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El dinero para Dorado no sirve de nada
La familia devolverá 37.500 euros al no poder desenterrarlo
R. B. / Ó. L. F. - SEVILLA / MADRID - 06/07/2009 08:00
La familia de Luis Dorado Luque, el diputado socialista de la II República asesinado en 1936 por fuerzas franquistas, se plantea devolver los 37.500 euros que le va a conceder este año el Gobierno para exhumar a su pariente, enterrado en el cementerio de Córdoba. Antonio Gutiérrez, nieto del parlamentario, comunicará la decisión al Ministerio de la Presidencia después de enfrentarse por última vez con el Ayuntamiento de Córdoba paradójicamente gobernado por IU y PSOE, que se opone desde hace un par de años a la exhumación.
El caso Dorado es el primero que llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante la imposibilidad de investigar su asesinato y exhumar sus restos con la ayuda de las autoridades españolas. El nuevo alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), que sustituyó a Rosa Aguilar tras su salto al Gobierno de Andalucía, mantiene las mismas tesis que su predecesora.
Ocaña insiste en que el Ayuntamiento se encuentra "atado de pies y manos" por la actual situación de los terrenos donde los expertos sitúan la fosa común. "En una parte de ella se levanta una construcción de nichos. Comenzar las excavaciones requiere una autorización de los familiares de los fallecidos que ocupan estos para proceder a su traslado o una orden judicial, y no tenemos ninguna de ellas", manifestó el alcalde a Público.
La misma explicación
Son los mismos argumentos ya utilizados en agosto de 2007 por el Consistorio. "Del informe recibido se deduce la imposibilidad material de dar cumplimiento a su solicitud [la exhumación], ya que no existen planos de ubicación de las fosas comunes como es el caso de la zanja B, y porque de las 39 sepulturas existentes en la misma los descendientes son de difícil localización", señalaba el informe municipal. Esta fue parte de la respuesta que obtuvo la familia de Dorado Luque cuando solicitó la exhumación e identificación de los restos del diputado.
"El Gobierno debería hablar con el Ayuntamiento para resolver los problemas", afirma Cecilio Gordillo, del sindicato CGT, que ha apoyado a la familia a lo largo de todo el proceso. Los descendientes de Dorado están cansados de todo el asunto y esperan que la carta de Estrasburgo, que debe estudiar el caso, caiga boca arriba.
Quejas del alcalde
El primer edil de Córdoba asegura que le duelen las acusaciones de la familia de Dorado Luque, e insiste en que la situación de la fosa del cementerio no tiene nada que ver con la que el Consistorio de Málaga ha abierto en un camposanto de esta ciudad. "Allí no tienen que mover las construcciones donde hay otros enterramientos para intentar localizar los cadáveres", justifica.
¿Y si lo ordena un juez? Ocaña no duda: "Se haría, pero a día de hoy esa orden no existe". Ni existirá, salvo que Estrasburgo lo remedie, porque la familia ha agotado la vía judicial en España: primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, que no admitió a trámite su demanda.
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lunes 6 de julio de 2009
Cultura desclasifica en Internet documentos oficiales de la represión franquista en Zamora.
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Cultura desclasifica en Internet documentos oficiales de la ...
Cultura desclasifica en Internet documentos oficiales de la represión franquista en Zamora
Los archivos con la relación de los 45 «caídos por las hordas rojas» incluidos en la Causa General republicana, accesibles a los ciudadanos
C. G.
Los documentos utilizados por el régimen franquista para probar hechos delictivos cometidos en la provincia de Zamora durante el dominio republicano están disponibles ya en internet, donde cualquiera puede acceder a los papeles originales de la Causa General abierta por las autoridades del régimen para averiguar los «crímenes de la horda roja». Cierto es que en Zamora, como en otras provincias del país que se sumaron desde el primer momento al «Glorioso Alzamiento Nacional», sólo están accesibles a través de internet los documentos de la pieza principal, que recogen la relación de las 45 personas que según la comunicación de los ayuntamientos al fiscal instructor Ernesto Palacios y Prieto fueron víctimas del «terror rojo». En realidad no aparecen relatados asesinatos en la provincia, sino casos de naturales de Zamora que murieron en otros puntos del país, fundamentalmente El Escorial, Paracuellos del Jarama y otras localizaciones.
La historia de la Causa General Republicana parte de un decreto de abril de 1940, mediante el cual se concedieron amplias facultades al Fiscal del Tribunal Supremo para que procediera a instruir un proceso con el fin de averiguar los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la «dominación roja». Un decreto ley de 31 de marzo de 1969 reconoció la prescripción de las posibles responsabilidades penales por hechos acaecidos antes del 1 de abril de 1939. Esta investigación, llevada a cabo en cada provincia por los fiscales delegados a tal efecto (en Zamora el fiscal instructor fue Ernesto palacios y Prieto, abogado fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid), recoge los hechos delictivos acontecimientos en los tres años de guerra civil bajo el Gobierno republicano, desde las elecciones de febrero de 1936 hasta abril de 1939.
La documentación se organiza por partidos judiciales y reflejan los casos de 45 ciudadanos que «durante la dominación roja fueron muertos violentamente o desaparecieron y se cree que fueron asesinados». En el partido judicial de Zamora figuran cuatro (dos en la capital), en Puebla de Sanabria 17, en Bermillo de Sayago 3, en Toro y Villalpando cuatro , tres en Alcañices y catorce en Benavente. En el partido de Zamora los fallecidos fueron Casto Ledesma Moralejo, de Argujillo, posiblemente en Madrid; Antonio Gonzalo García, cabo de la Guardia Civil natural de Mayalde y cuyo cadáver no se encontró. En este caso se apunta como sospechoso a otro cabo del cuerpo «apellidado Limano que pertenecía a los ferrocarriles del Norte», aunque en la mayoría de las referencias de la provincia no se conoce al posible autor de las muertes, entre otras cosas porque estas se produjeron muy lejos de estas tierras.
Como escribía el alcalde de Torres del Carrizal, Maximino Calvo «esta localidad no estuvo sometida al dominio de la horda roja y por tal circunstancia no hubo crímenes de clase alguna». Notas parecidas relatan la mayoría de los pueblos, salvo los 26 que sí comunicaron víctimas. Es el caso de Zamora capital, donde se constata el fallecimientos del abogado Valeriano Rivera García y del periodista Luis Calamita Ruy Wamba, ambos sin afiliación política, aunque el primero definido como «persona de orden» y el segundo «sostuvo una intensa campaña contra los de izquierdas en el periódico "El Heraldo de Zamora", del que era director y copropietario». De ambos se dice que murieron el 28 de febrero del 36 en Paracuellos del Jarama, y que «la orden de detención fue dada por Ángel Galarza, ignorándose quienes los asesinaron con ametralladora, en unión de otros muchos».
En el partido judicial de Alcañices comunican fallecimientos Boya, en concreto el de Alfonso de Cabo Alvarez, un comerciante de veinte años afiliado a falange y muerto el 18 de agosto de 1936 en Orgaz (Toledo). También Moreruela de Tábara, con el religioso de 25 años Julio María Fincias fallecido en El Escorial en noviembre de 1936. El alcalde de Viñas de Aliste comunica la muerte del vecino de Vega de Nuez Domingo Ferrero Alvarez, de 25 años, un «labrador de derechas» llamado a servir en el ejército como el resto de su quinta y muerto en el frente de Teruel en 1938.Tres de cada cuatro «represaliados» eran del norte provincialEn el norte de la provincia, tanto en Benavente como en Sanabria, se constaron muchos más casos y de hecho tres de cada cuatro fallecidos en la provincia proceden de estas zonas. En Benavente aparecen el falangista Romualdo Tapioles García, asesinado en la carretera de «El Pardo» por «Florentino Flórez, Tadeo García y otros dos hermanos que se apellidaban Neira»; César Fanjul Fernández, «de derechas» muerto en el Puerto de San Isidro (Asturias) por «José Trapote, José Cancelo y otros», Eleuterio Cristóbal Rodrigo, un confitero de 35 años asesinado al pasar a las líneas nacionales y Hermenegildo Benayas, de 37 años, contable y falangista fallecido en 1936 en Valencia. De Burganes de Valverde figura Antonio Sandín Rebaque, un religioso de 58 años muerto en Valencia del Sil (León); de Calzadilla de Tera José del Amo, un religioso de 19 años a quien el «Glorioso Alzamiento Nacional» sorprendió al Canet de Mar (Barcelona) y del que no se volvieron a tener noticias; de Camarzana de Tera Miguel del Amo Colinas, un dependiente de 27 años encarcelado en Santa Rita y se supone que fusilado en 1936; de Fuente Encalada Marcos Guerrero Prieto y Pedro Simón Ferrero, estudiantes de 20 y 21 años en El Escorial y fusilados en Paracuellos del Jarama en 1936 por las «hordas rojas». Matilla de Arzón comunica la muerte del sacerdote de 27 años Maximo Prieto Martínez en Asturias en 1937, y Villageriz la de José Gando Uña, un agustino de 26 años fusilado en Paracuellos del Jarama. Un supuesto especial es el de Melgar de Tera, donde se informa de la muerte de tres personas izquierdistas, el 9 de julio de 1936: el secretario de 48 años Antonio Domínguez Villar, el labrador de 42 Carlos Alvarez García y el labrador de 62 Angel Otero Cortés. El cadáver del primero se encontró en el término de Santa Cristina mientras los segundos ingresaron en la cárcel de Benavente sin que se volviera a tener noticias de ellos.
El resto de los fallecidos son: de Espadañedo (Agustín de Peque, Silvestre Presas y Leoncio Adanez), Otero de Centenos (Baltasar Pozo), Otero de Sanabria (Alfonso Guzmán, Isaías de Prada, Manuela Prada, Antonio de las Heras y Antonio Barque), Palacios de Sanabria (Toribio Villar, Ramón González Prada, Agustín Castro, José Pérez y Manuel Pérez), Rionegro del Puente (José Prieto), San Justo (Cayetano Méndez), Muga de Sayago (Esteban Ramos), Villardiegua (Santiago Velasco y Manuel Pintado), Tagarabuena (Félix Vaquero), Castronuevo (Manuel López), Prado (Julio Fermoso) y Riego del Camino (Manuel del Estal).
CAUSA GENERAL DEL FRANQUISMO
Acceso
Portal del Ministerio de Cultura (www.mcu.es ). Hay un acceso a «Pares» (Portal de Archivos Españoles). Una vez ahí, hay que ir a búsqueda sencilla y poner «causa general + Zamora».
Tendencia política
En la mayoría de los casos los fallecidos no tenían filiación política, aunque siete son definidos como «de derechas», seis «falangistas» y dos «izquierdistas».
Edades
La mayor parte de los muertos a manos republicanas en la guerra eran personas de entre 20 y 25 años (14). Hay ocho de entre 26 y 30 años, tres menores de 20 años, seis de entre 40 y 45 y cifras más bajas en el resto de tramos de edad.
Profesiones
Ocho eran religiosos, cinco pertenecían a la Guardia Civil o el Ejército, seis eran comerciantes, cinco labradores y el resto lo componen una variada gama de profesiones, desde estudiantes a periodistas pasando por contables, dependientes, panaderos, abogados, industriales, chófer, albañil, obrero, jornalero o «sus labores», todos ellos con entre uno y dos fallecidos.
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Cultura desclasifica en Internet documentos oficiales de la ...
Cultura desclasifica en Internet documentos oficiales de la represión franquista en Zamora
Los archivos con la relación de los 45 «caídos por las hordas rojas» incluidos en la Causa General republicana, accesibles a los ciudadanos
C. G.
Los documentos utilizados por el régimen franquista para probar hechos delictivos cometidos en la provincia de Zamora durante el dominio republicano están disponibles ya en internet, donde cualquiera puede acceder a los papeles originales de la Causa General abierta por las autoridades del régimen para averiguar los «crímenes de la horda roja». Cierto es que en Zamora, como en otras provincias del país que se sumaron desde el primer momento al «Glorioso Alzamiento Nacional», sólo están accesibles a través de internet los documentos de la pieza principal, que recogen la relación de las 45 personas que según la comunicación de los ayuntamientos al fiscal instructor Ernesto Palacios y Prieto fueron víctimas del «terror rojo». En realidad no aparecen relatados asesinatos en la provincia, sino casos de naturales de Zamora que murieron en otros puntos del país, fundamentalmente El Escorial, Paracuellos del Jarama y otras localizaciones.
La historia de la Causa General Republicana parte de un decreto de abril de 1940, mediante el cual se concedieron amplias facultades al Fiscal del Tribunal Supremo para que procediera a instruir un proceso con el fin de averiguar los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la «dominación roja». Un decreto ley de 31 de marzo de 1969 reconoció la prescripción de las posibles responsabilidades penales por hechos acaecidos antes del 1 de abril de 1939. Esta investigación, llevada a cabo en cada provincia por los fiscales delegados a tal efecto (en Zamora el fiscal instructor fue Ernesto palacios y Prieto, abogado fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid), recoge los hechos delictivos acontecimientos en los tres años de guerra civil bajo el Gobierno republicano, desde las elecciones de febrero de 1936 hasta abril de 1939.
La documentación se organiza por partidos judiciales y reflejan los casos de 45 ciudadanos que «durante la dominación roja fueron muertos violentamente o desaparecieron y se cree que fueron asesinados». En el partido judicial de Zamora figuran cuatro (dos en la capital), en Puebla de Sanabria 17, en Bermillo de Sayago 3, en Toro y Villalpando cuatro , tres en Alcañices y catorce en Benavente. En el partido de Zamora los fallecidos fueron Casto Ledesma Moralejo, de Argujillo, posiblemente en Madrid; Antonio Gonzalo García, cabo de la Guardia Civil natural de Mayalde y cuyo cadáver no se encontró. En este caso se apunta como sospechoso a otro cabo del cuerpo «apellidado Limano que pertenecía a los ferrocarriles del Norte», aunque en la mayoría de las referencias de la provincia no se conoce al posible autor de las muertes, entre otras cosas porque estas se produjeron muy lejos de estas tierras.
Como escribía el alcalde de Torres del Carrizal, Maximino Calvo «esta localidad no estuvo sometida al dominio de la horda roja y por tal circunstancia no hubo crímenes de clase alguna». Notas parecidas relatan la mayoría de los pueblos, salvo los 26 que sí comunicaron víctimas. Es el caso de Zamora capital, donde se constata el fallecimientos del abogado Valeriano Rivera García y del periodista Luis Calamita Ruy Wamba, ambos sin afiliación política, aunque el primero definido como «persona de orden» y el segundo «sostuvo una intensa campaña contra los de izquierdas en el periódico "El Heraldo de Zamora", del que era director y copropietario». De ambos se dice que murieron el 28 de febrero del 36 en Paracuellos del Jarama, y que «la orden de detención fue dada por Ángel Galarza, ignorándose quienes los asesinaron con ametralladora, en unión de otros muchos».
En el partido judicial de Alcañices comunican fallecimientos Boya, en concreto el de Alfonso de Cabo Alvarez, un comerciante de veinte años afiliado a falange y muerto el 18 de agosto de 1936 en Orgaz (Toledo). También Moreruela de Tábara, con el religioso de 25 años Julio María Fincias fallecido en El Escorial en noviembre de 1936. El alcalde de Viñas de Aliste comunica la muerte del vecino de Vega de Nuez Domingo Ferrero Alvarez, de 25 años, un «labrador de derechas» llamado a servir en el ejército como el resto de su quinta y muerto en el frente de Teruel en 1938.Tres de cada cuatro «represaliados» eran del norte provincialEn el norte de la provincia, tanto en Benavente como en Sanabria, se constaron muchos más casos y de hecho tres de cada cuatro fallecidos en la provincia proceden de estas zonas. En Benavente aparecen el falangista Romualdo Tapioles García, asesinado en la carretera de «El Pardo» por «Florentino Flórez, Tadeo García y otros dos hermanos que se apellidaban Neira»; César Fanjul Fernández, «de derechas» muerto en el Puerto de San Isidro (Asturias) por «José Trapote, José Cancelo y otros», Eleuterio Cristóbal Rodrigo, un confitero de 35 años asesinado al pasar a las líneas nacionales y Hermenegildo Benayas, de 37 años, contable y falangista fallecido en 1936 en Valencia. De Burganes de Valverde figura Antonio Sandín Rebaque, un religioso de 58 años muerto en Valencia del Sil (León); de Calzadilla de Tera José del Amo, un religioso de 19 años a quien el «Glorioso Alzamiento Nacional» sorprendió al Canet de Mar (Barcelona) y del que no se volvieron a tener noticias; de Camarzana de Tera Miguel del Amo Colinas, un dependiente de 27 años encarcelado en Santa Rita y se supone que fusilado en 1936; de Fuente Encalada Marcos Guerrero Prieto y Pedro Simón Ferrero, estudiantes de 20 y 21 años en El Escorial y fusilados en Paracuellos del Jarama en 1936 por las «hordas rojas». Matilla de Arzón comunica la muerte del sacerdote de 27 años Maximo Prieto Martínez en Asturias en 1937, y Villageriz la de José Gando Uña, un agustino de 26 años fusilado en Paracuellos del Jarama. Un supuesto especial es el de Melgar de Tera, donde se informa de la muerte de tres personas izquierdistas, el 9 de julio de 1936: el secretario de 48 años Antonio Domínguez Villar, el labrador de 42 Carlos Alvarez García y el labrador de 62 Angel Otero Cortés. El cadáver del primero se encontró en el término de Santa Cristina mientras los segundos ingresaron en la cárcel de Benavente sin que se volviera a tener noticias de ellos.
El resto de los fallecidos son: de Espadañedo (Agustín de Peque, Silvestre Presas y Leoncio Adanez), Otero de Centenos (Baltasar Pozo), Otero de Sanabria (Alfonso Guzmán, Isaías de Prada, Manuela Prada, Antonio de las Heras y Antonio Barque), Palacios de Sanabria (Toribio Villar, Ramón González Prada, Agustín Castro, José Pérez y Manuel Pérez), Rionegro del Puente (José Prieto), San Justo (Cayetano Méndez), Muga de Sayago (Esteban Ramos), Villardiegua (Santiago Velasco y Manuel Pintado), Tagarabuena (Félix Vaquero), Castronuevo (Manuel López), Prado (Julio Fermoso) y Riego del Camino (Manuel del Estal).
CAUSA GENERAL DEL FRANQUISMO
Acceso
Portal del Ministerio de Cultura (www.mcu.es ). Hay un acceso a «Pares» (Portal de Archivos Españoles). Una vez ahí, hay que ir a búsqueda sencilla y poner «causa general + Zamora».
Tendencia política
En la mayoría de los casos los fallecidos no tenían filiación política, aunque siete son definidos como «de derechas», seis «falangistas» y dos «izquierdistas».
Edades
La mayor parte de los muertos a manos republicanas en la guerra eran personas de entre 20 y 25 años (14). Hay ocho de entre 26 y 30 años, tres menores de 20 años, seis de entre 40 y 45 y cifras más bajas en el resto de tramos de edad.
Profesiones
Ocho eran religiosos, cinco pertenecían a la Guardia Civil o el Ejército, seis eran comerciantes, cinco labradores y el resto lo componen una variada gama de profesiones, desde estudiantes a periodistas pasando por contables, dependientes, panaderos, abogados, industriales, chófer, albañil, obrero, jornalero o «sus labores», todos ellos con entre uno y dos fallecidos.
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Asturias. La base de datos con todos los fallecidos en la guerra civil estará lista en 2010.
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GIJÓN
La base de datos con todos los fallecidos en la guerra civil estará lista en 2010
El equipo de investigación ha conseguido poner nombres y apellidos a 282 'paseados', fusilados sin consejo de guerra
06.07.09 - 08:19 - O. ESTEBAN GIJÓN
Llevan seis años trabajando para poner nombres y fechas a todos los fallecidos a causa de la guerra civil y la posguerra, en uno y otro bando. Aun reconociendo que la lista no estará completa nunca, la intención es entregar la base de datos el próximo año. Una base que incluirá miles de nombres y apellidos de los fusilados por los consejos de guerra franquistas, los 'paseados' (fusilados sin consejo de guerra), los muertos en combate, las víctimas civiles y las de la represión republicana. Y en la que se intentará que haya las menores duplicidades posibles, lo que obliga a comprobar nombre a nombre.
Es, sin duda, una ingente tarea en la que ahora trabaja un equipo de cinco personas. Coordinados por los profesores Carmen García y Rubén Vega, el trabajo de campo lo realizan Amaya Caunedo, Irene Díaz y Pedro Alonso.
Caunedo es la encargada de recoger los testimonios en Gijón, principalmente. Lleva cuatro años recorriendo el concejo. Con importantes avances. Entre ellos, uno de los más complicados: identificar a 282 'paseados', esto es, fusilados sin previo consejo de guerra. Es una de las labores más complicadas ya que, en estos casos, prácticamente nunca quedaba constancia por escrito. Al inicio de la investigación los nombres identificados no llegaban a 70. Pero, además, ha conseguido situar varias de las fosas comunes que estaban en estudio. Sin duda, la más grande de Gijón es la del cementerio de Ceares, donde hay 1.250 nombres identificados, pero se calcula que pueda haber 1.400 cuerpos. Y las hay también en el camposanto de Jove, en La Pedrera y en Veriña, aunque los investigadores consideran que en esta última no debe haber más de cinco cuerpos. Además, siguen trabajando también en el estudio de una posible fosa en Tremañes. Así, en principio, quedarían descartadas las de Serín y La Camocha.
También está perfectamente situada la 'canterona' de Pumarín, donde eran fusilados muchos de los 'paseados'. Lo habitual es que un camión recogiera al día siguiente de los fusilamientos los cuerpos y los trasladara a la fosa de Ceares.
Respecto a los muertos en combate, las cifras disponibles hasta ahora (en un listado que aún está en pleno proceso de informatización, por lo que se sabe que son más, que se irán añadiendo) hablan de más de 11.000 en toda Asturias. 11.000 nombres muy difíciles de conocer, ya que la mayoría se trataba de «chicos jóvenes, no casados, a los que no se inscribía como fallecidos porque no afectaba a cuestiones de herencias». De ellos, por el momento se contabilizan 1.160 de Gijón.
Testimonios orales
En cuanto a la represión republicana, los cálculos hablan de unos 2.000 fallecidos en toda Asturias, de los que casi la mitad fueron en Gijón y principalmente durante el verano de 1936. Cuenta Amaya Caunedo que a la mayoría «los asesinaron aquí aunque no fueran de aquí». Por ejemplo, fue en Gijón donde dieron con la autopsia de una señora de la zona de Nava, «una prestamista no muy querida». Aunque casi todos los testimonios decían recordar perfectamente que fue fulisada allí, lo cierto es que la autopsia se conserva en Gijón, por lo que los investigadores concluyen que su muerte tuvo lugar aquí. Llegar a todas estas conclusiones les ha costado no sólo vaciar toda la documentación disponible, sino hablar con muchísima gente por toda Asturias.
A todo ello hay que sumar aún las víctimas civiles: hasta ahora hay contabilizadas unas mil en toda Asturias, de las que 250 serían de Gijón.
Recopilar testimonios orales, en Gijón, no es fácil. En otras zonas es más sencillo. En los pueblos especialmente, con vecinos que llevan en el mismo lugar toda la vida, cuenta Amaya Caunedo. Y a eso hay que añadir que los recuerdos se borran o se cambian con los años, por lo que no siempre la información es completamente fiable. Esos testimonios tratan de recomponer no sólo la lista de fallecidos sino también otras cuestiones, como el paso de los niños por orfanatos, o por colegios de religiosas «para pobres y huérfanos, donde a las niñas se las preparaba para ser criadas».
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GIJÓN
La base de datos con todos los fallecidos en la guerra civil estará lista en 2010
El equipo de investigación ha conseguido poner nombres y apellidos a 282 'paseados', fusilados sin consejo de guerra
06.07.09 - 08:19 - O. ESTEBAN GIJÓN
Llevan seis años trabajando para poner nombres y fechas a todos los fallecidos a causa de la guerra civil y la posguerra, en uno y otro bando. Aun reconociendo que la lista no estará completa nunca, la intención es entregar la base de datos el próximo año. Una base que incluirá miles de nombres y apellidos de los fusilados por los consejos de guerra franquistas, los 'paseados' (fusilados sin consejo de guerra), los muertos en combate, las víctimas civiles y las de la represión republicana. Y en la que se intentará que haya las menores duplicidades posibles, lo que obliga a comprobar nombre a nombre.
Es, sin duda, una ingente tarea en la que ahora trabaja un equipo de cinco personas. Coordinados por los profesores Carmen García y Rubén Vega, el trabajo de campo lo realizan Amaya Caunedo, Irene Díaz y Pedro Alonso.
Caunedo es la encargada de recoger los testimonios en Gijón, principalmente. Lleva cuatro años recorriendo el concejo. Con importantes avances. Entre ellos, uno de los más complicados: identificar a 282 'paseados', esto es, fusilados sin previo consejo de guerra. Es una de las labores más complicadas ya que, en estos casos, prácticamente nunca quedaba constancia por escrito. Al inicio de la investigación los nombres identificados no llegaban a 70. Pero, además, ha conseguido situar varias de las fosas comunes que estaban en estudio. Sin duda, la más grande de Gijón es la del cementerio de Ceares, donde hay 1.250 nombres identificados, pero se calcula que pueda haber 1.400 cuerpos. Y las hay también en el camposanto de Jove, en La Pedrera y en Veriña, aunque los investigadores consideran que en esta última no debe haber más de cinco cuerpos. Además, siguen trabajando también en el estudio de una posible fosa en Tremañes. Así, en principio, quedarían descartadas las de Serín y La Camocha.
También está perfectamente situada la 'canterona' de Pumarín, donde eran fusilados muchos de los 'paseados'. Lo habitual es que un camión recogiera al día siguiente de los fusilamientos los cuerpos y los trasladara a la fosa de Ceares.
Respecto a los muertos en combate, las cifras disponibles hasta ahora (en un listado que aún está en pleno proceso de informatización, por lo que se sabe que son más, que se irán añadiendo) hablan de más de 11.000 en toda Asturias. 11.000 nombres muy difíciles de conocer, ya que la mayoría se trataba de «chicos jóvenes, no casados, a los que no se inscribía como fallecidos porque no afectaba a cuestiones de herencias». De ellos, por el momento se contabilizan 1.160 de Gijón.
Testimonios orales
En cuanto a la represión republicana, los cálculos hablan de unos 2.000 fallecidos en toda Asturias, de los que casi la mitad fueron en Gijón y principalmente durante el verano de 1936. Cuenta Amaya Caunedo que a la mayoría «los asesinaron aquí aunque no fueran de aquí». Por ejemplo, fue en Gijón donde dieron con la autopsia de una señora de la zona de Nava, «una prestamista no muy querida». Aunque casi todos los testimonios decían recordar perfectamente que fue fulisada allí, lo cierto es que la autopsia se conserva en Gijón, por lo que los investigadores concluyen que su muerte tuvo lugar aquí. Llegar a todas estas conclusiones les ha costado no sólo vaciar toda la documentación disponible, sino hablar con muchísima gente por toda Asturias.
A todo ello hay que sumar aún las víctimas civiles: hasta ahora hay contabilizadas unas mil en toda Asturias, de las que 250 serían de Gijón.
Recopilar testimonios orales, en Gijón, no es fácil. En otras zonas es más sencillo. En los pueblos especialmente, con vecinos que llevan en el mismo lugar toda la vida, cuenta Amaya Caunedo. Y a eso hay que añadir que los recuerdos se borran o se cambian con los años, por lo que no siempre la información es completamente fiable. Esos testimonios tratan de recomponer no sólo la lista de fallecidos sino también otras cuestiones, como el paso de los niños por orfanatos, o por colegios de religiosas «para pobres y huérfanos, donde a las niñas se las preparaba para ser criadas».
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'La gran represión', un libro que disecciona la Guerra Civil en Huelva
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'La gran represión', un libro que disecciona la Guerra Civil en Huelva
La editorial Flor del Viento saca a la luz los años de plomo del fascismo en la provincia · Espinosa y García Márquez ponen rostros a la kafkiana maraña jurídico-militar franquista
Rafael Moreno / Huelva Actualizado 06.07.2009 - 05:00
Acaba de publicar la editorial catalana Flor del Viento 'La gran represión', un impresionante documento que aporta luz a los negros años de plomo del franquismo. La obra está coordinada por Mirta Núñez Díaz-Balart, profesora de Historia de la Comunicación Social en la Universidad Complutense de Madrid, y en ella comparten reflexiones e investigaciones Manuel Alvaro Dueñas, Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez.
El libro es un sangriento mosaico de la represión franquista desde la Guerra Civil hasta finales de los años 40 y analiza lo que se denomina "la lógica del terror". Qué buscaban los franquistas encarcelando a más de un cuarto de millón de españoles y ejecutando miles de sentencias de muerte. La segunda parte repasa de la mano de Dueñas la legitimación política e ideológica de la represión y su esqueleto económico y retoma el espinoso tema de las incautaciones de bienes a personas. Familias que perdieron sus propiedades e hijos sin herencias que fueron a parar a manos de los vencedores y delatores. La dimensión del expolio está aun por cuantificar y aclarar a manos de quién fueron los legados familiares de los asesinados.
La particularidad de la segunda parte de la obra, incluida en la colección 'Con Franco vivíamos peor', es que se centra en la represión en Huelva para aplicar el bisturí y desvelar un modelo de exterminio premeditado y masivo que esclarece el ciclo de violencia fascista.La elección de Huelva no es caprichosa, ya que tanto Espinosa como García Márquez son los mejores conocedores de su realidad represiva y saben bien las posibilidades del Archivo Militar. El primero por sus diversas investigaciones sobre el golpe militar y la represión en la provincia, y el segundo por haber sacado a la luz la información dormida en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla. Hablamos de un trabajo importante: nada menos que 180.000 digitalizaciones grabadas en 2.310 cedés que remiten a 2.488 procedimientos relativos a la provincia onubense y que ha sido puesto a disposición de los investigadores y familiares de las víctimas por la Diputación, institución que ha posibilitado la recuperación de este fondo esencial para comprender la historia reciente. Es por esto por lo que en el caso de Huelva se ha logrado documentar más del 80% de las víctimas que cayeron en una increíble y a veces kafkiana maraña jurídico-militar. Y es que si algo demuestra este trabajo es que la represión fue organizada y dirigida en todo momento por los militares golpistas.
Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez ponen a su trabajo un título que llama la atención desde el principio: La desinfección del solar patrio. La represión judicial militar: Huelva, 1936-1945. A partir de ahí se introducen en el interior de la maquinaria represiva franquista y la utilización premeditada del terror con la colaboración de la Iglesia católica.6.019 víctimas. Los envoltorios de los asesinatos, las sentencias, la distribución por partidos judiciales o las afiliaciones políticas-sindicales reales o atribuidas, las cifras espeluznantes del censo de huérfanos e incluso los niños que fueron privados de sus padres. Un mundo que ha sido ocultado durante setenta años en lo que el libro llama la "bocamina profunda y negra de la represión".
Francisco Espinosa y José María García desentrañan el aparato judicial y militar encargado de la limpieza y purga de los pueblos, elemento fundamental de la venganza cruel.
Utilizando una serie de ejemplos con nombres y apellidos los autores desgranan los abusos que iban costando la vida a decenas de personas en cada municipio. Las incómodas delaciones, muchas de ellas salen a la luz hoy, las cartas, las recomendaciones y los inventos que costaron la vida a los rojos pero también a algunos derechistas.
No se olvidan Espinosa y García de personajes clave en la secuencia onubense como Cándido Caro Valonero, alcalde de Zalamea la Real, y que evidencia el objetivo de que "la República debía ser destruida". O el caso del carpintero socialista de Corteconcepción, Fernando Barranquero Garzón, víctima del Bando de Guerra y al que esperaron a que sanara de una enfermedad para asesinarlo vilmente.
Hasta procesados dos veces por el mismo motivo. Esa era la lógica de la represión.
Curioso es el caso del marinero estonio Erich Taalberg, embarcado en el vapor danés Gerda Toft. Fue asesinado a las seis de la mañana del cuatro de septiembre de 1937 por un piquete de carabineros en la tapia del cementerio de La Soledad. Motivo: haber dibujado una hoz y un martillo con el culo de un vaso en una mesa húmeda de una taberna de la carretera de Gibraleón.
El volumen concluye con las cifras de la represión y los avatares de la documentación, con el papel jugado por las Juntas de Expurgo, en el caso de Valverde del Camino, y las vicisitudes de los legajos que atesoró el funcionario judicial Arturo Carrasco para evitar su pérdida y destrucción.
La despedida la marca la actualidad y narra el caso de Marcelino Barragán Castaño, un cumbreño que busca sin descanso a su padre fusilado y al que una y otra vez los juzgados rechazaron su inscripción en el Registro Civil. Una muestra representativa de la documentación judicial militar mencionada, con el titulo 'La Guerra Civil en sus documentos' y comisariada por José María García Márquez, puede verse actualmente en el antiguo Hotel París, dependiente de la Diputación Provincial.
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Cuatro historiadores abordan las estrategias de represión del ...
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'La gran represión', un libro que disecciona la Guerra Civil en Huelva
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Acaba de publicar la editorial catalana Flor del Viento 'La gran represión', un impresionante documento que aporta luz a los negros años de plomo del ...
Un ensayo colectivo denuncia la brutal represión del Franquismo
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'La gran represión', un libro que disecciona la Guerra Civil en Huelva
La editorial Flor del Viento saca a la luz los años de plomo del fascismo en la provincia · Espinosa y García Márquez ponen rostros a la kafkiana maraña jurídico-militar franquista
Rafael Moreno / Huelva Actualizado 06.07.2009 - 05:00
Acaba de publicar la editorial catalana Flor del Viento 'La gran represión', un impresionante documento que aporta luz a los negros años de plomo del franquismo. La obra está coordinada por Mirta Núñez Díaz-Balart, profesora de Historia de la Comunicación Social en la Universidad Complutense de Madrid, y en ella comparten reflexiones e investigaciones Manuel Alvaro Dueñas, Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez.
El libro es un sangriento mosaico de la represión franquista desde la Guerra Civil hasta finales de los años 40 y analiza lo que se denomina "la lógica del terror". Qué buscaban los franquistas encarcelando a más de un cuarto de millón de españoles y ejecutando miles de sentencias de muerte. La segunda parte repasa de la mano de Dueñas la legitimación política e ideológica de la represión y su esqueleto económico y retoma el espinoso tema de las incautaciones de bienes a personas. Familias que perdieron sus propiedades e hijos sin herencias que fueron a parar a manos de los vencedores y delatores. La dimensión del expolio está aun por cuantificar y aclarar a manos de quién fueron los legados familiares de los asesinados.
La particularidad de la segunda parte de la obra, incluida en la colección 'Con Franco vivíamos peor', es que se centra en la represión en Huelva para aplicar el bisturí y desvelar un modelo de exterminio premeditado y masivo que esclarece el ciclo de violencia fascista.La elección de Huelva no es caprichosa, ya que tanto Espinosa como García Márquez son los mejores conocedores de su realidad represiva y saben bien las posibilidades del Archivo Militar. El primero por sus diversas investigaciones sobre el golpe militar y la represión en la provincia, y el segundo por haber sacado a la luz la información dormida en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla. Hablamos de un trabajo importante: nada menos que 180.000 digitalizaciones grabadas en 2.310 cedés que remiten a 2.488 procedimientos relativos a la provincia onubense y que ha sido puesto a disposición de los investigadores y familiares de las víctimas por la Diputación, institución que ha posibilitado la recuperación de este fondo esencial para comprender la historia reciente. Es por esto por lo que en el caso de Huelva se ha logrado documentar más del 80% de las víctimas que cayeron en una increíble y a veces kafkiana maraña jurídico-militar. Y es que si algo demuestra este trabajo es que la represión fue organizada y dirigida en todo momento por los militares golpistas.
Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez ponen a su trabajo un título que llama la atención desde el principio: La desinfección del solar patrio. La represión judicial militar: Huelva, 1936-1945. A partir de ahí se introducen en el interior de la maquinaria represiva franquista y la utilización premeditada del terror con la colaboración de la Iglesia católica.6.019 víctimas. Los envoltorios de los asesinatos, las sentencias, la distribución por partidos judiciales o las afiliaciones políticas-sindicales reales o atribuidas, las cifras espeluznantes del censo de huérfanos e incluso los niños que fueron privados de sus padres. Un mundo que ha sido ocultado durante setenta años en lo que el libro llama la "bocamina profunda y negra de la represión".
Francisco Espinosa y José María García desentrañan el aparato judicial y militar encargado de la limpieza y purga de los pueblos, elemento fundamental de la venganza cruel.
Utilizando una serie de ejemplos con nombres y apellidos los autores desgranan los abusos que iban costando la vida a decenas de personas en cada municipio. Las incómodas delaciones, muchas de ellas salen a la luz hoy, las cartas, las recomendaciones y los inventos que costaron la vida a los rojos pero también a algunos derechistas.
No se olvidan Espinosa y García de personajes clave en la secuencia onubense como Cándido Caro Valonero, alcalde de Zalamea la Real, y que evidencia el objetivo de que "la República debía ser destruida". O el caso del carpintero socialista de Corteconcepción, Fernando Barranquero Garzón, víctima del Bando de Guerra y al que esperaron a que sanara de una enfermedad para asesinarlo vilmente.
Hasta procesados dos veces por el mismo motivo. Esa era la lógica de la represión.
Curioso es el caso del marinero estonio Erich Taalberg, embarcado en el vapor danés Gerda Toft. Fue asesinado a las seis de la mañana del cuatro de septiembre de 1937 por un piquete de carabineros en la tapia del cementerio de La Soledad. Motivo: haber dibujado una hoz y un martillo con el culo de un vaso en una mesa húmeda de una taberna de la carretera de Gibraleón.
El volumen concluye con las cifras de la represión y los avatares de la documentación, con el papel jugado por las Juntas de Expurgo, en el caso de Valverde del Camino, y las vicisitudes de los legajos que atesoró el funcionario judicial Arturo Carrasco para evitar su pérdida y destrucción.
La despedida la marca la actualidad y narra el caso de Marcelino Barragán Castaño, un cumbreño que busca sin descanso a su padre fusilado y al que una y otra vez los juzgados rechazaron su inscripción en el Registro Civil. Una muestra representativa de la documentación judicial militar mencionada, con el titulo 'La Guerra Civil en sus documentos' y comisariada por José María García Márquez, puede verse actualmente en el antiguo Hotel París, dependiente de la Diputación Provincial.
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Un ensayo colectivo denuncia la brutal represión del Franquismo
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represión franquista
Asociaciones llevarán mañana un manifiesto a Moncloa para que se cree una comisión de búsqueda.
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Asociaciones llevarán mañana un manifiesto a Moncloa para que se ...
Asociaciones llevarán mañana un manifiesto a Moncloa para que se cree una comisión de búsqueda
MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de representantes de asociaciones de la Memoria Histórica de toda España entregarán mañana en el Palacio de La Moncloa un manifiesto en el que reclaman al Estado que impulse una investigación sobre los desaparecidos del Franquismo y se cree una comisión de búsqueda.
El manifiesto, bajo el título Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos del franquismo. ', será entregado al mediodía de mañana, martes, por representantes de diferentes asociaciones por la Memoria Histórica y familiares de desaparecidos.
El objetivo de esta iniciativa es el de denunciar la "grave situación de violación" de varios derechos humanos en España como resultado, según afirman los firmantes del mismo, de una Ley de Memoria "que reproduce en su articulado el mismo modelo que puso en marcha el Dictador Francisco Franco en su orden de mayo de 1940, encomendando la responsabilidad y el impulso de las exhumaciones a las familias".
Tras reclamar "la normal aplicación" de los deberes de "verdad, justicia y reparación" previstos por el sistema de Naciones Unidas --y que las autoridades españolas no han dudado en exigir respecto los desaparecidos en otros países, recordaron--, los firmantes del texto solicitan la creación en España de una Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo, "participada por fiscalía, cuerpos policiales, asociaciones e instituciones de derechos humanos que modifique el actual sistema".
Además, las decenas de asociaciones y colectivos que suscriben el texto denunciaron que el "deber de todo país" europeo, tal y como establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es el de impulsar "una investigación oficial efectiva e independiente" por propia iniciativa de las autoridades del Estado de todos los casos de los que se tenga noticia, medie o no actuación de los familiares", tal y como exige, recordaron, "la jurisprudencia constante" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En la misma línea y de cara a la Presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010, los firmantes del manifiesto reclaman "al conjunto de las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en España" que intercedan humanitariamente ante las autoridades españolas para impulsen una investigación sobre las desapariciones del Franquismo y el fin del trato "indecoroso" que se está dispensando a las familias afectadas.
En concreto, piden a las embajadas que insten a España a "atenerse a las costumbres propias de las naciones civilizadas, tal y como exige el Derecho internacional" y pongan fin "con la diligencia debida desde el aparato del Estado" a la existencia "de más de 600 fosas clandestinas", al "trato indecoroso dado a los restos mortales de estos 150.000 seres humanos atrozmente ejecutados y largamente abandonados" y al "trato cruel e inhumano --contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, recuerdan-- dado a sus familiares y a la propia situación de desaparición 'en vida' de un número indeterminados de niños perdidos arrebatados en su día a sus madres y familiares por agentes del Estado español".
Sobre este último punto, las asociaciones firmantes, acusan al Estado de "desentenderse sin más" de esos niños desaparecidos "sin hacer siquiera mención de este caso en la ley de la memoria".
"Qué clase de liderazgo moral de Europa podemos ejercer en nuestra Presidencia como segundo país del mundo en víctimas de desaparición forzada y desde la violación reiterada de cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, garantía máxima de los derechos y libertades de todos los europeos, mientras nuestras autoridades continúan sin emprender ni una sola de las medidas que exige el derecho internacional", se preguntan al respecto.
Por último, las asociaciones que apoyan el manifiesto recordaron que los valores en los que se cimenta la Unión Europea "son justamente los contrarios a los de la impunidad de miles de crímenes contra la humanidad, y al abandono de todas estas familias condenadas a décadas de sufrimiento, incertidumbre y espera de sus seres queridos arrebatados".
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Abogan por crear una comisión para buscar a los desaparecidos del ...
ADN.es - hace 2 horas
Las asociaciones de la memoria histórica de España reclamarán mañana al Gobierno la creación de una comisión nacional de búsqueda de los desaparecidos del ...
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Asociaciones llevarán mañana un manifiesto a Moncloa para que se ...
Asociaciones llevarán mañana un manifiesto a Moncloa para que se cree una comisión de búsqueda
MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de representantes de asociaciones de la Memoria Histórica de toda España entregarán mañana en el Palacio de La Moncloa un manifiesto en el que reclaman al Estado que impulse una investigación sobre los desaparecidos del Franquismo y se cree una comisión de búsqueda.
El manifiesto, bajo el título Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos del franquismo. ', será entregado al mediodía de mañana, martes, por representantes de diferentes asociaciones por la Memoria Histórica y familiares de desaparecidos.
El objetivo de esta iniciativa es el de denunciar la "grave situación de violación" de varios derechos humanos en España como resultado, según afirman los firmantes del mismo, de una Ley de Memoria "que reproduce en su articulado el mismo modelo que puso en marcha el Dictador Francisco Franco en su orden de mayo de 1940, encomendando la responsabilidad y el impulso de las exhumaciones a las familias".
Tras reclamar "la normal aplicación" de los deberes de "verdad, justicia y reparación" previstos por el sistema de Naciones Unidas --y que las autoridades españolas no han dudado en exigir respecto los desaparecidos en otros países, recordaron--, los firmantes del texto solicitan la creación en España de una Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo, "participada por fiscalía, cuerpos policiales, asociaciones e instituciones de derechos humanos que modifique el actual sistema".
Además, las decenas de asociaciones y colectivos que suscriben el texto denunciaron que el "deber de todo país" europeo, tal y como establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es el de impulsar "una investigación oficial efectiva e independiente" por propia iniciativa de las autoridades del Estado de todos los casos de los que se tenga noticia, medie o no actuación de los familiares", tal y como exige, recordaron, "la jurisprudencia constante" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En la misma línea y de cara a la Presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010, los firmantes del manifiesto reclaman "al conjunto de las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en España" que intercedan humanitariamente ante las autoridades españolas para impulsen una investigación sobre las desapariciones del Franquismo y el fin del trato "indecoroso" que se está dispensando a las familias afectadas.
En concreto, piden a las embajadas que insten a España a "atenerse a las costumbres propias de las naciones civilizadas, tal y como exige el Derecho internacional" y pongan fin "con la diligencia debida desde el aparato del Estado" a la existencia "de más de 600 fosas clandestinas", al "trato indecoroso dado a los restos mortales de estos 150.000 seres humanos atrozmente ejecutados y largamente abandonados" y al "trato cruel e inhumano --contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, recuerdan-- dado a sus familiares y a la propia situación de desaparición 'en vida' de un número indeterminados de niños perdidos arrebatados en su día a sus madres y familiares por agentes del Estado español".
Sobre este último punto, las asociaciones firmantes, acusan al Estado de "desentenderse sin más" de esos niños desaparecidos "sin hacer siquiera mención de este caso en la ley de la memoria".
"Qué clase de liderazgo moral de Europa podemos ejercer en nuestra Presidencia como segundo país del mundo en víctimas de desaparición forzada y desde la violación reiterada de cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, garantía máxima de los derechos y libertades de todos los europeos, mientras nuestras autoridades continúan sin emprender ni una sola de las medidas que exige el derecho internacional", se preguntan al respecto.
Por último, las asociaciones que apoyan el manifiesto recordaron que los valores en los que se cimenta la Unión Europea "son justamente los contrarios a los de la impunidad de miles de crímenes contra la humanidad, y al abandono de todas estas familias condenadas a décadas de sufrimiento, incertidumbre y espera de sus seres queridos arrebatados".
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Abogan por crear una comisión para buscar a los desaparecidos del ...
ADN.es - hace 2 horas
Las asociaciones de la memoria histórica de España reclamarán mañana al Gobierno la creación de una comisión nacional de búsqueda de los desaparecidos del ...
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Texto enviado a las embajadas por los Colectivos españoles de memoria y lucha a la impunidad de los crímenes del franquismo.
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A la atención de S.E. el Sr. Embajador.
Adjunto a este escrito texto en versión castellana e inglesa del comunicado público firmado por el conjunto de las asociaciones de la memoria histórica de España y familiares de desaparecidos de la Dictadura , en el que se denuncia la persistencia, todavía en nuestros días, de 150.000 desaparecidos en más de 600 fosas clandestinas en territorio español, así como de un número indeterminado de varios miles de niños “desaparecidos en vida” que de forma similar a la Dictadura Argentina fueron robados en España a sus verdaderas familias que, hoy, les siguen buscando sin ningún tipo de actuación de las autoridades españolas.
Le ruego a S.E. tenga a bien interesarse por la inhumana situación de prolongada violación de derechos humanos de todas estas decenas de miles de personas, y sus familias, y emprender una intercesión humanitaria ante nuestras autoridades españolas para que éstas se atengan a la normal observancia de las leyes de humanidad, las exigencias de la conciencia pública y las costumbres propias de las naciones civilizadas, tal y como recoge la Cláusula Martens de la Convención de La Haya de 1898 emprendiendo una investigación "oficial, efectiva e independiente" de todos los casos de desaparición de los que se tenga noticia y por propia iniciativa de las autoridades - no de los familiares - tal y como ha venido exigiendo, además, de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estas familias ya han venido soportando largos años de dolor e incertidumbre y merecen “verdad, justicia y reparación” tal y como ha establecido Naciones Unidas en sus distintas declaraciones e instrumentos.
Igualmente le rogaríamos a S.E. la concesión de una audiencia para poder exponerle todos estos asuntos en el momento que S.E. estime más oportuno.
Creemos que la violación de los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que se deriva de toda esta injustificable situación – cuando seguimos siendo el segundo país del mundo en cifras de víctimas de desaparición forzada – es impropia de un país al que está próximo a corresponderle el impulso del liderazgo de la Unión Europea, desde su presidencia en 2010, y del que todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a esperar el mayor de los respetos y sensibilidad por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Agradeciéndole su atención, reciba un cordial saludo,
Colectivos españoles de memoria y lucha a la impunidad de los crímenes del franquismo.
Fernando Magán
Paqui Maqueda
José María Pedreño
Miguel Ángel Rodríguez
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Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos del franquismo.
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A la atención de S.E. el Sr. Embajador.
Adjunto a este escrito texto en versión castellana e inglesa del comunicado público firmado por el conjunto de las asociaciones de la memoria histórica de España y familiares de desaparecidos de la Dictadura , en el que se denuncia la persistencia, todavía en nuestros días, de 150.000 desaparecidos en más de 600 fosas clandestinas en territorio español, así como de un número indeterminado de varios miles de niños “desaparecidos en vida” que de forma similar a la Dictadura Argentina fueron robados en España a sus verdaderas familias que, hoy, les siguen buscando sin ningún tipo de actuación de las autoridades españolas.
Le ruego a S.E. tenga a bien interesarse por la inhumana situación de prolongada violación de derechos humanos de todas estas decenas de miles de personas, y sus familias, y emprender una intercesión humanitaria ante nuestras autoridades españolas para que éstas se atengan a la normal observancia de las leyes de humanidad, las exigencias de la conciencia pública y las costumbres propias de las naciones civilizadas, tal y como recoge la Cláusula Martens de la Convención de La Haya de 1898 emprendiendo una investigación "oficial, efectiva e independiente" de todos los casos de desaparición de los que se tenga noticia y por propia iniciativa de las autoridades - no de los familiares - tal y como ha venido exigiendo, además, de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estas familias ya han venido soportando largos años de dolor e incertidumbre y merecen “verdad, justicia y reparación” tal y como ha establecido Naciones Unidas en sus distintas declaraciones e instrumentos.
Igualmente le rogaríamos a S.E. la concesión de una audiencia para poder exponerle todos estos asuntos en el momento que S.E. estime más oportuno.
Creemos que la violación de los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que se deriva de toda esta injustificable situación – cuando seguimos siendo el segundo país del mundo en cifras de víctimas de desaparición forzada – es impropia de un país al que está próximo a corresponderle el impulso del liderazgo de la Unión Europea, desde su presidencia en 2010, y del que todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a esperar el mayor de los respetos y sensibilidad por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Agradeciéndole su atención, reciba un cordial saludo,
Colectivos españoles de memoria y lucha a la impunidad de los crímenes del franquismo.
Fernando Magán
Paqui Maqueda
José María Pedreño
Miguel Ángel Rodríguez
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Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos del franquismo.
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Un ensayo colectivo denuncia la brutal represión del Franquismo
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Un ensayo colectivo denuncia la brutal represión del Franquismo
Un informe para Garzón se convierte en una obra colectiva sobre la represión franquista
Ampliar fotoExhumación de cadáveres de la Guerra Civil española.
'La gran represión' es un ensayo minucioso sobre el régimen de terror y la persecución sistemática durante las décadas de la dictadura.
Este estudio fue originalmente elaborado para entregarlo en el juzgado central de instrucción número 5, presidido por Baltasar Garzón.
El libro es un resumen de la actual situación de las investigaciones históricas sobre la violencia de Estado durante el franquismo.
Minuteca todo sobre:
Baltasar Garzón,
Franquismo
AGENCIAS. 05.07.2009
El franquismo puso en marcha en los primeros años del régimen una máquina despiadada para acabar con sus enemigos, una ingeniería de "aberraciones jurídicas" que buscaba desposeer a los vencidos de sus bienes y dignidad, se explica en La gran represión, un ensayo colectivo publicado por Flor del viento. La gran represión es un nuevo volumen de la colección "Con Franco vivíamos peor" que recopila varios estudios, coordinados por Mirta Núñez Díaz-Balart -con trabajos de análisis de los historiadores Manuel Álvaro Dueñas, Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez- que dan fe del régimen de terror y la persecución sistemática y con carácter de Estado que padecieron cientos de miles de españoles hasta la década de los cincuenta. Mirta Núñez explica que tras los fusilamientos, los encarcelamientos masivos, y la represión económica de los vencidos durante la guerra y postguerra, hubo una "premeditación de Estado" dirigida a "domesticar a la población".
El desinterés de la gente joven hacia lo ocurrido entonces es el "gran logro" de la Transición, ironiza la historiadora
Esta estrategia de persecución y "encapsulamiento ideológico" fue exitosa, gracias en parte a la contexto internacional que tras la Segunda Guerra Mundial no sólo toleró la dictadura franquista, sino que recibió el apoyo expreso de Estados Unidos. Para Núñez, el desinterés de la gente joven hacia lo ocurrido entonces es el "gran logro" de la Transición, ironiza la historiadora sobre una situación que ha degenerado, añade, en una "despolitización progresiva" de la sociedad española, por lo que subraya la importancia de desvelar estos acontecimientos documentados. Tras una primer capítulo dedicado a intentar explicar "el porqué y el para qué" de la represión, a cargo de la misma historiadora, Manuel Álvaro Dueñas hace en el libro un repaso de cómo el franquismo se dedicó a modificar leyes para intentar legitimarse y expoliar a los perdedores. Este proceso culminaría con la Ley de Responsabilidades Políticas que dejó en la miseria a miles de familias o entidades que habían estado vinculadas a la República, y cuyas propiedades y bienes fueron incautadas por los golpistas intentando dar a este proceso un falso barniz de legalidad.
Un informe para el juez Garzón
La segunda parte de la obra, se centra en la represión judicial y militar en Huelva, entre 1936 y 1945, un trabajo de Francisco Espinosa y José María García Márquez. Esta provincia andaluza sirve como paradigma del exterminio premeditado que el Franquismo infringió a la población considerada desafecta a sus propósitos, una violencia que, según los autores, está documentada en esta zona en cerca de un 80% de sus víctimas. El libro se cierra con un informe sobre la represión, a cargo de Espinosa Maestre, que recoge el conjunto de investigaciones existentes sobre la violencia institucional del régimen durante la guerra y la posguerra.
El libro desvela también la "mecánica de la infamia" y los "rituales de la humillación" que la dictadura puso en marcha
Este estudio, que originalmente fue elaborado para entregarlo en el juzgado central de instrucción número 5, presidido por Baltasar Garzón, es "un resumen del estado actual de los estudios e investigaciones de la represión franquista".
Para el profesor de la Universidad Rovira i Virgili, Josep Sánchez Cervelló, La gran represión es un "libro extraordinario" por que explica la formulación jurídica en la que el Franquismo basó su represión, la "aberración" que supuso la promulgación leyes de aplicación retroactiva, una "maleabilidad legal" que tenía como objetivo "ejemplificar sobre la víctimas el impacto que la dictadura quería impulsar".
Sánchez Cervelló apunta que el libro desvela también la "mecánica de la infamia" y los "rituales de la humillación" que la dictadura puso en marcha para aniquilar la dignidad de decenas de miles mujeres del bando republicano, quienes además de sufrir violaciones sistemáticas por parte de las tropas falangistas durante la guerra, fueron "reeducadas" en "reformatorios especiales" donde padecieron vejaciones de todo tipo.
En este sentido, Mirta Núñez cree que la Iglesia Católica no ha reconocido todavía el importante papel que jugó en esta represión, ya que muchos de estos centros de reeducación fueron gestionados por el clero.
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Un ensayo colectivo denuncia la brutal represión del Franquismo
Un informe para Garzón se convierte en una obra colectiva sobre la represión franquista
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'La gran represión' es un ensayo minucioso sobre el régimen de terror y la persecución sistemática durante las décadas de la dictadura.
Este estudio fue originalmente elaborado para entregarlo en el juzgado central de instrucción número 5, presidido por Baltasar Garzón.
El libro es un resumen de la actual situación de las investigaciones históricas sobre la violencia de Estado durante el franquismo.
Minuteca todo sobre:
Baltasar Garzón,
Franquismo
AGENCIAS. 05.07.2009
El franquismo puso en marcha en los primeros años del régimen una máquina despiadada para acabar con sus enemigos, una ingeniería de "aberraciones jurídicas" que buscaba desposeer a los vencidos de sus bienes y dignidad, se explica en La gran represión, un ensayo colectivo publicado por Flor del viento. La gran represión es un nuevo volumen de la colección "Con Franco vivíamos peor" que recopila varios estudios, coordinados por Mirta Núñez Díaz-Balart -con trabajos de análisis de los historiadores Manuel Álvaro Dueñas, Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez- que dan fe del régimen de terror y la persecución sistemática y con carácter de Estado que padecieron cientos de miles de españoles hasta la década de los cincuenta. Mirta Núñez explica que tras los fusilamientos, los encarcelamientos masivos, y la represión económica de los vencidos durante la guerra y postguerra, hubo una "premeditación de Estado" dirigida a "domesticar a la población".
El desinterés de la gente joven hacia lo ocurrido entonces es el "gran logro" de la Transición, ironiza la historiadora
Esta estrategia de persecución y "encapsulamiento ideológico" fue exitosa, gracias en parte a la contexto internacional que tras la Segunda Guerra Mundial no sólo toleró la dictadura franquista, sino que recibió el apoyo expreso de Estados Unidos. Para Núñez, el desinterés de la gente joven hacia lo ocurrido entonces es el "gran logro" de la Transición, ironiza la historiadora sobre una situación que ha degenerado, añade, en una "despolitización progresiva" de la sociedad española, por lo que subraya la importancia de desvelar estos acontecimientos documentados. Tras una primer capítulo dedicado a intentar explicar "el porqué y el para qué" de la represión, a cargo de la misma historiadora, Manuel Álvaro Dueñas hace en el libro un repaso de cómo el franquismo se dedicó a modificar leyes para intentar legitimarse y expoliar a los perdedores. Este proceso culminaría con la Ley de Responsabilidades Políticas que dejó en la miseria a miles de familias o entidades que habían estado vinculadas a la República, y cuyas propiedades y bienes fueron incautadas por los golpistas intentando dar a este proceso un falso barniz de legalidad.
Un informe para el juez Garzón
La segunda parte de la obra, se centra en la represión judicial y militar en Huelva, entre 1936 y 1945, un trabajo de Francisco Espinosa y José María García Márquez. Esta provincia andaluza sirve como paradigma del exterminio premeditado que el Franquismo infringió a la población considerada desafecta a sus propósitos, una violencia que, según los autores, está documentada en esta zona en cerca de un 80% de sus víctimas. El libro se cierra con un informe sobre la represión, a cargo de Espinosa Maestre, que recoge el conjunto de investigaciones existentes sobre la violencia institucional del régimen durante la guerra y la posguerra.
El libro desvela también la "mecánica de la infamia" y los "rituales de la humillación" que la dictadura puso en marcha
Este estudio, que originalmente fue elaborado para entregarlo en el juzgado central de instrucción número 5, presidido por Baltasar Garzón, es "un resumen del estado actual de los estudios e investigaciones de la represión franquista".
Para el profesor de la Universidad Rovira i Virgili, Josep Sánchez Cervelló, La gran represión es un "libro extraordinario" por que explica la formulación jurídica en la que el Franquismo basó su represión, la "aberración" que supuso la promulgación leyes de aplicación retroactiva, una "maleabilidad legal" que tenía como objetivo "ejemplificar sobre la víctimas el impacto que la dictadura quería impulsar".
Sánchez Cervelló apunta que el libro desvela también la "mecánica de la infamia" y los "rituales de la humillación" que la dictadura puso en marcha para aniquilar la dignidad de decenas de miles mujeres del bando republicano, quienes además de sufrir violaciones sistemáticas por parte de las tropas falangistas durante la guerra, fueron "reeducadas" en "reformatorios especiales" donde padecieron vejaciones de todo tipo.
En este sentido, Mirta Núñez cree que la Iglesia Católica no ha reconocido todavía el importante papel que jugó en esta represión, ya que muchos de estos centros de reeducación fueron gestionados por el clero.
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El Gobierno escatima fondos a las exhumaciones
La financiación de la ley. - PÚBLICO_
Sólo un 19% de las subvenciones de Presidencia para recuperar la memoria histórica costean la identificación de cuerpos . Una asociación recibe 120.000 euros en tres años para 314 restos
DIEGO BARCALA - MADRID - 06/07/2009 08:00
Una habitación de 30 metros cuadrados en la Universidad Autónoma de Madrid es el laboratorio más grande de España que identifica restos rescatados de las fosas comunes de la Guerra Civil. El equipo científico que trabaja en recomponer las vidas de 314 esqueletos acumulados en cajas está compuesto por un antropólogo forense, dos arqueólogas en paro, un historiador aficionado y un becario que documenta toda la información. El becario es el único que cobra. Sólo un 19% de las subvenciones del Gobierno para desarrollar la Ley de la Memoria Histórica están dedicadas a la recuperación de cuerpos.
El Ministerio de Presidencia otorga cada año, desde 2006, una cantidad aproximada de dos millones de euros para proyectos relacionados con la recuperación de la memoria histórica de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
El 81% de las ayudas se dedica a libros, exposiciones o jornadas
En su primera convocatoria primaba en las bases de la misma los proyectos relacionados con "la recuperación de los cuerpos". Sin embargo, durante tres años seguidos, las ayudas dedicadas a este fin apenas han alcanzado los dos millones. El 81% restante, de los 11,5 millones repartidos en total, ha sido dedicado a libros, exposiciones o jornadas.
"Está bien que paguen los libros o los monolitos, pero la subvención a nosotros nos supone una propina", apunta el representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Burgos, José Ignacio Casado, que en el equipo de la Autónoma ejerce de historiador.
Además, añade otro dato que explica la urgencia de la subvención en su caso: "Tenemos a muchos familiares esperando a que se acabe el trabajo de identificación para que les entreguemos el cuerpo. El problema es que muchos se nos mueren en la espera".
La situación contrasta con lo que ocurre en Catalunya, donde gracias a la reciente aprobación de la Ley de Fosas, la Administración autonómica pagará por mandato legal la apertura de las sepulturas colectivas siempre y cuando existan indicios documentales de que una determinada persona está enterrada allí.
"Muchos se mueren en la espera de la identificación de su familiar"
Casado irrumpe en el laboratorio con un documento en la mano. El papel es una lista de los presos que fueron sacados de la cárcel una madrugada de agosto. Los nombres coinciden con algunos de los asesinados cuyas muertes tratan de explicar 70 años después.
"Por el análisis de los huesos se pueden saber muchas cosas. Si tiene fractura post mórtem o pre mórtem. Es decir, si fueron maltratados, cómo los mataron...", explica Ríos. El objetivo de este equipo de la ARMH es ayudar a las agrupaciones de familiares y crear una gran base de datos que cuente la verdad del suceso histórico. "No se pueden explicar estos asesinatos sin un contexto global", añade Ríos.
La mesa central del laboratorio la ocupa un esqueleto completo con un agujero en el cráneo. "A estos los mataron dentro de la fosa. Primero les metieron y luego les dispararon", interpreta Casado con los datos del exhaustivo informe de la fosa de la que procede el cadáver.
Al lado, descansan en cajas los objetos que fueron rescatados en la excavación: un reloj, un crucifijo, una moneda, un pastillero e incluso gomas de borrar. "Aunque los huesos estuvieran desintegrados siempre puede haber objetos como unas suelas de goma que expliquen cuántos cuerpos había", comenta Ríos.
La asociación de Casado ha recibido una subvención de 120.000 euros de Presidencia en tres convocatorias. Un dinero que no costea todo el proceso. "Sólo con desplazar a un equipo de antropólogos durante dos días a excavar una fosa ya habríamos gastado el presupuesto. Menos mal que lo hacen voluntarios", explica. En la ayuda de la convocatoria de 2008 se encontraron con una paradoja. El Gobierno exige escrupulosamente una rendición de cuentas que justifique, en un año, el uso de la subvención. Por error, la ARMH indicó que tendría la identificación de los cuerpos de una fosa en ese año, pero al ritmo que les posibilitan los medios de los que disponen, era imposible. El Ejecutivo solicitó entonces la devolución del dinero.
ADN y documentación
El rigor científico con el que trabajan es total. "La parte documental es fundamental porque a veces, con la prueba de ADN, no es seguro que el cuerpo analizado sea la persona buscada", relata Ríos. Más de una vez se han encontrado con una coincidencia de más de un 95% en el código genético del resto hallado y del familiar que reclama su cuerpo. Sin embargo, en los pueblos pequeños, donde la represión fue muy dura, era común que hubiese multitud de lazos familiares entre los vecinos. "Si a la coincidencia genética le añades pruebas históricas, ya sí que garantizamos y firmamos el informe", concluye el antropólogo.
Cuando la Audiencia Nacional abrió una causa a través del juez Baltasar Garzón para investigar el paradero de 150.000 desaparecidos, salieron cálculos demagógicos sobre el coste que tendría el proceso. La cuenta era sencilla: tantos desaparecidos a 500 euros la identificación genética daba una cantidad escalofriante. Sin embargo, las pruebas genéticas apenas son necesarias para un 30% de los cuerpos encontrados: son aquellos que todavía mantienen familiares vivos. "Existe gente muy capacitada en España para hacer esta labor, lo que pasa es que no hay nadie que ponga el dinero", argumenta Ríos.
El Gobierno confía en la labor altruista de las agrupaciones de familiares. De hecho, el Ejecutivo les ha enviado una ficha para que cuenten los datos de la fosa donde están sus antepasados, los datos de los desaparecidos y las fuentes de información. Estos colectivos se siente explotados y hartos. El Gobierno pide a las víctimas que busquen las fosas cuando la ley atribuye la tarea a las "Administraciones públicas".
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5/07/2009 - 13:52
NaBai presenta un recurso de alzada ante el TAN contra la decisión de mantener el nombre de Plaza del Conde de Rodezno (16/04)
El pasado sábado día 27 varias asociaciones y colectivos sociales de Navarra que trabajan por la recuperación de la denominada memoria histórica se reunieron en la plaza de Conde de Rodezno para mostrar su "total desacuerdo con la decisión de la Alcaldía de Pamplona de mantener de una forma perversa dicha denominación, insultando a la inteligencia de la ciudadanía y a la memoria de las personas que sufrieron el azote de personajes como el que pretendía homenajear esta plaza".
PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)
El pasado sábado día 27 varias asociaciones y colectivos sociales de Navarra que trabajan por la recuperación de la denominada memoria histórica se reunieron en la plaza de Conde de Rodezno para mostrar su "total desacuerdo con la decisión de la Alcaldía de Pamplona de mantener de una forma perversa dicha denominación, insultando a la inteligencia de la ciudadanía y a la memoria de las personas que sufrieron el azote de personajes como el que pretendía homenajear esta plaza".
Los colectivos Ahaztuak 1936-1977, asociación Pueblo de las Viudas (Sartaguda) Alargunen Herria, Memoriaren Bideak, Psicólogos sin Fronteras, Sanfermines 78 Gogoan, Txinparta, Eguzki Bideoak, Hutsarte, y La Hormiga Atómica Liburuak, recordaron en un comunicado que "a pesar de que en Navarra no hubo frente de guerra, son más de 3.400 los asesinados por causas ideológicas y para imponer el terror a toda la sociedad".
Por otro lado, indicaron que "la Ley 52/2007, en su artículo 15, establece que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".
Asimismo, señalaron que "la Ley Foral 24/2003 de Símbolos de Navarra contiene una disposición transitoria única bajo el epígrafe Retirada de simbología franquista y en su tenor literal dice que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley Foral, las autoridades en ella referidas procederán a la retirada y sustitución de la simbología propia del régimen franquista". "Esto es lo que dice la ley, y contra la burla a la misma nos concentramos y parodiamos la sustitución de la perversa placa por otra con mensaje de libertad", añadieron.
ACTUACIÓN DE LA POLICÍA
En el comunicado, los colectivos lamentaron que en la reunión celebrada en dicha plaza "la delegada del Gobierno, socialista y responsable de la actuación de la policía nacional que vigilaba el acto, considerase que éramos nosotros los que atentábamos contra el orden público, y no quienes mantienen los símbolos y monumentos franquistas". En este sentido, señaló que la delegada "envió a su policía para retener a dos personas, una de ellas la señora que fue empujada por los pechos por un policía cuando otros policías trataban de retener a quien había colocado la placa". "Transcurrido bastante tiempo, y sin que mediara ningún otro incidente, fue abordada por la policía cuando apenas quedaba gente en el lugar, para ser acusada de agresión a las fuerzas del orden", aseguraron.
Los colectivos quisieron dejar claro que la concentración "pretendía ser, y fue, una protesta pacífica y festiva". Así, "una persona cambió el nombre a la plaza para pasar a denominarla Plaza de la Fuga del Fuerte, en recuerdo a los presos de San Cristóbal y sus familiares, y si bien fue una la persona, seremos muchos los que nos autoinculparemos con ella para dejar claro que es una acto colectivo, en el que no tenemos nada que esconder".
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Los colectivos Ahaztuak 1936-1977, asociación Pueblo de las Viudas (Sartaguda) Alargunen Herria, Memoriaren Bideak, Psicólogos sin Fronteras, Sanfermines 78 Gogoan, Txinparta, Eguzki Bideoak, Hutsarte, y La Hormiga Atómica Liburuak, recordaron en un comunicado que "a pesar de que en Navarra no hubo frente de guerra, son más de 3.400 los asesinados por causas ideológicas y para imponer el terror a toda la sociedad".
Por otro lado, indicaron que "la Ley 52/2007, en su artículo 15, establece que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".
Asimismo, señalaron que "la Ley Foral 24/2003 de Símbolos de Navarra contiene una disposición transitoria única bajo el epígrafe Retirada de simbología franquista y en su tenor literal dice que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley Foral, las autoridades en ella referidas procederán a la retirada y sustitución de la simbología propia del régimen franquista". "Esto es lo que dice la ley, y contra la burla a la misma nos concentramos y parodiamos la sustitución de la perversa placa por otra con mensaje de libertad", añadieron.
ACTUACIÓN DE LA POLICÍA
En el comunicado, los colectivos lamentaron que en la reunión celebrada en dicha plaza "la delegada del Gobierno, socialista y responsable de la actuación de la policía nacional que vigilaba el acto, considerase que éramos nosotros los que atentábamos contra el orden público, y no quienes mantienen los símbolos y monumentos franquistas". En este sentido, señaló que la delegada "envió a su policía para retener a dos personas, una de ellas la señora que fue empujada por los pechos por un policía cuando otros policías trataban de retener a quien había colocado la placa". "Transcurrido bastante tiempo, y sin que mediara ningún otro incidente, fue abordada por la policía cuando apenas quedaba gente en el lugar, para ser acusada de agresión a las fuerzas del orden", aseguraron.
Los colectivos quisieron dejar claro que la concentración "pretendía ser, y fue, una protesta pacífica y festiva". Así, "una persona cambió el nombre a la plaza para pasar a denominarla Plaza de la Fuga del Fuerte, en recuerdo a los presos de San Cristóbal y sus familiares, y si bien fue una la persona, seremos muchos los que nos autoinculparemos con ella para dejar claro que es una acto colectivo, en el que no tenemos nada que esconder".
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"No me pueden sancionar por defender a Franco ya la corona"
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"No me pueden sancionar por defender a Franco ya la corona"
Asé se defiende el alto mando sancionado por animar al resto de compañeros a incumplir la ley de Memoria Histórica
MARIELA RUBIO / CADENA SER 05-07-2009
El Comandante militar de A Coruña destituido y arrestado por redactar un informe crítico sobre la ley de memoria histórica alega ante el juez en un escrito al que ha tenido acceso la SER, que lo hizo por lealtad a la corona y a su antiguo jefe, el general Franco.
El Informe 'reservado' sobre la ley de la memoria histórica
Un juzgado de Granada rechaza investigar la fosa de Lorca
Garzón ya prepara su defensa por el caso de la Memoria Histórica
Madrid retira las distinciones concedidas a Franco
"No puede ser objeto de sanción quien, en cumplimiento de su deber, defiende a su antiguo jefe". Así reza uno de los escritos que el coronel Lorenzo Hernández Navarro de los Paños ha dirigido al Tribunal militar central. El texto figura entre la documentación que el alto mando remitió a modo de recurso tras la sanción de un mes de arresto domiciliario que le impuso el Ejército.
El motivo de la sanción fue el informe que el coronel, que en aquel momento era comandante militar de A Coruña remitió a su superior el jefe de la Subinspección del Ejército con sede en Valladolid, en enero de 2008.
En el texto, calificado como reservado, Hernández criticaba duramente la ley de memoria histórica e instaba al resto de altos mandos a incumplirla y a procurar la permanencia en las instalaciones militares de los símbolos franquistas a los que definía como "parte de la auténtica memoria histórica y matriz del actual ordenamiento constitucional"
Por aquel informe, el coronel fue cesado y sancionado con un mes de arresto domiciliario; pero Hernández, recurrió la sanción ante el Tribunal Militar Central por considerarla "injusta" y exigió un indemnización por el mes de arresto cumplido.
"La ley niega la legalidad del rey"
En su recurso el coronel, además de apelar a lo que, a su juicio, es "el deber de todo militar de defender a sus antiguos mandos", se ratifica en que la ley de memoria histórica "niega la legalidad de su majestad el rey" por lo que alega que se vio en la obligación de dejar patente su rechazo por escrito movido por "la lealtad hacia la corona".
El Tribunal Militar, ha desestimado las justificaciones planteadas en el recurso del Coronel Hernández y acaba de ratificar el mes de arresto con el que fue sancionado; sin embargo según han confirmado fuentes militares a la cadena SER, el tribunal tuvo múltiples dudas a la hora de elaborar su dictamen dado el carácter reservado y "no destinado a hacerse público" del informe del coronel.
En cualquier caso, el que fuera Comandante militar de A Coruña y Lugo, no podrá de momento borrar la falta leve de su expediente y tampoco ser indemnizado por los días de arresto como solicitó al tribunal. El coronel, que pasó a la reserva el 14 de julio del pasado año, podrá no obstante, recurrir la decisión del Tribunal Militar Central ante la sala de lo militar del Tribunal Supremo.
El Informe 'reservado' sobre la ley de la memoria histórica
"De la lectura y análisis de la ley de la memoria histórica se desprende que a pesar de prolijo circunloquio establecido en su exposición de motivos, la eliminación de cualquier símbolo que represente la legalidad del estado español antes de al promulgación de la Constitución de 1978 poco o nada tiene que ver con una ley por la que se reconocen y se amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Tampoco pretende como proclama la reconciliación entre los españoles pues trata de establecer con rango de ley quienes eran los buenos y quienes eran los malos y que ello no promueve la coexistencia de símbolos que ya la hay, sino la supresión de los símbolos de los malos; conviene recordar que la proclamación de la segunda república fue enteramente ilegal. Ilegal o alegal en su inicio pues las elecciones que dieron paso al cambio de régimen eran municipales, para determinar la composición de las corporaciones locales, no un plebiscito para determinar la forma de gobierno de la nación. Ello además de que la proclamación de la II República tuvo lugar antes de finalizar el escrutinio y sin tener en cuanta los resultados. Por lo que no fue otra cosa que un golpe de estado civil y en cuanto a cualquier vestigio de legalidad en su ejercicio desapareció el 11 de mayo tras haber transcurrido un mes de su proclamación.
En definitiva el espíritu y la letra, de las tanta veces citada ley de la memoria histórica, no es otra que dejar sentada la base de que no hay otra legalidad que la, según el legislador, republicana. Interrumpida esta el 18 de julio del 36, y por ello formalmente aunque se cite la constitución del 78 y sus valores democráticos como referencia temporal para establecer el fin de la dictadura, en la práctica, niega la legalidad de su majestad el rey, tanto si se considera la monarquía instaurada como restaurada y desde luego pone también en entredicho la Constitución del 1978. Lo expuesto tiene suficiente gravedad para que cada escalón de mando en el ejercicio de su responsabilidades, cumpliendo y haciendo cumplir la ley, pero utilizando cuantas posibilidades deje la misma procure la permanencia de unos símbolos que además de formar parte de la auténtica memoria histórica, son se quiera o no, matriz del actual ordenamiento constitucional"
*Fdo: Coronel Lorenzo Fernández Navarro de los Paños y Álvarez de Miranda. Comandante Militar de La Coruña y Lugo. 8 de enero de 2008
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El motivo de la sanción fue el informe que el coronel, que en aquel momento era comandante militar de A Coruña remitió a su superior el jefe de la Subinspección del Ejército con sede en Valladolid, en enero de 2008.
En el texto, calificado como reservado, Hernández criticaba duramente la ley de memoria histórica e instaba al resto de altos mandos a incumplirla y a procurar la permanencia en las instalaciones militares de los símbolos franquistas a los que definía como "parte de la auténtica memoria histórica y matriz del actual ordenamiento constitucional"
Por aquel informe, el coronel fue cesado y sancionado con un mes de arresto domiciliario; pero Hernández, recurrió la sanción ante el Tribunal Militar Central por considerarla "injusta" y exigió un indemnización por el mes de arresto cumplido.
"La ley niega la legalidad del rey"
En su recurso el coronel, además de apelar a lo que, a su juicio, es "el deber de todo militar de defender a sus antiguos mandos", se ratifica en que la ley de memoria histórica "niega la legalidad de su majestad el rey" por lo que alega que se vio en la obligación de dejar patente su rechazo por escrito movido por "la lealtad hacia la corona".
El Tribunal Militar, ha desestimado las justificaciones planteadas en el recurso del Coronel Hernández y acaba de ratificar el mes de arresto con el que fue sancionado; sin embargo según han confirmado fuentes militares a la cadena SER, el tribunal tuvo múltiples dudas a la hora de elaborar su dictamen dado el carácter reservado y "no destinado a hacerse público" del informe del coronel.
En cualquier caso, el que fuera Comandante militar de A Coruña y Lugo, no podrá de momento borrar la falta leve de su expediente y tampoco ser indemnizado por los días de arresto como solicitó al tribunal. El coronel, que pasó a la reserva el 14 de julio del pasado año, podrá no obstante, recurrir la decisión del Tribunal Militar Central ante la sala de lo militar del Tribunal Supremo.
El Informe 'reservado' sobre la ley de la memoria histórica
"De la lectura y análisis de la ley de la memoria histórica se desprende que a pesar de prolijo circunloquio establecido en su exposición de motivos, la eliminación de cualquier símbolo que represente la legalidad del estado español antes de al promulgación de la Constitución de 1978 poco o nada tiene que ver con una ley por la que se reconocen y se amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Tampoco pretende como proclama la reconciliación entre los españoles pues trata de establecer con rango de ley quienes eran los buenos y quienes eran los malos y que ello no promueve la coexistencia de símbolos que ya la hay, sino la supresión de los símbolos de los malos; conviene recordar que la proclamación de la segunda república fue enteramente ilegal. Ilegal o alegal en su inicio pues las elecciones que dieron paso al cambio de régimen eran municipales, para determinar la composición de las corporaciones locales, no un plebiscito para determinar la forma de gobierno de la nación. Ello además de que la proclamación de la II República tuvo lugar antes de finalizar el escrutinio y sin tener en cuanta los resultados. Por lo que no fue otra cosa que un golpe de estado civil y en cuanto a cualquier vestigio de legalidad en su ejercicio desapareció el 11 de mayo tras haber transcurrido un mes de su proclamación.
En definitiva el espíritu y la letra, de las tanta veces citada ley de la memoria histórica, no es otra que dejar sentada la base de que no hay otra legalidad que la, según el legislador, republicana. Interrumpida esta el 18 de julio del 36, y por ello formalmente aunque se cite la constitución del 78 y sus valores democráticos como referencia temporal para establecer el fin de la dictadura, en la práctica, niega la legalidad de su majestad el rey, tanto si se considera la monarquía instaurada como restaurada y desde luego pone también en entredicho la Constitución del 1978. Lo expuesto tiene suficiente gravedad para que cada escalón de mando en el ejercicio de su responsabilidades, cumpliendo y haciendo cumplir la ley, pero utilizando cuantas posibilidades deje la misma procure la permanencia de unos símbolos que además de formar parte de la auténtica memoria histórica, son se quiera o no, matriz del actual ordenamiento constitucional"
*Fdo: Coronel Lorenzo Fernández Navarro de los Paños y Álvarez de Miranda. Comandante Militar de La Coruña y Lugo. 8 de enero de 2008
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Esquerra pide que se elimine la placa de la Audiencia donde figura Franco
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Esquerra pide que se elimine la placa de la Audiencia donde figura ...
Esquerra pide que se elimine la placa de la Audiencia donde figura Franco
El grupo parlamentario exige que, de no retirarse «este recuerdo del franquismo», se diga si es una obra protegida
S. ARIZAGA
El Gobierno central tendrá que decidir si retira o no del vestíbulo de la Audiencia Provincial de Zamora la placa de mármol conmemorativa de la inauguración de dicho edificio judicial, en la que figura el nombre el dictador Francisco Franco, decisión con la que cumpliría la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Parlamento.
En la mencionada placa se puede leer el texto «Bajo el mandato del Caudillo de España, el Excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, y siendo ministro de Justicia el excelentísimo señor don Antonio Iturmendi Bañales, se terminó este edificio que fue inaugurado el día 22 de septiembre de 1951».
Pregunta al Gobierno
La propuesta respondería a la petición formalizada por el grupo parlamentario de Esquerra Republicana-IU-Iniciativa per Catalunya, formulada en una pregunta que el diputado nacional Joan Herrera Torres acaba de elevar a la mesa del Congreso de los Diputados, junto a la petición de eliminación de otros símbolos y monumentos del franquismo. El diputado catalán ha preguntado al Gobierno si «tiene previsto retirar este vestigio del franquismo tal como señala la Ley 52/2007». El parlamentario de Esquerra Republicana solicita que en caso de que la respuesta sea negativa concrete la motivación de la misma, mientras apunta que se concrete si tal determinación se toma «porque el Gobierno considera que este recuerdo del franquismo debe ser mantenido porque "concurren razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas"». Por último, pide que, si el Ejecutivo socialista de Madrid concluye que debe permanecer este recordatorio del régimen dictatorial, explique «cuándo fue protegido por la Ley esta exaltación del franquismo». En el vestíbulo que da acceso a las dependencias de la Audiencia Provincial de Zamora, situada en el Palacio de Los Momos, se puede observar este mármol que se fecha la inauguración del inmueble y las autoridades que participaron en ella.
Polémica
Los parlamentarios de Esquerra Republicana se han distinguido en los últimos meses por reivindicar la retirada de todos los símbolos franquistas que todavía se mantienen en distintas ciudades y pueblos de España. Alegan que así se estable en la Ley de Memoria Histórica aprobada hace dos años por el Parlamento.La petición no ha estado exenta de polémica en algunos lugares, donde se argumenta que algunos símbolos franquistas tienen valor artístico o patrimonial.
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En la mencionada placa se puede leer el texto «Bajo el mandato del Caudillo de España, el Excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, y siendo ministro de Justicia el excelentísimo señor don Antonio Iturmendi Bañales, se terminó este edificio que fue inaugurado el día 22 de septiembre de 1951».
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simbología franquista
¿Quién es Marcos Ana?
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¿Quién es Marcos Ana?
06.07.09 - 12:25 - LOLA RUIZ DOMENECH
Marcos Ana es un hombre. Un hombre bueno. En el buen sentido de la palabra bueno. Marcos Ana es Fernando Macarro Castillo. Quiso llamarse Marcos Ana en homenaje a su padre y a su madre, gentes sencillas, campesinos sin tierra y analfabetos. En este homenaje, reconocía a todas aquellas personas, que tuvieron que existir para que él existiera. Desde la cárcel, desde el sufrimiento, desde las celdas de castigo Marcos Ana no olvidó a quienes debía esa vida por la que peleaba minuto a minuto.
Marcos Ana pasó veintitrés años encarcelado. Fue apresado en el puerto de Alicante, mientras esperaba, ¡cómo tantas personas! un barco que nunca llegó. Tenía diecinueve años recién cumplidos. No pudo ir a la universidad, pero "su universidad fue la cárcel". En ella aprendió.
Aprendió mucho. Porque una parte de la mejor generación, una de las más brillantes que ha dado este país en los últimos siglos, la que no estaba desaparecida o en el exilio, estaba en la cárcel. Pudo aprender de personas excepcionales como el músico y profesor de Física y Química, Custodio Peñarrocha; del médico cirujano Bartrina; del pintor Luis Piquer; de Agustín Samos de Granada; de José Picado; del joven José Yuste; etc. Aprendió a pensar, a razonar, a reflexionar y, quizá lo más importante, a vivir, a sentir, a ser una persona cabal, sincera, humilde, afable, cercana, sencilla, generosa, lúcida, íntegra, auténtica, completa.
Marcos Ana es un hombre honesto. Un luchador generoso que ha entregado su vida a la solidaridad. Es una lección viva de humanidad, de dignidad, de lucha por los Derechos Humanos, para conseguir un «mundo más justo y humano, sin hambres y sin guerras, sin desigualdades sociales, donde el sol salga y caliente para todos». Representa a todas las personas de corazón fuerte y razón ardiente que quieren vivir en paz. A todas las personas que sufrieron, que sufren. A todas las personas que han luchado y luchan por conseguir un mundo mejor.
La UGR lo propone para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2009. Presentará la candidatura a principios del mes de julio. La propuesta, respaldada por José Saramago, Wole Soyinka, Gioconda Belli, Federico Mayor Zaragoza, Eduardo Galeano y miles de firmas más, está siendo promovida a través de la página Web www.unpremioparamarcosana.org en la que se recogen firmas. Propuesta que apoyo. Aunque soy republicana. Aunque no confío mucho en las instituciones que llevan nombres monárquicos. Si realmente los premios Príncipe de Asturias de la Concordia se otorgan a quienes han tenido una vida ejemplar, esta es la vida de Marcos Ana. Por quien es y por lo que representa. Por ser como es y por enseñárnoslo. Por su lucha incansable por la libertad, ¡qué tanto trabajo le costó conseguir!
Fernando Macarro Castillo, hijo de Marcos y de Ana dice «no siento ningún rencor; me sentiría muy desgraciado si así fuera. Al haber sufrido tantas calamidades soy incapaz de generar venganza. La venganza no es ningún ideal político ni revolucionario. La única venganza a la que yo aspiro es ver un día el triunfo de los ideales por los que he luchado y por los que tantos hombres y mujeres en España perdieron su vida o su libertad».
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Aprendió mucho. Porque una parte de la mejor generación, una de las más brillantes que ha dado este país en los últimos siglos, la que no estaba desaparecida o en el exilio, estaba en la cárcel. Pudo aprender de personas excepcionales como el músico y profesor de Física y Química, Custodio Peñarrocha; del médico cirujano Bartrina; del pintor Luis Piquer; de Agustín Samos de Granada; de José Picado; del joven José Yuste; etc. Aprendió a pensar, a razonar, a reflexionar y, quizá lo más importante, a vivir, a sentir, a ser una persona cabal, sincera, humilde, afable, cercana, sencilla, generosa, lúcida, íntegra, auténtica, completa.
Marcos Ana es un hombre honesto. Un luchador generoso que ha entregado su vida a la solidaridad. Es una lección viva de humanidad, de dignidad, de lucha por los Derechos Humanos, para conseguir un «mundo más justo y humano, sin hambres y sin guerras, sin desigualdades sociales, donde el sol salga y caliente para todos». Representa a todas las personas de corazón fuerte y razón ardiente que quieren vivir en paz. A todas las personas que sufrieron, que sufren. A todas las personas que han luchado y luchan por conseguir un mundo mejor.
La UGR lo propone para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2009. Presentará la candidatura a principios del mes de julio. La propuesta, respaldada por José Saramago, Wole Soyinka, Gioconda Belli, Federico Mayor Zaragoza, Eduardo Galeano y miles de firmas más, está siendo promovida a través de la página Web www.unpremioparamarcosana.org en la que se recogen firmas. Propuesta que apoyo. Aunque soy republicana. Aunque no confío mucho en las instituciones que llevan nombres monárquicos. Si realmente los premios Príncipe de Asturias de la Concordia se otorgan a quienes han tenido una vida ejemplar, esta es la vida de Marcos Ana. Por quien es y por lo que representa. Por ser como es y por enseñárnoslo. Por su lucha incansable por la libertad, ¡qué tanto trabajo le costó conseguir!
Fernando Macarro Castillo, hijo de Marcos y de Ana dice «no siento ningún rencor; me sentiría muy desgraciado si así fuera. Al haber sufrido tantas calamidades soy incapaz de generar venganza. La venganza no es ningún ideal político ni revolucionario. La única venganza a la que yo aspiro es ver un día el triunfo de los ideales por los que he luchado y por los que tantos hombres y mujeres en España perdieron su vida o su libertad».
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Marcos Ana
domingo 5 de julio de 2009
Dieciocho víctimas de la guerra serán exhumadas en Montefrío
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Dieciocho víctimas de la guerra serán exhumadas en Montefrío
Los represaliados, todos ellos varones y residentes en los municipios limítrofes, fueron ejecutados el 1 de septiembre de 1936 y enterrados en una finca privada
ÁLVARO CALLEJA
La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) emprenderá muy pronto una nueva exhumación en Montefrío. En esta ocasión, se trata de 18 vecinos de distintas localidades que fueron fusilados en un paraje de Montefrío, cuyo propietario ha accedido a que un equipo multidisciplinar de la Universidad de Granada lleve a cabo la apertura de la fosa.
La presidenta de la AGRMH, Maribel Brenes, precisó que su localización ha sido posible gracias a la información facilitada por el familiar de uno de los represaliados, en concreto un sobrino de uno de los fallecidos que mostró su deseo de que se exhumasen los cuerpos. Se desconoce, por otro lado, la identidad del resto de las víctimas, todos ellos varones y vecinos de los pueblos limítrofes, puesto que ningún otro familiar los ha reclamado, entre otras razones por el desconocimiento que muchos familiares tienen sobre el lugar donde fueron enterrados sus seres queridos.
Según la información facilitada por la mencionada asociación, las 18 víctimas fueron ejecutadas poco después del alzamiento militar, en concreto el 1 de septiembre de 1936. Sus verdugos los enterraron en una plantación de olivos entre las poblaciones de Algarinejo y Montefrío que su propietario ha respetado a lo largo de los casi 73 años transcurridos, circunstancia que facilitará los trabajos de exhumación una vez que se disponga de la autorización. El lugar fue, además, registrado hace ya algún tiempo en el mapa de fosas de la provincia de Granada que elaboró la asociación.
Según cuenta en uno de sus estudios sobre la Guerra Civil en Granada el vicepresidente de la AGRMH y alcalde de Pulianas, Rafael Gil Bracero, la batalla de Montefrío se preparó desde los primeros días de septiembre mediante las "operaciones de limpieza" efectuadas por "columnas del tercio, guardia de asalto, requetés y españoles patriotas de las poblaciones de Tocón, Íllora, Brácana y Alomartes". "Pero la disposición de salida se dio el día 18, cuando se ordena que el escuadrón de caballería y fuerzas de la comandancia militar de Loja se desplacen hacia Huétor Tájar", relata. Montefrío caería en manos del bando nacional el 20 de septiembre de 1936, lo que obligó a las fuerzas republicanas a replegarse desordenadamente hacia Alcalá la Real.
En principio, no se cree que las 18 personas ejecutadas y enterradas en la fosa de Montefrío fuesen milicianos republicanos, sino vecinos que pudieron simpatizar con ideas de izquierda.
Precisamente, la asociación acometió recientemente la exhumación de 18 soldados republicanos sin identificar que fueron ejecutados en Melegís. La excavación se prolongó durante un mes y permitió dejar al descubierto los restos óseos de estos 18 milicianos del bando republicano que, según los datos históricos, pudieron recalar en este municipio granadino del Valle de Lecrín tras emprender, junto a numerosos militares y civiles, la huida por carretera de la costa hacia Almería cuando Málaga fue tomada por el ejército franquista.
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Dieciocho víctimas de la guerra serán exhumadas en Montefrío
Los represaliados, todos ellos varones y residentes en los municipios limítrofes, fueron ejecutados el 1 de septiembre de 1936 y enterrados en una finca privada
ÁLVARO CALLEJA
La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) emprenderá muy pronto una nueva exhumación en Montefrío. En esta ocasión, se trata de 18 vecinos de distintas localidades que fueron fusilados en un paraje de Montefrío, cuyo propietario ha accedido a que un equipo multidisciplinar de la Universidad de Granada lleve a cabo la apertura de la fosa.
La presidenta de la AGRMH, Maribel Brenes, precisó que su localización ha sido posible gracias a la información facilitada por el familiar de uno de los represaliados, en concreto un sobrino de uno de los fallecidos que mostró su deseo de que se exhumasen los cuerpos. Se desconoce, por otro lado, la identidad del resto de las víctimas, todos ellos varones y vecinos de los pueblos limítrofes, puesto que ningún otro familiar los ha reclamado, entre otras razones por el desconocimiento que muchos familiares tienen sobre el lugar donde fueron enterrados sus seres queridos.
Según la información facilitada por la mencionada asociación, las 18 víctimas fueron ejecutadas poco después del alzamiento militar, en concreto el 1 de septiembre de 1936. Sus verdugos los enterraron en una plantación de olivos entre las poblaciones de Algarinejo y Montefrío que su propietario ha respetado a lo largo de los casi 73 años transcurridos, circunstancia que facilitará los trabajos de exhumación una vez que se disponga de la autorización. El lugar fue, además, registrado hace ya algún tiempo en el mapa de fosas de la provincia de Granada que elaboró la asociación.
Según cuenta en uno de sus estudios sobre la Guerra Civil en Granada el vicepresidente de la AGRMH y alcalde de Pulianas, Rafael Gil Bracero, la batalla de Montefrío se preparó desde los primeros días de septiembre mediante las "operaciones de limpieza" efectuadas por "columnas del tercio, guardia de asalto, requetés y españoles patriotas de las poblaciones de Tocón, Íllora, Brácana y Alomartes". "Pero la disposición de salida se dio el día 18, cuando se ordena que el escuadrón de caballería y fuerzas de la comandancia militar de Loja se desplacen hacia Huétor Tájar", relata. Montefrío caería en manos del bando nacional el 20 de septiembre de 1936, lo que obligó a las fuerzas republicanas a replegarse desordenadamente hacia Alcalá la Real.
En principio, no se cree que las 18 personas ejecutadas y enterradas en la fosa de Montefrío fuesen milicianos republicanos, sino vecinos que pudieron simpatizar con ideas de izquierda.
Precisamente, la asociación acometió recientemente la exhumación de 18 soldados republicanos sin identificar que fueron ejecutados en Melegís. La excavación se prolongó durante un mes y permitió dejar al descubierto los restos óseos de estos 18 milicianos del bando republicano que, según los datos históricos, pudieron recalar en este municipio granadino del Valle de Lecrín tras emprender, junto a numerosos militares y civiles, la huida por carretera de la costa hacia Almería cuando Málaga fue tomada por el ejército franquista.
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ARMH presentará en unos días a Cultura el estudio arqueológico para poder exhumar la fosa de Lorca.
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ARMH presentará en unos días a Cultura el estudio arqueológico ...
ARMH presentará en unos días a Cultura el estudio arqueológico para poder exhumar la fosa de Lorca
GRANADA, 5 Jul.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Granada prevé entregar a mediados de este mes a la Delegación Provincial de Cultura el estudio arqueológico que está elaborando a fin de obtener la autorización para exhumar la fosa donde supuestamente están enterrados los restos de poeta Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí.
Fue el pasado mayo cuando la asociación decidió seguir un proceso administrativo paralelo al judicial a fin de obtener los permisos necesarios por parte de la Diputación de Granada --propietaria de los terrenos-- y la Junta de Andalucía, que deberá autorizar lo que será "algo similar a la excavación de un yacimiento arqueológico".
La asociación tomó esta decisión tras conocer el pasado mayo que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Granada rechazó asumir la causa sobre las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo y, concretamente la apertura de la citada fosa, por no verse competente. El caso volvió a la Audiencia Nacional y hace unos días el juez Baltasar Garzón planteó al Tribunal Supremo (TS) un conflicto de competencia para que decida quién debe autorizar la exhumación.
En este contexto, el vicepresidente de la ARMH en Granada, Rafael Gil Bracero, explicó a Europa Press que ya se está tramitando la solicitud a la Diputación de Granada --que aseguró en su día que no pondrá impedimentos a este proceso si lo ampara la ley-- y ahora se están "dando las últimas pinceladas" al estudio que se presentará a Cultura, que a su vez deberá remitirlo a la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, competente en resolver este asunto.
El proyecto está siendo elaborado por el profesor de Arqueología, Francisco Carrión, que "tiene un amplio currículum en materia de excavaciones arqueológicas" y será quien coordine los trabajos en caso de que se obtengan los permisos.
Se trata de un "exhaustivo documento" que incluye desde el estudio con georradares que precede a cualquier intervención en el subsuelo hasta el protocolo a seguir una vez que se localicen signos que evidencien la presencia de la citada fosa, así como los pasos que se darán una vez que se encuentren los restos y deban ser sometidos a los pertinentes estudios antropológicos y pruebas genéticas.
El proyecto también incluye las medidas que se van a tomar para evitar que la exhumación "se convierta en un circo mediático" y recoge para ello la colaboración de la Guardia Civil, de modo que esté garantizada la vigilancia en la zona y la privacidad del equipo formado por más de diez especialistas que se encargará de la exhumación.
Bracero consideró que el proceso administrativo tiene "más posibilidades de sacar resultados positivos" que la vía penal, después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señalara que la exhumación de las fosas de la Guerra Civil puede asimilarse a la intervención en un yacimiento arqueológico.
No obstante, explicó que la intención de la asociación es seguir en paralelo con ambos procesos y no descartó llevar el asunto al Tribunal Europeo de Derecho Humanos de Estrasburgo.
Bracero auguró que este proceso administrativo se dilatará hasta el próximo septiembre, si bien se mostró esperanzado en que a partir de esta fecha "las cosas se agilicen" y se pueda comenzar con los trabajos de localización de la fosa, situada en terrenos entre Víznar y Alfacar.
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ARMH presentará en unos días a Cultura el estudio arqueológico ...
ARMH presentará en unos días a Cultura el estudio arqueológico para poder exhumar la fosa de Lorca
GRANADA, 5 Jul.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Granada prevé entregar a mediados de este mes a la Delegación Provincial de Cultura el estudio arqueológico que está elaborando a fin de obtener la autorización para exhumar la fosa donde supuestamente están enterrados los restos de poeta Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí.
Fue el pasado mayo cuando la asociación decidió seguir un proceso administrativo paralelo al judicial a fin de obtener los permisos necesarios por parte de la Diputación de Granada --propietaria de los terrenos-- y la Junta de Andalucía, que deberá autorizar lo que será "algo similar a la excavación de un yacimiento arqueológico".
La asociación tomó esta decisión tras conocer el pasado mayo que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Granada rechazó asumir la causa sobre las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo y, concretamente la apertura de la citada fosa, por no verse competente. El caso volvió a la Audiencia Nacional y hace unos días el juez Baltasar Garzón planteó al Tribunal Supremo (TS) un conflicto de competencia para que decida quién debe autorizar la exhumación.
En este contexto, el vicepresidente de la ARMH en Granada, Rafael Gil Bracero, explicó a Europa Press que ya se está tramitando la solicitud a la Diputación de Granada --que aseguró en su día que no pondrá impedimentos a este proceso si lo ampara la ley-- y ahora se están "dando las últimas pinceladas" al estudio que se presentará a Cultura, que a su vez deberá remitirlo a la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, competente en resolver este asunto.
El proyecto está siendo elaborado por el profesor de Arqueología, Francisco Carrión, que "tiene un amplio currículum en materia de excavaciones arqueológicas" y será quien coordine los trabajos en caso de que se obtengan los permisos.
Se trata de un "exhaustivo documento" que incluye desde el estudio con georradares que precede a cualquier intervención en el subsuelo hasta el protocolo a seguir una vez que se localicen signos que evidencien la presencia de la citada fosa, así como los pasos que se darán una vez que se encuentren los restos y deban ser sometidos a los pertinentes estudios antropológicos y pruebas genéticas.
El proyecto también incluye las medidas que se van a tomar para evitar que la exhumación "se convierta en un circo mediático" y recoge para ello la colaboración de la Guardia Civil, de modo que esté garantizada la vigilancia en la zona y la privacidad del equipo formado por más de diez especialistas que se encargará de la exhumación.
Bracero consideró que el proceso administrativo tiene "más posibilidades de sacar resultados positivos" que la vía penal, después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señalara que la exhumación de las fosas de la Guerra Civil puede asimilarse a la intervención en un yacimiento arqueológico.
No obstante, explicó que la intención de la asociación es seguir en paralelo con ambos procesos y no descartó llevar el asunto al Tribunal Europeo de Derecho Humanos de Estrasburgo.
Bracero auguró que este proceso administrativo se dilatará hasta el próximo septiembre, si bien se mostró esperanzado en que a partir de esta fecha "las cosas se agilicen" y se pueda comenzar con los trabajos de localización de la fosa, situada en terrenos entre Víznar y Alfacar.
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Un ensayo colectivo denuncia la brutal represión del Franquismo
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Un ensayo colectivo denuncia la brutal represión del Franquismo
EFE Barcelona
El franquismo puso en marcha en los primeros años del régimen una máquina despiadada para acabar con sus enemigos, una ingeniería de "aberraciones jurídicas" que buscaba desposeer a los vencidos de sus bienes y dignidad, se explica en "La gran represión", un ensayo colectivo publicado por Flor del viento.
"La gran represión" es un nuevo volumen de la colección "Con Franco vivíamos peor" que recopila varios estudios, coordinados por Mirta Núñez Díaz-Balart -con trabajos de análisis de los historiadores Manuel Álvaro Dueñas, Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez- que dan fe del régimen de terror y la persecución sistemática y con carácter de Estado que padecieron cientos de miles de españoles hasta la década de los cincuenta.
Mirta Núñez explica que tras los fusilamientos, los encarcelamientos masivos, y la represión económica de los vencidos durante la guerra y postguerra, hubo una "premeditación de Estado" dirigida a "domesticar a la población".
Esta estrategia de persecución y "encapsulamiento ideológico" fue exitosa, gracias en parte a la contexto internacional que tras la Segunda Guerra Mundial no sólo toleró la dictadura franquista, sino que recibió el apoyo expreso de Estados Unidos.
Para Núñez, el desinterés de la gente joven hacia lo ocurrido entonces es el "gran logro" de la Transición, ironiza la historiadora sobre una situación que ha degenerado, añade, en una "despolitazación progresiva" de la sociedad española, por lo que subraya la importancia de desvelar estos acontecimientos documentados.
Tras una primer capítulo dedicado a intentar explicar "el porqué y el para qué" de la represión, a cargo de la misma historiadora, Manuel Álvaro Dueñas hace en el libro un repaso de cómo el franquismo se dedicó a modificar leyes para intentar legitimarse y expoliar a los perdedores.
Este proceso culminaría con la Ley de Responsabilidades Políticas que dejó en la miseria a miles de familias o entidades que habían estado vinculadas a la República, y cuyas propiedades y bienes fueron incautadas por los golpistas intentando dar a este proceso un falso barniz de legalidad.
La segunda parte de la obra, se centra en la represión judicial y militar en Huelva, entre 1936 y 1945, un trabajo de Francisco Espinosa y José María García Márquez. Esta provincia andaluza sirve como paradigma del exterminio premeditado que el Franquismo infringió a la población considerada desafecta a sus propósitos, una violencia que, según los autores, está documentada en esta zona en cerca de un 80% de sus víctimas.
El libro se cierra con un informe sobre la represión, a cargo de Espinosa Maestre, que recoge el conjunto de investigaciones existentes sobre la violencia institucional del régimen durante la guerra y la posguerra.
Este estudio, que originalmente fue elaborado para entregarlo en el juzgado central de instrucción número 5, presidido por Baltasar Garzón, es "un resumen del estado actual de los estudios e investigaciones de la represión franquista".
Para el profesor de la Universidad Rovira i Virgili, Josep Sánchez Cervelló, "La gran represión" es un "libro extraordinario" por que explica la formulación jurídica en la que el Franquismo basó su represión, la "aberración" que supuso la promulgación leyes de aplicación retroactiva, una "maleabilidad legal" que tenía como objetivo "ejemplificar sobre la víctimas el impacto que la dictadura quería impulsar".
Sánchez Cervelló apunta que el libro desvela también la "mecánica de la infamia" y los "rituales de la humillación" que la dictadura puso en marcha para aniquilar la dignidad de decenas de miles mujeres del bando republicano, quienes además de sufrir violaciones sistemáticas por parte de las tropas falangistas durante la guerra, fueron "reeducadas" en "reformatorios especiales" donde padecieron vejaciones de todo tipo.
En este sentido, Mirta Núñez cree que la Iglesia Católica no ha reconocido todavía el importante papel que jugó en esta represión, ya que muchos de estos centros de reeducación fueron gestionados por el clero.
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Un ensayo colectivo denuncia la brutal represión del Franquismo
EFE Barcelona
El franquismo puso en marcha en los primeros años del régimen una máquina despiadada para acabar con sus enemigos, una ingeniería de "aberraciones jurídicas" que buscaba desposeer a los vencidos de sus bienes y dignidad, se explica en "La gran represión", un ensayo colectivo publicado por Flor del viento.
"La gran represión" es un nuevo volumen de la colección "Con Franco vivíamos peor" que recopila varios estudios, coordinados por Mirta Núñez Díaz-Balart -con trabajos de análisis de los historiadores Manuel Álvaro Dueñas, Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez- que dan fe del régimen de terror y la persecución sistemática y con carácter de Estado que padecieron cientos de miles de españoles hasta la década de los cincuenta.
Mirta Núñez explica que tras los fusilamientos, los encarcelamientos masivos, y la represión económica de los vencidos durante la guerra y postguerra, hubo una "premeditación de Estado" dirigida a "domesticar a la población".
Esta estrategia de persecución y "encapsulamiento ideológico" fue exitosa, gracias en parte a la contexto internacional que tras la Segunda Guerra Mundial no sólo toleró la dictadura franquista, sino que recibió el apoyo expreso de Estados Unidos.
Para Núñez, el desinterés de la gente joven hacia lo ocurrido entonces es el "gran logro" de la Transición, ironiza la historiadora sobre una situación que ha degenerado, añade, en una "despolitazación progresiva" de la sociedad española, por lo que subraya la importancia de desvelar estos acontecimientos documentados.
Tras una primer capítulo dedicado a intentar explicar "el porqué y el para qué" de la represión, a cargo de la misma historiadora, Manuel Álvaro Dueñas hace en el libro un repaso de cómo el franquismo se dedicó a modificar leyes para intentar legitimarse y expoliar a los perdedores.
Este proceso culminaría con la Ley de Responsabilidades Políticas que dejó en la miseria a miles de familias o entidades que habían estado vinculadas a la República, y cuyas propiedades y bienes fueron incautadas por los golpistas intentando dar a este proceso un falso barniz de legalidad.
La segunda parte de la obra, se centra en la represión judicial y militar en Huelva, entre 1936 y 1945, un trabajo de Francisco Espinosa y José María García Márquez. Esta provincia andaluza sirve como paradigma del exterminio premeditado que el Franquismo infringió a la población considerada desafecta a sus propósitos, una violencia que, según los autores, está documentada en esta zona en cerca de un 80% de sus víctimas.
El libro se cierra con un informe sobre la represión, a cargo de Espinosa Maestre, que recoge el conjunto de investigaciones existentes sobre la violencia institucional del régimen durante la guerra y la posguerra.
Este estudio, que originalmente fue elaborado para entregarlo en el juzgado central de instrucción número 5, presidido por Baltasar Garzón, es "un resumen del estado actual de los estudios e investigaciones de la represión franquista".
Para el profesor de la Universidad Rovira i Virgili, Josep Sánchez Cervelló, "La gran represión" es un "libro extraordinario" por que explica la formulación jurídica en la que el Franquismo basó su represión, la "aberración" que supuso la promulgación leyes de aplicación retroactiva, una "maleabilidad legal" que tenía como objetivo "ejemplificar sobre la víctimas el impacto que la dictadura quería impulsar".
Sánchez Cervelló apunta que el libro desvela también la "mecánica de la infamia" y los "rituales de la humillación" que la dictadura puso en marcha para aniquilar la dignidad de decenas de miles mujeres del bando republicano, quienes además de sufrir violaciones sistemáticas por parte de las tropas falangistas durante la guerra, fueron "reeducadas" en "reformatorios especiales" donde padecieron vejaciones de todo tipo.
En este sentido, Mirta Núñez cree que la Iglesia Católica no ha reconocido todavía el importante papel que jugó en esta represión, ya que muchos de estos centros de reeducación fueron gestionados por el clero.
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sábado 4 de julio de 2009
El PSOE exige que Franco y Girón dejen de ser hijos adoptivos de Langreo.
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El PSOE exige que Franco y Girón dejen de ser hijos adoptivos de ...
El PSOE exige que Franco y Girón dejen de ser hijos adoptivos de Langreo
Langreo, P. C.
El PSOE de Langreo quiere eliminar los rastros del franquismo del callejero y de los libros de honores del municipio. La comisión ejecutiva de la Agrupación Socialista de Langreo acordó en su última reunión presentar ante el Ayuntamiento una petición en la que se reclamará la aplicación de la conocida como Ley de la Memoria Histórica y en consecuencia que Francisco Franco y José María Girón dejen de ser hijos adoptivos del concejo.
Desde el PSOE se apunta que el Pleno del Ayuntamiento de Langreo ya aprobó el pasado mes de abril una moción sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y reclaman que se lleve a la práctica. «Para ello se exige retirar los nombramientos del dictador Francisco Franco y de José María Girón como hijos adoptivos del concejo, nombramientos realizados el 11 de octubre y el 27 de noviembre de 1943», señalan desde la ejecutiva del PSOE.
Los socialistas de Langreo también plantean una serie de medidas con respecto al callejero del concejo. En concreto proponen «retirar el nombre de la plaza 22 de octubre, fecha de homenaje a la entrada de las fuerzas golpistas en el concejo, y también la sustitución del nombre de la calle José María Fernández Ladreda, ministro de Franco entre 1945 y 1954».
Como alternativa el PSOE de Langreo propone para esa calle el nombre de Alcalde Maximino González, regidor de Langreo entre 1979 y 1983 y primer alcalde democrático después de la dictadura. Con respecto a los símbolos y placas recordatorios de la Guerra Civil y de la dictadura, el PSOE de Langreo propone que sean retiradas en aquellos edificios que se acojan a subvenciones municipales tales como las previstas para la reparación de fachadas o la colocación de ascensores.
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El PSOE exige que Franco y Girón dejen de ser hijos adoptivos de ...
El PSOE exige que Franco y Girón dejen de ser hijos adoptivos de Langreo
Langreo, P. C.
El PSOE de Langreo quiere eliminar los rastros del franquismo del callejero y de los libros de honores del municipio. La comisión ejecutiva de la Agrupación Socialista de Langreo acordó en su última reunión presentar ante el Ayuntamiento una petición en la que se reclamará la aplicación de la conocida como Ley de la Memoria Histórica y en consecuencia que Francisco Franco y José María Girón dejen de ser hijos adoptivos del concejo.
Desde el PSOE se apunta que el Pleno del Ayuntamiento de Langreo ya aprobó el pasado mes de abril una moción sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y reclaman que se lleve a la práctica. «Para ello se exige retirar los nombramientos del dictador Francisco Franco y de José María Girón como hijos adoptivos del concejo, nombramientos realizados el 11 de octubre y el 27 de noviembre de 1943», señalan desde la ejecutiva del PSOE.
Los socialistas de Langreo también plantean una serie de medidas con respecto al callejero del concejo. En concreto proponen «retirar el nombre de la plaza 22 de octubre, fecha de homenaje a la entrada de las fuerzas golpistas en el concejo, y también la sustitución del nombre de la calle José María Fernández Ladreda, ministro de Franco entre 1945 y 1954».
Como alternativa el PSOE de Langreo propone para esa calle el nombre de Alcalde Maximino González, regidor de Langreo entre 1979 y 1983 y primer alcalde democrático después de la dictadura. Con respecto a los símbolos y placas recordatorios de la Guerra Civil y de la dictadura, el PSOE de Langreo propone que sean retiradas en aquellos edificios que se acojan a subvenciones municipales tales como las previstas para la reparación de fachadas o la colocación de ascensores.
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Marcos Ana, el poeta de las cárceles de Franco
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Marcos Ana, el poeta de las cárceles de Franco
Una plataforma pide el Príncipe de Asturias para el Poeta
En 1965, la escritora Anna Seghers propuso a los asistentes de un Congreso que celebraban en Weimar, visitar Buchenwald, el famoso campo de exterminio nazi. Contemplando sus instalaciones, uno de ellos, Pablo Neruda, puso sus brazos sobre los hombros de un español, ex preso político, the poet of Franco’s jail (como se le conocía en Europa) y le dijo: “es increíble que a un hombre que ha vivido y sufrido lo que tu, todavía le queden lágrimas…”. Se habían conocido dos años antes, en Chile, en su casa de Isla Negra, donde tuvieron una larga velada. Entonces, tras escuchar su historia estremecedora, Neruda le dijo: “Somos unos insensatos, si hubiéramos encendido una grabadora, tendrías la base de un libro estremecedor”. Y añadió: “No debes tardar mucho en escribirla… Porque lo que no se escribe, se olvida”.
El protagonista y contertulio de aquella historia era Marcos Ana: “la voz de los presos del franquismo”. Pero a él le urgía más denunciar la situación de los presos que escribir su tragedia personal: “Ahora es imposible, Pablo, me debo a mis hermanos encarcelados…”. Él era el preso político que más años pasó en las cárceles de Franco, casi veintitrés. Allí le fue robada toda su Juventud y buena parte de la madurez, ingresó a los 19 años y salió a los 42. Durante muchos años, sus amigos, y algún cineasta, le presionaron para que escribiera su historia. Él siempre lo rechazaba, por “humildad o pereza”. Por fin la escribió hace apenas dos años: “Decidme cómo es un árbol. Memorias de la Prisión y de la vida. “Lo he escrito pensando especialmente en la juventud” dice este joven salmantino de 89 años. En la reciente Feria del Libro de Madrid lo estaba firmando. A su lado había un letrero: “El libro que Almodóvar llevará a la pantalla”.
Fernando Macarro Castillo, más conocido como Marcos Ana, nació en enero de 1920 en Alconada, (Salamanca). Es un superviviente excepcional de la guerra civil: “una leyenda de la resistencia”, dijo la periodista Nativel Preciado hace unos días, en un acto de la Plataforma por la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2009 a Marcos Ana. Él era uno de los miles de republicanos apiñados en el puerto de Alicante, “el último territorio republicano”, esperando los barcos prometidos que nunca llegaron. La guerra ya estaba perdida y huían de la muerte y de una feroz represión. Con ellos fue conducido a los campos de “Los almendros” y “Albatera”. Aprovechando el caos, logró escapar. Hubo un control, dio un nombre falso y se inventó una historia: dijo que él no era de los del puerto, que había dado una naranja a unos de los detenidos y que un soldado le dio un empujón y lo metió en la fila. Como era tan joven, la historia cuajó. Pero lo detuvieron en Madrid; un ex camarada que se había hecho confidente de la policía lo delató. Sufrió torturas en una de las comisarías “más siniestras” de Madrid, sita “en la calle Almagro 39”. Fue condenado a muerte, en dos ocasiones, acusado de “adhesión a la rebelión”. Pasó cientos de noches en vigilia esperando la “saca”. Le indultaron, condenándolo a 60 años.
En las celdas de castigo se hizo poeta: memorizaba sus versos que luego, en el patio, sobe un plato de aluminio las volcaba al papel: “era un arma para denunciar el drama de nuestras cárceles”. Estuvo en cinco penales, en ellos conoció a Miguel Hernández, a Buero Vallejo, y a otros. Entre las muchas humillaciones, “nos obligaban a asistir a los oficios religiosos y a cantar, varias veces al día, el Oriamendi de los requetés y el Cara al sol de los falangistas”. Vio cómo “hombres a los que no pudo destrozar la tortura, lloraban a escondidas por no soportar un drama familiar”. A uno de ellos le dedicó un poema. Confiesa que escribía “sin confianza, como un náufrago” y que unos compañeros “con solvencia poética y literaria” le animaban a escribir. Años antes de ser liberado, sus poemas (algunos escritos en papel de fumar), habían burlado los muros y eran publicados por comités de solidaridad en el exilio. “Yo no soy un poeta cultivado, sólo un hombre que escribe versos, un poeta necesario…”. El poeta Nicolás Guillén decía: “Ahí va Marcos con su cárcel y presos a cuestas”.
En las cárceles, el hambre hacía estragos y muchos enfermaban y morían. En alguna ocasión hicieron “huelga de hambre” negándose a comer el rancho: un caldo viudo (sin un trozo de tocino flotando) de berzas y nabos. “Te comías hasta las hierbas que crecían en las baldosas”. Pero también había hambre de cultura y ésta la saciaban a base de ingenio: crearon una tertulia literaria, clandestina, La Aldaba; y un periódico hecho a mano: Juventud. Una noche los guardianes sorprendieron a un joven leyéndolo y lo torturaron hasta que cantó; con este procedimiento llegaron hasta el cabecilla: Marcos Ana. Él asumió todas las responsabilidades, la policía lo tomó como “una provocación” (la letra y los dibujos delataban que había varias autorías). Lo torturaron pero no dio nombres. Allí realizaron “el acto más impensable en una cárcel franquista”: una representación teatral por el 50 aniversario del poeta Miguel Hernández. Una vez cerrada la galería improvisaron un escenario, acotaron con sábanas el recinto, y cientos de presos sentados en silencio sepulcral vieron la representación Sino sangriento mientras se escuchaban las pisadas de los centinelas. “Jamás tuvo Miguel Hernández un homenaje con tanta pasión, peligro y generosidad”.
Cuando el 17 de noviembre de 1961 abandonó la cárcel, él era el único de los 465 presos del penal de Burgos que reunía los requisitos del decretazo: “haber cumplido más de 20 años de condena ininterrumpida”. Salió con lo puesto y con un libro, camuflado bajo las tapas de un devocionario, el Canto General, de Neruda. Antes de franquear la puerta muchos compañeros le despidieron con este ruego: “No nos olvides. No nos olvides”.
Con la ayuda del PC consiguió salir del país y se instaló en París. Con los papeles de exiliado, su vida dio “un vuelco alucinante, inesperado” pasando “de la inmovilidad más absoluta, a la “vorágine”. Dedicó su vida a luchar por la amnistía y liberación de los presos. París lo recibió con un homenaje en la UNESCO. Llevó por Europa e Iberoamérica la causa de los presos políticos del franquismo. Lo reclamaron Parlamentos, Universidades, Ayuntamientos; el Manhatma Gandhi de Londres o el Festival Mundial de la Juventud en Helsinki… En el estadio Luna Park de Buenos Aires, a rebosar, la cantante Mercedes Sosa, con lágrimas en los ojos lo besó. La universidad inglesa de Leeds, lo nombró miembro de honor junto a Nelson Mandela y Martin Luther King. Lo recibían como un héroe y, para neutralizar su éxito, los del Régimen organizaron “campañas de insidias”, publicando “libelos difamatorios” que sólo encontraban eco “en la prensa más reaccionaria”. Pero esa “política de descrédito”, que “no encajaba con la humanidad de su mensaje, exento de rencores”, lo único que provocaba era ensalzar su figura.
De la cárcel de Porlier (colegio Calasancio), cuenta pasajes estremecedores; como, por ejemplo, cuando sacaban a los reos de madrugada, “con un tapón de madera en la boca, con un agujero” y los llevaban en los “camiones siniestros”, hasta el cementerio del Este (La Almudena). Cuenta el caso del joven que enloquecía al saber que sería enterrado sin ataúd. Lo supo por su hermana que acompañó a una amiga el día que fusilaron al marido de ésta; vieron, a escondidas, cómo “los cuerpos, envueltos en barro y sangre, eran empujados con los pies a la fosa común”. Ella, que le había pedido que fuera fuerte, le prometió llevarle un ataúd. Y lo cumplió, pero “se lo destrozaron a culatazos”. Fernando se prestaba voluntario para limpiar la sala donde pasaban la última noche los compañeros que iban a ser fusilados. Él recogía las “notas de capilla” que dejaban escondidas en ranuras habilitadas (por los propios presos) en las paredes. Mensajes “llenos de dolor y orgullo”. Conserva algunas, entre ellos una de Eugenio Mesón, dirigente de la JSU, dirigido a su esposa: “…Sí, llévame flores a la fosa común… Si llegas a tiempo, aunque esté frío, dame un beso…”.
A pesar de todo lo sufrido, Marcos Ana nunca guardó rencor: “…Preso desde mi infancia / y a muerte mi condena…/ Mas no hay sombras de arcángel / vengador en mis venas…”. Silencia el nombre del compañero que lo delató. Ya libre, sentía pudor por los homenajes que recibía: “pensaba en mis hermanos, los héroes oscuros…”. Rafael Alberti y María Teresa León, en una carta desde Argentina, le dicen: “… a veces ocurren esas cosas y un hombre, aunque existan otros con las mismas penas, resume en él los símbolos dispersos…”. Su vida ha seguido desarrollándose, sin descanso, “en la entrega total, sin reservas ni cálculos personales”. Aunque, dice, no faltan deseos, a sus 89 años, “de vivir ya sólo para sí, sin descolgar el teléfono, ni responder al correo”. Setenta años después de finalizar la guerra “el bosque de su generación se va despoblando poco a poco y yo sigo en pie como un árbol milagroso”.
A iniciativa de la Universidad de Granada, ha surgido una Plataforma para que le sea concedido a Marcos Ana el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 2009. Ahora que se acaba el tiempo para las víctimas, 70 años después de finalizar la guerra civil, es un milagro contar con la presencia de un superviviente excepcional, de 89 años: un hombre activo, sencillo, honesto, y valiente, que afirma convencido que “vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo”.
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Marcos Ana, el poeta de las cárceles de Franco
Una plataforma pide el Príncipe de Asturias para el Poeta
En 1965, la escritora Anna Seghers propuso a los asistentes de un Congreso que celebraban en Weimar, visitar Buchenwald, el famoso campo de exterminio nazi. Contemplando sus instalaciones, uno de ellos, Pablo Neruda, puso sus brazos sobre los hombros de un español, ex preso político, the poet of Franco’s jail (como se le conocía en Europa) y le dijo: “es increíble que a un hombre que ha vivido y sufrido lo que tu, todavía le queden lágrimas…”. Se habían conocido dos años antes, en Chile, en su casa de Isla Negra, donde tuvieron una larga velada. Entonces, tras escuchar su historia estremecedora, Neruda le dijo: “Somos unos insensatos, si hubiéramos encendido una grabadora, tendrías la base de un libro estremecedor”. Y añadió: “No debes tardar mucho en escribirla… Porque lo que no se escribe, se olvida”.
El protagonista y contertulio de aquella historia era Marcos Ana: “la voz de los presos del franquismo”. Pero a él le urgía más denunciar la situación de los presos que escribir su tragedia personal: “Ahora es imposible, Pablo, me debo a mis hermanos encarcelados…”. Él era el preso político que más años pasó en las cárceles de Franco, casi veintitrés. Allí le fue robada toda su Juventud y buena parte de la madurez, ingresó a los 19 años y salió a los 42. Durante muchos años, sus amigos, y algún cineasta, le presionaron para que escribiera su historia. Él siempre lo rechazaba, por “humildad o pereza”. Por fin la escribió hace apenas dos años: “Decidme cómo es un árbol. Memorias de la Prisión y de la vida. “Lo he escrito pensando especialmente en la juventud” dice este joven salmantino de 89 años. En la reciente Feria del Libro de Madrid lo estaba firmando. A su lado había un letrero: “El libro que Almodóvar llevará a la pantalla”.
Fernando Macarro Castillo, más conocido como Marcos Ana, nació en enero de 1920 en Alconada, (Salamanca). Es un superviviente excepcional de la guerra civil: “una leyenda de la resistencia”, dijo la periodista Nativel Preciado hace unos días, en un acto de la Plataforma por la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2009 a Marcos Ana. Él era uno de los miles de republicanos apiñados en el puerto de Alicante, “el último territorio republicano”, esperando los barcos prometidos que nunca llegaron. La guerra ya estaba perdida y huían de la muerte y de una feroz represión. Con ellos fue conducido a los campos de “Los almendros” y “Albatera”. Aprovechando el caos, logró escapar. Hubo un control, dio un nombre falso y se inventó una historia: dijo que él no era de los del puerto, que había dado una naranja a unos de los detenidos y que un soldado le dio un empujón y lo metió en la fila. Como era tan joven, la historia cuajó. Pero lo detuvieron en Madrid; un ex camarada que se había hecho confidente de la policía lo delató. Sufrió torturas en una de las comisarías “más siniestras” de Madrid, sita “en la calle Almagro 39”. Fue condenado a muerte, en dos ocasiones, acusado de “adhesión a la rebelión”. Pasó cientos de noches en vigilia esperando la “saca”. Le indultaron, condenándolo a 60 años.
En las celdas de castigo se hizo poeta: memorizaba sus versos que luego, en el patio, sobe un plato de aluminio las volcaba al papel: “era un arma para denunciar el drama de nuestras cárceles”. Estuvo en cinco penales, en ellos conoció a Miguel Hernández, a Buero Vallejo, y a otros. Entre las muchas humillaciones, “nos obligaban a asistir a los oficios religiosos y a cantar, varias veces al día, el Oriamendi de los requetés y el Cara al sol de los falangistas”. Vio cómo “hombres a los que no pudo destrozar la tortura, lloraban a escondidas por no soportar un drama familiar”. A uno de ellos le dedicó un poema. Confiesa que escribía “sin confianza, como un náufrago” y que unos compañeros “con solvencia poética y literaria” le animaban a escribir. Años antes de ser liberado, sus poemas (algunos escritos en papel de fumar), habían burlado los muros y eran publicados por comités de solidaridad en el exilio. “Yo no soy un poeta cultivado, sólo un hombre que escribe versos, un poeta necesario…”. El poeta Nicolás Guillén decía: “Ahí va Marcos con su cárcel y presos a cuestas”.
En las cárceles, el hambre hacía estragos y muchos enfermaban y morían. En alguna ocasión hicieron “huelga de hambre” negándose a comer el rancho: un caldo viudo (sin un trozo de tocino flotando) de berzas y nabos. “Te comías hasta las hierbas que crecían en las baldosas”. Pero también había hambre de cultura y ésta la saciaban a base de ingenio: crearon una tertulia literaria, clandestina, La Aldaba; y un periódico hecho a mano: Juventud. Una noche los guardianes sorprendieron a un joven leyéndolo y lo torturaron hasta que cantó; con este procedimiento llegaron hasta el cabecilla: Marcos Ana. Él asumió todas las responsabilidades, la policía lo tomó como “una provocación” (la letra y los dibujos delataban que había varias autorías). Lo torturaron pero no dio nombres. Allí realizaron “el acto más impensable en una cárcel franquista”: una representación teatral por el 50 aniversario del poeta Miguel Hernández. Una vez cerrada la galería improvisaron un escenario, acotaron con sábanas el recinto, y cientos de presos sentados en silencio sepulcral vieron la representación Sino sangriento mientras se escuchaban las pisadas de los centinelas. “Jamás tuvo Miguel Hernández un homenaje con tanta pasión, peligro y generosidad”.
Cuando el 17 de noviembre de 1961 abandonó la cárcel, él era el único de los 465 presos del penal de Burgos que reunía los requisitos del decretazo: “haber cumplido más de 20 años de condena ininterrumpida”. Salió con lo puesto y con un libro, camuflado bajo las tapas de un devocionario, el Canto General, de Neruda. Antes de franquear la puerta muchos compañeros le despidieron con este ruego: “No nos olvides. No nos olvides”.
Con la ayuda del PC consiguió salir del país y se instaló en París. Con los papeles de exiliado, su vida dio “un vuelco alucinante, inesperado” pasando “de la inmovilidad más absoluta, a la “vorágine”. Dedicó su vida a luchar por la amnistía y liberación de los presos. París lo recibió con un homenaje en la UNESCO. Llevó por Europa e Iberoamérica la causa de los presos políticos del franquismo. Lo reclamaron Parlamentos, Universidades, Ayuntamientos; el Manhatma Gandhi de Londres o el Festival Mundial de la Juventud en Helsinki… En el estadio Luna Park de Buenos Aires, a rebosar, la cantante Mercedes Sosa, con lágrimas en los ojos lo besó. La universidad inglesa de Leeds, lo nombró miembro de honor junto a Nelson Mandela y Martin Luther King. Lo recibían como un héroe y, para neutralizar su éxito, los del Régimen organizaron “campañas de insidias”, publicando “libelos difamatorios” que sólo encontraban eco “en la prensa más reaccionaria”. Pero esa “política de descrédito”, que “no encajaba con la humanidad de su mensaje, exento de rencores”, lo único que provocaba era ensalzar su figura.
De la cárcel de Porlier (colegio Calasancio), cuenta pasajes estremecedores; como, por ejemplo, cuando sacaban a los reos de madrugada, “con un tapón de madera en la boca, con un agujero” y los llevaban en los “camiones siniestros”, hasta el cementerio del Este (La Almudena). Cuenta el caso del joven que enloquecía al saber que sería enterrado sin ataúd. Lo supo por su hermana que acompañó a una amiga el día que fusilaron al marido de ésta; vieron, a escondidas, cómo “los cuerpos, envueltos en barro y sangre, eran empujados con los pies a la fosa común”. Ella, que le había pedido que fuera fuerte, le prometió llevarle un ataúd. Y lo cumplió, pero “se lo destrozaron a culatazos”. Fernando se prestaba voluntario para limpiar la sala donde pasaban la última noche los compañeros que iban a ser fusilados. Él recogía las “notas de capilla” que dejaban escondidas en ranuras habilitadas (por los propios presos) en las paredes. Mensajes “llenos de dolor y orgullo”. Conserva algunas, entre ellos una de Eugenio Mesón, dirigente de la JSU, dirigido a su esposa: “…Sí, llévame flores a la fosa común… Si llegas a tiempo, aunque esté frío, dame un beso…”.
A pesar de todo lo sufrido, Marcos Ana nunca guardó rencor: “…Preso desde mi infancia / y a muerte mi condena…/ Mas no hay sombras de arcángel / vengador en mis venas…”. Silencia el nombre del compañero que lo delató. Ya libre, sentía pudor por los homenajes que recibía: “pensaba en mis hermanos, los héroes oscuros…”. Rafael Alberti y María Teresa León, en una carta desde Argentina, le dicen: “… a veces ocurren esas cosas y un hombre, aunque existan otros con las mismas penas, resume en él los símbolos dispersos…”. Su vida ha seguido desarrollándose, sin descanso, “en la entrega total, sin reservas ni cálculos personales”. Aunque, dice, no faltan deseos, a sus 89 años, “de vivir ya sólo para sí, sin descolgar el teléfono, ni responder al correo”. Setenta años después de finalizar la guerra “el bosque de su generación se va despoblando poco a poco y yo sigo en pie como un árbol milagroso”.
A iniciativa de la Universidad de Granada, ha surgido una Plataforma para que le sea concedido a Marcos Ana el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 2009. Ahora que se acaba el tiempo para las víctimas, 70 años después de finalizar la guerra civil, es un milagro contar con la presencia de un superviviente excepcional, de 89 años: un hombre activo, sencillo, honesto, y valiente, que afirma convencido que “vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo”.
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Marcos Ana
La memoria histórica. Un debate aún no cerrado, una herida aún abierta
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La memoria histórica. Un debate aún no cerrado, una herida aún abierta
04.07.2009 -
CARLOS PERALES Director de la Delegación de Ciudadanía de Diputación de Cádiz
Hace días, El Roto, en su chiste semanal, dibujaba una zanja en la que trabajaban dos operarios y decían: «Ha dicho el Jefe que si aparecen fusilados cerremos la zanja echando leches». Hace días también recibía la llamada de un gaditano, hijo de un fusilado que permanece en el Cementerio de San José, que desesperado me pedía que hiciera algo, que se siente impotente, que «nadie hace nada». Me pedía que, al igual que habíamos exhumado un grupo de mujeres en Grazalema, hiciéramos lo mismo en Cádiz. Hace días también leíamos con cierta estupefacción que el Juez Garzón era denunciado por haber iniciado la causa contra el Franquismo. También que una jueza de Zamora ordenaba la exhumación de una fosa. Por primera vez, la justicia actuaba.
Desde Diputación, modestamente, durante esta legislatura, hemos puesto en marcha un Servicio de Recuperación de la Memoria Histórica. Recientemente, en Grazalema participábamos en la inhumación de un grupo de mujeres y un adolescente que habían sido exhumadas de la llamada Fosa de las Mujeres. Fueron detenidas, interrogadas, torturadas, asesinadas y, finalmente, arrojadas, ni siquiera depositadas, en un Alfanje de carbón. Algunas de ellas, embarazadas.
Pudimos asistir a lo que ha sido el «cerrar definitivamente una herida» que permanecía abierta desde hacía más de 70 años. Ninguno de los familiares ha reclamado justicia. Nadie tampoco ha exigido identificaciones. Se han conformado con poder enterrar «dignamente a sus familiares». El Ayuntamiento ha demostrado durante todo el proceso una sensibilidad exquisita y de respeto. También Diputación ha subvencionado algunos otros proyectos. Barbate ya no es de Franco decía un titular. Se ha cambiado el callejero franquista. En la vidriera del Ayuntamiento ya nunca más se leerá Francisco Franco Bahamonde. Era un insulto a la ciudadanía de Barbate.
Torrealháquime podrá exhumar a un grupo de vecinos enterrados en una fosa común. Cerraremos otra herida aún abierta. Hemos recopilado de nuestro carnaval 2008 algunas de las letras que han reflejado distintas sensibilidades sobre el tema en el CD El carnaval de la Memoria. Atendemos, orientamos, escuchamos, en la medida de nuestras posibilidades, a víctimas y familiares de víctimas del franquismo.
Probablemente estas actuaciones molestan a algunas personas o colectivos: siguen pensando que es abrir viejas heridas. Decía Paul Preston en unas declaraciones recientes que el Auto sobre el Franquismo del Juez Garzón en el que se inhibe, es el relato más completo y documentado de los horrores de la dictadura franquista. Véanse por ejemplo los distintos «resultandos» en los que se describe el secuestro por parte de los Servicios Exteriores de Falange Española de los llamados «niños perdidos del franquismo». O las distintas actuaciones y experimentos del psiquiatra Vallejo Nájera sobre las mujeres «rojas» (merece la pena ser leído).
Hemos abanderado la defensa de los Derechos Humanos en distintos países. Recuérdense los casos de Pinochet o Scilingo. Sin embargo, en nuestro país, aún somos «inmaduros», «injustos».
Probablemente exista un sentimiento colectivo de culpabilidad, de vergüenza, de no querer abordar de manera clara y limpia nuestro pasado «vergonzante». No es admisible que aún la España Democrática mantenga una deuda o bastantes deudas con las víctimas de una injusticia. Que estas víctimas se sientan desatendidas o indefensas, que la justicia no les ampare. Es necesario que desde el Gobierno Central se desarrolle de manera rápida la Ley de Memoria Histórica. Desde el ámbito local o provincial también podemos hacer más de lo que aparentemente se puede. El trabajo que realiza la Diputación así lo viene demostrando.
En una de las escenas de la película El lector, uno de los alumnos de derecho, alemán, le pregunta a su profesor, alemán, ante la barbaridad del Holocausto: «¿ Y ustedes qué hicieron para evitar eso?» No hubo respuesta. Ellos al menos lo abordaron, lo estudiaron, cerraron sus heridas. Nosotros aún mantenemos en abierto nuestro pasado reciente.
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La memoria histórica. Un debate aún no cerrado, una herida aún abierta
04.07.2009 -
CARLOS PERALES Director de la Delegación de Ciudadanía de Diputación de Cádiz
Hace días, El Roto, en su chiste semanal, dibujaba una zanja en la que trabajaban dos operarios y decían: «Ha dicho el Jefe que si aparecen fusilados cerremos la zanja echando leches». Hace días también recibía la llamada de un gaditano, hijo de un fusilado que permanece en el Cementerio de San José, que desesperado me pedía que hiciera algo, que se siente impotente, que «nadie hace nada». Me pedía que, al igual que habíamos exhumado un grupo de mujeres en Grazalema, hiciéramos lo mismo en Cádiz. Hace días también leíamos con cierta estupefacción que el Juez Garzón era denunciado por haber iniciado la causa contra el Franquismo. También que una jueza de Zamora ordenaba la exhumación de una fosa. Por primera vez, la justicia actuaba.
Desde Diputación, modestamente, durante esta legislatura, hemos puesto en marcha un Servicio de Recuperación de la Memoria Histórica. Recientemente, en Grazalema participábamos en la inhumación de un grupo de mujeres y un adolescente que habían sido exhumadas de la llamada Fosa de las Mujeres. Fueron detenidas, interrogadas, torturadas, asesinadas y, finalmente, arrojadas, ni siquiera depositadas, en un Alfanje de carbón. Algunas de ellas, embarazadas.
Pudimos asistir a lo que ha sido el «cerrar definitivamente una herida» que permanecía abierta desde hacía más de 70 años. Ninguno de los familiares ha reclamado justicia. Nadie tampoco ha exigido identificaciones. Se han conformado con poder enterrar «dignamente a sus familiares». El Ayuntamiento ha demostrado durante todo el proceso una sensibilidad exquisita y de respeto. También Diputación ha subvencionado algunos otros proyectos. Barbate ya no es de Franco decía un titular. Se ha cambiado el callejero franquista. En la vidriera del Ayuntamiento ya nunca más se leerá Francisco Franco Bahamonde. Era un insulto a la ciudadanía de Barbate.
Torrealháquime podrá exhumar a un grupo de vecinos enterrados en una fosa común. Cerraremos otra herida aún abierta. Hemos recopilado de nuestro carnaval 2008 algunas de las letras que han reflejado distintas sensibilidades sobre el tema en el CD El carnaval de la Memoria. Atendemos, orientamos, escuchamos, en la medida de nuestras posibilidades, a víctimas y familiares de víctimas del franquismo.
Probablemente estas actuaciones molestan a algunas personas o colectivos: siguen pensando que es abrir viejas heridas. Decía Paul Preston en unas declaraciones recientes que el Auto sobre el Franquismo del Juez Garzón en el que se inhibe, es el relato más completo y documentado de los horrores de la dictadura franquista. Véanse por ejemplo los distintos «resultandos» en los que se describe el secuestro por parte de los Servicios Exteriores de Falange Española de los llamados «niños perdidos del franquismo». O las distintas actuaciones y experimentos del psiquiatra Vallejo Nájera sobre las mujeres «rojas» (merece la pena ser leído).
Hemos abanderado la defensa de los Derechos Humanos en distintos países. Recuérdense los casos de Pinochet o Scilingo. Sin embargo, en nuestro país, aún somos «inmaduros», «injustos».
Probablemente exista un sentimiento colectivo de culpabilidad, de vergüenza, de no querer abordar de manera clara y limpia nuestro pasado «vergonzante». No es admisible que aún la España Democrática mantenga una deuda o bastantes deudas con las víctimas de una injusticia. Que estas víctimas se sientan desatendidas o indefensas, que la justicia no les ampare. Es necesario que desde el Gobierno Central se desarrolle de manera rápida la Ley de Memoria Histórica. Desde el ámbito local o provincial también podemos hacer más de lo que aparentemente se puede. El trabajo que realiza la Diputación así lo viene demostrando.
En una de las escenas de la película El lector, uno de los alumnos de derecho, alemán, le pregunta a su profesor, alemán, ante la barbaridad del Holocausto: «¿ Y ustedes qué hicieron para evitar eso?» No hubo respuesta. Ellos al menos lo abordaron, lo estudiaron, cerraron sus heridas. Nosotros aún mantenemos en abierto nuestro pasado reciente.
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Cort retira el monolito de Porta de Santa Catalina.
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Cort retira el monolito de Porta de Santa Catalina
Cort retira el monolito de Porta de Santa Catalina y mantiene la fuente
La alcaldesa firmó ayer por la mañana el decreto en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica
MULTIMEDIA
Fotos de la noticia
JOSEP CAPÓ. PALMA. La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, ha adoptado una decisión salomónica en relación al monumento fascista de la Porta de Santa Catalina. En aplicación de la Ley de la Memoria Histórica ha decidido retirar el monolito, que homenajea a los denominados Jinetes de Alcalá, aunque mantiene la fuente, a petición de la asociación de vecinos del Puig de Sant Pere.
La máxima autoridad municipal firmó ayer el decreto de traslado, después de que el pasado 3 de junio la asociación vecinal solicitara la retirada del monumento fascista. También lo hizo la Asociación Memoria Histórica de Mallorca, cuyo representante, Pep Delgado, manifestaba ayer su satisfacción por la decisión municipal. Para Delgado, "el equipo de gobierno es coherente con lo que representa y con la mayoría de personas que les votaron". En relación al mantenimiento de la fuente, Delgado manifestó que "lo importante es que se quite el monolito y que se haga con constancia gráfica y escrita".
A las doce de la mañana de ayer un grupo de operarios de la empresa que está ejecutando la remodelación de la plaza, junto a empleados de las brigadas municipales, procedieron a desmontar el obelisco. Lo hicieron por tramos de arriba hacia abajo, puesto que, tal como anunció la concejala de Cultura, Nanda Ramón, y el responsable de Infraestructuras, Francisco Donate, las piezas se trasladaran al almacén de Son Reus para su custodia.
Se prevé que la base del monumento se destruya, ya que su desmontaje por piezas sería más complejo. En principio se mantendrá el recinto de la fuente, a la espera de que el arquitecto de la remodelación, Federico Climent, haga propuestas para su adecuación. Lo más probable es que se mantenga el estanque como un espejo de agua.
El decreto firmado ayer está avalado por un informe del cronista municipal de la ciudad, Bartomeu Bestard, en el que se pone de manifiesto que el monumento se erigió no sólo en memoria de los militares golpistas –los jinetes de Alcalá– sino también de "todos los que tan heroicamente lucharon y consiguieron salvar esta isla del dominio rojo". Dos informes más de la arqueóloga municipal corroboran también que el conjunto carece de relevancia artística, arquitectónica o artístico religiosas.
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El Ayuntamiento retira el obelisco franquista de la plaza Porta ...
elmundo.es - hace 21 horas
El Ayuntamiento de Palma ha procedido a la retirada del polémico obelisco de la fuente ubicado en la plaza Porta Santa Catalina, que se erigió en 1941 en ...
El Ayuntamiento retira el obelisco de la Plaza de la Porta de ...
Diario de Mallorca - 03/07/2009
EFE. PALMA. El área de infraestructuras del Ayuntamiento de Palma ha retirado hoy el obelisco de la Plaza de la Porta de Santa Catalina en aplicación de la ...
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Cort retira el monolito de Porta de Santa Catalina
Cort retira el monolito de Porta de Santa Catalina y mantiene la fuente
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JOSEP CAPÓ. PALMA. La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, ha adoptado una decisión salomónica en relación al monumento fascista de la Porta de Santa Catalina. En aplicación de la Ley de la Memoria Histórica ha decidido retirar el monolito, que homenajea a los denominados Jinetes de Alcalá, aunque mantiene la fuente, a petición de la asociación de vecinos del Puig de Sant Pere.
La máxima autoridad municipal firmó ayer el decreto de traslado, después de que el pasado 3 de junio la asociación vecinal solicitara la retirada del monumento fascista. También lo hizo la Asociación Memoria Histórica de Mallorca, cuyo representante, Pep Delgado, manifestaba ayer su satisfacción por la decisión municipal. Para Delgado, "el equipo de gobierno es coherente con lo que representa y con la mayoría de personas que les votaron". En relación al mantenimiento de la fuente, Delgado manifestó que "lo importante es que se quite el monolito y que se haga con constancia gráfica y escrita".
A las doce de la mañana de ayer un grupo de operarios de la empresa que está ejecutando la remodelación de la plaza, junto a empleados de las brigadas municipales, procedieron a desmontar el obelisco. Lo hicieron por tramos de arriba hacia abajo, puesto que, tal como anunció la concejala de Cultura, Nanda Ramón, y el responsable de Infraestructuras, Francisco Donate, las piezas se trasladaran al almacén de Son Reus para su custodia.
Se prevé que la base del monumento se destruya, ya que su desmontaje por piezas sería más complejo. En principio se mantendrá el recinto de la fuente, a la espera de que el arquitecto de la remodelación, Federico Climent, haga propuestas para su adecuación. Lo más probable es que se mantenga el estanque como un espejo de agua.
El decreto firmado ayer está avalado por un informe del cronista municipal de la ciudad, Bartomeu Bestard, en el que se pone de manifiesto que el monumento se erigió no sólo en memoria de los militares golpistas –los jinetes de Alcalá– sino también de "todos los que tan heroicamente lucharon y consiguieron salvar esta isla del dominio rojo". Dos informes más de la arqueóloga municipal corroboran también que el conjunto carece de relevancia artística, arquitectónica o artístico religiosas.
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Diario de Mallorca - 03/07/2009
EFE. PALMA. El área de infraestructuras del Ayuntamiento de Palma ha retirado hoy el obelisco de la Plaza de la Porta de Santa Catalina en aplicación de la ...
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