos para participar en la vida pública, primero; y enviándoles a sus campos de concentración, después.
Josef Tiso, presidente de la fascista República Eslovaca Independiente y sacerdote católico
La Memoria Histórica de los obispos españoles es bastante selectiva, y no sólo a nivel nacional, sino que sus alabanzas a la lucha de su institución en el extranjero no se corresponde con la versión oficial que muestran las imágenes de desfiles y brazos en alto. Tampoco se desprende coherencia de sus críticas al laicismo como detonante de los totalitarismos. Desde El Plural lo seguiremos recordando.
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La iglesia, fiel al fascismo y al dictador genocida Franco.
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IU pide a Chaves que autorice las exhumaciones de fosas.
IU pide a Chaves que autorice las exhumaciones de fosas
EP - Sevilla - 02/01/2009
El coordinador de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, Diego Valderas, anunció ayer que su formación reclamará en el Parlamento que la Junta de Andalucía autorice las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil, para "hacer realidad aquello que el Gobierno central no se ha atrevido a poner en marcha".
Valderas se refería al borrador de protocolo de exhumaciones elaborado por el Gobierno, en el que plantea delegar en las autonomías la decisión sobre la apertura de fosas. Valderas criticó que el Gobierno no haya sabido dar una respuesta de "máxima dignidad a las miles de familias que la están demandando" y añadió que la iniciativa que su formación presentará en el Parlamento andaluz pretende superar la "insuficiencia de la ley de memoria histórica".
IU también solicita la anulación de los juicios a Blas Infante, "padre de la patria andaluza".
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EP - Sevilla - 02/01/2009
El coordinador de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, Diego Valderas, anunció ayer que su formación reclamará en el Parlamento que la Junta de Andalucía autorice las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil, para "hacer realidad aquello que el Gobierno central no se ha atrevido a poner en marcha".
Valderas se refería al borrador de protocolo de exhumaciones elaborado por el Gobierno, en el que plantea delegar en las autonomías la decisión sobre la apertura de fosas. Valderas criticó que el Gobierno no haya sabido dar una respuesta de "máxima dignidad a las miles de familias que la están demandando" y añadió que la iniciativa que su formación presentará en el Parlamento andaluz pretende superar la "insuficiencia de la ley de memoria histórica".
IU también solicita la anulación de los juicios a Blas Infante, "padre de la patria andaluza".
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jueves 1 de enero de 2009
La lucha por la Memoria Histórica seguirá. ¿Estará la clase política a la altura? Cecilio Gordillo.
http://www.cgtandalucia.org/spip.php?article1483
La lucha por la Memoria Histórica seguirá. ¿Estará la clase política a la altura?
Cecilio Gordillo, Coord. http://www.todoslosnombre.org/ por CGT.A
Lunes 29 de diciembre de 2008, por CGT-A
Se presenta, el 2009, como un año cargado de trabajo para el movimiento social por la Recuperación de la Memoria Histórica, sobre todo porque la clase política gobernante (Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas y España, así la representada en los diferentes Parlamentos), no acaban de ESCUCHAR a los que constituyen la base social de ese movimiento, las familias de las víctimas. Así se lo propusimos en Abril de 2005 al Parlamento Andaluz (constitución de un grupo de trabajo) e igualmente, hace unos días, al Presidente de la Junta de Andalucía. La respuesta, el SILENCIO.
Los gobiernos se han acostumbrados –en los últimos 30 años- a reunirse, negociar y acordar con unos “interlocutores sociales” que en ese asunto, no tienen, o tienen muy poco que decir. Simplemente no les ha interesado el asunto. Eran parte de ese “pacto de silencio” que tanto les molesta, cuando hacemos referencia a él. Y cuando lo han mostrado están pensando más en posibles procesos de subvenciones a los que, por costumbre “institucional”, tiene acceso directo y sin el más mínimo control (jornadas, investigaciones, ediciones, monolitos, etc..). Ello es fácil deducirlo cuando se ha tenido que aportar datos a la Audiencia Nacional o colaborar en los “escasos” procesos de exhumaciones, o de recogida de datos para hacerlos público posteriormente (http://www.todoslosnombres.org/).
En el 2009 es IMPRESCINDIBLE modificar la Ley de Registros Civiles –o modificar, por Decreto, las costumbres de los jueces- para hacer posible que TODAS las víctimas mortales del franquismo –y la causa real de la muerte- queden reflejadas en los libros oficiales. Abriendo la posibilidad de inscripción a los Ayuntamientos (casos de fusilados sin familia, de funcionarios o cargos públicos).
En este año, que comienza, es TOTALMENTE NECESARIO que los Ayuntamientos realicen los informes oficiales sobre el estado actual de las fosas comunes existentes, o que existieron –al menos- en los cementerios que gestionan, así como su protección y señalización con los nombres de todas las víctimas de la localidad.
El Gobierno de España debe, de una vez por todas, montar una oficina de información sobre DESAPARECIDOS, DEPORTADOS, EXILIADOS, EXPOLIADOS, DEPURADOS, etc. del franquismo con los datos que existen en sus propios archivos y, además, debe de ponerlos a disposición pública, preferentemente a través de internet. De igual manera el ejecutivo debe de dar la Orden, fundamentalmente a la Guardia Civil, para que se realice un “mapa de las fosas” existentes, o que existieron, fuera de los cementerios.
Siempre hemos colaborado. Lo demuestra, http://www.todoslosnombres.org/ , cuando, con más de 22.400 nombres, junto a otras entidades e investigadores –de toda España- hemos hecho parte del trabajo poniendo, sobre la mesa del Poder Judicial, una relación de más de 114.000 nombres de víctimas mortales de la dictadura. De igual manera que cuando como “RMHSA” de CGT.A convocamos –con nuestros medios- un concurso de ideas para hacer más factible la construcción del “Memorial Merinales” en Dos Hermanas. Iniciativa –en dique seco- apoyada por 23 organizaciones, entidades e instituciones, como fórmula de recordar, homenajear y hacer justicia con aquellos expresos represaliados del franquismo que construyeron el Canal de los Presos y otras muchas obras públicas y privadas por toda España. Den por seguro que seguiremos. Es nuestra deuda histórica, pero también la de toda la sociedad.
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Ver Carta publicada en El Correo el 28-12-2008
Documentos adjuntos
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La lucha por la Memoria Histórica seguirá. ¿Estará la clase política a la altura?
Cecilio Gordillo, Coord. http://www.todoslosnombre.org/ por CGT.A
Lunes 29 de diciembre de 2008, por CGT-A
Se presenta, el 2009, como un año cargado de trabajo para el movimiento social por la Recuperación de la Memoria Histórica, sobre todo porque la clase política gobernante (Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas y España, así la representada en los diferentes Parlamentos), no acaban de ESCUCHAR a los que constituyen la base social de ese movimiento, las familias de las víctimas. Así se lo propusimos en Abril de 2005 al Parlamento Andaluz (constitución de un grupo de trabajo) e igualmente, hace unos días, al Presidente de la Junta de Andalucía. La respuesta, el SILENCIO.
Los gobiernos se han acostumbrados –en los últimos 30 años- a reunirse, negociar y acordar con unos “interlocutores sociales” que en ese asunto, no tienen, o tienen muy poco que decir. Simplemente no les ha interesado el asunto. Eran parte de ese “pacto de silencio” que tanto les molesta, cuando hacemos referencia a él. Y cuando lo han mostrado están pensando más en posibles procesos de subvenciones a los que, por costumbre “institucional”, tiene acceso directo y sin el más mínimo control (jornadas, investigaciones, ediciones, monolitos, etc..). Ello es fácil deducirlo cuando se ha tenido que aportar datos a la Audiencia Nacional o colaborar en los “escasos” procesos de exhumaciones, o de recogida de datos para hacerlos público posteriormente (http://www.todoslosnombres.org/).
En el 2009 es IMPRESCINDIBLE modificar la Ley de Registros Civiles –o modificar, por Decreto, las costumbres de los jueces- para hacer posible que TODAS las víctimas mortales del franquismo –y la causa real de la muerte- queden reflejadas en los libros oficiales. Abriendo la posibilidad de inscripción a los Ayuntamientos (casos de fusilados sin familia, de funcionarios o cargos públicos).
En este año, que comienza, es TOTALMENTE NECESARIO que los Ayuntamientos realicen los informes oficiales sobre el estado actual de las fosas comunes existentes, o que existieron –al menos- en los cementerios que gestionan, así como su protección y señalización con los nombres de todas las víctimas de la localidad.
El Gobierno de España debe, de una vez por todas, montar una oficina de información sobre DESAPARECIDOS, DEPORTADOS, EXILIADOS, EXPOLIADOS, DEPURADOS, etc. del franquismo con los datos que existen en sus propios archivos y, además, debe de ponerlos a disposición pública, preferentemente a través de internet. De igual manera el ejecutivo debe de dar la Orden, fundamentalmente a la Guardia Civil, para que se realice un “mapa de las fosas” existentes, o que existieron, fuera de los cementerios.
Siempre hemos colaborado. Lo demuestra, http://www.todoslosnombres.org/ , cuando, con más de 22.400 nombres, junto a otras entidades e investigadores –de toda España- hemos hecho parte del trabajo poniendo, sobre la mesa del Poder Judicial, una relación de más de 114.000 nombres de víctimas mortales de la dictadura. De igual manera que cuando como “RMHSA” de CGT.A convocamos –con nuestros medios- un concurso de ideas para hacer más factible la construcción del “Memorial Merinales” en Dos Hermanas. Iniciativa –en dique seco- apoyada por 23 organizaciones, entidades e instituciones, como fórmula de recordar, homenajear y hacer justicia con aquellos expresos represaliados del franquismo que construyeron el Canal de los Presos y otras muchas obras públicas y privadas por toda España. Den por seguro que seguiremos. Es nuestra deuda histórica, pero también la de toda la sociedad.
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Ver Carta publicada en El Correo el 28-12-2008
Documentos adjuntos
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Pasaporte a la memoria.
Pasaporte a la memoria
Unos 10.000 argentinos inician los trámites para lograr la ciudadanía español.
FEDERICO PEÑA - Buenos Aires - 31/12/2008 08:00
Una reparación histórica. Un derecho reconocido. Un as bajo la manga frente a las crisis cíclicas argentinas. La esperanza se pinta en un fresco donde unas cien personas, documentos y papeles bajo el brazo, aguardan ordenadamente en fila, bajo un intenso calor, su turno para comenzar a tramitar la nacionalidad española frente al Consulado español en Buenos Aires.
Es 29 de diciembre y se cumple un año desde que se promulgó la ley 52/2007 de la Memoria Histórica. Miles de hijos y nietos de españoles pueden correr detrás del sueño de volver a la tierra de sus ancestros.
"Es importante que reconozcan el exilio de mis padres después de tanto tiempo. Con esta medida el Gobierno (de José Luis Rodríguez Zapatero) nos está ayudando a cicatrizar heridas abiertas", confiesa Dolores Campos. Hija de inmigrantes gallegos que huyeron del franquismo destaca el efecto "reparador" de la ley de la Memoria histórica que le permite ahora tramitar su ciudadanía española. "Es reparador lo que ha hecho este Gobierno por nosotros porque veníamos arrastrando durante décadas la visión de los ganadores de la Guerra Civil", bendice.
"Lo que ha hecho el Gobierno es reparador" asegura un exiliado
Su sabor, sin embargo, es agridulce. Si ella vino al Consulado para recuperar un trozo de su historia y sus raíces ibéricas, su hijo, Martín, tiene otras motivaciones. A sus 22 años, este estudiante de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires espera acabar su carrera para emigrar con su escepticismo a la tierra de sus abuelos. "No importa que España esté en crisis. Acá siempre estamos en crisis", ladra. "A mí me duele que Tin piense en abandonar su país. Porque si España y Argentina son mis orígenes, claramente, su lugar es acá", afirma Dolores.
Un falso dejà vu
Las colas frente al Consulado español llevan el recuerdo de la emigración masiva de 2002. Pero es un falso dejà vu. Ahora todo se mueve de forma ordenada y el pánico colectivo no se palpa en el aire. Nada que ver con las tumultuosas colas de 2002, cuando la crisis socioeconómica escupía a los argentinos al exterior en un sálvese quien pueda al mejor estilo Titanic.
Las colas recuerdan a la emigración masiva tras la crisis de 2002
Argentina era entonces un país sumido en una profunda crisis política y económica. Cientos de miles de argentinos se agolparon en la sede consular buscando escapar de una pesadilla más que persiguiendo un sueño. Fuentes diplomáticas españolas calculan que hay unos 260.000 ciudadanos argentinos sin nacionalidad española en la península ibérica. Casi la misma cifra de españoles originarios en Argentina. La desconfianza en el país y en sus dirigentes se desnudó ante la emigración masiva de 2002.
Pero si entonces la pobreza superaba el 50%, actualmente se ha reducido a una tercera parte. El desempleo ha bajado a un dígito. "Claramente, no estamos frente a la situación de 2002. Ni Argentina vive la crisis socioeconómica de entonces, ni nosotros estamos desbordados por la avalancha de personas que vinieron al Consulado", explica Leonardo Marcos, Consejero de Información de la Embajada de España.
No existen cifras oficiales sobre los argentinos que puedan beneficiarse de la ley de la Memoria Histórica. En base a estudios privados, el diario La Nación habla de unos 300 mil beneficiarios y Clarín de 600 mil. El único dato contrastable es que el Consulado español ya tiene cerca de 9.800 solicitudes que se han repartido desde octubre. Los turnos se otorgan únicamente por Internet (www.mae.es). Los que pidan turno ahora lo tendrán para mediados de abril.
El plazo para comenzar el trámite para optar a la nacionalidad española estará abierto hasta el 28 de diciembre de 2010, con la posibilidad de prorrogarlo por otro año. Están habilitados todos los hijos y nietos de españoles, sin límite de edad. Según la ley de la Memoria Histórica, también pueden optar al pasaporte español aquellos nietos o hijos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Camino de ida y vuelta
A diferencia de 2002, cuando el efecto llamada cogió a todos por sorpresa, el Consulado español en Buenos Aires ha tenido un año para prepararse y ha más que duplicado la capacidad de atención de 110 a 250 personas por día. "Es un compromiso del Gobierno que hemos honrado", dice Marcos.
"Dicen que me fui, pero ¿cómo?, si siempre estoy volviendo". La frase del célebre bandoneonista Aníbal Troilo, un tango en sí misma, sirve para ilustrar la ruta transatlántica que argentinos y españoles siguen andando y desandando década tras década. Como un tango interminable, ahora, con aroma reparador.
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La Ley de la Memoria se abre a los hijos y los nietos del exilio español
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Unos 10.000 argentinos inician los trámites para lograr la ciudadanía español.
FEDERICO PEÑA - Buenos Aires - 31/12/2008 08:00
Una reparación histórica. Un derecho reconocido. Un as bajo la manga frente a las crisis cíclicas argentinas. La esperanza se pinta en un fresco donde unas cien personas, documentos y papeles bajo el brazo, aguardan ordenadamente en fila, bajo un intenso calor, su turno para comenzar a tramitar la nacionalidad española frente al Consulado español en Buenos Aires.
Es 29 de diciembre y se cumple un año desde que se promulgó la ley 52/2007 de la Memoria Histórica. Miles de hijos y nietos de españoles pueden correr detrás del sueño de volver a la tierra de sus ancestros.
"Es importante que reconozcan el exilio de mis padres después de tanto tiempo. Con esta medida el Gobierno (de José Luis Rodríguez Zapatero) nos está ayudando a cicatrizar heridas abiertas", confiesa Dolores Campos. Hija de inmigrantes gallegos que huyeron del franquismo destaca el efecto "reparador" de la ley de la Memoria histórica que le permite ahora tramitar su ciudadanía española. "Es reparador lo que ha hecho este Gobierno por nosotros porque veníamos arrastrando durante décadas la visión de los ganadores de la Guerra Civil", bendice.
"Lo que ha hecho el Gobierno es reparador" asegura un exiliado
Su sabor, sin embargo, es agridulce. Si ella vino al Consulado para recuperar un trozo de su historia y sus raíces ibéricas, su hijo, Martín, tiene otras motivaciones. A sus 22 años, este estudiante de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires espera acabar su carrera para emigrar con su escepticismo a la tierra de sus abuelos. "No importa que España esté en crisis. Acá siempre estamos en crisis", ladra. "A mí me duele que Tin piense en abandonar su país. Porque si España y Argentina son mis orígenes, claramente, su lugar es acá", afirma Dolores.
Un falso dejà vu
Las colas frente al Consulado español llevan el recuerdo de la emigración masiva de 2002. Pero es un falso dejà vu. Ahora todo se mueve de forma ordenada y el pánico colectivo no se palpa en el aire. Nada que ver con las tumultuosas colas de 2002, cuando la crisis socioeconómica escupía a los argentinos al exterior en un sálvese quien pueda al mejor estilo Titanic.
Las colas recuerdan a la emigración masiva tras la crisis de 2002
Argentina era entonces un país sumido en una profunda crisis política y económica. Cientos de miles de argentinos se agolparon en la sede consular buscando escapar de una pesadilla más que persiguiendo un sueño. Fuentes diplomáticas españolas calculan que hay unos 260.000 ciudadanos argentinos sin nacionalidad española en la península ibérica. Casi la misma cifra de españoles originarios en Argentina. La desconfianza en el país y en sus dirigentes se desnudó ante la emigración masiva de 2002.
Pero si entonces la pobreza superaba el 50%, actualmente se ha reducido a una tercera parte. El desempleo ha bajado a un dígito. "Claramente, no estamos frente a la situación de 2002. Ni Argentina vive la crisis socioeconómica de entonces, ni nosotros estamos desbordados por la avalancha de personas que vinieron al Consulado", explica Leonardo Marcos, Consejero de Información de la Embajada de España.
No existen cifras oficiales sobre los argentinos que puedan beneficiarse de la ley de la Memoria Histórica. En base a estudios privados, el diario La Nación habla de unos 300 mil beneficiarios y Clarín de 600 mil. El único dato contrastable es que el Consulado español ya tiene cerca de 9.800 solicitudes que se han repartido desde octubre. Los turnos se otorgan únicamente por Internet (www.mae.es). Los que pidan turno ahora lo tendrán para mediados de abril.
El plazo para comenzar el trámite para optar a la nacionalidad española estará abierto hasta el 28 de diciembre de 2010, con la posibilidad de prorrogarlo por otro año. Están habilitados todos los hijos y nietos de españoles, sin límite de edad. Según la ley de la Memoria Histórica, también pueden optar al pasaporte español aquellos nietos o hijos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Camino de ida y vuelta
A diferencia de 2002, cuando el efecto llamada cogió a todos por sorpresa, el Consulado español en Buenos Aires ha tenido un año para prepararse y ha más que duplicado la capacidad de atención de 110 a 250 personas por día. "Es un compromiso del Gobierno que hemos honrado", dice Marcos.
"Dicen que me fui, pero ¿cómo?, si siempre estoy volviendo". La frase del célebre bandoneonista Aníbal Troilo, un tango en sí misma, sirve para ilustrar la ruta transatlántica que argentinos y españoles siguen andando y desandando década tras década. Como un tango interminable, ahora, con aroma reparador.
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La Ley de la Memoria se abre a los hijos y los nietos del exilio español
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