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Argentina rechaza investigar los crímenes del franquismo
La juez considera "ilegal" el inicio de un proceso que en España llevan a cabo "numerosos tribunales"
EFE 07/05/2010 22:53 Actualizado: 07/05/2010 23:07
Pérez Esquivel apoyó la presentacion de la querella interpuesta ante la Cámara Federal argentina. EFE
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Aunque era previsible, parece agotada la vía argentina para investigar los crímenes de Franco. Una jueza federal ha rechazado la demanda que organismos humanitarios habían presentado en Buenos Aires para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco, informaron fuentes judiciales.
La magistrada María Servini de Cubría "no admitió" la denuncia presentada el 14 de abril en los tribunales federales de Buenos Aires para que se investiguen en Argentina los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista amparándose en el principio de "jurisdicción universal", añadieron.
Los abogados demandantes esperaban ahora ser notificados de la medida, que será apelada "próximamente" ante la Cámara Federal de Apelaciones, avanzó a Efe el presidente del Consejo Consultivo Continental, Beinusz Szmukler, uno de los letrados que redactó la querella.
La semana pasada, el fiscal Federico Delgado había rechazado la demanda al considerar "ilegal" el inicio de un proceso que en España llevan a cabo "numerosos tribunales".
"Aún no fuimos notificados de la resolución de la jueza, pero suponemos que la medida se dictó en base a los mismos argumentos del fiscal, los cuales fueron erróneos al suponer que en España hay juicios que se están tramitando en este mismo sentido", agregó Szmukler.
"Un camino ilegal"
El fiscal había señalado que "iniciar un proceso en Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor", lo que consideró "incompatible con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos".
"Es innegable que los crímenes del franquismo constituyen delitos de lesa humanidad y en consecuencia es innegable también que el reclamo de quienes pretenden una investigación en Argentina está amparado en altísimas razones de justicia sustantiva apoyadas en la categoría de delitos de lesa humanidad", reconoció Delgado.
Sin embargo, "esa inconmovible fuerza moral que contiene aquel reclamo de justicia tiene grietas jurídicas muy profundas", argumentó el representante del ministerio público.
La demanda fue presentada en Buenos Aires por familiares de víctimas de la dictadura franquista y por organizaciones argentinas de derechos humanos, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y asociaciones españolas de recuperación de la memoria histórica.
La querella solicita que la Justicia recabe datos sobre miembros de los gobiernos españoles en funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, así como de los mandos del Ejército, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española.
Además, pide listas de desaparecidos, asesinados y torturados y de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante la dictadura e información de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas".
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viernes 7 de mayo de 2010
España post genocidio (II): Sin noticias de Príamo - Héroes de la Republica insepultos en el Ebro. Miguel Ángel Rodríguez Arias.
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España post genocidio (II): Sin noticias de Príamo - Héroes de la Republica insepultos en el Ebro
* Miguel Ángel Rodríguez Arias
Más artículos de este autor / a
Última actualización 07/05/2010@18:15:17 GMT+1
En nuestro caso los restos mortales de nuestros héroes han quedado ahí tirados, sin más, (...) a lo largo de este ininterrumpido reinado de un mismo monarca que nunca ha mostrado un ápice de esa misma humanidad de Príamo para con nuestros propios vencidos en los últimos 35 años…
M.A. RODRÍGUEZ ARIAS: España post genocidio (I)
NUEVATRIBUNA.ES - 7.5.2010
Ni tan siquiera tirados en fosas clandestinas, directamente insepultos, a la intemperie. Fémures y cráneos aquí y allá, apareciendo detrás de cualquier arbusto; en no pocas ocasiones ocupando los mismos lugares en los que fueran destrozados por los obuses alemanes e italianos que auxiliaron a Franco.
Así se encuentran todavía numerosos defensores de la República española en las tierras altas del Ebro, tal y como recogía este fin de semana El País, al informar de excursionistas y vecinos que habían ido reuniendo, en más de 600 trozos distintos, los restos mortales dispersos de “unos 63” combatientes republicanos caídos durante la batalla del Ebro de 1938. En la línea de las terribles, imposibles de creer, imágenes emitidas por Telecinco hace ya más de un año, que tampoco pueden ser olvidadas.
Que estemos hablando de personas que se dejaron la vida en una de las batallas más desesperadas y cruentas que se recuerden en España, que lo hicieran en defensa de la Constitución, de nuestras libertades, de nuestro futuro,…que en cualquier otro lugar civilizado serían honrados como héroes…parece que poco importa.
Llevan más de 70 años allí tirados, directamente a la intemperie; incluida la cuenta de los más de veinte años desde que nuestro “Estado de Derecho” ratificase, en abril de 1989, el Segundo Protocolo a la Convención de Ginebra, cuyo elemental artículo 8 no podría resultar más claro en relación con los ineludibles deberes legales de Estado de búsqueda y trato decoroso de los restos mortales de los combatientes:
Artículo 8 – Búsqueda. Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, se tomarán sin demora todas las medidas posibles (…) para buscar a los muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos.
Medidas “sin demora” para “dar destino decoroso a sus restos”…no cabe duda, los desaparecidos en combate, son los desaparecidos entre los desaparecidos; y en nuestro país más. Sea en los escenarios bélicos del Ebro o en cualesquiera otros.
Las normas internacionales de referencia de los “desaparecidos en combate” podrán no ser las mismas que ante las desapariciones forzadas, pero el dolor y la interminable espera de sus familiares ante la angustia del ser querido desaparecido del que nunca más se supo – la ausencia del lugar de reposo donde recordarles y honrarles – sí que lo es.
Pero – como ante el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Nuremberg y todo lo demás – el Segundo Protocolo a la Convención de Ginebra, el artículo 8 más arriba citado, tampoco vale en España. La Convención de Ginebra…
Qué terrible vivir en un país tan poco serio en el que se hace necesario argumentar y reclamar a nuestras autoridades por qué “sería mejor” – y más decente – cumplir con los tratados absolutamente fundamentales firmados por España…les dé o les quite votos a nuestros gobernantes…
Qué terrible que hasta la derecha democrática de otras naciones civilizadas como la de la Alemania de Ángela Merkel haya entendido que el cumplimiento de tales tratados internacionales en materia de derechos humanos – la nulidad de las “sentencias” del nazismo y todo lo demás – no es algo meramente optativo, no es ni de izquierdas ni de derechas…mientras que los actuales dirigentes de nuestro partido socialista todavía no lo hayan hecho…
Qué terrible la actuación de los ayudantes de la impunidad, aquellos dentro del PSOE siempre dispuestos a justificar, violación tras violación del derecho internacional – vergüenza tras vergüenza –, el trato inhumano a estas personas cuyos derechos se siguen negando de todas las formas posibles… la actuación de aquellos que ponen todos los paños calientes del mundo en nombre del PP que se avecina, de lealtades de partido mal entendidas, de la “responsabilidad de gobierno”, y no sé que más. Y eso que siempre creí que una de las primeras responsabilidades de gobierno, de cualquier gobierno, era justamente la de garantizar los derechos humanos tal y como vienen recogidos en el derecho internacional: tal y como dice el artículo 10.2 de la Constitución española o su artículo 96…ni más ni menos… cumplir nuestra Constitución debe ser también algo gravemente incompatible con la responsabilidad de gobernar, como lo del Convenio Europeo de Derechos Humanos…cosa de izquierdosos o de quienes quieren parecerlo…
¿Qué es lo que pasa en este país cuando se puede incumplir todo el derecho internacional perpetrando comportamientos verdaderamente infames desde nuestras propias instituciones, y el mero hecho de exigir la normal observancia de las leyes de humanidad – como la de no dejar a miles y miles de personas tirados como perros – resulte ser “guerracivilismo”, “ir de rojo”, o lo que se les ocurra?
¿Qué es lo que pasa cuando, ante el frío hecho de los cientos de cuerpos a la intemperie en el Ebro, el gobernante de turno del PSOE se puede ir públicamente de rositas con cualquier chascarrillo feliz como “sentirse absolutamente cercano a las víctimas”, o directamente mintiendo a la ciudadanía de forma descarada diciendo cosas como que la sentencia de Blas Infante ya no existe en virtud de la “ley de la memoria”?.
Y, con todo, esa imagen de esos cientos de cuerpos insepultos en el Ebro no nos habla ya, únicamente, de un Gobierno que será largamente recordado por sus hazañas en materia de justicia universal – que sí que sobrevivió a Aznar, pero que, paradójicamente, no lo hará a Zapatero… – y una impactante cobardía moral que resulta inevitable criticar, sino que nos habla de algo más de fondo, casi antropológico, aún pendiente en nuestra misma sociedad.
Omero lo recrea en el canto XXIV de su Iliada, el titulado Rescate de Héctor, cuando Príamo, Rey de Troya, acude en la noche a suplicarle a Aquiles la restitución de los restos profanados de su heroico hijo, defensor de la ciudad – valiente y digno en la lucha, salvajemente arrastrado después de vencido a los mismos pies de las murallas –, con el único fin de poder honrarlos y darles digna sepultura. En nuestro caso los restos mortales de nuestros héroes han quedado ahí tirados, sin más, sin medio remordimiento de conciencia de ninguna autoridad estatal; no ya únicamente durante toda la dictadura, sino durante todo lo que llevamos de democracia, Gobierno tras Gobierno, a lo largo de este ininterrumpido reinado de un mismo monarca que nunca ha mostrado un ápice de esa misma humanidad de Príamo para con nuestros propios vencidos en los últimos 35 años…
Esos maltratados restos de nuestros propios héroes representan, al mismo tiempo, algo profundo y pendiente en el seno de nuestra propia sociedad postgenocidio, en la decencia de nuestros gobernantes y respecto de cualquier idea de dignidad democrática que nuestras propias instituciones pretendan encarnar, ¿cómo podrían resultar verdaderamente dignas las unas sin los otros, mientras estos últimos continúan tirados a la intemperie?.
En uno de esos votos particulares que le recuerdan a uno por qué y para qué se estudia derecho – el formulado por el magistrado Cançado Trindade en el conocido caso Bámaca Velásquez contra Guatemala en sede de la Corte Interamericana – se nos recuerda:
“La solidaridad humana se manifiesta en una dimensión no sólo espacial - es decir, en el espacio compartido por todos los pueblos del mundo, - sino también en una dimensión temporal - es decir, entre las generaciones que se suceden en el tiempo, tomando el pasado, presente y futuro en conjunto. Es la noción de solidaridad humana, entendida en esta amplia dimensión, y jamás la de soberanía estatal, que se encuentra en la base de todo el pensamiento contemporáneo sobre los derechos inherentes al ser humano”, “lo que concebimos como la especie humana abarca no sólo los seres vivos (titulares de los derechos humanos), sino también los muertos (con su legado espiritual). El respeto a los muertos se debe efectivamente en las personas de los vivos. La solidaridad humana tiene una dimensión más amplia que la solidaridad puramente social, por cuanto se manifiesta también en los lazos de solidaridad entre los muertos y los vivos (…) En definitiva, los vivos y los muertos encuéntranse mucho más vinculados de lo que uno pueda prima facie suponer, y esta realidad no puede seguir siendo ignorada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en evolución”.
No hay rescate de Héctor entre nosotros, yace aún profanado por la furia de Aquiles más allá de las leyes de los hombres o de los dioses.
Seguimos, en este país, sin noticias de Príamo.
Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.
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España post genocidio (II): Sin noticias de Príamo - Héroes de la Republica insepultos en el Ebro
* Miguel Ángel Rodríguez Arias
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En nuestro caso los restos mortales de nuestros héroes han quedado ahí tirados, sin más, (...) a lo largo de este ininterrumpido reinado de un mismo monarca que nunca ha mostrado un ápice de esa misma humanidad de Príamo para con nuestros propios vencidos en los últimos 35 años…
M.A. RODRÍGUEZ ARIAS: España post genocidio (I)
NUEVATRIBUNA.ES - 7.5.2010
Ni tan siquiera tirados en fosas clandestinas, directamente insepultos, a la intemperie. Fémures y cráneos aquí y allá, apareciendo detrás de cualquier arbusto; en no pocas ocasiones ocupando los mismos lugares en los que fueran destrozados por los obuses alemanes e italianos que auxiliaron a Franco.
Así se encuentran todavía numerosos defensores de la República española en las tierras altas del Ebro, tal y como recogía este fin de semana El País, al informar de excursionistas y vecinos que habían ido reuniendo, en más de 600 trozos distintos, los restos mortales dispersos de “unos 63” combatientes republicanos caídos durante la batalla del Ebro de 1938. En la línea de las terribles, imposibles de creer, imágenes emitidas por Telecinco hace ya más de un año, que tampoco pueden ser olvidadas.
Que estemos hablando de personas que se dejaron la vida en una de las batallas más desesperadas y cruentas que se recuerden en España, que lo hicieran en defensa de la Constitución, de nuestras libertades, de nuestro futuro,…que en cualquier otro lugar civilizado serían honrados como héroes…parece que poco importa.
Llevan más de 70 años allí tirados, directamente a la intemperie; incluida la cuenta de los más de veinte años desde que nuestro “Estado de Derecho” ratificase, en abril de 1989, el Segundo Protocolo a la Convención de Ginebra, cuyo elemental artículo 8 no podría resultar más claro en relación con los ineludibles deberes legales de Estado de búsqueda y trato decoroso de los restos mortales de los combatientes:
Artículo 8 – Búsqueda. Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, se tomarán sin demora todas las medidas posibles (…) para buscar a los muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos.
Medidas “sin demora” para “dar destino decoroso a sus restos”…no cabe duda, los desaparecidos en combate, son los desaparecidos entre los desaparecidos; y en nuestro país más. Sea en los escenarios bélicos del Ebro o en cualesquiera otros.
Las normas internacionales de referencia de los “desaparecidos en combate” podrán no ser las mismas que ante las desapariciones forzadas, pero el dolor y la interminable espera de sus familiares ante la angustia del ser querido desaparecido del que nunca más se supo – la ausencia del lugar de reposo donde recordarles y honrarles – sí que lo es.
Pero – como ante el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Nuremberg y todo lo demás – el Segundo Protocolo a la Convención de Ginebra, el artículo 8 más arriba citado, tampoco vale en España. La Convención de Ginebra…
Qué terrible vivir en un país tan poco serio en el que se hace necesario argumentar y reclamar a nuestras autoridades por qué “sería mejor” – y más decente – cumplir con los tratados absolutamente fundamentales firmados por España…les dé o les quite votos a nuestros gobernantes…
Qué terrible que hasta la derecha democrática de otras naciones civilizadas como la de la Alemania de Ángela Merkel haya entendido que el cumplimiento de tales tratados internacionales en materia de derechos humanos – la nulidad de las “sentencias” del nazismo y todo lo demás – no es algo meramente optativo, no es ni de izquierdas ni de derechas…mientras que los actuales dirigentes de nuestro partido socialista todavía no lo hayan hecho…
Qué terrible la actuación de los ayudantes de la impunidad, aquellos dentro del PSOE siempre dispuestos a justificar, violación tras violación del derecho internacional – vergüenza tras vergüenza –, el trato inhumano a estas personas cuyos derechos se siguen negando de todas las formas posibles… la actuación de aquellos que ponen todos los paños calientes del mundo en nombre del PP que se avecina, de lealtades de partido mal entendidas, de la “responsabilidad de gobierno”, y no sé que más. Y eso que siempre creí que una de las primeras responsabilidades de gobierno, de cualquier gobierno, era justamente la de garantizar los derechos humanos tal y como vienen recogidos en el derecho internacional: tal y como dice el artículo 10.2 de la Constitución española o su artículo 96…ni más ni menos… cumplir nuestra Constitución debe ser también algo gravemente incompatible con la responsabilidad de gobernar, como lo del Convenio Europeo de Derechos Humanos…cosa de izquierdosos o de quienes quieren parecerlo…
¿Qué es lo que pasa en este país cuando se puede incumplir todo el derecho internacional perpetrando comportamientos verdaderamente infames desde nuestras propias instituciones, y el mero hecho de exigir la normal observancia de las leyes de humanidad – como la de no dejar a miles y miles de personas tirados como perros – resulte ser “guerracivilismo”, “ir de rojo”, o lo que se les ocurra?
¿Qué es lo que pasa cuando, ante el frío hecho de los cientos de cuerpos a la intemperie en el Ebro, el gobernante de turno del PSOE se puede ir públicamente de rositas con cualquier chascarrillo feliz como “sentirse absolutamente cercano a las víctimas”, o directamente mintiendo a la ciudadanía de forma descarada diciendo cosas como que la sentencia de Blas Infante ya no existe en virtud de la “ley de la memoria”?.
Y, con todo, esa imagen de esos cientos de cuerpos insepultos en el Ebro no nos habla ya, únicamente, de un Gobierno que será largamente recordado por sus hazañas en materia de justicia universal – que sí que sobrevivió a Aznar, pero que, paradójicamente, no lo hará a Zapatero… – y una impactante cobardía moral que resulta inevitable criticar, sino que nos habla de algo más de fondo, casi antropológico, aún pendiente en nuestra misma sociedad.
Omero lo recrea en el canto XXIV de su Iliada, el titulado Rescate de Héctor, cuando Príamo, Rey de Troya, acude en la noche a suplicarle a Aquiles la restitución de los restos profanados de su heroico hijo, defensor de la ciudad – valiente y digno en la lucha, salvajemente arrastrado después de vencido a los mismos pies de las murallas –, con el único fin de poder honrarlos y darles digna sepultura. En nuestro caso los restos mortales de nuestros héroes han quedado ahí tirados, sin más, sin medio remordimiento de conciencia de ninguna autoridad estatal; no ya únicamente durante toda la dictadura, sino durante todo lo que llevamos de democracia, Gobierno tras Gobierno, a lo largo de este ininterrumpido reinado de un mismo monarca que nunca ha mostrado un ápice de esa misma humanidad de Príamo para con nuestros propios vencidos en los últimos 35 años…
Esos maltratados restos de nuestros propios héroes representan, al mismo tiempo, algo profundo y pendiente en el seno de nuestra propia sociedad postgenocidio, en la decencia de nuestros gobernantes y respecto de cualquier idea de dignidad democrática que nuestras propias instituciones pretendan encarnar, ¿cómo podrían resultar verdaderamente dignas las unas sin los otros, mientras estos últimos continúan tirados a la intemperie?.
En uno de esos votos particulares que le recuerdan a uno por qué y para qué se estudia derecho – el formulado por el magistrado Cançado Trindade en el conocido caso Bámaca Velásquez contra Guatemala en sede de la Corte Interamericana – se nos recuerda:
“La solidaridad humana se manifiesta en una dimensión no sólo espacial - es decir, en el espacio compartido por todos los pueblos del mundo, - sino también en una dimensión temporal - es decir, entre las generaciones que se suceden en el tiempo, tomando el pasado, presente y futuro en conjunto. Es la noción de solidaridad humana, entendida en esta amplia dimensión, y jamás la de soberanía estatal, que se encuentra en la base de todo el pensamiento contemporáneo sobre los derechos inherentes al ser humano”, “lo que concebimos como la especie humana abarca no sólo los seres vivos (titulares de los derechos humanos), sino también los muertos (con su legado espiritual). El respeto a los muertos se debe efectivamente en las personas de los vivos. La solidaridad humana tiene una dimensión más amplia que la solidaridad puramente social, por cuanto se manifiesta también en los lazos de solidaridad entre los muertos y los vivos (…) En definitiva, los vivos y los muertos encuéntranse mucho más vinculados de lo que uno pueda prima facie suponer, y esta realidad no puede seguir siendo ignorada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en evolución”.
No hay rescate de Héctor entre nosotros, yace aún profanado por la furia de Aquiles más allá de las leyes de los hombres o de los dioses.
Seguimos, en este país, sin noticias de Príamo.
Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.
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El fiscal ya se había inclinado por el rechazo. Argentina no investigará los crímenes del Franquismo.
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El fiscal ya se había inclinado por el rechazo
Argentina no investigará los crímenes del Franquismo
Una jueza federal no admite como trámite la denuncia y archiva el caso
Los querellantes podrán recurrir a un tribunal superior
Juan Ignacio Irigaray | Buenos Aires
Actualizado viernes 07/05/2010 13:07
La jueza federal María Servini de Cubría no admitió a trámite la querella contra el franquismo en Argentina que habían presentado dos familiares de ejecutados y desaparecidos del bando republicano durante la guerra civil, pudo saber este viernes en exclusiva elmundo.es.
La denuncia fue presentada el pasado 14 de abril-aniversario de la Segunda República- como una forma de reivindicación del juez Baltasar Garzón, que está imputado en el tribunal Supremo, y devolución de favores por haber juzgado a la dictadura argentina en la Audiencia Nacional.
La magistrada no hizo lugar a la pretensión de los denunciantes argumentando que el fiscal Federico Delgado se había inclinado por el rechazo pues en España, dijo, ya existen "numerosos tribunales que se encuentran investigando en la actualidad esos crímenes".
"La fiscalía no impulsó la acción penal y entonces la jueza se ha visto impedida de avanzar, con lo cual no ha podido admitir a trámite la denuncia", explicó una alta fuente del tribunal federal número uno.
Razones para no seguir el caso en Argentina
Ahora la denuncia se archivará y lo más probable es que los familiares de las víctimas, en unos días más, recurran esa resolución ante el tribunal superior, la Cámara Federal porteña, que deberá revisar lo resuelto por Servini de Cubría y revocar su fallo o confirmarlo.
En su dictamen del viernes anterior, el fiscal Delgado había opinado que "iniciar un proceso en la República Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor", opinó el funcionario del Ministerio Público.
Y concluyó que "no es factible iniciar una investigación judicial, o promover una causa en la República Argentina" porque la querella "tiene grietas jurídicas muy profundas" pues no resulta comprendida dentro del "principio de jurisdicción universal".
"Es innegable que los crímenes del franquismo constituyen delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, el reclamo de quienes pretenden una investigación en la Argentina está amparado en altísimas razones de justicia sustantiva", afirmó el funcionario del Ministerio Público.
Delgado reivindicó que "cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la Humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad".
En ese sentido, el fiscal recordó que "los mismos denunciantes reconocen que existen causas en trámite en España en los que se investigan los crímenes del franquismo; y que la ley de amnistía dictada el 15 de octubre de 1977 por el parlamento español no se aplica a crímenes de lesa humanidad".
Posibilidades
"Existen numerosos tribunales que se encuentran investigando en la actualidad los crímenes del franquismo" en España, por lo que "iniciar un proceso en la República Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor".
Sólo se podría abrir una causa penal en Argentina, advirtió, si previamente en España se procediera al "cierre de todo camino que lleve a la justicia" en la península.
El fiscal concluyó que "la organización política de la sociedad española tiene senderos institucionales para remediar el panorama expuesto ... son esas vías las que hay que transitar para buscar luz al final de este largo túnel de impunidad que protege a los crímenes del franquismo".
La querella de dos familiares de víctimas del franquismo había sido respaldada por entidades como la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina.
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El fiscal ya se había inclinado por el rechazo
Argentina no investigará los crímenes del Franquismo
Una jueza federal no admite como trámite la denuncia y archiva el caso
Los querellantes podrán recurrir a un tribunal superior
Juan Ignacio Irigaray | Buenos Aires
Actualizado viernes 07/05/2010 13:07
La jueza federal María Servini de Cubría no admitió a trámite la querella contra el franquismo en Argentina que habían presentado dos familiares de ejecutados y desaparecidos del bando republicano durante la guerra civil, pudo saber este viernes en exclusiva elmundo.es.
La denuncia fue presentada el pasado 14 de abril-aniversario de la Segunda República- como una forma de reivindicación del juez Baltasar Garzón, que está imputado en el tribunal Supremo, y devolución de favores por haber juzgado a la dictadura argentina en la Audiencia Nacional.
La magistrada no hizo lugar a la pretensión de los denunciantes argumentando que el fiscal Federico Delgado se había inclinado por el rechazo pues en España, dijo, ya existen "numerosos tribunales que se encuentran investigando en la actualidad esos crímenes".
"La fiscalía no impulsó la acción penal y entonces la jueza se ha visto impedida de avanzar, con lo cual no ha podido admitir a trámite la denuncia", explicó una alta fuente del tribunal federal número uno.
Razones para no seguir el caso en Argentina
Ahora la denuncia se archivará y lo más probable es que los familiares de las víctimas, en unos días más, recurran esa resolución ante el tribunal superior, la Cámara Federal porteña, que deberá revisar lo resuelto por Servini de Cubría y revocar su fallo o confirmarlo.
En su dictamen del viernes anterior, el fiscal Delgado había opinado que "iniciar un proceso en la República Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor", opinó el funcionario del Ministerio Público.
Y concluyó que "no es factible iniciar una investigación judicial, o promover una causa en la República Argentina" porque la querella "tiene grietas jurídicas muy profundas" pues no resulta comprendida dentro del "principio de jurisdicción universal".
"Es innegable que los crímenes del franquismo constituyen delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, el reclamo de quienes pretenden una investigación en la Argentina está amparado en altísimas razones de justicia sustantiva", afirmó el funcionario del Ministerio Público.
Delgado reivindicó que "cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la Humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad".
En ese sentido, el fiscal recordó que "los mismos denunciantes reconocen que existen causas en trámite en España en los que se investigan los crímenes del franquismo; y que la ley de amnistía dictada el 15 de octubre de 1977 por el parlamento español no se aplica a crímenes de lesa humanidad".
Posibilidades
"Existen numerosos tribunales que se encuentran investigando en la actualidad los crímenes del franquismo" en España, por lo que "iniciar un proceso en la República Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor".
Sólo se podría abrir una causa penal en Argentina, advirtió, si previamente en España se procediera al "cierre de todo camino que lleve a la justicia" en la península.
El fiscal concluyó que "la organización política de la sociedad española tiene senderos institucionales para remediar el panorama expuesto ... son esas vías las que hay que transitar para buscar luz al final de este largo túnel de impunidad que protege a los crímenes del franquismo".
La querella de dos familiares de víctimas del franquismo había sido respaldada por entidades como la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina.
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Piden a España en la ONU que investigue los crímenes del franquismo
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Piden a España en la ONU que investigue los crímenes del franquismo
España recibió ayer 5 de mayo críticas por el trato a los inmigrantes, y elogios por sus políticas sociales en materia de igualdad, durante el examen de derechos humanos de la ONU, un mecanismo por el que deben pasar todos los países, en una sesión en la que varios países le pidieron investigar los crímenes del franquismo.
Durante más de tres horas, la sala XX del Palacio de Naciones, la de los derechos Humanos -donada por España y decorada por Miquel Barceló- fue escenario del Examen Periódico Universal, un mecanismo establecido en 2008 y que estudia el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.
El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales, José Luis de Francisco, presentó el informe español y destacó que “para el Gobierno, la promoción de los derechos humanos constituye uno de los ejes principales de actuación, tanto en el plano internacional como interno”.
El asunto de la investigación de los crímenes del franquismo estuvo muy presente durante la sesión, tras las denuncias de varios organismos de la ONU y de varias ONG, por la imposibilidad de avanzar en España y las causas abiertas contra el juez Baltasar Garzón.
CRÍTICAS A ESPAÑA
Respecto a la investigación de los crímenes del franquismo, Colombia señaló: “La verdad es un derecho fundamental para quienes han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y por ello recomendamos a España continuar avanzando en la implementación de la Ley de Memoria Histórica“.
Por su parte, México recomendó a España “de conformidad con sus obligaciones internacionales, investigar, sancionar y reparar los delitos de desaparición forzada de personas, sin importar el tiempo en que haya iniciado su comisión, en atención al carácter continuo del delito”.
Cuba dijo haber tomado nota de “los esfuerzos del Gobierno (español) para impulsar la restauración de la memoria histórica”, y añadió: “Esperamos que se puedan intensificar las insuficientes medidas adoptadas para que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas”.
“Queda como asignatura pendiente la necesidad de poner fin a la impunidad de que gozan los responsables de crímenes de lesa humanidad y otros crímenes durante la dictadura franquista, que en virtud del derecho internacional son imprescriptibles”, añadió el representante cubano.
Argentina pidió fortalecer los mecanismos tendentes a combatir la impunidad, mientras que Perú destacó la adopción de la Ley de la Memoria Histórica, que establece “el derecho a la reparación moral a las víctimas de las dictadura”.
OBSERVACIONES DE ONG
Varias ONG, como la Comisión Internacional de Juristas o Amnistía Internacional, añadieron al examen de España observaciones sobre la investigación de los crímenes del franquismo y a las causas abiertas contra el juez Garzón por tratar de investigarlos. El próximo viernes se emitirán las recomendaciones a España.
Las ONG no tenían derecho a intervenir este miércoles en la sesión, aunque sus observaciones se tendrán en cuenta a la hora de emitir las recomendaciones a España el próximo viernes.
Reed Brody, portavoz de Human Rights Watch, destacó el hecho de que fueran los países latinoamericanos quienes sacaran a relucir los crímenes del franquismo. Y expresó su estupor por “el silencio hipócrita de los europeos” ante el acoso a Garzón, pues dijo: “Si en un país del tercer Mundo se persiguiera a un juez por haber querido investigar crímenes de lesa humanidad, no puedo imaginar que los europeos callaran”.
PRESENTADA EN ARGENTINA UNA QUERELLA CONTRA EL FRANQUISMO
Organizaciones humanitarias de Argentina y España, junto al Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, han presentado en los tribunales de Buenos Aires una querella para que se investigue el “genocidio” y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en España.
La denunciaha quedado en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, informaron a la agencia Efe portavoces de los demandantes que expresaron su confianza en que “víctimas de la dictadura franquista” se sumen paulatinamente a esta iniciativa.
Esquivel anunció la presentación de la querella justo el mismo día en que se cumple el 79º aniversario de la proclamación de la II República española. Una de las organizaciones humanitarias que encabezan la demanda es la que preside el premio Nobel argentino, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
La querella criminal se fundamenta en el principio de “jurisdicción universal” para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución de Argentina y “consagrado en el Derecho Internacional”, explica el texto.
En España, sostiene, hubo “un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”. Esquivel asimismo, recordaba ayer que durante la dictadura se “trataron de ocultar los crímenes y por eso hicieron la Ley de Amnistía de 1977, como si nada hubiera pasado”.
“EVITAR QUE LOS CRÍMENES QUEDEN IMPUNES”
La iniciativa fue anunciada el 9 de abril tras conocerse que el juez Baltasar Garzón tendrá que sentarse en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo. “El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes”, explicaba entonces Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España.
Los denunciantes parten del caso concreto de dos familiares de víctimas y desaparecidos del franquismo, Darío Rivas e Inés García Holgado. El texto expone en primer término los casos de García Holgado y Rivas como ejemplos de muchos más para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio “político, social y cultural”.
Darío, en representación de la española Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, ya vivía en Argentina cuando su padre, Severino, alcalde socialista de la localidad lucense Castro de Rei murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.
A su vez, Inés García Holgado denuncia crímenes contra varios de sus parientes, entre ellos su tío, Elías García Holgado, asesinado en 1937 luego de haber sido encarcelado cuando se desempeñaba como alcalde de Lumbrales y diputado provincial en Salamanca.
La querella recoge los siguientes delitos: “homicidio, homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y demás delitos que resulten de la investigación, cometidos en España en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones parlamentarias libres y pluralistas desde las de 16 de febrero de 1936″.
QUERELLANTES SOLICITAN UN LISTADO DE DESAPARECIDOS, ASESINADOS Y TORTURADOS
Para la determinación de los hechos delictivos, el contexto en el que se produjeron y sus características, los querellantes transcriben extensamente párrafos de los autos del juez Garzón de 2008 en los que, primero, se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo y, posteriormente, trasladó la competencia a los juzgados de las provincias donde hay fosas comunes.
En la querella, los denunciantes afirman que no tienen como propósito cuestionar la Ley de Amnistía española, sino “el ejercicio de la jurisdicción argentina respecto de crímenes que ofenden y lesionan a la humanidad que permanecen impunes”. Con todo recuerdan que este tipo de leyes no son admitidas por el Derecho Internacional y en Argentina se han declarado “insanablemente nulas”.
En cualquier caso, apuntan que esta “ley interna española” no afecta a la jurisdicción que ejerzan los órganos judiciales de otros países, tal y como, además, han puesto de manifiesto los tribunales españoles “que ejercieron su jurisdicción respecto de crímenes del mismo tenor cometidos en América Latina cuando, con justificación en leyes de impunidad, los tribunales de nuestros países no podían o no querían ejercer su jurisdicción sobre los mismos”.
“INAUDITO” QUE GARZÓN HAYA SIDO ACUSADO DE PREVARICACIÓN
Por ello, tildan de “inaudito” que el juez Garzón haya sido acusado de prevaricación por la Falange cuando lo que hizo fue “interpretar la Ley de Amnistía en conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que la misma no puede amparar la impunidad de crímenes de lesa humanidad”.
Los querellantes solicitan, entre otras cosas, que los tribunales argentinos recaben “los nombres y último domicilio conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español que desarrollaron sus funciones” entre el periodo anteriormente citado, según recoge el texto.
Asimismo, piden un listado con el número de desaparecidos, asesinados y torturados, otro de las fosas halladas en España, un censo de los niños robados a sus familias durante la dictadura y los nombres de “todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas”.
DECENAS DE MILES DE PERSONAS ASESINADAS
Severino Rivas, “de profesión labrador” y “destacada vida política, que incluye su militancia contra la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1929)”, fue detenido y encarcelado el 29 de julio de 1936, tres días después de que lo pidiera un miembro del “movimiento fascista” Falange Española, dice la demanda.
“La partida de defunción de Severino Rivas fija su deceso el mismo día de su liberación (29 de julio) por hemorragia profunda por proyectil de arma de fuego, en la margen derecha de la carretera que va de Lugo a (Portomarín)”, puntualiza el texto.
Agrega que “fue enterrado anónimamente en una fosa común en lo que entonces era el atrio de la capilla (y actualmente el cementerio de Cortapezas). Durante más de 50 años, Darío Rivas, el querellante, intentó por todos los medios encontrar los restos de su padre”, que finalmente halló en 1994.
La querella también señala que en 1936 Elías García Holgado “fue encarcelado en las prisiones de Madrid y de Salamanca” y “fusilado el 5 de julio de 1937, luego de un proceso sumarísimo, condenado por adhesión a la rebelión” contra los seguidores de Franco.
“El señor Severino Rivas y los familiares de Inés García Holgado fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba ‘paseos’ los fusilamientos por la espalda de los presos a los que los sublevados no sometían a un juicio, cuyos cadáveres eran dejados al costado de los caminos”, subraya.
Destaca que “todas estas circunstancias narradas son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección”.
La denuncia ha sido presentada, aparte de los casos particulares por un total de diez organizaciones no gubernamentales: Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, española; Abuelas de Plaza de Mayo; Liga argentina por los Derechos del Hombre; Comisión Provincial por la Memoria; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales; Asociación de ex detenidos-desaparecidos; Federación de Asociaciones Gallegas de la República de Argentina; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Comité de Acción Jurídica.
Fuentes: www.20minutos.es/ http://www.publico.es/
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Piden a España en la ONU que investigue los crímenes del franquismo
España recibió ayer 5 de mayo críticas por el trato a los inmigrantes, y elogios por sus políticas sociales en materia de igualdad, durante el examen de derechos humanos de la ONU, un mecanismo por el que deben pasar todos los países, en una sesión en la que varios países le pidieron investigar los crímenes del franquismo.
Durante más de tres horas, la sala XX del Palacio de Naciones, la de los derechos Humanos -donada por España y decorada por Miquel Barceló- fue escenario del Examen Periódico Universal, un mecanismo establecido en 2008 y que estudia el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.
El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales, José Luis de Francisco, presentó el informe español y destacó que “para el Gobierno, la promoción de los derechos humanos constituye uno de los ejes principales de actuación, tanto en el plano internacional como interno”.
El asunto de la investigación de los crímenes del franquismo estuvo muy presente durante la sesión, tras las denuncias de varios organismos de la ONU y de varias ONG, por la imposibilidad de avanzar en España y las causas abiertas contra el juez Baltasar Garzón.
CRÍTICAS A ESPAÑA
Respecto a la investigación de los crímenes del franquismo, Colombia señaló: “La verdad es un derecho fundamental para quienes han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y por ello recomendamos a España continuar avanzando en la implementación de la Ley de Memoria Histórica“.
Por su parte, México recomendó a España “de conformidad con sus obligaciones internacionales, investigar, sancionar y reparar los delitos de desaparición forzada de personas, sin importar el tiempo en que haya iniciado su comisión, en atención al carácter continuo del delito”.
Cuba dijo haber tomado nota de “los esfuerzos del Gobierno (español) para impulsar la restauración de la memoria histórica”, y añadió: “Esperamos que se puedan intensificar las insuficientes medidas adoptadas para que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas”.
“Queda como asignatura pendiente la necesidad de poner fin a la impunidad de que gozan los responsables de crímenes de lesa humanidad y otros crímenes durante la dictadura franquista, que en virtud del derecho internacional son imprescriptibles”, añadió el representante cubano.
Argentina pidió fortalecer los mecanismos tendentes a combatir la impunidad, mientras que Perú destacó la adopción de la Ley de la Memoria Histórica, que establece “el derecho a la reparación moral a las víctimas de las dictadura”.
OBSERVACIONES DE ONG
Varias ONG, como la Comisión Internacional de Juristas o Amnistía Internacional, añadieron al examen de España observaciones sobre la investigación de los crímenes del franquismo y a las causas abiertas contra el juez Garzón por tratar de investigarlos. El próximo viernes se emitirán las recomendaciones a España.
Las ONG no tenían derecho a intervenir este miércoles en la sesión, aunque sus observaciones se tendrán en cuenta a la hora de emitir las recomendaciones a España el próximo viernes.
Reed Brody, portavoz de Human Rights Watch, destacó el hecho de que fueran los países latinoamericanos quienes sacaran a relucir los crímenes del franquismo. Y expresó su estupor por “el silencio hipócrita de los europeos” ante el acoso a Garzón, pues dijo: “Si en un país del tercer Mundo se persiguiera a un juez por haber querido investigar crímenes de lesa humanidad, no puedo imaginar que los europeos callaran”.
PRESENTADA EN ARGENTINA UNA QUERELLA CONTRA EL FRANQUISMO
Organizaciones humanitarias de Argentina y España, junto al Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, han presentado en los tribunales de Buenos Aires una querella para que se investigue el “genocidio” y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en España.
La denunciaha quedado en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, informaron a la agencia Efe portavoces de los demandantes que expresaron su confianza en que “víctimas de la dictadura franquista” se sumen paulatinamente a esta iniciativa.
Esquivel anunció la presentación de la querella justo el mismo día en que se cumple el 79º aniversario de la proclamación de la II República española. Una de las organizaciones humanitarias que encabezan la demanda es la que preside el premio Nobel argentino, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
La querella criminal se fundamenta en el principio de “jurisdicción universal” para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución de Argentina y “consagrado en el Derecho Internacional”, explica el texto.
En España, sostiene, hubo “un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”. Esquivel asimismo, recordaba ayer que durante la dictadura se “trataron de ocultar los crímenes y por eso hicieron la Ley de Amnistía de 1977, como si nada hubiera pasado”.
“EVITAR QUE LOS CRÍMENES QUEDEN IMPUNES”
La iniciativa fue anunciada el 9 de abril tras conocerse que el juez Baltasar Garzón tendrá que sentarse en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo. “El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes”, explicaba entonces Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España.
Los denunciantes parten del caso concreto de dos familiares de víctimas y desaparecidos del franquismo, Darío Rivas e Inés García Holgado. El texto expone en primer término los casos de García Holgado y Rivas como ejemplos de muchos más para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio “político, social y cultural”.
Darío, en representación de la española Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, ya vivía en Argentina cuando su padre, Severino, alcalde socialista de la localidad lucense Castro de Rei murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.
A su vez, Inés García Holgado denuncia crímenes contra varios de sus parientes, entre ellos su tío, Elías García Holgado, asesinado en 1937 luego de haber sido encarcelado cuando se desempeñaba como alcalde de Lumbrales y diputado provincial en Salamanca.
La querella recoge los siguientes delitos: “homicidio, homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y demás delitos que resulten de la investigación, cometidos en España en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones parlamentarias libres y pluralistas desde las de 16 de febrero de 1936″.
QUERELLANTES SOLICITAN UN LISTADO DE DESAPARECIDOS, ASESINADOS Y TORTURADOS
Para la determinación de los hechos delictivos, el contexto en el que se produjeron y sus características, los querellantes transcriben extensamente párrafos de los autos del juez Garzón de 2008 en los que, primero, se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo y, posteriormente, trasladó la competencia a los juzgados de las provincias donde hay fosas comunes.
En la querella, los denunciantes afirman que no tienen como propósito cuestionar la Ley de Amnistía española, sino “el ejercicio de la jurisdicción argentina respecto de crímenes que ofenden y lesionan a la humanidad que permanecen impunes”. Con todo recuerdan que este tipo de leyes no son admitidas por el Derecho Internacional y en Argentina se han declarado “insanablemente nulas”.
En cualquier caso, apuntan que esta “ley interna española” no afecta a la jurisdicción que ejerzan los órganos judiciales de otros países, tal y como, además, han puesto de manifiesto los tribunales españoles “que ejercieron su jurisdicción respecto de crímenes del mismo tenor cometidos en América Latina cuando, con justificación en leyes de impunidad, los tribunales de nuestros países no podían o no querían ejercer su jurisdicción sobre los mismos”.
“INAUDITO” QUE GARZÓN HAYA SIDO ACUSADO DE PREVARICACIÓN
Por ello, tildan de “inaudito” que el juez Garzón haya sido acusado de prevaricación por la Falange cuando lo que hizo fue “interpretar la Ley de Amnistía en conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que la misma no puede amparar la impunidad de crímenes de lesa humanidad”.
Los querellantes solicitan, entre otras cosas, que los tribunales argentinos recaben “los nombres y último domicilio conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español que desarrollaron sus funciones” entre el periodo anteriormente citado, según recoge el texto.
Asimismo, piden un listado con el número de desaparecidos, asesinados y torturados, otro de las fosas halladas en España, un censo de los niños robados a sus familias durante la dictadura y los nombres de “todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas”.
DECENAS DE MILES DE PERSONAS ASESINADAS
Severino Rivas, “de profesión labrador” y “destacada vida política, que incluye su militancia contra la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1929)”, fue detenido y encarcelado el 29 de julio de 1936, tres días después de que lo pidiera un miembro del “movimiento fascista” Falange Española, dice la demanda.
“La partida de defunción de Severino Rivas fija su deceso el mismo día de su liberación (29 de julio) por hemorragia profunda por proyectil de arma de fuego, en la margen derecha de la carretera que va de Lugo a (Portomarín)”, puntualiza el texto.
Agrega que “fue enterrado anónimamente en una fosa común en lo que entonces era el atrio de la capilla (y actualmente el cementerio de Cortapezas). Durante más de 50 años, Darío Rivas, el querellante, intentó por todos los medios encontrar los restos de su padre”, que finalmente halló en 1994.
La querella también señala que en 1936 Elías García Holgado “fue encarcelado en las prisiones de Madrid y de Salamanca” y “fusilado el 5 de julio de 1937, luego de un proceso sumarísimo, condenado por adhesión a la rebelión” contra los seguidores de Franco.
“El señor Severino Rivas y los familiares de Inés García Holgado fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba ‘paseos’ los fusilamientos por la espalda de los presos a los que los sublevados no sometían a un juicio, cuyos cadáveres eran dejados al costado de los caminos”, subraya.
Destaca que “todas estas circunstancias narradas son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección”.
La denuncia ha sido presentada, aparte de los casos particulares por un total de diez organizaciones no gubernamentales: Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, española; Abuelas de Plaza de Mayo; Liga argentina por los Derechos del Hombre; Comisión Provincial por la Memoria; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales; Asociación de ex detenidos-desaparecidos; Federación de Asociaciones Gallegas de la República de Argentina; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Comité de Acción Jurídica.
Fuentes: www.20minutos.es/ http://www.publico.es/
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La arquitectura de los exiliados durante el franquismo, expuesta en el Monumento a los Caídos
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La arquitectura de los exiliados durante el franquismo, expuesta en el Monumento a los Caídos
uno de ellos es el navarro Javier yárnoz larrosa
En la muestra, inaugurada ayer, se podrán ver obras de 50 arquitectos hasta el 30 de mayo
a. sagardoy - Jueves, 6 de Mayo de 2010 - Actualizado a las 07:10h.
compartir (¿qué es esto?)
Vista de la exhibición, en la Sala de Exposiciones Conde de Rodezno.
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Galería Noticia
pamplona. La muestra Arquitecturas desplazadas se inauguró ayer en la Sala de Exposiciones Conde de Rodezno. La exhibición, que ya se pudo observar en Madrid en el año 2007, llega a Pamplona con motivo de la celebración del VII Congreso Internacional Historia de la Arquitectura Moderna Española, organizado por la Universidad de Navarra, que comienza hoy. En ella se podrán observar las obras de cincuenta arquitectos españoles que tuvieron que exiliarse durante los años de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La muestra está compuesta por 50 paneles de cristal donde se presentan fotografías de los arquitectos y sus obras, así como un breve resumen del legado de cada uno de ellos. Esos paneles se sitúan, "simbólicamente, como una especie de lápidas" que, gracias a su transparencia, pueden verse como "una lectura superpuesta" de unas con otras, según señaló ayer el comisario de la muestra, Henry Vicente, profesor de Teoría e Historia de l a Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. "Lo interesante es ver que respuesta dieron ellos a un drama vital como el que sufrieron" afirmó Vicente, que también destacó que muchos de ellos fueron como un "regalo" para sus países de acogida y llegaron a ser muy reconocidos en Sudamérica. Según apuntó el comisario de la exposición, "la idea era que ésta fuese una muestra coral, sin destacar especialmente a ninguno, independientemente de la calidad y cantidad de obras que tuviesen".
un protagonista especial A pesar del sentido colectivo de la exposición, probablemente muchos de los navarros que se acerquen hasta la Sala de Exposiciones Conde de Rodezno pondrán especial atención a la figura de Javier Yárnoz Larrosa, nacido en Pamplona en 1886, que tuvo que escapar a Venezuela durante la Guerra Civil. Conocido, entre otras, por la ampliación del Palacio de Navarra o la reforma del Palacio de Olite, obras en las que trabajó con su hermano José, se trata de un arquitecto con el que el comisario manifestó una especial conexión, debido a sus raíces navarras. "Era un arquitecto muy técnico, en Venezuela cuenta con una cantidad enorme de patentes", destacó Vicente.
Parte de la obra de este navarro, que se vio forzado a marchar al exilio en 1936, se verá expuesta estos días precisamente en el Edificio a los Caídos de la capital navarra. Un dato cuando menos curioso, como resaltó el organizador del congreso de la UN, José Manuel Pozo: "No deja de ser un homenaje". Un edificio que, además, fue diseñado por Víctor Eusa y José Yárnoz Larrosa, hermano éste último del navarro presente en la exposición. Una "paradoja", como la definió Pozo, ya que la relación entre los hermanos quedó rota en los años de la Guerra Civil, cuando uno tuvo que escapar por la ideología de su familia política, y el otro, perteneciente al bando nacional, acabó construyendo el que hoy es uno de los mayores monumentos de la época franquista que permanece en la capital navarra. Todo ello, como ejemplo perfecto de las Arquitecturas desplazadas que dan nombre a la muestra y que, como destaca Vicente, "se desplazaron físicamente, pero también metafóricamente". Más ejemplos de estas obras, resultado de un exilio que fue permanente para la mayoría de los arquitectos presentes en la exhibición, podrán observarse en esta muestra hasta el 30 de mayo.
las claves
· Superviviente. Durante la preparación de la muestra, Henry Vicente se encontró con la sorpresa de que uno de los arquitectos homenajeados seguía vivo. Se trata de Juan Capdevila, que hoy tiene 100 años y reside en Madrid.
· Países de exilio. La mayoría de los exiliados tuvieron como destino países sudamericanos como Venezuela o México.
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La arquitectura de los exiliados durante el franquismo, expuesta en el Monumento a los Caídos
uno de ellos es el navarro Javier yárnoz larrosa
En la muestra, inaugurada ayer, se podrán ver obras de 50 arquitectos hasta el 30 de mayo
a. sagardoy - Jueves, 6 de Mayo de 2010 - Actualizado a las 07:10h.
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Vista de la exhibición, en la Sala de Exposiciones Conde de Rodezno.
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pamplona. La muestra Arquitecturas desplazadas se inauguró ayer en la Sala de Exposiciones Conde de Rodezno. La exhibición, que ya se pudo observar en Madrid en el año 2007, llega a Pamplona con motivo de la celebración del VII Congreso Internacional Historia de la Arquitectura Moderna Española, organizado por la Universidad de Navarra, que comienza hoy. En ella se podrán observar las obras de cincuenta arquitectos españoles que tuvieron que exiliarse durante los años de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La muestra está compuesta por 50 paneles de cristal donde se presentan fotografías de los arquitectos y sus obras, así como un breve resumen del legado de cada uno de ellos. Esos paneles se sitúan, "simbólicamente, como una especie de lápidas" que, gracias a su transparencia, pueden verse como "una lectura superpuesta" de unas con otras, según señaló ayer el comisario de la muestra, Henry Vicente, profesor de Teoría e Historia de l a Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. "Lo interesante es ver que respuesta dieron ellos a un drama vital como el que sufrieron" afirmó Vicente, que también destacó que muchos de ellos fueron como un "regalo" para sus países de acogida y llegaron a ser muy reconocidos en Sudamérica. Según apuntó el comisario de la exposición, "la idea era que ésta fuese una muestra coral, sin destacar especialmente a ninguno, independientemente de la calidad y cantidad de obras que tuviesen".
un protagonista especial A pesar del sentido colectivo de la exposición, probablemente muchos de los navarros que se acerquen hasta la Sala de Exposiciones Conde de Rodezno pondrán especial atención a la figura de Javier Yárnoz Larrosa, nacido en Pamplona en 1886, que tuvo que escapar a Venezuela durante la Guerra Civil. Conocido, entre otras, por la ampliación del Palacio de Navarra o la reforma del Palacio de Olite, obras en las que trabajó con su hermano José, se trata de un arquitecto con el que el comisario manifestó una especial conexión, debido a sus raíces navarras. "Era un arquitecto muy técnico, en Venezuela cuenta con una cantidad enorme de patentes", destacó Vicente.
Parte de la obra de este navarro, que se vio forzado a marchar al exilio en 1936, se verá expuesta estos días precisamente en el Edificio a los Caídos de la capital navarra. Un dato cuando menos curioso, como resaltó el organizador del congreso de la UN, José Manuel Pozo: "No deja de ser un homenaje". Un edificio que, además, fue diseñado por Víctor Eusa y José Yárnoz Larrosa, hermano éste último del navarro presente en la exposición. Una "paradoja", como la definió Pozo, ya que la relación entre los hermanos quedó rota en los años de la Guerra Civil, cuando uno tuvo que escapar por la ideología de su familia política, y el otro, perteneciente al bando nacional, acabó construyendo el que hoy es uno de los mayores monumentos de la época franquista que permanece en la capital navarra. Todo ello, como ejemplo perfecto de las Arquitecturas desplazadas que dan nombre a la muestra y que, como destaca Vicente, "se desplazaron físicamente, pero también metafóricamente". Más ejemplos de estas obras, resultado de un exilio que fue permanente para la mayoría de los arquitectos presentes en la exhibición, podrán observarse en esta muestra hasta el 30 de mayo.
las claves
· Superviviente. Durante la preparación de la muestra, Henry Vicente se encontró con la sorpresa de que uno de los arquitectos homenajeados seguía vivo. Se trata de Juan Capdevila, que hoy tiene 100 años y reside en Madrid.
· Países de exilio. La mayoría de los exiliados tuvieron como destino países sudamericanos como Venezuela o México.
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El Supremo rechaza la recusación de Varela planteada por Garzón. La decisión de Andrés Martínez Arrieta no admite recurso.
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El Supremo rechaza la recusación de Varela planteada por Garzón
La decisión de Andrés Martínez Arrieta no admite recurso
SERVIMEDIA 07/05/2010 11:54 Actualizado: 07/05/2010 12:39
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Auto de la recusación contra Varela
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Varela alega que corrigió a las acusaciones para ayudar a Garzón
Convocada una manifestación de apoyo a Garzón ante la ONU
Garzón impugna el recurso de Falange contra su expulsión como acusación
Manos limpias acusa a Garzón de querer dilatar de forma irregular el proceso
Los tres frentes contra el juez Garzón
El Tribunal Supremo ha rechazado de plano la recusación presentada por Baltasar Garzón contra Luciano Varela, por lo que este magistrado volverá a hacerse cargo de la instrucción de la causa abierta contra el juez de la Audiencia Nacional por su investigación de los crímenes del franquismo.
El recientemente nombrado instructor del incidente de recusación, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, decidió este viernes inadmitir a trámite la petición de Garzón , según explicaron fuentes del Alto Tribunal. El juez de la Audiencia Nacional recusó a Varela porque, a su juicio, está ayudando a las acusaciones para que procedan contra él, demostrando "interés indirecto en el procedimiento y parcialidad en el mismo".
Garzón entiende que Varela está ayudando a la acusación
Garzón se refiere al hecho de que Varela pidiese a Falange Española de las JONS -que finalmente fue expulsada del proceso- y a Manos Limpias que presentaran nuevos escritos de acusación subsanando una serie de errores. Tanto la Fiscalía, como Manos Limpias y el propio Varela se opusieron a la recusación interpuesta por Garzón por falta de fundamento.
Varela, en el informe preceptivo que tuvo que elaborar sobre su recusación, aseguró que no tiene "interés personal" en la causa contra Garzón y explicó que la decisión de pedir a las acusaciones que presentaran nuevos escritos corrigiendo los errores de los primeros se debió a su afán de "garantizar mejor el derecho de defensa del imputado".
La decisión de Martínez Arrieta supone que Varela volverá hacerse cargo de la instrucción de la causa abierta contra Garzón por un delito de prevaricación supuestamente cometido cuando se declaró competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco.
El Supremo cree que no tiene fundamento
El magistrado Julián Sánchez Melgar, que este miércoles fue nombrado para sustituir a Varela mientras se tramitaba la recusación, ha estado, por lo tanto, tan sólo un día al frente de la causa que investiga a Garzón por la memoria histórica.
Nulidad y archivo
Garzón se encuentra a punto de ser llevado a juicio en el marco de esta causa y Varela podría dictar apertura de juicio oral contra él a pesar de los distintos recursos que todavía están pendientes de resolución.
El recurso de mayor envergadura es en el que Garzón pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que decrete la nulidad de los escritos de acusación presentados contra él por Manos Limpias, la única acusación que queda en la causa y que pide 20 años de inhabilitación para el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
La nulidad de los escritos, de decretarse, supondría el archivo de la causa abierta contra Garzón por falta de acusación. En cambio, si se rechazase su recurso y se decretase apertura de juicio oral, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vería obligado a suspender cautelarmente a Garzón y apartarlo de la Audiencia Nacional hasta que se celebre juicio y dicte sentencia, condenándolo o absolviéndolo.
Además de la causa por su investigación de los crímenes del franquismo, Garzón se encuentra imputado en el Tribunal Supremo en otros dos procedimientos: por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del "caso Gürtel" y sus abogados y por no abstenerse en una querella contra los responsable del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.
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http://www.elpais.com/articulo/espana/Supremo/rechaza/querellas/asociaciones/memoria/Varela/Saavedra/elpepuesp/20100506elpepunac_19/Tes
http://www.abc.es/20100506/nacional-tribunales/sala-201005061551.html
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/juicio-a-baltasar-garzon-por-investigar-crimenes-del-franquismo_7697977-1
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201005071013_RTI_1273227205nMAE6460D9
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El Supremo rechaza la recusación de Varela planteada por Garzón
La decisión de Andrés Martínez Arrieta no admite recurso
SERVIMEDIA 07/05/2010 11:54 Actualizado: 07/05/2010 12:39
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Los tres frentes contra el juez Garzón
El Tribunal Supremo ha rechazado de plano la recusación presentada por Baltasar Garzón contra Luciano Varela, por lo que este magistrado volverá a hacerse cargo de la instrucción de la causa abierta contra el juez de la Audiencia Nacional por su investigación de los crímenes del franquismo.
El recientemente nombrado instructor del incidente de recusación, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, decidió este viernes inadmitir a trámite la petición de Garzón , según explicaron fuentes del Alto Tribunal. El juez de la Audiencia Nacional recusó a Varela porque, a su juicio, está ayudando a las acusaciones para que procedan contra él, demostrando "interés indirecto en el procedimiento y parcialidad en el mismo".
Garzón entiende que Varela está ayudando a la acusación
Garzón se refiere al hecho de que Varela pidiese a Falange Española de las JONS -que finalmente fue expulsada del proceso- y a Manos Limpias que presentaran nuevos escritos de acusación subsanando una serie de errores. Tanto la Fiscalía, como Manos Limpias y el propio Varela se opusieron a la recusación interpuesta por Garzón por falta de fundamento.
Varela, en el informe preceptivo que tuvo que elaborar sobre su recusación, aseguró que no tiene "interés personal" en la causa contra Garzón y explicó que la decisión de pedir a las acusaciones que presentaran nuevos escritos corrigiendo los errores de los primeros se debió a su afán de "garantizar mejor el derecho de defensa del imputado".
La decisión de Martínez Arrieta supone que Varela volverá hacerse cargo de la instrucción de la causa abierta contra Garzón por un delito de prevaricación supuestamente cometido cuando se declaró competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco.
El Supremo cree que no tiene fundamento
El magistrado Julián Sánchez Melgar, que este miércoles fue nombrado para sustituir a Varela mientras se tramitaba la recusación, ha estado, por lo tanto, tan sólo un día al frente de la causa que investiga a Garzón por la memoria histórica.
Nulidad y archivo
Garzón se encuentra a punto de ser llevado a juicio en el marco de esta causa y Varela podría dictar apertura de juicio oral contra él a pesar de los distintos recursos que todavía están pendientes de resolución.
El recurso de mayor envergadura es en el que Garzón pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que decrete la nulidad de los escritos de acusación presentados contra él por Manos Limpias, la única acusación que queda en la causa y que pide 20 años de inhabilitación para el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
La nulidad de los escritos, de decretarse, supondría el archivo de la causa abierta contra Garzón por falta de acusación. En cambio, si se rechazase su recurso y se decretase apertura de juicio oral, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vería obligado a suspender cautelarmente a Garzón y apartarlo de la Audiencia Nacional hasta que se celebre juicio y dicte sentencia, condenándolo o absolviéndolo.
Además de la causa por su investigación de los crímenes del franquismo, Garzón se encuentra imputado en el Tribunal Supremo en otros dos procedimientos: por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del "caso Gürtel" y sus abogados y por no abstenerse en una querella contra los responsable del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.
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http://www.elpais.com/articulo/espana/Supremo/rechaza/querellas/asociaciones/memoria/Varela/Saavedra/elpepuesp/20100506elpepunac_19/Tes
http://www.abc.es/20100506/nacional-tribunales/sala-201005061551.html
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/juicio-a-baltasar-garzon-por-investigar-crimenes-del-franquismo_7697977-1
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201005071013_RTI_1273227205nMAE6460D9
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Fusilado en 1975 ¿Heridas del pasado?
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Fusilado en 1975 ¿Heridas del pasado?
Última actualización 06/05/2010@12:31:34 GMT+1
A. M.
Campo de tiro de Matalagraja, Hoyo de Manzanares, Madrid. Eran las diez en punto de la mañana del 27 de septiembre de 1975 cuando José Luis Sánchez Bravo recibió siete balas de calibre 7.62, del fusil ametrallador Cetme, en la cara y a corta distancia…
Cartas a Zapatero: "Sr. Presidente..."
NUEVATRIBUNA.ES - 04.05.2010
…Fue el último de los tres compañeros (los otros dos eran José Humberto Baena Alonso y Ramón García Sanz) que fusilaban esa mañana. ¿Su crimen? Pertenecer al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
Era el franquismo tardío, apenas dos meses antes de la muerte del dictador. Pero de nada sirvió la presión internacional ni las peticiones de indulto que solicitó el Vaticano para que frenaran los fusilamientos. Bravo pasó a formar parte de la historia de España de la forma más cruel, como uno de los últimos cinco fusilados del franquismo.
Su hermana, Victoria Sánchez Bravo, estaba allí. Tuvo que ver como llegaba el Land Rover de la Guardia Civil, con el cuerpo de su hermano en la parte trasera. “Ella sobrecogida tuvo que identificar el cadáver sin rostro – debido a las heridas de bala- (…) Me confesó que siempre viviría con la duda de si los restos que ella cree enterrados en su tumba del cementerio de Murcia, son los suyos”, relata Tomás Pellicer (compañero de la FRAP) en su Pequeño diario de clandestinidad.
La mujer de Bravo no pudo estar a su lado minutos antes de su muerte. Ella de 21 años, al igual que su marido, estaba embarazada y encerrada en la cárcel de Yeserías. Fue brutalmente torturada por la Guardia Civil en Badajoz. Su delito era ser militante en la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), la sección universitaria de la organización armada FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Su nombre es Silvia Carretero. Gracias a un informe médico que advertía de los peligros que suponía el encarcelamiento para su embarazo, le permitió quedar en libertad provisional y escapó a Francia donde dio a luz a su hija y no regresó a España hasta finales de 1976, después de la primera amnistía general.
Treinta y cinco años después Silvia Carretero ha roto su silencio y pide justicia. El juicio al que está siendo sometido el juez Garzón ha sido clave para decidirse a denunciar. “Me parece vergonzoso que para un juez que tenemos que persigue el genocidio y todos los problemas de lesa humanidad, ahora se le juzgue a él”, lamentaba desde Buenos Aires, donde se ha trasladado para presentar su demanda ante la Justicia Argentina, concretamente para la juez María Servini de Cubría que está estudiando investigar los crímenes del franquismo.
Carretero no quiso denunciar antes por el escepticismo que le transmitía la Justicia española. “Nunca presenté ninguna demanda, ni ninguna querella, precisamente por lo que ha pasado con Garzón. Pero me he dicho: hasta aquí hemos llegado”, dijo.
CONTEMPORÁNEO Y CON NOMBRES Y APELLIDOS
“La gran diferencia con las otras demandas que se han presentado es que en la de Silvia los hechos se producen en otra época, al final de franquismo, y por otro lado está la individualización de los autores”, explica para nuevatribuna.es uno de los abogados de la víctima, Máximo Castex. Y es que Carretero ha presentado una imputación formal donde ofrece nombres y apellidos de los policías que la torturaron. Por lo tanto se querella tanto a título personal como por la detención y el posterior fusilamiento de su marido.
La demanda de Silvia Carretero se suma a la querella presentada el pasado 14 de abril en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo, entre otros por Inés García Holgado, sobrina de Elías García Holgado, asesinado en 1937 tras haber sido encarcelado cuando era alcalde de Lumbrales y diputado provincial en Salamanca.
El viernes pasado se amplió la demanda con 16 nuevos casos de víctimas gallegas que incluyen a algunos de los cerca de 5.000 represaliados por la dictadura en Galiciaidentificados en una investigación desarrollada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.
LA FISCALÍA EN CONTRA
El dictamen presentado el pasado viernes por el fiscal argentino, Federico Delgado, donde rechaza la investigación de los crímenes del franquismo ha caído como un jarro de agua fría. Según el fiscal la investigación no se podría hacer “porque ya se está investigando lo mismo en muchos juzgados españoles”, señala su dictamen.
“Lo primera reacción fue de asombro y la segunda fue la de intentar entender su argumentación, cuando lo que sucede es todo lo contrario. Después de tantos años el único que se atrevió a investigar hoy es juzgado por prevaricación”, dice el abogado argentino Máximo Castex, a quien le consta que el fiscal Delgado en “ningún momento ha solicitado ningún informe a España donde se diga que se están investigando los crímenes del franquismo, su argumentación no aporta pruebas”, cuenta Castex.
En los próximos días se presentarán diez nuevas demandas que tendrá que estudiar la juez argentina María Servini de Cubría. “Probablemente la próxima semana sabremos la decisión de la juez. Tendrá que decidir si hacer caso del informe del fiscal o escucharnos a nosotros, que le seguiremos aportando demandas y pruebas sobre las atrocidades que ocurrieron en España y que siguen sin ser juzgadas”.
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Fusilado en 1975 ¿Heridas del pasado?
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A. M.
Campo de tiro de Matalagraja, Hoyo de Manzanares, Madrid. Eran las diez en punto de la mañana del 27 de septiembre de 1975 cuando José Luis Sánchez Bravo recibió siete balas de calibre 7.62, del fusil ametrallador Cetme, en la cara y a corta distancia…
Cartas a Zapatero: "Sr. Presidente..."
NUEVATRIBUNA.ES - 04.05.2010
…Fue el último de los tres compañeros (los otros dos eran José Humberto Baena Alonso y Ramón García Sanz) que fusilaban esa mañana. ¿Su crimen? Pertenecer al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
Era el franquismo tardío, apenas dos meses antes de la muerte del dictador. Pero de nada sirvió la presión internacional ni las peticiones de indulto que solicitó el Vaticano para que frenaran los fusilamientos. Bravo pasó a formar parte de la historia de España de la forma más cruel, como uno de los últimos cinco fusilados del franquismo.
Su hermana, Victoria Sánchez Bravo, estaba allí. Tuvo que ver como llegaba el Land Rover de la Guardia Civil, con el cuerpo de su hermano en la parte trasera. “Ella sobrecogida tuvo que identificar el cadáver sin rostro – debido a las heridas de bala- (…) Me confesó que siempre viviría con la duda de si los restos que ella cree enterrados en su tumba del cementerio de Murcia, son los suyos”, relata Tomás Pellicer (compañero de la FRAP) en su Pequeño diario de clandestinidad.
La mujer de Bravo no pudo estar a su lado minutos antes de su muerte. Ella de 21 años, al igual que su marido, estaba embarazada y encerrada en la cárcel de Yeserías. Fue brutalmente torturada por la Guardia Civil en Badajoz. Su delito era ser militante en la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), la sección universitaria de la organización armada FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Su nombre es Silvia Carretero. Gracias a un informe médico que advertía de los peligros que suponía el encarcelamiento para su embarazo, le permitió quedar en libertad provisional y escapó a Francia donde dio a luz a su hija y no regresó a España hasta finales de 1976, después de la primera amnistía general.
Treinta y cinco años después Silvia Carretero ha roto su silencio y pide justicia. El juicio al que está siendo sometido el juez Garzón ha sido clave para decidirse a denunciar. “Me parece vergonzoso que para un juez que tenemos que persigue el genocidio y todos los problemas de lesa humanidad, ahora se le juzgue a él”, lamentaba desde Buenos Aires, donde se ha trasladado para presentar su demanda ante la Justicia Argentina, concretamente para la juez María Servini de Cubría que está estudiando investigar los crímenes del franquismo.
Carretero no quiso denunciar antes por el escepticismo que le transmitía la Justicia española. “Nunca presenté ninguna demanda, ni ninguna querella, precisamente por lo que ha pasado con Garzón. Pero me he dicho: hasta aquí hemos llegado”, dijo.
CONTEMPORÁNEO Y CON NOMBRES Y APELLIDOS
“La gran diferencia con las otras demandas que se han presentado es que en la de Silvia los hechos se producen en otra época, al final de franquismo, y por otro lado está la individualización de los autores”, explica para nuevatribuna.es uno de los abogados de la víctima, Máximo Castex. Y es que Carretero ha presentado una imputación formal donde ofrece nombres y apellidos de los policías que la torturaron. Por lo tanto se querella tanto a título personal como por la detención y el posterior fusilamiento de su marido.
La demanda de Silvia Carretero se suma a la querella presentada el pasado 14 de abril en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo, entre otros por Inés García Holgado, sobrina de Elías García Holgado, asesinado en 1937 tras haber sido encarcelado cuando era alcalde de Lumbrales y diputado provincial en Salamanca.
El viernes pasado se amplió la demanda con 16 nuevos casos de víctimas gallegas que incluyen a algunos de los cerca de 5.000 represaliados por la dictadura en Galiciaidentificados en una investigación desarrollada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.
LA FISCALÍA EN CONTRA
El dictamen presentado el pasado viernes por el fiscal argentino, Federico Delgado, donde rechaza la investigación de los crímenes del franquismo ha caído como un jarro de agua fría. Según el fiscal la investigación no se podría hacer “porque ya se está investigando lo mismo en muchos juzgados españoles”, señala su dictamen.
“Lo primera reacción fue de asombro y la segunda fue la de intentar entender su argumentación, cuando lo que sucede es todo lo contrario. Después de tantos años el único que se atrevió a investigar hoy es juzgado por prevaricación”, dice el abogado argentino Máximo Castex, a quien le consta que el fiscal Delgado en “ningún momento ha solicitado ningún informe a España donde se diga que se están investigando los crímenes del franquismo, su argumentación no aporta pruebas”, cuenta Castex.
En los próximos días se presentarán diez nuevas demandas que tendrá que estudiar la juez argentina María Servini de Cubría. “Probablemente la próxima semana sabremos la decisión de la juez. Tendrá que decidir si hacer caso del informe del fiscal o escucharnos a nosotros, que le seguiremos aportando demandas y pruebas sobre las atrocidades que ocurrieron en España y que siguen sin ser juzgadas”.
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Pero hay una Justicia Universal. Antonio Doñate.
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Pero hay una Justicia Universal
* Antonio Doñate
Más artículos de este autor / a
Última actualización 04/05/2010@12:15:30 GMT+1
La verdadera legitimación de los jueces está no solo en cómo son nombrados, su estatuto, sino de manera primordial en cómo cumplen diariamente su función garantizadora de los derechos de los ciudadanos. Es ahí, donde el sistema judicial gana o pierde credibilidad, donde gana o pierde la confianza de la ciudadanía.
NUEVATRIBUNA.ES - 4.5.2010
Para analizar el grave descenso de la credibilidad que deben ofrecer los jueces y tribunales, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, parece oportuno partir de las siguientes afirmaciones cuasi axiomáticas.
•Primera.- El Poder Político en una sociedad organizada, a semejanza de la materia, ni se crea ni se destruye, SOLO SE TRANSFORMA. Difícilmente se puede hablar de “vacío de poder” : Siempre hay alguien que está dispuesto, sólo o acompañado, a asumir el poder abandonado o arrebatado a otros. El ejemplo lo tenemos en nuestro país con la dictadura franquista.
•Segunda.-Para que el Poder político no sea tiránico o totalitario debe estar repartido y recíprocamente controlado. Recordemos el caso de Arnaldo, el Molinero de“Sans Souci”, quien ante las pretensiones del Rey Federico II de Prusia que quería ampliar los jardines del Palacio, se negó a vender sus tierras; y ante la afirmación del monarca -prototipo del despotismo ilustrado- “te las puedo tomar sin pagártelas”, el molinero respondió: “Sí, pero hay jueces en Berlín” .
•Tercera.-El poder sólo tiene sentido si se ejerce en garantía de los derechos de los ciudadanos, hasta tal punto que ya la Declaración francesa de 1789 de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableció en su art. 16: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución”. Nos sigue valiendo el ejemplo de los cuarenta años de dictadura fascista.
•Cuarta.-Ahora bien, sin jueces formal y materialmente independientes, no puede haber Estado de Derecho, no puede haber auténtica democracia.
El Estado debe, por tanto, proporcionar un efectivo estatuto de independencia a los jueces, y estos viene obligados a devolver imparcialidad, ya que los ciudadanos lo que necesitan son jueces IMPARCIALES, equidistantes entre las partes en conflicto.
Pues, bien, partiendo de estas afirmaciones, puede concluirse que la verdadera legitimación de los jueces está no solo en cómo son nombrados, su estatuto, sino de manera primordial en cómo cumplen diariamente su función garantizadora de los derechos de los ciudadanos. Es ahí donde el sistema judicial gana o pierde credibilidad, donde gana o pierde la confianza de la ciudadanía.
Obviamente, también los jueces y tribunales deben ser controlados, y entre otros aspectos, en:
•si motivan o no adecuadamente sus resoluciones y sentencias,
•si cumplen con su obligación de adecuar la interpretación de las normas a la realidad social del momento en que deben ser aplicadas y siempre en relación a los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que proclama el artículo primero de nuestra Constitución,
•y también,si han respetado o no las reglas de juego en los procedimientos en que dictan sus resoluciones y sentencias.
De ahí surge, no solo que pueda y deba exigírseles la correspondiente responsabilidad penal, disciplinaria o civil, sino además que sus resoluciones y sentencias puedan ser sometidas a la critica pública. Es más, la mayor altura en la jerarquía jurisdiccional, supone, no un mayor arbitrio, sino una mayor exigencia del cumplimiento de sus obligaciones, porque socialmente el riesgo de desprestigio, de pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema judicial es mucho mayor. Y aunque todos venimos obligados a acatar, a cumplir, sus resoluciones y sentencias cuando han adquirido firmeza por no haberlas recurrido o porque se han agotado todos los recursos legalmente previstos, este acatamiento nunca supone que no puedan ser objeto de crítica pública, en cuanto estamos ante actos que emanan de uno de los poderes del Estado.
No se entiende, por tanto, que por dirigentes del principal partido de la oposición, se hayan calificado actos, como el celebrado en el paraninfo de la Universidad de Madrid, como “antidemocráticos”, o que el Consejo General del Poder Judicial, en cuanto órgano constitucional al que le corresponde velar por la independencia de los jueces y tribunales, se haya limitado a manifestar públicamente su "preocupación y tristeza" ante "las diversas manifestaciones que de forma sistemática vienen produciéndose atacando la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo" en relación con la causa abierta al juez Baltasar Garzón. Y ello después de las manifestaciones del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, de que el Consejo “imponga el debido respeto al Tribunal Supremo”. Porque o ha habido un ataque a la independencia de los
magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -lo que obligaría a otro tipo de pronunciamientos-, o se está criticando, sin el rigor exigible, el legítimo ejercicio por los ciudadanos de los derechos democráticos de reunión y expresión en el acto convocado por los Sindicatos UGT y CC.OO.
Afortunadamente desapareció del Código penal uno de los delitos más preciados por las autoridades políticas y judiciales durante el franquismo, y buena parte de la transición: el desacato. Y hasta el día de hoy, que se sepa, ningún integrante de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha presentado denuncia por calumnia, injuria, insulto o amenaza contra alguna víctima o familiar de víctimas del franquismo o contra cualquier otro ciudadano que individual o colectivamente ha mostrado su disconformidad con las resoluciones dictadas en dicho proceso contra Baltasar Garzón.
Lo procedente, a mi modo de ver, es encajar dichas críticas analizando lo que de verdad puede haber en ellas, especialmente cuando van siendo cada día más numerosas y más extendidas geográficamente -nacional e internacionalmente- y no rechazarlas, sin más, calificándolas despectivamente de plebiscitarias como se valora en uno de sus autos por el magistrado instructor Luciano Varela.
¿ Se ha preguntado el Consejo General del Poder Judicial por qué se está tardando tanto en resolver las cuestiones de competencia que sobre esta cuestión tiene pendiente la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando previsiblemente ayudaría a resolver el problema? ¿Falta de medios personales o materiales o indebida planificación del “tempus” de sus resoluciones?
En todo caso, esta situación puede ser demostrativa de que el funcionamiento de nuestro sistema institucional democrático deja bastante que desear cuando uno de los Poderes del Estado, el Judicial, no cumple
adecuadamente su función, unido a que otro de los Poderes, el Legislativo, no hizo bien su papel con la insatisfactoria Ley 52/2007, mal llamada de la Memoria Histórica, ni parece estar dispuesto a dejar claro el alcance de la Ley de Amnistía de 1977, convertida en la práctica judicial en Ley de Punto Final, y porque el otro Poder, el Ejecutivo, parece conformarse con la “beneficencia”, pausadamente administrada, de la citada Ley del 2007.
Y como consecuencia de esta pérdida de confianza por un cada vez más amplio sector de la ciudadanía, y debido asimismo a los compromisos internacionales asumidos por España, si las “víctimas” de los delitos gravísimos del fascismo español no obtienen la respuesta de “verdad, justicia y reparación” que legal y constitucionalmente les corresponde, no es de extrañar que se haya producido el grito actualizado del molinero de Sans Souci: “pero hay una Justicia Universal”, que está dando ya sus primeros pasos en Argentina para nuestro bochorno y vergüenza.
Antonio Doñate - Magistrado(j.) y ex-profesor de la Escuela Judicial.
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Pero hay una Justicia Universal
* Antonio Doñate
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La verdadera legitimación de los jueces está no solo en cómo son nombrados, su estatuto, sino de manera primordial en cómo cumplen diariamente su función garantizadora de los derechos de los ciudadanos. Es ahí, donde el sistema judicial gana o pierde credibilidad, donde gana o pierde la confianza de la ciudadanía.
NUEVATRIBUNA.ES - 4.5.2010
Para analizar el grave descenso de la credibilidad que deben ofrecer los jueces y tribunales, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, parece oportuno partir de las siguientes afirmaciones cuasi axiomáticas.
•Primera.- El Poder Político en una sociedad organizada, a semejanza de la materia, ni se crea ni se destruye, SOLO SE TRANSFORMA. Difícilmente se puede hablar de “vacío de poder” : Siempre hay alguien que está dispuesto, sólo o acompañado, a asumir el poder abandonado o arrebatado a otros. El ejemplo lo tenemos en nuestro país con la dictadura franquista.
•Segunda.-Para que el Poder político no sea tiránico o totalitario debe estar repartido y recíprocamente controlado. Recordemos el caso de Arnaldo, el Molinero de“Sans Souci”, quien ante las pretensiones del Rey Federico II de Prusia que quería ampliar los jardines del Palacio, se negó a vender sus tierras; y ante la afirmación del monarca -prototipo del despotismo ilustrado- “te las puedo tomar sin pagártelas”, el molinero respondió: “Sí, pero hay jueces en Berlín” .
•Tercera.-El poder sólo tiene sentido si se ejerce en garantía de los derechos de los ciudadanos, hasta tal punto que ya la Declaración francesa de 1789 de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableció en su art. 16: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución”. Nos sigue valiendo el ejemplo de los cuarenta años de dictadura fascista.
•Cuarta.-Ahora bien, sin jueces formal y materialmente independientes, no puede haber Estado de Derecho, no puede haber auténtica democracia.
El Estado debe, por tanto, proporcionar un efectivo estatuto de independencia a los jueces, y estos viene obligados a devolver imparcialidad, ya que los ciudadanos lo que necesitan son jueces IMPARCIALES, equidistantes entre las partes en conflicto.
Pues, bien, partiendo de estas afirmaciones, puede concluirse que la verdadera legitimación de los jueces está no solo en cómo son nombrados, su estatuto, sino de manera primordial en cómo cumplen diariamente su función garantizadora de los derechos de los ciudadanos. Es ahí donde el sistema judicial gana o pierde credibilidad, donde gana o pierde la confianza de la ciudadanía.
Obviamente, también los jueces y tribunales deben ser controlados, y entre otros aspectos, en:
•si motivan o no adecuadamente sus resoluciones y sentencias,
•si cumplen con su obligación de adecuar la interpretación de las normas a la realidad social del momento en que deben ser aplicadas y siempre en relación a los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que proclama el artículo primero de nuestra Constitución,
•y también,si han respetado o no las reglas de juego en los procedimientos en que dictan sus resoluciones y sentencias.
De ahí surge, no solo que pueda y deba exigírseles la correspondiente responsabilidad penal, disciplinaria o civil, sino además que sus resoluciones y sentencias puedan ser sometidas a la critica pública. Es más, la mayor altura en la jerarquía jurisdiccional, supone, no un mayor arbitrio, sino una mayor exigencia del cumplimiento de sus obligaciones, porque socialmente el riesgo de desprestigio, de pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema judicial es mucho mayor. Y aunque todos venimos obligados a acatar, a cumplir, sus resoluciones y sentencias cuando han adquirido firmeza por no haberlas recurrido o porque se han agotado todos los recursos legalmente previstos, este acatamiento nunca supone que no puedan ser objeto de crítica pública, en cuanto estamos ante actos que emanan de uno de los poderes del Estado.
No se entiende, por tanto, que por dirigentes del principal partido de la oposición, se hayan calificado actos, como el celebrado en el paraninfo de la Universidad de Madrid, como “antidemocráticos”, o que el Consejo General del Poder Judicial, en cuanto órgano constitucional al que le corresponde velar por la independencia de los jueces y tribunales, se haya limitado a manifestar públicamente su "preocupación y tristeza" ante "las diversas manifestaciones que de forma sistemática vienen produciéndose atacando la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo" en relación con la causa abierta al juez Baltasar Garzón. Y ello después de las manifestaciones del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, de que el Consejo “imponga el debido respeto al Tribunal Supremo”. Porque o ha habido un ataque a la independencia de los
magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -lo que obligaría a otro tipo de pronunciamientos-, o se está criticando, sin el rigor exigible, el legítimo ejercicio por los ciudadanos de los derechos democráticos de reunión y expresión en el acto convocado por los Sindicatos UGT y CC.OO.
Afortunadamente desapareció del Código penal uno de los delitos más preciados por las autoridades políticas y judiciales durante el franquismo, y buena parte de la transición: el desacato. Y hasta el día de hoy, que se sepa, ningún integrante de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha presentado denuncia por calumnia, injuria, insulto o amenaza contra alguna víctima o familiar de víctimas del franquismo o contra cualquier otro ciudadano que individual o colectivamente ha mostrado su disconformidad con las resoluciones dictadas en dicho proceso contra Baltasar Garzón.
Lo procedente, a mi modo de ver, es encajar dichas críticas analizando lo que de verdad puede haber en ellas, especialmente cuando van siendo cada día más numerosas y más extendidas geográficamente -nacional e internacionalmente- y no rechazarlas, sin más, calificándolas despectivamente de plebiscitarias como se valora en uno de sus autos por el magistrado instructor Luciano Varela.
¿ Se ha preguntado el Consejo General del Poder Judicial por qué se está tardando tanto en resolver las cuestiones de competencia que sobre esta cuestión tiene pendiente la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando previsiblemente ayudaría a resolver el problema? ¿Falta de medios personales o materiales o indebida planificación del “tempus” de sus resoluciones?
En todo caso, esta situación puede ser demostrativa de que el funcionamiento de nuestro sistema institucional democrático deja bastante que desear cuando uno de los Poderes del Estado, el Judicial, no cumple
adecuadamente su función, unido a que otro de los Poderes, el Legislativo, no hizo bien su papel con la insatisfactoria Ley 52/2007, mal llamada de la Memoria Histórica, ni parece estar dispuesto a dejar claro el alcance de la Ley de Amnistía de 1977, convertida en la práctica judicial en Ley de Punto Final, y porque el otro Poder, el Ejecutivo, parece conformarse con la “beneficencia”, pausadamente administrada, de la citada Ley del 2007.
Y como consecuencia de esta pérdida de confianza por un cada vez más amplio sector de la ciudadanía, y debido asimismo a los compromisos internacionales asumidos por España, si las “víctimas” de los delitos gravísimos del fascismo español no obtienen la respuesta de “verdad, justicia y reparación” que legal y constitucionalmente les corresponde, no es de extrañar que se haya producido el grito actualizado del molinero de Sans Souci: “pero hay una Justicia Universal”, que está dando ya sus primeros pasos en Argentina para nuestro bochorno y vergüenza.
Antonio Doñate - Magistrado(j.) y ex-profesor de la Escuela Judicial.
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jueves 6 de mayo de 2010
Argentina: Entrevista a Empar Salvador sobre genocido impune del Franquismo
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Argentina: Entrevista a Empar Salvador sobre genocido impune del Franquismo
La última edición de Cartago TV nos acerca la entrevista a Empar Salvador sobre el genocido impune del Franquismo y la complicidad del PSOE.
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Argentina: Entrevista a Empar Salvador sobre genocido impune del Franquismo
La última edición de Cartago TV nos acerca la entrevista a Empar Salvador sobre el genocido impune del Franquismo y la complicidad del PSOE.
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Cartas a Zapatero: "Sr. Presidente…"
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Cartas a Zapatero: "Sr. Presidente…"
Última actualización 03/05/2010@18:24:30 GMT+1
Asociaciones y colectivos de víctimas del franquismo se dirigen por carta al presidente del Gobierno para que modifique la Ley de memoria Histórica y articule un sistema de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos en las fosas clandestinas así como la localización de los 'niños perdidos'.
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 03.05.2010
Cerca de 700 personas se han adherido a la campaña en facebook para el envío de cartas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitando la modificación de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Las misivas están acompañadas de un manifiesto al que se han adherido 75 colectivos memorialistas y en ellas familiares de las víctimas del franquismo exponen su caso de una manera personalizada y dirigiéndose de forma directa al jefe del Ejecutivo.
Lo que se pide al Gobierno es que “respete el Convenio Europeo de Derechos Humanos” y establezca como deber del Estado y no de los ciudadanos la localización y recuperación de los cuerpos enterrados en las fosas clandestinas.
El documento, elaborado por el profesor de Derecho Penal Internacional, Miguel Ángel Rodríguez Arias, califica dicha ley de “vergüenza histórica” y de “laberinto jurídico” al no recoger “ni una sola de las obligaciones internacionales del Estado en materia de Verdad, Justicia y Reparación” y “no garantizar, en modo alguno, los derechos fundamentales de los familiares de los desaparecidos”.
El profesor Rodríguez Arias, ponente de la ILP de Verdad, Justicia y Reparación, subraya que la Ley de Memoria del Gobierno del PSOE copia el sistema de búsqueda de desaparecidos de la Orden de Franco de 1940, según la cual, el Estado delega esta “obligación” en las familias, lo que es considerado por estos colectivos como “trato inhumano” y violación del derecho humano a la vida familiar.
Los colectivos firmantes también denuncian el caso de los niños perdidos del franquismo, niños robados a sus familias por responsables de la dictadura entre 1939 y 1970, caso que fue denunciado internacionalmente por el Consejo de Europa.
PDF: Manifiesto Campaña de Cartas a Zapatero
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Cartas a Zapatero: "Sr. Presidente…"
Última actualización 03/05/2010@18:24:30 GMT+1
Asociaciones y colectivos de víctimas del franquismo se dirigen por carta al presidente del Gobierno para que modifique la Ley de memoria Histórica y articule un sistema de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos en las fosas clandestinas así como la localización de los 'niños perdidos'.
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 03.05.2010
Cerca de 700 personas se han adherido a la campaña en facebook para el envío de cartas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitando la modificación de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Las misivas están acompañadas de un manifiesto al que se han adherido 75 colectivos memorialistas y en ellas familiares de las víctimas del franquismo exponen su caso de una manera personalizada y dirigiéndose de forma directa al jefe del Ejecutivo.
Lo que se pide al Gobierno es que “respete el Convenio Europeo de Derechos Humanos” y establezca como deber del Estado y no de los ciudadanos la localización y recuperación de los cuerpos enterrados en las fosas clandestinas.
El documento, elaborado por el profesor de Derecho Penal Internacional, Miguel Ángel Rodríguez Arias, califica dicha ley de “vergüenza histórica” y de “laberinto jurídico” al no recoger “ni una sola de las obligaciones internacionales del Estado en materia de Verdad, Justicia y Reparación” y “no garantizar, en modo alguno, los derechos fundamentales de los familiares de los desaparecidos”.
El profesor Rodríguez Arias, ponente de la ILP de Verdad, Justicia y Reparación, subraya que la Ley de Memoria del Gobierno del PSOE copia el sistema de búsqueda de desaparecidos de la Orden de Franco de 1940, según la cual, el Estado delega esta “obligación” en las familias, lo que es considerado por estos colectivos como “trato inhumano” y violación del derecho humano a la vida familiar.
Los colectivos firmantes también denuncian el caso de los niños perdidos del franquismo, niños robados a sus familias por responsables de la dictadura entre 1939 y 1970, caso que fue denunciado internacionalmente por el Consejo de Europa.
PDF: Manifiesto Campaña de Cartas a Zapatero
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Asociación de Memoria Histórica dice a Aguirre que no necesita un Reglamento para hacer un Registro de víctimas
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Asociación de Memoria Histórica dice a Aguirre que no necesita un Reglamento para hacer un Registro de víctimas
MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, aseguró hoy que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sólo necesita voluntad política para poner en marcha un registro que agilice las peticiones de búsqueda de desaparecidos en la Guerra Civil y Franquismo.
La Comunidad de Madrid insiste en que este Registro no se puede abrir hasta que el Estado dé las directrices a las comunidades autónomas para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2008.
Sin embargo, Silva insistió en que la apertura de una oficina para crear un registro no requiere de estos trámites, puesto que sólo es necesaria la disposición a ello por parte del Ejecutivo de Aguirre.
"No se necesita ningún reglamento. Si Aguirre quiere crear un registro, lo puede hacer mañana", aseveró el presidente de la ARMH, quien apuntó que hasta el momento desde la Comunidad no se han puesto en contacto con ellos para colaborar de algún modo.
Esta mañana, Aguirre volvió a poner la Administración regional a disposición de todos aquellos madrileños que quieran buscar a sus familiares desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, aunque apuntó que no se van a "levantar fosas por levantar".
"Levantar fosas por levantarlas, no, pero si algún madrileño cree que quiere dar sepultura a sus muertos como es debido porque no ha podido hacerlo hasta ahora, para eso estamos", afirmó en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.
Aguirre aseguró que "todas las víctimas, también las del Franquismo, si creen que sus antepasados, seres queridos, padres abuelos fueron fusilados y creen o tienen indicios de que estén en algún sitio, la Comunidad de Madrid les va ayudar a encontrarlos".
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Asociación de Memoria Histórica dice a Aguirre que no necesita un Reglamento para hacer un Registro de víctimas
MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, aseguró hoy que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sólo necesita voluntad política para poner en marcha un registro que agilice las peticiones de búsqueda de desaparecidos en la Guerra Civil y Franquismo.
La Comunidad de Madrid insiste en que este Registro no se puede abrir hasta que el Estado dé las directrices a las comunidades autónomas para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2008.
Sin embargo, Silva insistió en que la apertura de una oficina para crear un registro no requiere de estos trámites, puesto que sólo es necesaria la disposición a ello por parte del Ejecutivo de Aguirre.
"No se necesita ningún reglamento. Si Aguirre quiere crear un registro, lo puede hacer mañana", aseveró el presidente de la ARMH, quien apuntó que hasta el momento desde la Comunidad no se han puesto en contacto con ellos para colaborar de algún modo.
Esta mañana, Aguirre volvió a poner la Administración regional a disposición de todos aquellos madrileños que quieran buscar a sus familiares desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, aunque apuntó que no se van a "levantar fosas por levantar".
"Levantar fosas por levantarlas, no, pero si algún madrileño cree que quiere dar sepultura a sus muertos como es debido porque no ha podido hacerlo hasta ahora, para eso estamos", afirmó en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.
Aguirre aseguró que "todas las víctimas, también las del Franquismo, si creen que sus antepasados, seres queridos, padres abuelos fueron fusilados y creen o tienen indicios de que estén en algún sitio, la Comunidad de Madrid les va ayudar a encontrarlos".
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IU critica que la Fiscalía "no se moje" apoyando la recusación de Varela y optando por posiciones "salomónicas"
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IU critica que la Fiscalía "no se moje" apoyando la recusación de Varela y optando por posiciones "salomónicas"
MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, criticó a la Fiscalía por haberse pronunciado en contra de la recusación contra el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela que presentó el juez Baltasar Garzón. "No compartimos que la Fiscalía no se moje y quiera estar en la procesión y repicando al mismo tiempo con decisiones salomónicas", se quejó.
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Llamazares avisó al Ministerio Público de que es "imposible" estar a la vez "con el juez y con el acusado", recordando que el fiscal no se mostró a favor de aceptar las querellas contra Garzón por haber prevaricado al querer investigar los crímenes del franquismo y tampoco de que el juez pueda recusar al instructor de la causa contra él.
POSICIÓN DE PREJUICIO
En este contexto, lamentó que a la Fiscalía no le haya bastado con "la presencia de ciertas acusaciones" en el proceso ni con la "orientación" que, a su juicio, Varela dio a Manos Limpias y Falange Española sobre sus escritos de acusación. "Fue una actitud censurable y una posición de prejuicio evidente", agregó en relación a la actuación del magistrado del Supremo.
Precisamente, el próximo martes IU-ICV someterán a votación en el Pleno del Congreso una moción para que la Cámara establezca con claridad que "quien investiga los crímenes de franquismo no es un prevaricador", sino que, como hizo Garzón, simplemente "usa un aparataje legal legítimo" para hacerlo.
Ese armazón legal está formado por el Derecho Internacional, la Ley de Amnistía de 1977 y el Código Penal español que, según insistió Llamazares, permiten la persecución del genocidio y los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.
RESPONSABILIDAD PÚBLICA CON LAS FOSAS
El texto que se votará el martes, consecuencia de la interpelación que IU-ICV formuló la semana pasada al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, también pretende garantizar "la responsabilidad pública e institucional" en las labores de localización, exhumación es identificación de las fosas y de retirada de símbolos franquistas.
Además, ambas formaciones defenderán que "se cumpla ley" y se cree un "alto comisionado que coordine de las políticas de memoria" que, en opinión de Llamazares, "ahora están troceadas y diluidas en distintos ministerios", y que se nombre un fiscal especializado en estos temas.
Por último, IU e ICV piden que el Gobierno organice un acto solemne de condena del franquismo y de reparación a las víctimas y que se constituya un día anual para la conmemoración y al apoyo a los represaliados de la dictadura.
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IU critica que la Fiscalía "no se moje" apoyando la recusación de Varela y optando por posiciones "salomónicas"
MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, criticó a la Fiscalía por haberse pronunciado en contra de la recusación contra el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela que presentó el juez Baltasar Garzón. "No compartimos que la Fiscalía no se moje y quiera estar en la procesión y repicando al mismo tiempo con decisiones salomónicas", se quejó.
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Llamazares avisó al Ministerio Público de que es "imposible" estar a la vez "con el juez y con el acusado", recordando que el fiscal no se mostró a favor de aceptar las querellas contra Garzón por haber prevaricado al querer investigar los crímenes del franquismo y tampoco de que el juez pueda recusar al instructor de la causa contra él.
POSICIÓN DE PREJUICIO
En este contexto, lamentó que a la Fiscalía no le haya bastado con "la presencia de ciertas acusaciones" en el proceso ni con la "orientación" que, a su juicio, Varela dio a Manos Limpias y Falange Española sobre sus escritos de acusación. "Fue una actitud censurable y una posición de prejuicio evidente", agregó en relación a la actuación del magistrado del Supremo.
Precisamente, el próximo martes IU-ICV someterán a votación en el Pleno del Congreso una moción para que la Cámara establezca con claridad que "quien investiga los crímenes de franquismo no es un prevaricador", sino que, como hizo Garzón, simplemente "usa un aparataje legal legítimo" para hacerlo.
Ese armazón legal está formado por el Derecho Internacional, la Ley de Amnistía de 1977 y el Código Penal español que, según insistió Llamazares, permiten la persecución del genocidio y los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.
RESPONSABILIDAD PÚBLICA CON LAS FOSAS
El texto que se votará el martes, consecuencia de la interpelación que IU-ICV formuló la semana pasada al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, también pretende garantizar "la responsabilidad pública e institucional" en las labores de localización, exhumación es identificación de las fosas y de retirada de símbolos franquistas.
Además, ambas formaciones defenderán que "se cumpla ley" y se cree un "alto comisionado que coordine de las políticas de memoria" que, en opinión de Llamazares, "ahora están troceadas y diluidas en distintos ministerios", y que se nombre un fiscal especializado en estos temas.
Por último, IU e ICV piden que el Gobierno organice un acto solemne de condena del franquismo y de reparación a las víctimas y que se constituya un día anual para la conmemoración y al apoyo a los represaliados de la dictadura.
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LAS EXHUMACIONES SON EN FOSAS COMUNES EN EL CEMENTERIO DE AGUILAR DE LA FRONTERA.
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LAS EXHUMACIONES SON EN FOSAS COMUNES EN EL CEMENTERIO DE AGUILAR DE LA FRONTERA.
Comienza la búsqueda de unos 150 fusilados en la Guerra Civil
En la primera jornada ya aparecieron los primeros restos en una de las excavaciones más pequeñas.Numerosos familiares de las víctimas se acercan expectantes para seguir las labores de rastreo.
04/05/2010 JOSE SIERRA
Rafael Espino Navarro : "Destaco la valentía del juez Garzón para hacer justicia"
04/05/2010
Rafael Raya busca a su abuelo, que fue fusilado el 28 de julio de 1936
04/05/2010
Ayer dieron comienzo las excavaciones en el cementerio de Aguilar de la Frontera con el fin de exhumar los restos de las personas fusiladas durante el franquismo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (Aremehisa) es el colectivo que está coordinando todo el proceso y que ha venido trabajando sin descanso durante los dos últimos años para que todo esté a punto. Ayer a las 8 de la mañana los integrantes del equipo técnico y los voluntarios comenzaron a acotar las cuatro fosas comunes en las que se va a intervenir durante los próximos tres o cuatro meses hasta que sean recuperados e identificados todos los cuerpos.
A media mañana los técnicos y algunos voluntarios ya comenzaron a retirar, con toda delicadeza, las capas de tierra de una de las dos fosas pequeñas existentes en la parte alta del cementerio en la que se cree que están enterradas cuatro o cinco personas. Sobre las cuatro y media de la tarde aparecieron los primeros restos humanos de esta fosa, dedicándose el equipo técnico a limpiarlos cuidadosamente, aunque sin haber podido identificarlos. Sí se ha podido observar, sin embargo, que el cadáver presenta una fractura en el cráneo por lo que podría tratarse del cuerpo de Manuel Palma, un vecino que fue fusilado por la espalda el 24 de julio de 1936. Carmen Reina Castro es una de las arqueólogas que está participando en estas exhumaciones como voluntaria.
La primera fosa abierta es precisamente aquella en cuya lápida figuraba el nombre de su tío abuelo, Manuel Palma Moreno, la primera persona fusilada en Aguilar durante la Guerra Civil, segun los datos del Registro Civil. Según nos cuenta Carmen, se dirigía hacia su finca, situada en las proximidades de la laguna de Zóñar, cuando encontró un grupo de vecinos que le advirtió del riesgo que corría. El contestó que sólo era un agricultor y que no estaba afiliado a ningún partido político, continuando su camino después de fumarse un cigarro. Minutos después recibió un tiro por la espalda de un grupo de falangistas que pasaban en un camión. Según algunos testigos, el autor del disparo fue un tal "Salesillo, uno de los principales ejecutores de Aguilar" .
Los vecinos con los que se había encontrado poco antes lo colocaron bajo un olivo y avisaron a la familia que, a pesar de la oposición del enterrador, consiguió darle sepultura en el cementerio, en el mismo nicho donde horas antes habían sido enterradas dos mujeres y un niño, víctimas del primer bombardeo de la aviación nacional sobre Aguilar. Este bombardeo, en realidad, iba dirigido a la población de Puente Genil, que por entonces estaba en el bando republicano, pero los pilotos se confundieron de localidad. Manuel Palma murió con 33 años, dejando a su mujer con tres hijos de corta edad. Carmen Reina y su familia llevan años esperando este momento y están totalmente e favor de las exhumaciones "porque es la única forma de hacer justicia y de dignificar a estas personas a las que, impunemente, se les robó un día al vida", nos dice.
El equipo técnico que dirige la excavación está compuesto por dos arqueólogos, un antropólogo forense, un topógrafo, un técnico de ADN, dos piscólogos y un abogado. Los 57 voluntarios que van a intervenir en la exhumación (en turnos semanales de 12 a 15 personas) han realizado, previamente, un curso sobre técnica arqueológica organizado por la asociación,con objeto de que tengan un conocimiento básico del trabajo al que se van a enfrentar durante los próximos días. La mayoría de los voluntarios son de Aguilar, aunque también proceden de Monturque, Montilla, Santiago de Compostela y Xátiva.
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LAS EXHUMACIONES SON EN FOSAS COMUNES EN EL CEMENTERIO DE AGUILAR DE LA FRONTERA.
Comienza la búsqueda de unos 150 fusilados en la Guerra Civil
En la primera jornada ya aparecieron los primeros restos en una de las excavaciones más pequeñas.Numerosos familiares de las víctimas se acercan expectantes para seguir las labores de rastreo.
04/05/2010 JOSE SIERRA
Rafael Espino Navarro : "Destaco la valentía del juez Garzón para hacer justicia"
04/05/2010
Rafael Raya busca a su abuelo, que fue fusilado el 28 de julio de 1936
04/05/2010
Ayer dieron comienzo las excavaciones en el cementerio de Aguilar de la Frontera con el fin de exhumar los restos de las personas fusiladas durante el franquismo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (Aremehisa) es el colectivo que está coordinando todo el proceso y que ha venido trabajando sin descanso durante los dos últimos años para que todo esté a punto. Ayer a las 8 de la mañana los integrantes del equipo técnico y los voluntarios comenzaron a acotar las cuatro fosas comunes en las que se va a intervenir durante los próximos tres o cuatro meses hasta que sean recuperados e identificados todos los cuerpos.
A media mañana los técnicos y algunos voluntarios ya comenzaron a retirar, con toda delicadeza, las capas de tierra de una de las dos fosas pequeñas existentes en la parte alta del cementerio en la que se cree que están enterradas cuatro o cinco personas. Sobre las cuatro y media de la tarde aparecieron los primeros restos humanos de esta fosa, dedicándose el equipo técnico a limpiarlos cuidadosamente, aunque sin haber podido identificarlos. Sí se ha podido observar, sin embargo, que el cadáver presenta una fractura en el cráneo por lo que podría tratarse del cuerpo de Manuel Palma, un vecino que fue fusilado por la espalda el 24 de julio de 1936. Carmen Reina Castro es una de las arqueólogas que está participando en estas exhumaciones como voluntaria.
La primera fosa abierta es precisamente aquella en cuya lápida figuraba el nombre de su tío abuelo, Manuel Palma Moreno, la primera persona fusilada en Aguilar durante la Guerra Civil, segun los datos del Registro Civil. Según nos cuenta Carmen, se dirigía hacia su finca, situada en las proximidades de la laguna de Zóñar, cuando encontró un grupo de vecinos que le advirtió del riesgo que corría. El contestó que sólo era un agricultor y que no estaba afiliado a ningún partido político, continuando su camino después de fumarse un cigarro. Minutos después recibió un tiro por la espalda de un grupo de falangistas que pasaban en un camión. Según algunos testigos, el autor del disparo fue un tal "Salesillo, uno de los principales ejecutores de Aguilar" .
Los vecinos con los que se había encontrado poco antes lo colocaron bajo un olivo y avisaron a la familia que, a pesar de la oposición del enterrador, consiguió darle sepultura en el cementerio, en el mismo nicho donde horas antes habían sido enterradas dos mujeres y un niño, víctimas del primer bombardeo de la aviación nacional sobre Aguilar. Este bombardeo, en realidad, iba dirigido a la población de Puente Genil, que por entonces estaba en el bando republicano, pero los pilotos se confundieron de localidad. Manuel Palma murió con 33 años, dejando a su mujer con tres hijos de corta edad. Carmen Reina y su familia llevan años esperando este momento y están totalmente e favor de las exhumaciones "porque es la única forma de hacer justicia y de dignificar a estas personas a las que, impunemente, se les robó un día al vida", nos dice.
El equipo técnico que dirige la excavación está compuesto por dos arqueólogos, un antropólogo forense, un topógrafo, un técnico de ADN, dos piscólogos y un abogado. Los 57 voluntarios que van a intervenir en la exhumación (en turnos semanales de 12 a 15 personas) han realizado, previamente, un curso sobre técnica arqueológica organizado por la asociación,con objeto de que tengan un conocimiento básico del trabajo al que se van a enfrentar durante los próximos días. La mayoría de los voluntarios son de Aguilar, aunque también proceden de Monturque, Montilla, Santiago de Compostela y Xátiva.
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Las Juntas piden que se "culmine" en la CAV el desarrollo de la Ley de Memoria
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Las Juntas piden que se "culmine" en la CAV el desarrollo de la Ley de Memoria
la medida fue aprobada ayer por unanimidad
La Cámara guipuzcoana insiste en su compromiso de colaborar para recuperar "totalmente" la memoria
e.p. - Jueves, 6 de Mayo de 2010 - Actualizado a las 07:52h.
Donostia. Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer, por unanimidad, una enmienda transaccionada por todos los grupos junteros a partir de una propuesta de Alternatiba, en la que se insta al Gobierno Vasco a "culminar el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Histórica" en Euskadi. En la iniciativa, la institución ratifica los acuerdos adoptados en 2006 y 2007 sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas tras el alzamiento de 1936, de manera que mantiene su "compromiso" de colaborar con las instituciones competentes para recuperar "totalmente" la Memoria Histórica, honrando a todas las víctimas que padecieron "las injusticias" de la dictadura franquista y la Guerra Civil.
Además, la Cámara guipuzcoana asume el contenido de la Proposición No de Ley relativa a la Memoria Histórica aprobada por el Parlamento Vasco el 18 febrero de 2010 e insta al Gobierno Vasco y a la Diputación a desarrollar políticas públicas destinadas a recuperar la memoria de estas víctimas, como "culminar el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Histórica" en Euskadi o mantener el convenio que permita completar el mapa de fosas vascas.
También pide realizar la convocatoria de subvenciones para investigaciones sobre Memoria Histórica y habilitar fondos para pagar indemnizaciones. Asimismo, se insta a la Diputación a actuar en esta materia incrementando las iniciativas de recopilación y documentación de lo sucedido. Junto a ello se reclama a ambas instituciones que impulsen actos de homenaje y recuerdo a las víctimas del golpe de Estado franquista y del bombardeo de Gernika.
el debate Ander Rodríguez, juntero de Alternatiba, que en su propuesta inicial reclamaba la creación de una Ley vasca de la Memoria Histórica y de una Comisión de la Verdad, defendió la actuación de los poderes públicos para lograr objetivos "irrenunciables de investigación de la verdad", elaborando censos de víctimas, mapas de fosas o retirando símbolos y nombres de calles.
En este sentido, solicitó la implicación y actuación de las administraciones, especialmente de la Diputación, y recordó que los partidos que votaron a favor de una Comisión de la Verdad en el Parlamento Vasco tienen en Gipuzkoa "la mayoría suficiente para sacar adelante esta propuesta".
Desde Aralar, su juntero Patxi Aierbe criticó que en España "ministros del franquismo hayan sido premiados con cargos para toda la vida", mientras que en Alemania, por ejemplo, los responsables del régimen fascista "fueron juzgados". Por parte de EB, Mikel Izagirre dijo que el acuerdo adoptado no satisface plenamente a su grupo y señaló que el Estado tiene la "obligación de investigar toda denuncia de violación de derechos humanos", como las producidas en la Guerra. Además, criticó que la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, señalara que a algunos "se les está yendo de la mano" este tema. Declaraciones, en su opinión, "impropias", ya que con las víctimas no cabe olvidar, sino "hacer justicia".
La juntera del PNV Zorione Etxezarraga apostó porque las instituciones trasladen su "compromiso de seguir trabajando" por las víctimas y consideró que "es hora de dejar de lado desacuerdos en esta materia y trabajar a favor" de este colectivo.
María Ángeles Machín, del PSE-EE, lamentó que las leyes y ayudas a las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil "se han dilatado mucho en el tiempo". Por último, desde el PP, Iñigo Arcauz mostró su rechazo a la Comisión de la Verdad y la Ley vasca de la Memoria defendida por Alternatiba ya que significaría, dijo, considerar que la Transición "no sirvió para nada".
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Las Juntas piden que se "culmine" en la CAV el desarrollo de la Ley de Memoria
la medida fue aprobada ayer por unanimidad
La Cámara guipuzcoana insiste en su compromiso de colaborar para recuperar "totalmente" la memoria
e.p. - Jueves, 6 de Mayo de 2010 - Actualizado a las 07:52h.
Donostia. Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer, por unanimidad, una enmienda transaccionada por todos los grupos junteros a partir de una propuesta de Alternatiba, en la que se insta al Gobierno Vasco a "culminar el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Histórica" en Euskadi. En la iniciativa, la institución ratifica los acuerdos adoptados en 2006 y 2007 sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas tras el alzamiento de 1936, de manera que mantiene su "compromiso" de colaborar con las instituciones competentes para recuperar "totalmente" la Memoria Histórica, honrando a todas las víctimas que padecieron "las injusticias" de la dictadura franquista y la Guerra Civil.
Además, la Cámara guipuzcoana asume el contenido de la Proposición No de Ley relativa a la Memoria Histórica aprobada por el Parlamento Vasco el 18 febrero de 2010 e insta al Gobierno Vasco y a la Diputación a desarrollar políticas públicas destinadas a recuperar la memoria de estas víctimas, como "culminar el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Histórica" en Euskadi o mantener el convenio que permita completar el mapa de fosas vascas.
También pide realizar la convocatoria de subvenciones para investigaciones sobre Memoria Histórica y habilitar fondos para pagar indemnizaciones. Asimismo, se insta a la Diputación a actuar en esta materia incrementando las iniciativas de recopilación y documentación de lo sucedido. Junto a ello se reclama a ambas instituciones que impulsen actos de homenaje y recuerdo a las víctimas del golpe de Estado franquista y del bombardeo de Gernika.
el debate Ander Rodríguez, juntero de Alternatiba, que en su propuesta inicial reclamaba la creación de una Ley vasca de la Memoria Histórica y de una Comisión de la Verdad, defendió la actuación de los poderes públicos para lograr objetivos "irrenunciables de investigación de la verdad", elaborando censos de víctimas, mapas de fosas o retirando símbolos y nombres de calles.
En este sentido, solicitó la implicación y actuación de las administraciones, especialmente de la Diputación, y recordó que los partidos que votaron a favor de una Comisión de la Verdad en el Parlamento Vasco tienen en Gipuzkoa "la mayoría suficiente para sacar adelante esta propuesta".
Desde Aralar, su juntero Patxi Aierbe criticó que en España "ministros del franquismo hayan sido premiados con cargos para toda la vida", mientras que en Alemania, por ejemplo, los responsables del régimen fascista "fueron juzgados". Por parte de EB, Mikel Izagirre dijo que el acuerdo adoptado no satisface plenamente a su grupo y señaló que el Estado tiene la "obligación de investigar toda denuncia de violación de derechos humanos", como las producidas en la Guerra. Además, criticó que la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, señalara que a algunos "se les está yendo de la mano" este tema. Declaraciones, en su opinión, "impropias", ya que con las víctimas no cabe olvidar, sino "hacer justicia".
La juntera del PNV Zorione Etxezarraga apostó porque las instituciones trasladen su "compromiso de seguir trabajando" por las víctimas y consideró que "es hora de dejar de lado desacuerdos en esta materia y trabajar a favor" de este colectivo.
María Ángeles Machín, del PSE-EE, lamentó que las leyes y ayudas a las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil "se han dilatado mucho en el tiempo". Por último, desde el PP, Iñigo Arcauz mostró su rechazo a la Comisión de la Verdad y la Ley vasca de la Memoria defendida por Alternatiba ya que significaría, dijo, considerar que la Transición "no sirvió para nada".
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El Supremo rechaza las dos querellas de las asociaciones de memoria histórica contra dos magistrados
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El Supremo rechaza las dos querellas de las asociaciones de memoria histórica contra dos magistrados
La Sala del 61 defiende la actuación de los jueces frente a las demandas de las asociaciones de memoria histórica
Luciano Varela no prevaricó, según la Sala Especial del 61 del Supremo, en el "caso Garzón" / EFE
Lea la comunicación de la Sala del 61 inadmitiendo las querellas
Dos asociaciones de memoria histórica se querellan contra jueces del Supremo
El juez Varela niega que quiera perjudicar a Garzón
E. M. | MADRIDActualizado Jueves , 06-05-10 a las 16 : 52
La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha acordado rechazar (inadmitir a trámite, en lenguaje jurídico) las dos querellas interpuestas por diferentes asociaciones para la recuperación de la memoria histórica contra el presidente de la Sala de lo Penal de este órgano, Juan Saavedra, y contra el magistrado que instruye la causa contra Garzón y que se ha apartado temporalmente de ella, Luciano Varela. Familiares de represaliados del franquismo acusaban en sus querellas a ambos magistrados de "prevaricación" en las resoluciones que pueden acabar con la suspensión temporal del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por irregularidades en su investigación de las desapariciones del régimen franquista.
La primera de estas querellas, ratificada el pasado de 27 de abril, se dirigía únicamente contra el juez Saavedra, al que las asociaciones acusan de prevaricar por haber seguido interviniendo en la causa abierta sobre al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pese a haber sido recusado.
La segunda de las querellas archivadas fue interpuesta el pasado 12 de abril por la Asociación Memoria de Mallorca (MdM) y la de Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña (ARMHC) TB contra Saavedra y contra el instructor de la causa penal abierta a Garzón por el asunto de la memoria, Luciano Varela. En este caso, los querellantes consideraban que ambos magistrados cometieron prevaricación en las resoluciones que pueden llevar al banquillo al juez de la Audiencia Nacional.
La representante de la Cordinadora de Colectivos de Víctimas Franquistas, Llani Alvarez, fue la encargada de presentar la querella el 12 de abril y leyó un comunicado a las puertas del alto tribunal señalando que ambos magistrados habían vulnerado el derecho con el fin de sentar a Garzón en el banquillo, lo que supone "un ataque frontal contra las víctimas" de la represión franquista, a las que dejan en un "total desamparo", informa Europa Press.
En el centro, Juan Saavedra, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo / ABCRespecto a Varela, las asociaciones consideran que prevaricó al mantener la imputación a Garzón a sabiendas de que los argumentos empleados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 para investigar el franquismo son defendibles jurídicamente, suponen la aplicación de pactos y convenciones internacionales y estaban dirigidos a perseguir delitos contra los derechos humanos.
Por lo que se refiere al presidente de la Sala de lo Penal, los querellantes consideran que también ha dictado resoluciones injustas al desestimar todos los recursos interpuestos por Garzón en su defensa, denegar la personación de las asociaciones de memoria en esta causa y no haber resuelto todavía sobre quien tiene la competencia para investigar las fosas, tal y como le han planteado juzgados como el de Granada y El Escorial (Madrid).
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El Supremo rechaza las dos querellas de las asociaciones de memoria histórica contra dos magistrados
La Sala del 61 defiende la actuación de los jueces frente a las demandas de las asociaciones de memoria histórica
Luciano Varela no prevaricó, según la Sala Especial del 61 del Supremo, en el "caso Garzón" / EFE
Lea la comunicación de la Sala del 61 inadmitiendo las querellas
Dos asociaciones de memoria histórica se querellan contra jueces del Supremo
El juez Varela niega que quiera perjudicar a Garzón
E. M. | MADRIDActualizado Jueves , 06-05-10 a las 16 : 52
La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha acordado rechazar (inadmitir a trámite, en lenguaje jurídico) las dos querellas interpuestas por diferentes asociaciones para la recuperación de la memoria histórica contra el presidente de la Sala de lo Penal de este órgano, Juan Saavedra, y contra el magistrado que instruye la causa contra Garzón y que se ha apartado temporalmente de ella, Luciano Varela. Familiares de represaliados del franquismo acusaban en sus querellas a ambos magistrados de "prevaricación" en las resoluciones que pueden acabar con la suspensión temporal del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por irregularidades en su investigación de las desapariciones del régimen franquista.
La primera de estas querellas, ratificada el pasado de 27 de abril, se dirigía únicamente contra el juez Saavedra, al que las asociaciones acusan de prevaricar por haber seguido interviniendo en la causa abierta sobre al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pese a haber sido recusado.
La segunda de las querellas archivadas fue interpuesta el pasado 12 de abril por la Asociación Memoria de Mallorca (MdM) y la de Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña (ARMHC) TB contra Saavedra y contra el instructor de la causa penal abierta a Garzón por el asunto de la memoria, Luciano Varela. En este caso, los querellantes consideraban que ambos magistrados cometieron prevaricación en las resoluciones que pueden llevar al banquillo al juez de la Audiencia Nacional.
La representante de la Cordinadora de Colectivos de Víctimas Franquistas, Llani Alvarez, fue la encargada de presentar la querella el 12 de abril y leyó un comunicado a las puertas del alto tribunal señalando que ambos magistrados habían vulnerado el derecho con el fin de sentar a Garzón en el banquillo, lo que supone "un ataque frontal contra las víctimas" de la represión franquista, a las que dejan en un "total desamparo", informa Europa Press.
En el centro, Juan Saavedra, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo / ABCRespecto a Varela, las asociaciones consideran que prevaricó al mantener la imputación a Garzón a sabiendas de que los argumentos empleados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 para investigar el franquismo son defendibles jurídicamente, suponen la aplicación de pactos y convenciones internacionales y estaban dirigidos a perseguir delitos contra los derechos humanos.
Por lo que se refiere al presidente de la Sala de lo Penal, los querellantes consideran que también ha dictado resoluciones injustas al desestimar todos los recursos interpuestos por Garzón en su defensa, denegar la personación de las asociaciones de memoria en esta causa y no haber resuelto todavía sobre quien tiene la competencia para investigar las fosas, tal y como le han planteado juzgados como el de Granada y El Escorial (Madrid).
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Julián Zubieta : " ¿Por qué es necesario cuestionar e investigar el franquismo ?
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Julián Zubieta : " ¿Por qué es necesario cuestionar e investigar el franquismo ?
| 2010-05-06 18:38:52
Esta es una cuestión frecuente, sobre todo entre los que no tienen ninguna relación con las víctimas de la Guerra Civil, o entre los que cuentan en su familia con elementos que de alguna manera actuaron en dicha contienda, eso sí, normalmente a favor de los que resultaron vencedores.
Desde luego, a otros ni se les pasa por la intención sugerirse esta interrogación, ni ninguna otra, lo cual todavía es peor, porque no esperan ninguna respuesta, se conforman con lo dispuesto por los poderes institucionalizados en una democracia elitista, similar a la de Pericles en el siglo V a.c. en Grecia – donde la coyuntura presentaba unos desequilibrios sociales alarmantes para el poder democrático, establecido por la opulencia rica e ilustrada de armadores y comerciantes, de manera, que organizaron un mínimo de distribución como paliativo para impedir que el conflicto tomase un carácter agudo, además, así, se aseguraban la participación de todas las clases en favor de la hacienda estatal, y, de paso, se aseguraban una clientela, normalmente los ricos, que pudiese ejercer los derechos políticos.- Un método muy similar a lo que experimentamos ahora, los ricos sostienen la democracia, “la fortuna de los ricos es el tesoro del Estado”, advirtiendo, con medidas coyunturales, como los griegos, a los pobres, que el dinero estatal no debe servir para su sustento. Ya se les concederán créditos europeos.
Pues bien, alrededor de esta pregunta se me ocurren otras cuestiones que quizás, con su contestación, vayan despejando las incógnitas democráticas que se formulan en el título de este artículo, como por ejemplo : ¿Por qué, no nos cuestionamos la monarquía hereditaria, impuesta por el franquismo y blindada de la crítica por el poder mediático ? ¿Por qué, aceptamos un modelo de nación que no convence a un alto número de sus habitantes ? ¿Por qué, no dudamos de una Iglesia católica que apostó por el franquismo, sobre todo para cuidar y educar a la infancia de su país, y que a día de hoy no ha aclarado su postura desde la Conferencia Episcopal ? ¿Por qué, admitimos un poder judicial de descarado corte ultraconservador, con genuinas raíces reaccionarias ? ¿Por qué, después de la muerte, en la cama, del dictador no se instauró el régimen político en vigor antes de la contienda bélica ? ¿Por qué, cuesta reconocer los campos de concentración, de extermino y de trabajo en suelo español ? ¿Por qué, el Estado no asume la búsqueda de los desaparecidos ? ¿Por qué, la cultura de los exiliados y de los ejecutados no es recogida oficialmente en un centro público para uso de los ciudadanos ? ¿Por qué, los artistas, científicos, doctores, maestros e intelectuales, entre otros, fueron perseguidos con encono y aniquilados sin más razón aparente ? ¿Por qué, la mujer fue institucionalizada como un objeto secundario al servicio del hombre y para el hombre ? ¿Por qué, los servicios bancarios no han renunciado a sus ganancias en el régimen franquista ? Como digo, estas interrogantes tan sólo abren un abanico de poco vuelo. Un abanico que con su escaso movimiento refrigere un poco la fiebre de silencio que invade los muchos secretos que, creo, pueden tener su contestación por medio de la caja negra inicial : ¿Por qué es necesario cuestionar e investigar el franquismo ?
Los revisionistas, los que fijan el comienzo de la Guerra Civil en las huelgas de 1934, los que defienden la utilidad actual de la Ley de Amnistía de 1977, los que como Savater definen la Guerra Civil como una contienda donde se cometieron innumerables asesinatos de seres humanos de una y otra ideología, los que piden el olvido de lo que consideran un error histórico, todos ellos se olvidan de que la guerra acabó y que las depuraciones siguieron durante casi cuarenta años, beneficiando tan sólo a los vencedores. Se olvidan de que el franquismo fue un régimen aislado mundialmente, autárquico en su ser, donde se enriquecieron los terratenientes, los cargos eclesiásticos, los oportunistas políticos, los títulos nobiliarios, los bancos y los capitalistas sin escrúpulos, que en su ansia de mantenerse independientes y dominar las parcelas de poder a su cargo, paralizaron cualquier asomo de progreso en este país, evidenciando, de esta manera, que el franquismo fue un movimiento que favoreció indistintamente a los ricos y a las elites afines a su ideología genocida. El franquismo fue tan arrogante que dejó constancia de su terror en diferentes soportes mediáticos : burocracia estatal, prensa, cine, teatro, literatura, ilustran el período dictatorial con todo lujo de detalles, creyendo que su poder no se agotaría nunca. Estos documentos forman el cuaderno de bitácora de su historia, la caja negra antes mencionada, que da respuesta a nuestro presente. De la pregunta inicial se infiere que la opinión pública se sorprende de que con los problemas de la sociedad actual, los historiadores y académicos se planteen estudiar el franquismo y que los familiares de los desaparecidos intenten que los asesinos de los suyos, por lo menos, purguen sus delitos moralmente, ya que la reparación económica es imposible, por su desmesurado tamaño. En contestación a ello, insisto, la lectura del cuaderno franquista, nos traslada a unos hechos reales y verificados por la caja negra.
Tras presenciar durante casi treinta y cinco años de democracia coyuntural, como experimentamos en la actualidad, enferma en sus cimientos por la aluminosis franquista, tras sentir la dejadez oficialista sobre la memoria de los desaparecidos, –sé que la memoria es un acto individual, pero cuando el sufrimiento de muchos es similar podemos afirmar sin rubor que es un sufrimiento colectivo, por lo mismo es de recibo insistir en la memoria colectiva de los desaparecidos a manos de los franquistas-, ha despertado en el horizonte de las dudas, la inquietud de sus nietos por su memoria. Esta memoria es un espacio de luz y verdad que nace con el objeto de documentar y convertirse en el icono de nuestra barbarie. Y, por lo que yo sé, nunca un documento debe perder su fundamento original, por lo tanto la lectura del cuaderno de bitácora franquista es indispensable para el presente y el futuro. Es de conocimiento general, que para que exista un amplio acuerdo sobre los valores predominantes, las sociedades tienen que alcanzar un grado alto de consenso valorativo sobre las expresiones históricas más espinosas. En este aspecto ¿quién puede negar que los muertos, tanto en la guerra, que son muchos, como los que fueron ejecutados donde no hubo frente de guerra, no merecen un reconocimiento moral ?
El drama de la Guerra Civil no puede permanecer eternamente sellado. Como dice Dario Fo sobre Italia, “en este país se abren las investigaciones a todo bombo, pero sólo eso, se abren y luego…”, igual que Garzón, abre la lata pero no saca el producto. Una sociedad que reniega de su pasado, no puede construir nada para el futuro. Si no somos capaces de asumir la tragedia, por mucho tiempo que haya pasado desde la muerte del dictador, o como dice Savater “…nunca se habría llegado a la democracia actual sin renunciar a un ajuste de cuentas absoluto : haber padecido los crímenes de ayer y arteriosclerosis hoy no mejora la lucidez política a nadie”, en su caso esta claro, en los de las víctimas también, están muertas y desaparecidas. Otros están muertos y blindados en mausoleos, igual se refiere a éstos. Ese es nuestro pasado, de manera que es necesario integrarlo en la identidad social para intentar que no se repita. Es necesario socializarlo e impregnarlo pedagógicamente. Olvido no es silencio y mucho menos ignorancia. La despersonalización a la que han sido sometidos los desaparecidos durante casi un siglo –desde 1936-, despojados y transformados en un recuerdo anónimo, a veces, tan sólo identificados por la historia de unos sucesos que no se pueden cerrar en falso, se deben conocer y reconocer oficialmente. Es, como digo el icono de nuestra barbarie social. Uno más, entre los que se olvida la historia oficialista.
Muchos de los acontecimientos que nos afectan en la actualidad tienen su cuna en el régimen anterior : desigualdad económica y de género ; antagonismos políticos que no saben polemizar dialécticamente, aparcando a la función política en la mediocridad ; empresas monopolizadoras de carácter privado que no saben salir de la crisis sin apoyo estatal ; un terrorismo fosilizado. Por eso, y por otras incógnitas, hay que investigar y cuestionar el régimen franquista, porque es el origen muchos de los problemas que nos acompañan en la actualidad, mal que les pese a los defensores de la Teoría de los dos Demonios, la misma que defendía en Argentina Ernesto Sábato –que condenaba la violencia sin diferenciar entre la dictadura y quienes la combatían-. Tras el análisis de la caja negra franquista, los resultados demuestran que necesitamos reabrir el ágora de la comunicación como espacio referente, abandonando el canon oficialista, un espacio que estimule el pensamiento y el debate, que avive la polémica y el raciocinio erradicando la violencia del más fuerte, y desde luego, donde prime la ausencia de símbolos y banderas. Para los escépticos, tan sólo recordarles que uno de los secretos del veneno ha sido encerrar la virtud curativa si se le sabe destilar, si se estrujan y analizan sus fuerzas ocultas debidamente. No se le perdona a un hombre durante semanas, meses, años, décadas, la imposición del miedo que destroza el alma con la incertidumbre y paraliza la voluntad de los individuos ; nunca ha podido soportar largo tiempo el ser humano la dictadura de un solo hombre sin odiarla. Y ese odio de los sometidos fermenta subterráneamente en todos los círculos. Cuanto más duramente y más tiempo domina el dictador, más crece la antipatía contra la voluntad desmedida.
Para finalizar unas palabras de Isabel Piper, psicóloga chilena, servirán de contestación a los que se hacen la pregunta del título :“…lo que está en pugna no son sólo las interpretaciones del pasado, sino los significados que somos como sociedad y de nuestros futuros posibles”
Julián Zubieta Martínez
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Julián Zubieta : " ¿Por qué es necesario cuestionar e investigar el franquismo ?
| 2010-05-06 18:38:52
Esta es una cuestión frecuente, sobre todo entre los que no tienen ninguna relación con las víctimas de la Guerra Civil, o entre los que cuentan en su familia con elementos que de alguna manera actuaron en dicha contienda, eso sí, normalmente a favor de los que resultaron vencedores.
Desde luego, a otros ni se les pasa por la intención sugerirse esta interrogación, ni ninguna otra, lo cual todavía es peor, porque no esperan ninguna respuesta, se conforman con lo dispuesto por los poderes institucionalizados en una democracia elitista, similar a la de Pericles en el siglo V a.c. en Grecia – donde la coyuntura presentaba unos desequilibrios sociales alarmantes para el poder democrático, establecido por la opulencia rica e ilustrada de armadores y comerciantes, de manera, que organizaron un mínimo de distribución como paliativo para impedir que el conflicto tomase un carácter agudo, además, así, se aseguraban la participación de todas las clases en favor de la hacienda estatal, y, de paso, se aseguraban una clientela, normalmente los ricos, que pudiese ejercer los derechos políticos.- Un método muy similar a lo que experimentamos ahora, los ricos sostienen la democracia, “la fortuna de los ricos es el tesoro del Estado”, advirtiendo, con medidas coyunturales, como los griegos, a los pobres, que el dinero estatal no debe servir para su sustento. Ya se les concederán créditos europeos.
Pues bien, alrededor de esta pregunta se me ocurren otras cuestiones que quizás, con su contestación, vayan despejando las incógnitas democráticas que se formulan en el título de este artículo, como por ejemplo : ¿Por qué, no nos cuestionamos la monarquía hereditaria, impuesta por el franquismo y blindada de la crítica por el poder mediático ? ¿Por qué, aceptamos un modelo de nación que no convence a un alto número de sus habitantes ? ¿Por qué, no dudamos de una Iglesia católica que apostó por el franquismo, sobre todo para cuidar y educar a la infancia de su país, y que a día de hoy no ha aclarado su postura desde la Conferencia Episcopal ? ¿Por qué, admitimos un poder judicial de descarado corte ultraconservador, con genuinas raíces reaccionarias ? ¿Por qué, después de la muerte, en la cama, del dictador no se instauró el régimen político en vigor antes de la contienda bélica ? ¿Por qué, cuesta reconocer los campos de concentración, de extermino y de trabajo en suelo español ? ¿Por qué, el Estado no asume la búsqueda de los desaparecidos ? ¿Por qué, la cultura de los exiliados y de los ejecutados no es recogida oficialmente en un centro público para uso de los ciudadanos ? ¿Por qué, los artistas, científicos, doctores, maestros e intelectuales, entre otros, fueron perseguidos con encono y aniquilados sin más razón aparente ? ¿Por qué, la mujer fue institucionalizada como un objeto secundario al servicio del hombre y para el hombre ? ¿Por qué, los servicios bancarios no han renunciado a sus ganancias en el régimen franquista ? Como digo, estas interrogantes tan sólo abren un abanico de poco vuelo. Un abanico que con su escaso movimiento refrigere un poco la fiebre de silencio que invade los muchos secretos que, creo, pueden tener su contestación por medio de la caja negra inicial : ¿Por qué es necesario cuestionar e investigar el franquismo ?
Los revisionistas, los que fijan el comienzo de la Guerra Civil en las huelgas de 1934, los que defienden la utilidad actual de la Ley de Amnistía de 1977, los que como Savater definen la Guerra Civil como una contienda donde se cometieron innumerables asesinatos de seres humanos de una y otra ideología, los que piden el olvido de lo que consideran un error histórico, todos ellos se olvidan de que la guerra acabó y que las depuraciones siguieron durante casi cuarenta años, beneficiando tan sólo a los vencedores. Se olvidan de que el franquismo fue un régimen aislado mundialmente, autárquico en su ser, donde se enriquecieron los terratenientes, los cargos eclesiásticos, los oportunistas políticos, los títulos nobiliarios, los bancos y los capitalistas sin escrúpulos, que en su ansia de mantenerse independientes y dominar las parcelas de poder a su cargo, paralizaron cualquier asomo de progreso en este país, evidenciando, de esta manera, que el franquismo fue un movimiento que favoreció indistintamente a los ricos y a las elites afines a su ideología genocida. El franquismo fue tan arrogante que dejó constancia de su terror en diferentes soportes mediáticos : burocracia estatal, prensa, cine, teatro, literatura, ilustran el período dictatorial con todo lujo de detalles, creyendo que su poder no se agotaría nunca. Estos documentos forman el cuaderno de bitácora de su historia, la caja negra antes mencionada, que da respuesta a nuestro presente. De la pregunta inicial se infiere que la opinión pública se sorprende de que con los problemas de la sociedad actual, los historiadores y académicos se planteen estudiar el franquismo y que los familiares de los desaparecidos intenten que los asesinos de los suyos, por lo menos, purguen sus delitos moralmente, ya que la reparación económica es imposible, por su desmesurado tamaño. En contestación a ello, insisto, la lectura del cuaderno franquista, nos traslada a unos hechos reales y verificados por la caja negra.
Tras presenciar durante casi treinta y cinco años de democracia coyuntural, como experimentamos en la actualidad, enferma en sus cimientos por la aluminosis franquista, tras sentir la dejadez oficialista sobre la memoria de los desaparecidos, –sé que la memoria es un acto individual, pero cuando el sufrimiento de muchos es similar podemos afirmar sin rubor que es un sufrimiento colectivo, por lo mismo es de recibo insistir en la memoria colectiva de los desaparecidos a manos de los franquistas-, ha despertado en el horizonte de las dudas, la inquietud de sus nietos por su memoria. Esta memoria es un espacio de luz y verdad que nace con el objeto de documentar y convertirse en el icono de nuestra barbarie. Y, por lo que yo sé, nunca un documento debe perder su fundamento original, por lo tanto la lectura del cuaderno de bitácora franquista es indispensable para el presente y el futuro. Es de conocimiento general, que para que exista un amplio acuerdo sobre los valores predominantes, las sociedades tienen que alcanzar un grado alto de consenso valorativo sobre las expresiones históricas más espinosas. En este aspecto ¿quién puede negar que los muertos, tanto en la guerra, que son muchos, como los que fueron ejecutados donde no hubo frente de guerra, no merecen un reconocimiento moral ?
El drama de la Guerra Civil no puede permanecer eternamente sellado. Como dice Dario Fo sobre Italia, “en este país se abren las investigaciones a todo bombo, pero sólo eso, se abren y luego…”, igual que Garzón, abre la lata pero no saca el producto. Una sociedad que reniega de su pasado, no puede construir nada para el futuro. Si no somos capaces de asumir la tragedia, por mucho tiempo que haya pasado desde la muerte del dictador, o como dice Savater “…nunca se habría llegado a la democracia actual sin renunciar a un ajuste de cuentas absoluto : haber padecido los crímenes de ayer y arteriosclerosis hoy no mejora la lucidez política a nadie”, en su caso esta claro, en los de las víctimas también, están muertas y desaparecidas. Otros están muertos y blindados en mausoleos, igual se refiere a éstos. Ese es nuestro pasado, de manera que es necesario integrarlo en la identidad social para intentar que no se repita. Es necesario socializarlo e impregnarlo pedagógicamente. Olvido no es silencio y mucho menos ignorancia. La despersonalización a la que han sido sometidos los desaparecidos durante casi un siglo –desde 1936-, despojados y transformados en un recuerdo anónimo, a veces, tan sólo identificados por la historia de unos sucesos que no se pueden cerrar en falso, se deben conocer y reconocer oficialmente. Es, como digo el icono de nuestra barbarie social. Uno más, entre los que se olvida la historia oficialista.
Muchos de los acontecimientos que nos afectan en la actualidad tienen su cuna en el régimen anterior : desigualdad económica y de género ; antagonismos políticos que no saben polemizar dialécticamente, aparcando a la función política en la mediocridad ; empresas monopolizadoras de carácter privado que no saben salir de la crisis sin apoyo estatal ; un terrorismo fosilizado. Por eso, y por otras incógnitas, hay que investigar y cuestionar el régimen franquista, porque es el origen muchos de los problemas que nos acompañan en la actualidad, mal que les pese a los defensores de la Teoría de los dos Demonios, la misma que defendía en Argentina Ernesto Sábato –que condenaba la violencia sin diferenciar entre la dictadura y quienes la combatían-. Tras el análisis de la caja negra franquista, los resultados demuestran que necesitamos reabrir el ágora de la comunicación como espacio referente, abandonando el canon oficialista, un espacio que estimule el pensamiento y el debate, que avive la polémica y el raciocinio erradicando la violencia del más fuerte, y desde luego, donde prime la ausencia de símbolos y banderas. Para los escépticos, tan sólo recordarles que uno de los secretos del veneno ha sido encerrar la virtud curativa si se le sabe destilar, si se estrujan y analizan sus fuerzas ocultas debidamente. No se le perdona a un hombre durante semanas, meses, años, décadas, la imposición del miedo que destroza el alma con la incertidumbre y paraliza la voluntad de los individuos ; nunca ha podido soportar largo tiempo el ser humano la dictadura de un solo hombre sin odiarla. Y ese odio de los sometidos fermenta subterráneamente en todos los círculos. Cuanto más duramente y más tiempo domina el dictador, más crece la antipatía contra la voluntad desmedida.
Para finalizar unas palabras de Isabel Piper, psicóloga chilena, servirán de contestación a los que se hacen la pregunta del título :“…lo que está en pugna no son sólo las interpretaciones del pasado, sino los significados que somos como sociedad y de nuestros futuros posibles”
Julián Zubieta Martínez
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El Congreso votará si crea un día de las víctimas de Franco.
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El Congreso votará si crea un día de las víctimas de Franco
5 Mayo 10 -
E. L. Palomera
Madrid- El PSOE en el Congreso se enfrentará el próximo martes a una incómoda moción parlamentaria. IU-ICV quiere que el partido del Gobierno se retrate y tome partido en la causa abierta en el Supremo contra el juez Baltasar Garzón por un posible delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Así que someterá a votación en el Pleno una iniciativa para que la Cámara Baja establezca con claridad que «quien investiga los crímenes de franquismo no es un prevaricador», sino que, como hizo Garzón, simplemente «usa un aparataje legal legítimo» para hacerlo.
Ese armazón legal está formado, según Llamazares, por el Derecho Internacional, la Ley de Amnistía de 1977 y el Código Penal español que, a su juicio, permiten la persecución del genocidio y los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.
La moción, consecuencia de una interpelación en pleno del ecosocialista Joan Herrera al ministro Francisco Caamaño hace una semana, pretende además garantizar «la responsabilidad pública e institucional» en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas comunes, así como la retirada de símbolos franquistas. El texto reclama el nombramiento de un fiscal especializado en estos asuntos, además de un Alto Comisionado que coordine las políticas de Memoria Histórica que hoy están troceadas y diluidas en distintos ministerios del Gobierno. Así, Justicia gestiona la política de fosas; Cultura se encarga de archivos y simbología y la vicepresidencia primera gestiona el reparto de subvenciones a las entidades sociales que trabajan por la recuperación de la Memoria.
Por último, IU e ICV piden que el Gobierno de Zapatero organice un acto solemne de condena del franquismo y de reparación a las víctimas, y que se establezca un día anual para la conmemoración y al apoyo a los represaliados de la dictadura.
La moción de IU
- En la moción de IU se propone conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de condena expresa de los diputados al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del franquismo.
- Se insta al Gobierno a crear antes de julio un Alto Comisionado de apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
- Otro objetivo es crear una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia en ese periodo.
- Propone una reforma de la Ley de Amnistía de 1977.
- Los diputados tendrán que votar si quieren también un Día de los Represaliados del Franquismo.
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El Congreso votará si crea un día de las víctimas de Franco
5 Mayo 10 -
E. L. Palomera
Madrid- El PSOE en el Congreso se enfrentará el próximo martes a una incómoda moción parlamentaria. IU-ICV quiere que el partido del Gobierno se retrate y tome partido en la causa abierta en el Supremo contra el juez Baltasar Garzón por un posible delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Así que someterá a votación en el Pleno una iniciativa para que la Cámara Baja establezca con claridad que «quien investiga los crímenes de franquismo no es un prevaricador», sino que, como hizo Garzón, simplemente «usa un aparataje legal legítimo» para hacerlo.
Ese armazón legal está formado, según Llamazares, por el Derecho Internacional, la Ley de Amnistía de 1977 y el Código Penal español que, a su juicio, permiten la persecución del genocidio y los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.
La moción, consecuencia de una interpelación en pleno del ecosocialista Joan Herrera al ministro Francisco Caamaño hace una semana, pretende además garantizar «la responsabilidad pública e institucional» en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas comunes, así como la retirada de símbolos franquistas. El texto reclama el nombramiento de un fiscal especializado en estos asuntos, además de un Alto Comisionado que coordine las políticas de Memoria Histórica que hoy están troceadas y diluidas en distintos ministerios del Gobierno. Así, Justicia gestiona la política de fosas; Cultura se encarga de archivos y simbología y la vicepresidencia primera gestiona el reparto de subvenciones a las entidades sociales que trabajan por la recuperación de la Memoria.
Por último, IU e ICV piden que el Gobierno de Zapatero organice un acto solemne de condena del franquismo y de reparación a las víctimas, y que se establezca un día anual para la conmemoración y al apoyo a los represaliados de la dictadura.
La moción de IU
- En la moción de IU se propone conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de condena expresa de los diputados al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del franquismo.
- Se insta al Gobierno a crear antes de julio un Alto Comisionado de apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
- Otro objetivo es crear una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia en ese periodo.
- Propone una reforma de la Ley de Amnistía de 1977.
- Los diputados tendrán que votar si quieren también un Día de los Represaliados del Franquismo.
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España postgenocidio (I). Miguel Ángel Rodríguez Arias
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España postgenocidio (I)
No son “sentencias”, son crímenes de guerra
* Miguel Ángel Rodríguez Arias
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Última actualización 05/05/2010@11:18:47 GMT+1
Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo...
NUEVATRIBUNA.ES - 4.5.2010
Ni “sentencias” con defectos, ni “sentencias” ilegítimas, ni “sentencias” injustas – lo último que se le ocurrió a la Vicepresidenta Fernández de la Vega al hablar recientemente del caso de Miguel Hernández –. Es que no son sentencias: son crímenes de guerra.
Actos criminales contrarios a la Convención de Ginebra y al mismo estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que en su artículo 8.2.c) iv, define expresamente como “crimen de guerra” (imprescriptibles, inamnistiables…):
“Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.
Y sí, ya sé que, como no estamos en un Estado de Derecho de verdad, a nuestras autoridades lo de la convención de Ginebra (nada menos), el Estatuto de Roma y todo lo demás no les importa lo más mínimo mientras no les cueste votos…pero no por ello hay que dejar de denunciarlo claramente y con los instrumentos internacionales en la mano, aunque solo sea por llamar las cosas por su nombre y tal y como las definen los tratados suscritos por España ya que, al parecer, las autoridades españolas no se sienten en la obligación de hacerlo.
Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo o cualquier otro adjetivo edulcorante que se les ocurra de espaldas al derecho internacional que, jurídicamente hablando, vienen a valer lo mismo: nada. Porque en derecho las cosas son vigentes o nulas, en distinto grado si se quiere, pero ilegítimas o antipáticas no son.
Y hablo de 190.000 asesinatos, crímenes de guerra, “estimados” porque el despropósito es tal que de todas esas pretendidas sentencias vigentes pero descarriadas, ejercicio del “ius puniendi” del Estado, no sabríamos ni la cifra, y hasta eso mismo es ya completamente insostenible. No es que no sepamos las cifras de desaparecidos a manos de camisas azules y demás, que tampoco: es que no se sabe ni a cuantos “ejecutó” el Estado. Exáctamente así de jurídica fue la orgía de muerte franquista con los militarmente vencidos.
Simplemente nuestra democracia no puede seguir convalidando las tropelias criminales del fascismo español como actos de “derecho”.
El asesinato de Companys fue un crimen de guerra, hay que empezar a llamarlo así de una vez, el asesinato de Antonio Escobar, también, como lo fue la condena de Miguel Hernández, y de tantos y tantos y tantos otros en todo el país.
Y no me refiero sólo a las condenas de muerte, también a todas las demás condenas dictadas “sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, como he citado más arriba.
Son actos criminales que no pueden, ni deben, seguir siendo considerados hoy como “derecho”, ni llamados “sentencias” por nadie, por mucho que los criminales así lo pretendieran para encubrirse y tan, tan bien, ay, les haya salido la jugada durante todo este tiempo. El artículo 8 del Estatuto de Roma lo define bien claro.
Y por eso no puede tratarse tampoco únicamente de la nulidad de todas las “sentencias” del franquismo – primera medida a emprender – sino, más ampliamente, del cumplimiento de todos los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia los “sentenciados”
De modo que, tratándose de crímenes de guerra contra excombatientes y población civil protegida, es igualmente obligado impulsar también la apertura de una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento judicial de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a través de la aplicabilidad del legado de Nuremberg que el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos nos ofrece.
Y sin olvidarse de otorgar a todas estas víctimas, y muy especialmente a todos los asesinados y a sus familias, su pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas; sin saltarse ninguna de las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:
1- La nulidad de todas las “sentencias” y “tribunales” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen fascista de Franco para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de sus familiares.
2- Una petición pública de perdón por parte de las autoridades del Estado por todos los crímenes y por los precedentes 30 años de abandono de las familias tras la muerte de Franco, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.
3- La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a todas estas victimas y a sus familias, así como la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con los nombres de los asesinados y represaliados como forma de permanente homenaje y recuerdo, siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4- La inclusión de una exposición precisa de todas estas violaciones manifiestas de los derechos humanos y crímenes de Estado en el material didáctico a todos los niveles.
5- La nulidad de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria.
Todos estos deberes de Estado son los que se está saltando cada representante público que sale hablando de “sentencias”; saltándose todo eso, faltando a la verdad, y al respeto, a los represaliados por el franquismo y a sus familias: llevando a cabo una intolerable injerencia en el derecho al honor de todas esas personas olvidadas y pisoteadas, mucho mayor si cabe al hacerlo desde el ejercicio de sus cargos públicos, con mayor daño para las familias.
Y acaso el error ha sido ese: el ser tan comedidos y no haber emprendido antes acciones legales y una firme campaña de denuncia pública para proteger el derecho al honor de todas esas personas y sus familias contra todo cargo institucional que se atreva a actuar de esa manera.
Si ellos se permiten hablar una y otra vez, públicamente, de “sentencias” y de “tribunales” al referirse a masacres y fusilamientos criminales de los defensores de nuestra República, pasándose por las narices la Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma, Nuremberg, las Resoluciones de Naciones Unidas y lo que haga falta, ¿no debemos también todos nosotros llamarles cómplices del franquismo, genocidas de la memoria, e ir tomando buena nota de hemeroteca para que dentro de dos años les sigan insultando si se atreven, pero desde su casa?.
Verdad, justicia y reparación, ya.
Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.
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España postgenocidio (I)
No son “sentencias”, son crímenes de guerra
* Miguel Ángel Rodríguez Arias
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Última actualización 05/05/2010@11:18:47 GMT+1
Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo...
NUEVATRIBUNA.ES - 4.5.2010
Ni “sentencias” con defectos, ni “sentencias” ilegítimas, ni “sentencias” injustas – lo último que se le ocurrió a la Vicepresidenta Fernández de la Vega al hablar recientemente del caso de Miguel Hernández –. Es que no son sentencias: son crímenes de guerra.
Actos criminales contrarios a la Convención de Ginebra y al mismo estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que en su artículo 8.2.c) iv, define expresamente como “crimen de guerra” (imprescriptibles, inamnistiables…):
“Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.
Y sí, ya sé que, como no estamos en un Estado de Derecho de verdad, a nuestras autoridades lo de la convención de Ginebra (nada menos), el Estatuto de Roma y todo lo demás no les importa lo más mínimo mientras no les cueste votos…pero no por ello hay que dejar de denunciarlo claramente y con los instrumentos internacionales en la mano, aunque solo sea por llamar las cosas por su nombre y tal y como las definen los tratados suscritos por España ya que, al parecer, las autoridades españolas no se sienten en la obligación de hacerlo.
Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo o cualquier otro adjetivo edulcorante que se les ocurra de espaldas al derecho internacional que, jurídicamente hablando, vienen a valer lo mismo: nada. Porque en derecho las cosas son vigentes o nulas, en distinto grado si se quiere, pero ilegítimas o antipáticas no son.
Y hablo de 190.000 asesinatos, crímenes de guerra, “estimados” porque el despropósito es tal que de todas esas pretendidas sentencias vigentes pero descarriadas, ejercicio del “ius puniendi” del Estado, no sabríamos ni la cifra, y hasta eso mismo es ya completamente insostenible. No es que no sepamos las cifras de desaparecidos a manos de camisas azules y demás, que tampoco: es que no se sabe ni a cuantos “ejecutó” el Estado. Exáctamente así de jurídica fue la orgía de muerte franquista con los militarmente vencidos.
Simplemente nuestra democracia no puede seguir convalidando las tropelias criminales del fascismo español como actos de “derecho”.
El asesinato de Companys fue un crimen de guerra, hay que empezar a llamarlo así de una vez, el asesinato de Antonio Escobar, también, como lo fue la condena de Miguel Hernández, y de tantos y tantos y tantos otros en todo el país.
Y no me refiero sólo a las condenas de muerte, también a todas las demás condenas dictadas “sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, como he citado más arriba.
Son actos criminales que no pueden, ni deben, seguir siendo considerados hoy como “derecho”, ni llamados “sentencias” por nadie, por mucho que los criminales así lo pretendieran para encubrirse y tan, tan bien, ay, les haya salido la jugada durante todo este tiempo. El artículo 8 del Estatuto de Roma lo define bien claro.
Y por eso no puede tratarse tampoco únicamente de la nulidad de todas las “sentencias” del franquismo – primera medida a emprender – sino, más ampliamente, del cumplimiento de todos los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia los “sentenciados”
De modo que, tratándose de crímenes de guerra contra excombatientes y población civil protegida, es igualmente obligado impulsar también la apertura de una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento judicial de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a través de la aplicabilidad del legado de Nuremberg que el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos nos ofrece.
Y sin olvidarse de otorgar a todas estas víctimas, y muy especialmente a todos los asesinados y a sus familias, su pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas; sin saltarse ninguna de las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:
1- La nulidad de todas las “sentencias” y “tribunales” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen fascista de Franco para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de sus familiares.
2- Una petición pública de perdón por parte de las autoridades del Estado por todos los crímenes y por los precedentes 30 años de abandono de las familias tras la muerte de Franco, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.
3- La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a todas estas victimas y a sus familias, así como la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con los nombres de los asesinados y represaliados como forma de permanente homenaje y recuerdo, siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4- La inclusión de una exposición precisa de todas estas violaciones manifiestas de los derechos humanos y crímenes de Estado en el material didáctico a todos los niveles.
5- La nulidad de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria.
Todos estos deberes de Estado son los que se está saltando cada representante público que sale hablando de “sentencias”; saltándose todo eso, faltando a la verdad, y al respeto, a los represaliados por el franquismo y a sus familias: llevando a cabo una intolerable injerencia en el derecho al honor de todas esas personas olvidadas y pisoteadas, mucho mayor si cabe al hacerlo desde el ejercicio de sus cargos públicos, con mayor daño para las familias.
Y acaso el error ha sido ese: el ser tan comedidos y no haber emprendido antes acciones legales y una firme campaña de denuncia pública para proteger el derecho al honor de todas esas personas y sus familias contra todo cargo institucional que se atreva a actuar de esa manera.
Si ellos se permiten hablar una y otra vez, públicamente, de “sentencias” y de “tribunales” al referirse a masacres y fusilamientos criminales de los defensores de nuestra República, pasándose por las narices la Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma, Nuremberg, las Resoluciones de Naciones Unidas y lo que haga falta, ¿no debemos también todos nosotros llamarles cómplices del franquismo, genocidas de la memoria, e ir tomando buena nota de hemeroteca para que dentro de dos años les sigan insultando si se atreven, pero desde su casa?.
Verdad, justicia y reparación, ya.
Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.
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